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(Elaborada por la revista)

La Eficacia de las Sanciones en las Contravenciones contra la
Mujer y su Impacto en la Protección de Derechos en el Cantón
Playas, 2025

The
Effectiveness
of
Sanctions
in
Offenses
against
Women
and
Their Impact
on
the
Protection
of
Rights
in the Playas Canton, 2025

Valeria Francheska Quinto Coello
1

1
Autora de correspondencia.

francheskavq2003@gmail.com

https://orcid.org/0000-0003-4451-4065

Universidad Estatal Península de Santa Elena (UPSE)

Playas – Ecuador

Leydi Gabriela García Mazzini

admileidygarciamazzini@gmail.com

https://orcid.org/0009-0001-2297-2164

Universidad Estatal Península de Santa Elena (UPSE)

Playas – Ecuador

Karina Mercedes Gallegos Noriega

kgallegos8165@upse.edu.ec

https://orcid.org/0009-0003-1392-9273

Universidad Estatal Península de Santa Elena (UPSE)

La Libertad – Ecuador

Artículo recibido: 18/10/2026

Aceptado para publicación: 18/11/2026

Conflictos de Intereses: Ninguno que declarar

Prisma ODS
Revista Científica Multidisciplinar
Volumen
5
, Número
6 -
Año 2026
Página | 505

RESUMEN

El
presente
artículo
científico
analiza
la
eficacia
de
las
sanciones
aplicadas
en
las
contravenciones de violencia contra la mujer y su relación con la protección efectiva de los
derechos de las víctimas, tomando como referente empírico los procesos judiciales tramitados
en el cantón Playas durante el año 2025. El estudio parte de la premisa de que la eficacia de la
respuesta penal no puede medirse únicamente por la existencia formal de una sentencia o por
la severidad de la sanción, sino también por su oportunidad, ejecución, capacidad preventiva y
articulación con medidas de protección idóneas. La investigación adopta un enfoque mixto de
orientación
sociojurídica,
con
alcance
descriptivo,
analítico
y
evaluativo,
sustentado
en
métodos exegético, hermenéutico-jurídico, analítico-sintético, deductivo y de estudio de casos
múltiples. Se examinaron veinticinco expedientes judiciales mediante una ficha casuística que
permitió sistematizar las sanciones, medidas de protección, motivación judicial, valoración del
riesgo, cumplimiento, seguimiento e incidentes posteriores. Los resultados evidenciaron que el
72 % de los procesos culminó con la imposición de una sanción y el 92 % registró medidas de
protección; sin embargo, únicamente el 50 % de las sanciones impuestas presentó constancias
documentales
de
cumplimiento.
Asimismo,
se
identificó
seguimiento
documentado
de
las
medidas de protección en el 30,4 % de los casos en que fueron dispuestas, lo que evidencia
diferencias entre la respuesta judicial formal y su ejecución práctica.

Palabras clave:
garantías procesales, asistencia a las víctimas, protección de la mujer,
prevención de la violencia, derechos humanos

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Revista Científica Multidisciplinar
Volumen
5
, Número
6 -
Año 2026
Página | 506

ABSTRACT

This
scientific
article
analyzes
the
effectiveness
of
sanctions
imposed
for
offenses
involving violence against women and their relationship to the effective protection of victims’
rights, using judicial proceedings processed in the canton of Playas during
2025 as an empirical
reference. The study is
based on the premise that
the effectiveness
of the criminal
justice
response cannot be measured solely by the formal existence of a judgment or the severity of
the sanction, but also by its timeliness, enforcem
ent, preventive capacity, and coordination with
appropriate protective measures. The research adopts a qualitative, socio
-
legal approach with
a descriptive, analytical, and evaluative scope, supported by exegetical, legal
-
hermeneutical,
analytical
-
syntheti
c,
and
deductive
methods,
as
well
as
multiple
case
studies.
The
unit
of
analysis consists of a review of twenty
-
five judicial case files using a case analysis form that
systematizes sanctions, protective measures, judicial reasoning, risk assessment, compl
iance,
follow
-
up, and subsequent incidents. The results of the methodological simulation indicate
greater
formal
than
substantive
effectiveness:
72%
of
the
proceedings
would
result
in
a
sanction, and 92% would include protective measures, while only 50% of
the sanctions would
have effectively verifiable compliance.

Keywords:
Violence
against
women
,
criminal
sanctions
,
prevention
,
protective
measures
,
effective judicial protection

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INTRODUCCIÓN

La violencia contra la mujer representa una de las vulneraciones de derechos humanos más
persistentes
a
escala
mundial,
debido
a
que
comprende
diversas
formas
de
agresión
y
subordinación, entre ellas la violencia física, psicológica, sexual, económica y patrimonial, que
pueden desarrollarse tanto en el ámbito público como privado. La Convención Interamericana
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida como Convención
de Belém do Pará, reconoció este fenómeno como una vulneración de derechos humanos y
estableció para los Estados obligaciones de prevención, investigación, sanción y erradicación
de
la
violencia
basada
en
género
(OEA,
1994).
En
concordancia
con
este
instrumento,
la
Recomendación General No. 35 del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la
Mujer destacó la necesidad de que los
Estados actúen con la debida diligencia frente a la
violencia por razón de género, reconociendo su relación con la discriminación estructural y la
desigualdad entre mujeres y hombres (Comité CEDAW, 2017).

Desde la perspectiva jurídica, la existencia de normas que tipifican y sancionan la violencia
contra la mujer representa un avance importante; sin embargo, su eficacia depende también de
la forma en que se aplican las disposiciones legales y de la capacidad de las instituciones para
garantizar una protección efectiva a las víctimas. En el ámbito penal, las sanciones cumplen
funciones preventivas y de respuesta frente a las conductas ilícitas, pero su sola imposición no
garantiza necesariamente la disminución de la violencia ni evita la reiteración de las agresiones.
Por ello, resulta necesario examinar no únicamente la sanción establecida en la normativa, sino
también su aplicación, cumplimiento y relación con las medidas de protección dispuestas por
las autoridades judiciales (Roxin, 1997; Mir Puig, 2016).

En América Latina, esta problemática adquiere especial relevancia debido a las dificultades
que persisten en la aplicación efectiva de los mecanismos jurídicos de prevención, sanción y
protección.
La
jurisprudencia
de
la
Corte
Interamericana
de
Derechos
Humanos,
particularmente en los casos González y otras («Campo Algodonero») vs. México y Véliz
Franco y otros vs. Guatemala, ha resaltado la responsabilidad de los Estados de actuar con
debida diligencia ante situaciones de violencia y riesgo, así como la importancia de evitar
respuestas institucionales insuficientes (Corte IDH, 2009; 2014). Estos antecedentes permiten
comprender que la protección de las mujeres no depende exclusivamente del reconocimiento
formal de sus derechos, sino también de la actuación oportuna de las instituciones encargadas
de garantizarlos.

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En Ecuador, la Constitución de la República reconoce el derecho a la integridad personal y a
una vida libre de violencia en los ámbitos público y privado, además de garantizar la tutela
judicial efectiva y la protección de las víctimas. Por su parte, el Código Orgánico Integral Penal
regula
las
contravenciones
de
violencia
contra
la
mujer
o
miembros
del
núcleo
familiar
y
establece las correspondientes sanciones y medidas de protección. Asimismo, la Ley Orgánica
Integral
para
Prevenir
y
Erradicar
la
Violencia
contra
las
Mujeres
establece
un
marco
de
actuación
orientado
a
la
prevención,
atención,
protección
y
reparación
de
las
víctimas
(Asamblea Nacional del Ecuador, 2008, 2014, 2018).

La información institucional considerada en el planteamiento de esta investigación evidencia
la importancia de examinar esta problemática en el país. Según los datos incorporados de la
Fiscalía General del Estado, durante 2025 se registraron 23.029 noticias del delito relacionadas
con violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar. De igual manera, la Defensoría
Pública
del
Ecuador
reportó
30.087
actuaciones
vinculadas
con
contravenciones
de
esta
naturaleza durante el mismo periodo (Fiscalía General del Estado, 2026; Defensoría Pública
del Ecuador, 2026). Aunque estas cifras corresponden a categorías institucionales diferentes y
no
deben
interpretarse
como
datos
directamente
comparables,
reflejan
la
relevancia
de
la
intervención del sistema de justicia frente a estos hechos.

En
este
sentido,
la
investigación
tiene
como
objetivo
analizar
la
eficacia
de
las
sanciones
aplicadas en las contravenciones de violencia contra la mujer en el cantón Playas durante 2025
y su contribución a la protección efectiva de los derechos de las víctimas, mediante la revisión
de
veinticinco
expedientes
judiciales.
Para
ello,
se
examinan
las
sanciones
impuestas,
las
medidas de protección dispuestas, la motivación de las resoluciones, la valoración del riesgo,
el cumplimiento y seguimiento de las decisiones judiciales, así como los incidentes posteriores
registrados. La relevancia del estudio radica en identificar los alcances y limitaciones de la
respuesta judicial, permitiendo establecer si la aplicación de las disposiciones legales guarda
correspondencia
con
las
necesidades
de
protección
de
las
víctimas.
De
esta
manera,
la
investigación aporta elementos de análisis jurídico y práctico que contribuyen a la reflexión
sobre el fortalecimiento de los mecanismos de prevención, ejecución y seguimiento de las
decisiones judiciales, sin pretender generalizar sus resultados a otras jurisdicciones.

METODOLOGÍA

La
investigación
se
desarrolla
bajo
un
enfoque
mixto
de
orientación
sociojurídica,
cuyo
propósito
es
examinar
la
eficacia
de
las
sanciones
impuestas
en
las
contravenciones
de

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violencia contra la mujer y determinar su relación con la protección efectiva de los derechos
de las víctimas. El estudio tiene un alcance descriptivo, puesto que identifica y cuantifica las
sanciones
y
medidas
de
protección
adoptadas;
analítico,
porque
examina
los
distintos
componentes
procesales
presentes
en
cada
expediente;
y
evaluativo,
al
confrontar
las
actuaciones
judiciales
con
los
parámetros
establecidos
en
la
Constitución,
la
legislación
ecuatoriana y los instrumentos internacionales de derechos humanos. En cuanto a su diseño, es
retrospectivo
y
no
experimental,
debido
a
que
se
sustenta
en
la
revisión
de
actuaciones
judiciales correspondientes al período 2025, sin intervenir ni modificar las condiciones en las
que se desarrollaron los procesos.

Se
emplea
un
estudio
instrumental
de
casos
múltiples,
en
el
que
cada
expediente
judicial
representa una unidad de análisis que permite examinar la actuación de la administración de
justicia
frente
a
las
contravenciones
de
violencia
contra
la
mujer.
El
universo
de
estudio
comprende los procesos judiciales sustanciados en el cantón Playas durante el año 2025, de los
cuales se seleccionaron 25 expedientes, mediante un muestreo no probabilístico basado en
criterios,
atendiendo
a
su
pertinencia
y
disponibilidad
documental
para
los
fines
de
la
investigación.

Para la selección de los expedientes se establecieron los siguientes criterios de inclusión: a)
procesos
conocidos
por
la
unidad
judicial
competente
del
cantón
Playas;
b)
actuaciones
procesales
o
resoluciones
correspondientes
al
año
2025;
c)
causas
relacionadas
con
contravenciones de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar; d) expedientes
que incorporen información relativa a las sanciones impuestas, medidas de protección dictadas
o
resoluciones
de
fondo;
y
e)
documentación
suficiente
para
el
examen
de
las
variables
previstas
en
la
ficha
casuística.
Por
su
parte,
se
excluyeron
las
causas
correspondientes
a
delitos, los procesos sustanciados en otras jurisdicciones o períodos distintos al delimitado, los
expedientes duplicados y aquellos cuya documentación resultara insuficiente para efectuar el
análisis.

En
el
desarrollo
del
estudio
se
recurrió
a
los
métodos
exegético,
hermenéutico-jurídico,
analítico-sintético,
deductivo
y
de
estudio
de
casos.
El
método
exegético
se
utilizó
para
examinar el alcance y contenido de las disposiciones pertinentes del Código Orgánico Integral
Penal (COIP) y de la legislación orgánica aplicable; mediante el método hermenéutico-jurídico
se interpretaron estas disposiciones en concordancia con los
principios
constitucionales de
tutela judicial efectiva y los
estándares interamericanos de debida diligencia. A su vez, el

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método analítico-sintético permitió desagregar y organizar los componentes relevantes de cada
proceso,
mientras
que
el
deductivo
facilitó
la
aplicación
de
los
parámetros
normativos
generales al examen de las actuaciones judiciales concretas. Finalmente, el estudio de casos
hizo
posible
identificar
cómo
se
aplican
las
disposiciones
jurídicas
en
los
expedientes
seleccionados.

La
información
se
obtuvo
mediante
técnicas
de
análisis
documental,
revisión
normativa,
revisión jurisprudencial y análisis casuístico. Como instrumento principal se utilizó una ficha
de estudio de caso, previamente validada, en la que se registraron los siguientes elementos:
código
de
identificación
del
expediente,
órgano
jurisdiccional,
tipo
de
contravención,
descripción de los hechos relevantes, disposiciones jurídicas aplicadas, medidas de protección
dictadas, tiempo
de respuesta judicial, sanción
impuesta, fundamentación de la resolución,
valoración del riesgo, constancias de cumplimiento o ejecución, actuaciones de seguimiento e
incidentes posteriores. Esta información permitió organizar los datos de manera uniforme y
establecer criterios de comparación entre los procesos examinados.

El procedimiento metodológico se desarrolló en cuatro fases:

Fase dogmática e institucional:
comprendió la revisión y organización del marco normativo,
jurisprudencial y doctrinal que sirvió de fundamento para establecer los parámetros jurídicos
de evaluación.

Fase
de
selección
casuística:
consistió
en
identificar
los
expedientes
que
reunían
las
condiciones de inclusión previamente establecidas. Para preservar la identidad de las personas
involucradas
y
la
confidencialidad
de
la
información
judicial
conforme
las
disposiciones
legales
vigentes
y
su
carácter
de
confidencial,
se
asignaron
códigos
de
identificación
no
nominales, comprendidos entre C-01 y C-25.

Fase de sistematización:
se aplicó la ficha de estudio de caso a cada expediente y se trasladó
la información obtenida a una matriz general de comparación, con el propósito de ordenar las
variables y facilitar su posterior examen.

Fase de triangulación:
se contrastaron los elementos obtenidos de la revisión documental con
las disposiciones normativas, los criterios jurisprudenciales y los estándares internacionales
aplicables, a fin de identificar coincidencias, diferencias y posibles limitaciones en la respuesta
judicial.

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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Dimensión 1. Sanciones impuestas en los procesos judiciales

La primera dimensión responde al objetivo específico de identificar las sanciones y medidas
de protección
impuestas en los
procesos
por
contravenciones de violencia contra la mujer
tramitados en el cantón Playas durante el año 2025. Para ello, se examinaron los resultados
procesales de los veinticinco expedientes judiciales, considerando la existencia de una decisión
sancionatoria,
el
tipo
de
consecuencia
jurídica
impuesta
y
la
adopción
de
medidas
de
protección.

En
cuanto
al
resultado
de
los
procesos,
se
identificó
que
dieciocho
de
los
veinticinco
expedientes, equivalentes al 72 %, culminaron con la determinación de responsabilidad y la
imposición
de
una
sanción.
Por
otra
parte,
en
siete
procesos
(28
%)
no
se
registró
una
consecuencia sancionatoria de fondo; dentro de este grupo, cinco casos estuvieron relacionados
con
insuficiencia
probatoria
y
dos
concluyeron
mediante
otras
formas
procesales.
Esta
distribución
permite
reconocer
que
la
imposición
de
sanciones
constituyó
el
resultado
predominante
en
los
expedientes
examinados,
aunque
su
frecuencia
debe
interpretarse
en
relación con las exigencias probatorias y las garantías del debido proceso.

Tabla 1.
Distribución de expedientes según imposición de sanción

RESULTADO SANCIONATORIO

F

%

Expedientes con determinación de responsabilidad y sanción

18

72 %

Expedientes sin imposición de sanción

7

28 %

Total

25

100 %

Nota.
f = frecuencia.

Fuente:
Elaboración propia a partir de la proyección de resultados del análisis de expedientes
judiciales (2026).

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Figura 1.
Distribución porcentual de expedientes según imposición de sanción.

Fuente:
Elaboración propia a partir del análisis de los expedientes judiciales (2026).

Los resultados de la tabla y figura 1 muestran que aproximadamente siete de cada diez procesos
concluyeron con la imposición de una sanción. Este comportamiento permite identificar la
frecuencia de la respuesta punitiva dentro de la muestra examinada; sin embargo, la existencia
de una decisión sancionatoria no constituye, por sí sola, un indicador suficiente de eficacia
preventiva ni de protección efectiva de los derechos de las víctimas. Para establecer su alcance
resulta necesario considerar también las condiciones de ejecución y la articulación de la sanción
con otras medidas de protección.

Asimismo,
la
ausencia
de
una
sanción
en
siete
expedientes
no
puede
interpretarse
automáticamente como una deficiencia de la administración de justicia. La imposición de una
consecuencia penal exige que la responsabilidad se encuentre acreditada conforme a las reglas
probatorias y las garantías procesales. Por tanto, la valoración de este indicador debe distinguir
entre
la
inexistencia
de
responsabilidad
judicialmente
determinada
y
las
distintas
formas
procesales mediante las cuales concluyeron las causas.

Respecto
del
tipo
de
respuesta
sancionatoria,
de
los
dieciocho
expedientes
en
los
que
se
determinó responsabilidad, nueve registraron penas privativas de libertad, equivalentes al 50
%;
seis
contemplaron
trabajo
comunitario
u
otras
respuestas
no
privativas
de
libertad,
correspondientes
al
33,3
%;
y
tres
incorporaron
sanciones
acompañadas
de
obligaciones
complementarias, que representan el 16,7 %.

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Tabla 2.
Tipo de respuesta sancionatoria en los procesos con determinación de responsabilidad

TIPO DE RESPUESTA SANCIONATORIA

F

%

Pena privativa de libertad

9

50 %

Trabajo comunitario u otra respuesta no privativa

6

33,3 %

Sanción acompañada de obligaciones complementarias

3

16,7 %

Total

18

100 %

Fuente:
Elaboración propia a partir de los resultados del análisis de los expedientes judiciales
(2026).

Figura 2.
Representación gráfica de respuesta sancionatoria

Fuente:
Elaboración propia a partir de los resultados del análisis de los expedientes judiciales
(2026).

La distribución evidencia que las respuestas sancionatorias adoptadas no fueron uniformes,
sino que comprendieron distintas modalidades de consecuencia jurídica. Desde la perspectiva
de la eficacia de la respuesta judicial, esta diversidad exige considerar que la severidad de la
sanción
no
es
el
único
parámetro
para
valorar
su
alcance;
también
deben
examinarse
su
ejecución,
la
certeza
de
su
cumplimiento
y
su
correspondencia
con
las
circunstancias
particulares de cada caso. En consecuencia, una sanción formalmente impuesta no garantiza
necesariamente una protección efectiva si no existen condiciones que permitan verificar su
aplicación.

En
relación
con
las
medidas
de
protección,
se
constató
que
veintitrés
de
los
veinticinco
expedientes, equivalentes al 92 %, registraron la adopción de al menos una medida destinada
a proteger a la víctima, mientras que en dos procesos (8 %) no constó una medida específica.
Este resultado demuestra una presencia considerable de mecanismos de protección dentro de
la respuesta judicial examinada.

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Tabla 3.
Adopción de medidas de protección en los procesos analizados

MEDIDAS DE PROTECCIÓN

F

%

Se dictaron una o más medidas de protección

23

92 %

No consta medida específica

2

8 %

Total

25

100 %

Fuente:
Elaboración propia a partir de los resultados del análisis de los expedientes judiciales
(2026).

Figura 3.
Distribución porcentual de la adopción de medidas de protección.

Fuente:
Elaboración propia a partir de los resultados del análisis de los expedientes judiciales
(2026).

La información refleja que la respuesta judicial comprendió, en la mayoría de los procesos,
actuaciones
orientadas
a
la
protección
de
las
víctimas,
además
de
las
consecuencias
sancionatorias. No obstante, la frecuencia con la que se dictaron estas medidas
no permite
determinar,
por
sí
misma,
su
eficacia
material.
Para
ello
es
necesario
examinar
si
fueron
adoptadas oportunamente, si
respondieron a las
condiciones particulares de riesgo, y si
su
cumplimiento y seguimiento quedaron debidamente documentados.

Dimensión
2.
Aspectos
relevantes
de
la
respuesta
judicial
para
la
protección
de
las
víctimas

La segunda dimensión se relaciona con el objetivo específico de determinar los aspectos más
relevantes de las sanciones y medidas aplicadas para proteger a las víctimas y garantizar el
respeto de sus derechos. Para este análisis se consideraron tres componentes: la oportunidad de
la respuesta judicial, la motivación de las decisiones y la valoración del riesgo.

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En cuanto a la oportunidad, dieciséis de los veinticinco procesos, correspondientes al 64 %,
registraron una intervención inmediata o dentro de las primeras veinticuatro horas; seis casos
(24 %) presentaron una respuesta entre las veinticuatro y setenta y dos horas; y tres procesos
(12 %) evidenciaron un tiempo superior a ese intervalo.

Tabla 4.
Oportunidad en la adopción de medidas de protección

TIEMPO APROXIMADO DE ADOPCIÓN

f

%

Inmediata o hasta 24 horas

16

64 %

Entre 24 y 72 horas

6

24 %

Más de 72 horas

3

12 %

Total

25

100 %

Fuente:
Elaboración propia a partir de los resultados del análisis de los expedientes judiciales
(2026).

Figura 4.
Distribución porcentual de la oportunidad de la respuesta protectora.

Fuente:
Elaboración propia a partir de los resultados del análisis de los expedientes judiciales
(2026).

En conjunto, el 88 % de los procesos registró una respuesta dentro de las primeras setenta y
dos horas, mientras que el 12 % restante presentó un intervalo superior. Estos datos permiten
identificar
una
tendencia
favorable
respecto
de
la
oportunidad
de
la
intervención
judicial,
particularmente
si
se
considera
que
la
finalidad
de
las
medidas
de
protección
exige
una
actuación
compatible
con
la
situación
de
riesgo
de
la
víctima.
Sin
embargo,
los
tiempos
registrados deben analizarse atendiendo a las circunstancias de cada expediente, pues la sola
duración de la actuación no permite establecer si existió una demora injustificada ni cuáles
fueron sus causas.

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En lo concerniente a la motivación judicial, se identificó que diez decisiones, equivalentes al
40 %, presentaron un nivel alto de fundamentación; nueve (36 %) alcanzaron un nivel medio;
y seis (24 %) evidenciaron una motivación limitada. Esta clasificación permite examinar en
qué medida las resoluciones incorporaron elementos suficientes para justificar la respuesta
judicial adoptada.

Tabla 5.
Nivel de motivación de las decisiones judiciales

NIVEL DE MOTIVACIÓN

F

%

Alta

10

40 %

Media

9

36 %

Limitada

6

24 %

Total

25

100 %

Fuente:
Elaboración propia a partir de los resultados del análisis de los expedientes judiciales
(2026).

Figura 5.
Distribución porcentual del nivel de motivación judicial.

Fuente:
Elaboración propia a partir de los resultados del análisis de los expedientes judiciales
(2026).

Los resultados muestran que el 76 % de las decisiones presentó una motivación alta o media,
frente al 24 % que registró una fundamentación limitada. Aunque esta distribución refleja que
la
mayoría
de
las
resoluciones
examinadas
incorporó
elementos
de
justificación,
también
permite advertir dificultades en una parte de los expedientes para explicar suficientemente la
relación entre los hechos, los elementos probatorios, las condiciones de riesgo y la decisión
adoptada. Desde el punto de vista jurídico, la motivación no se satisface con la sola referencia
a
las
disposiciones
normativas
aplicables,
sino
que
requiere
exteriorizar
las
razones
que

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sustentan la decisión y permiten comprender su correspondencia con las particularidades del
caso.

Por su parte, la valoración del riesgo constituyó uno de los componentes más sensibles del
análisis. En once de los veinticinco expedientes (44 %) se identificó información documental
suficiente para verificar una valoración expresa o razonablemente sustentada del riesgo; en los
catorce
restantes
(56
%)
no
se
encontró
evidencia
documental
suficiente
que
permitiera
comprobar dicho ejercicio.

Tabla 6.
Valoración del riesgo identificada en los expedientes

VALORACIÓN DEL RIESGO

F

%

Valoración del riesgo verificable

11

44 %

Sin evidencia documental suficiente

14

56 %

Total

25

100 %

Fuente:
Elaboración propia a partir de los resultados del análisis de los expedientes judiciales
(2026).

Figura 6.
Distribución porcentual de la valoración del riesgo documentada.

Fuente:
Elaboración propia a partir de los resultados del análisis de los expedientes judiciales
(2026).

La comparación entre la adopción de medidas de protección y la valoración documental del
riesgo permite identificar una diferencia relevante. Mientras que el 92 % de los expedientes
registró
una
o
más
medidas
de
protección,
únicamente
en
el
44
%
fue
posible
verificar
documentalmente
una
valoración
específica
del
riesgo.
Esta
diferencia
evidencia
una
limitación en la trazabilidad de las razones que sustentaron la adopción de las medidas. No
obstante, la falta de documentación suficiente no permite afirmar que la valoración del riesgo

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no se haya realizado, sino que los expedientes revisados no siempre contienen elementos que
permitan reconstruirla y comprobar su incidencia en la decisión judicial.

La síntesis de estos indicadores permite establecer que la respuesta judicial presenta una mayor
presencia formal de medidas de protección y una proporción considerable de decisiones con
motivación alta o media, aunque subsisten limitaciones en la documentación de la valoración
del riesgo y en la verificación de la ejecución y seguimiento de las medidas.

Tabla 7.
Síntesis de aspectos relevantes para la protección de las víctimas

ASPECTO ANALIZADO

RESULTADO

VALORACIÓN

Medidas de protección
dictadas

92 %

Alta presencia formal

Respuesta dentro de las
primeras 72 horas

88 %

Fortaleza relativa en oportunidad

Motivación alta o media

76 %

Fundamentación mayoritariamente
favorable

Valoración del riesgo
verificable

44 %

Limitación en la individualización
documentada

Ejecución y cumplimiento

Verificable
parcialmente

Condiciona la eficacia material

Seguimiento

Limitado

Principal aspecto susceptible de
fortalecimiento

Fuente:
Elaboración propia a partir de los resultados del análisis de los expedientes judiciales
(2026).

Figura 7.
Representación gráfica de los aspectos relevantes para la protección de las víctimas

Fuente:
Elaboración propia a partir de los resultados del análisis de los expedientes judiciales
(2026).

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Dimensión 3. Aplicación práctica de las sanciones y medidas de protección

La tercera dimensión responde al objetivo específico de evaluar la aplicación práctica de las
sanciones
y
medidas
de
protección,
con
la
finalidad
de
determinar
su
contribución
a
la
protección efectiva de los derechos de las víctimas. Para ello, se examinaron las constancias de
cumplimiento de las sanciones, las actuaciones de seguimiento de las medidas de protección y
la documentación relativa a incumplimientos o nuevos incidentes posteriores.

En cuanto a la ejecución de las sanciones, de los dieciocho expedientes en los que se impuso
una
consecuencia
sancionatoria,
nueve
casos
(50
%)
presentaron
información
documental
suficiente para verificar su cumplimiento; seis (33,3 %) no contenían elementos suficientes
para establecer de manera concluyente su ejecución; y tres (16,7 %) registraron dificultades,
retrasos o incumplimientos.

Tabla 8.
Aplicación práctica de las sanciones impuestas

SITUACIÓN OBSERVADA

F

%

Cumplimiento documentado

9

50 %

Sin información suficiente para verificar

6

33,3 %

Dificultades o incumplimiento documentado

3

16,7 %

Total

18

100 %

Fuente:
Elaboración propia a partir de los resultados del análisis de los expedientes judiciales
(2026).

Figura 8.
Distribución porcentual de la aplicación práctica de las sanciones.

Fuente:
Elaboración propia a partir de los resultados del análisis de los expedientes judiciales
(2026).

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La
comparación
entre
las
sanciones
impuestas
y
aquellas
cuyo
cumplimiento
pudo
comprobarse
documentalmente
permite
advertir
una
limitación
en
la
trazabilidad
de
la
respuesta punitiva. En efecto, solo la mitad de las sanciones contó con constancias suficientes
de ejecución, mientras que en el 33,3 % de los casos la información disponible no permitió
determinar su cumplimiento y en el 16,7 % se identificaron dificultades o incumplimientos. Es
importante diferenciar estas situaciones, puesto que la falta de información documental no
equivale necesariamente a una inobservancia de la sanción; sin embargo, limita la posibilidad
de evaluar su ejecución y establecer su contribución efectiva a la protección de las víctimas.

En relación con el seguimiento de las medidas de protección, de los veintitrés expedientes en
los
que
se
dictó
al
menos
una
medida,
únicamente
siete
(30,4
%)
registraron
actuaciones
posteriores que permitieron verificar su seguimiento, mientras que en dieciséis casos (69,6 %)
no se encontraron constancias documentales suficientes sobre dichas actuaciones.

Tabla 9.
Seguimiento de las medidas de protección

SEGUIMIENTO DE LAS MEDIDAS

F

%

Seguimiento documentado

7

30,4 %

Sin seguimiento verificable

16

69,6 %

Total

23

100 %

Fuente:
Elaboración propia a partir de los resultados del análisis de los expedientes judiciales
(2026).

Figura 9.
Distribución porcentual del seguimiento de las medidas de protección.

Fuente:
Elaboración propia a partir de los resultados del análisis de los expedientes judiciales
(2026).

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Este resultado constituye uno de los hallazgos más relevantes de la investigación, debido a la
diferencia entre la frecuencia de adopción de medidas de protección (92 %) y la existencia de
actuaciones de seguimiento documentalmente verificables (30,4 %). La distancia entre ambos
indicadores es de 61,6 puntos porcentuales, lo que permite advertir que la principal limitación
identificada no se encuentra necesariamente en la disposición inicial de medidas, sino en la
continuidad
de
las
actuaciones
destinadas
a
comprobar
su
cumplimiento.
Desde
una
perspectiva de tutela judicial efectiva, la protección de las víctimas requiere que las decisiones
adoptadas puedan ser objeto de verificación y que existan mecanismos institucionales para
identificar y atender oportunamente posibles incumplimientos.

Finalmente, en cinco de los veinticinco expedientes (20 %) se identificaron incumplimientos o
nuevos incidentes posteriores, mientras que en los veinte restantes (80 %) no constaron nuevos
hechos de esta naturaleza en la documentación examinada.

Tabla 10.
Incumplimientos o nuevos incidentes documentados

SITUACIÓN POSTERIOR

F

%

Incumplimiento o nuevo incidente documentado

5

20 %

Sin nuevos incidentes documentados

20

80 %

Total

25

100 %

Fuente:
Elaboración propia a partir de los resultados del análisis de los expedientes judiciales
(2026).

Figura 10.
Distribución porcentual de incumplimiento o nuevos incidentes

Fuente:
Elaboración propia a partir de los resultados del análisis de los expedientes judiciales
(2026).

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La
información
obtenida
requiere
una
interpretación
diferenciada.
La
ausencia
de
nuevos
incidentes documentados en veinte expedientes no demuestra necesariamente que la violencia
haya
cesado, sino
que no se
encontraron
registros de nuevos hechos
en la documentación
revisada. De igual manera, la identificación de incumplimientos o incidentes posteriores en
cinco
procesos
no
permite
concluir,
de
forma
automática,
que
la
respuesta
judicial
inicial
careció
de
eficacia.
Para
establecer
el
alcance
de
estos
acontecimientos
resulta
necesario
considerar las medidas dispuestas, las condiciones de riesgo identificadas, el cumplimiento de
las decisiones y las actuaciones institucionales posteriores.

La integración de las tres dimensiones permite sintetizar los principales resultados obtenidos y
establecer su correspondencia con los objetivos específicos de la investigación.

Tabla 11.
Resultados generales conforme a los objetivos de investigación

DIMENSIÓN

INDICADOR

RESULTADO

Identificación de la respuesta
judicial

Procesos con sanción

72 %

Identificación de la respuesta
protectora

Procesos con medidas de
protección

92 %

Aspectos relevantes para la
protección

Respuesta dentro de 72 horas

88 %

Aspectos relevantes para la
protección

Motivación alta o media

76 %

Aspectos relevantes para la
protección

Valoración del riesgo verificable

44 %

Aplicación práctica

Cumplimiento de sanción
documentado

50 %

Aplicación práctica

Seguimiento de medidas de
protección

30,4 %

Aplicación práctica

Nuevos incidentes documentados

20 %

Fuente:
Elaboración propia a partir de los resultados del análisis de los expedientes judiciales
(2026).

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Figura 11.
Representación gráfica de los resultados generales

Fuente:
Elaboración propia a partir de los resultados del análisis de los expedientes judiciales
(2026).

La valoración conjunta de los resultados permite identificar una diferencia entre la eficacia
formal de la respuesta judicial y su eficacia material, entendida esta última a partir de las
posibilidades de comprobar la ejecución y continuidad de las decisiones adoptadas. Por una
parte, se observa una presencia significativa de sanciones y medidas de protección, así como
una proporción mayoritaria de respuestas registradas dentro de las primeras setenta y dos horas.
Por otra, los indicadores relativos al cumplimiento de las sanciones, la valoración documental
del riesgo y el seguimiento de las medidas evidencian limitaciones que inciden en la posibilidad
de verificar la protección efectiva de las víctimas.

En consecuencia, los hallazgos muestran que la imposición de sanciones y la adopción de
medidas de protección constituyen componentes importantes de la respuesta judicial, pero no
agotan
las
condiciones
necesarias
para
garantizar
los
derechos
de
las
mujeres
víctimas
de
violencia. Su eficacia requiere, además, que las decisiones estén debidamente fundamentadas,
respondan a las circunstancias particulares de riesgo y cuenten con mecanismos que permitan
verificar
su
cumplimiento
y
seguimiento.
Desde
esta
perspectiva,
los
resultados
de
los
veinticinco expedientes examinados permiten sostener que la respuesta judicial presenta una
mayor consolidación en su dimensión formal que en los aspectos relacionados con su ejecución
y continuidad institucional.

DISCUSIÓN

Los resultados permiten advertir una diferencia entre la respuesta judicial formal y su eficacia
práctica. Mientras el 72 % de los procesos culminó con una sanción y en el 92 % se dictaron

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medidas
de
protección,
solo
el
50
%
de
las
sanciones
presentó
un
cumplimiento
documentalmente
verificable
y
apenas
el
30,4
%
de
las
medidas
mostró
algún
tipo
de
seguimiento; esta diferencia sugiere que la existencia de una resolución judicial no garantiza,
por sí sola, que la respuesta alcance plenamente los efectos preventivos y protectores esperados,
en tal sentido, esta tendencia coincide con Castillo Martínez y Ruiz Castillo (2021), quienes al
analizar la eficacia de las medidas de protección en casos de violencia intrafamiliar en Ecuador
identificaron la falta de seguimiento oportuno por parte del Estado como una de las principales
dificultades
para
garantizar
su
finalidad
protectora.
De
forma
similar,
Revelo-Sierra
y
Santacruz-Cruz (2025), en un estudio desarrollado sobre medidas de protección en casos de
violencia contra la mujer en Ibarra, analizaron su funcionamiento durante los años 2022 y 2023,
aportando
evidencia reciente sobre la necesidad
de valorar la protección no solo
desde su
reconocimiento normativo, sino también desde su aplicación concreta.

En cuanto a las sanciones, los casos analizados reflejaron la utilización de penas privativas de
libertad y trabajo comunitario, sin embargo, los datos no permiten asumir que la sanción más
severa sea necesariamente la más eficaz para prevenir nuevos hechos. Stjernqvist y Strand
(2024), mediante una revisión de intervenciones realizadas por la policía, fiscales y tribunales
frente
a
la
violencia
de
pareja,
encontraron
que
la
evidencia
sobre
la
efectividad
de
las
respuestas del sistema penal para reducir la reincidencia continúa siendo limitada y que sus
resultados pueden variar según las características de los agresores y de cada intervención; este
planteamiento guarda relación con los resultados de Playas, pues la eficacia debe valorarse
atendiendo no solo al tipo de pena impuesta, sino también a su cumplimiento, oportunidad y
aplicación efectiva.

En este punto, la prevención especial debe analizarse con cautela, aunque en el 80 % de los
expedientes
no
se
registraron
nuevos
incidentes
documentados,
este
resultado
no
permite
concluir que la ausencia de nuevos hechos sea consecuencia directa de la sanción. El expediente
judicial
únicamente
permite
conocer
aquellos
acontecimientos
que
llegaron
nuevamente
al
conocimiento
de
las
instituciones;
por
ello,
el
estudio
se
refiere
a
una
eficacia
preventiva
observable, evitando establecer relaciones causales que la metodología documental no permite
demostrar.
Esta
precaución
resulta
consistente
con
Stjernqvist
y
Strand
(2024),
quienes
advierten que la efectividad de las intervenciones judiciales frente a la violencia de pareja no
presenta resultados uniformes y depende de múltiples factores.

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Respecto de las medidas de protección, su presencia en el 92 % de los expedientes constituye
un elemento positivo de la respuesta judicial inicial. Sin embargo, el contraste con el 30,4 %
de casos en los que existió seguimiento documentado muestra una diferencia considerable entre
dictar la medida y verificar posteriormente su cumplimiento. En este sentido, los resultados
coinciden con Castillo Martínez y Ruiz Castillo (2021), quienes sostienen que la eficacia de las
medidas de protección requiere una actuación estatal que no se limite a su emisión, sino que
incorpore
mecanismos
de
seguimiento
oportuno
destinados
a
resguardar
efectivamente
la
integridad de las víctimas.

La diferencia de 61,6 puntos porcentuales entre las medidas dictadas y aquellas que presentaron
seguimiento
constituye
uno
de
los
resultados
más
importantes
del
estudio.
Esta
diferencia
permite sostener que una de las principales debilidades no se encuentra
en la ausencia de
mecanismos jurídicos de protección, sino en la continuidad de la intervención institucional.
Una
medida
puede
encontrarse
jurídicamente
vigente
y,
al
mismo
tiempo,
disminuir
su
capacidad
protectora
cuando
no
existen
suficientes
actuaciones
destinadas
a
verificar
su
cumplimiento o detectar nuevos factores de riesgo.

Otro
resultado
relevante
corresponde
a
la
valoración
del
riesgo.
Aunque
las
medidas
de
protección
tuvieron
una
presencia
elevada,
únicamente
en
el
44
%
de
los
expedientes
fue
posible verificar documentalmente una valoración individualizada. Esta diferencia evidencia
la importancia de que la respuesta judicial no se adopte de manera uniforme. Circunstancias
como
antecedentes
de
agresión,
amenazas
previas,
convivencia
con
la
persona
agresora,
dependencia económica o incumplimientos anteriores pueden modificar considerablemente las
necesidades de protección. Por esta razón, la valoración del riesgo constituye un elemento
necesario para relacionar las medidas adoptadas con las condiciones concretas de cada víctima.
La motivación judicial presenta mejores resultados, pues el 76 % de las decisiones tuvo un
nivel medio o alto de fundamentación. Este dato constituye una fortaleza, ya que una resolución
suficientemente motivada permite identificar la relación entre los hechos, la normativa aplicada
y la decisión judicial. No obstante, la motivación tampoco garantiza por sí sola la eficacia
material.
Una
sentencia
puede
encontrarse
adecuadamente
fundamentada
y
posteriormente
presentar dificultades en su ejecución. En consecuencia, la motivación y el cumplimiento deben
analizarse como dimensiones complementarias de la actuación judicial.

Asimismo,
los
procesos
que
no
concluyeron
con
sanción
no
pueden
considerarse
automáticamente como respuestas ineficaces. La protección de las víctimas debe coexistir con

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garantías como la presunción de inocencia, el derecho de defensa y la necesidad de prueba
suficiente. Por ello, la eficacia del proceso debe examinarse también a partir de la diligencia de
la
actuación
judicial,
la
adopción
oportuna
de
medidas
protectoras
y
la
motivación
de
la
decisión,
independientemente
de
que
el
resultado
final
sea
condenatorio.
Los
resultados
permiten además diferenciar entre una posible insuficiencia de la sanción y una insuficiencia
del sistema de respuesta. Si las sanciones son efectivamente impuestas, pero el cumplimiento
y seguimiento presentan dificultades, no resultaría adecuado concluir inmediatamente que la
solución
consiste
en
incrementar
las
penas.
La
revisión
de
Stjernqvist
y
Strand
(2024)
demuestra precisamente que la eficacia de las intervenciones judiciales frente a la violencia de
pareja depende de distintos componentes y que no existe evidencia concluyente que permita
atribuir mejores resultados preventivos a una única modalidad de intervención.

En
relación
con
los
objetivos
específicos,
el
primer
objetivo
se
cumple
mediante
la
identificación de las sanciones aplicadas en los procesos analizados. Respecto del segundo, los
resultados permiten establecer que la oportunidad, motivación, valoración del riesgo, ejecución
y seguimiento constituyen elementos especialmente relevantes para proteger los derechos de
las víctimas. Finalmente, el tercer objetivo evidencia que la aplicación práctica de las sanciones
y
medidas
presenta
mayores
dificultades
en
la
verificación
del
cumplimiento
y
en
la
continuidad del seguimiento institucional.

En conjunto, los resultados respaldan parcialmente la idea a defender. No permiten sostener
que las sanciones y medidas de protección sean completamente ineficaces, pues existe una
intervención judicial inicial significativa. Sin embargo, su capacidad preventiva y protectora
se ve limitada cuando las decisiones no se encuentran acompañadas de mecanismos suficientes
de ejecución, seguimiento y valoración individualizada del riesgo. Esta conclusión coincide
con estudios recientes que advierten que la efectividad frente a la violencia contra la mujer no
depende únicamente de disponer de mecanismos jurídicos, sino de garantizar su aplicación y
seguimiento efectivos (Castillo Martínez & Ruiz Castillo, 2021; Stjernqvist & Strand, 2024;
Revelo-Sierra & Santacruz-Cruz, 2025).

Finalmente,
estos
hallazgos
deben
interpretarse
dentro
de
los
límites
del
estudio.
La
investigación comprende veinticinco procesos correspondientes al cantón Playas durante el año
2025, por lo que sus resultados no pueden generalizarse estadísticamente a todo el Ecuador. Su
aporte consiste en mostrar, desde un estudio territorial de expedientes judiciales, que la eficacia
de la respuesta frente a las contravenciones de violencia contra la mujer debe valorarse más

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Página | 527

allá de la existencia formal de una sanción. Lo relevante es determinar si la actuación judicial
reúne
condiciones
de
oportunidad,
motivación,
cumplimiento
y
seguimiento
capaces
de
contribuir efectivamente a la prevención y protección de las víctimas.

CONCLUSIÓN

La
investigación
sobre
la
eficacia
de
las
sanciones
aplicadas
en
las
contravenciones
de
violencia contra la mujer en el cantón Playas durante 2025 permitió abordar la importancia de
examinar la relación entre las disposiciones jurídicas y su aplicación práctica en la protección
de los derechos de las mujeres víctimas de violencia. Desde una perspectiva teórica y científica,
el
estudio
vinculó
los
postulados
de
la
teoría
de
la
pena
con
principios
jurídicos
como
la
prevención
general,
la prevención
especial,
la tutela judicial efectiva y
el
deber de debida
diligencia,
proporcionando
un
marco
conceptual
para
analizar
si
las
decisiones
judiciales,
además
de
cumplir
con
las
exigencias
legales,
responden
a
las
finalidades
preventivas
y
protectoras del ordenamiento jurídico.

En
el
ámbito
práctico,
la
revisión
de
los
expedientes
judiciales
permitió
examinar
las
características de las sanciones impuestas y las medidas de protección adoptadas, considerando
aspectos como la valoración del riesgo, la motivación de las resoluciones, el cumplimiento de
las
decisiones
y
el
seguimiento
posterior
de
las
medidas.
El
análisis
de
estos
elementos
contribuyó a identificar fortalezas y limitaciones en la actuación judicial y proporcionó criterios
para reflexionar sobre la necesidad de mejorar los mecanismos de ejecución y seguimiento de
las decisiones destinadas a garantizar la seguridad y los derechos de las víctimas.

En
relación
con
la
pregunta
de
investigación,
determinar
en
qué
medida
las
sanciones
contribuyeron
a
la
protección
efectiva
de
los
derechos
de
las
mujeres
requirió
valorar
conjuntamente su imposición y las condiciones en las que fueron aplicadas. La existencia de
una sentencia o resolución judicial no constituye, por sí sola, evidencia suficiente de que se
hayan alcanzado las finalidades preventivas y protectoras previstas en la normativa. Por esta
razón, se examinó la información documentada en cada expediente, distinguiendo entre las
medidas
ordenadas
por
la
autoridad
judicial
y
aquellas
cuyo
cumplimiento
se
encontró
efectivamente acreditado.

Entre
las
limitaciones
del
estudio
se
encuentra
su
delimitación
a
veinticinco
expedientes
judiciales
del
cantón
Playas
correspondientes
al
año
2025,
por
lo
que
sus
hallazgos
se
circunscriben a los casos examinados y no permiten generalizar estadísticamente sus resultados
a otras jurisdicciones. Además, la revisión documental dependió de la información registrada

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en los procesos, de modo que la ausencia de constancias sobre el seguimiento o cumplimiento
de una medida no demuestra necesariamente que esta no se haya ejecutado.

En definitiva, la investigación destacó la importancia de evaluar la eficacia de las sanciones
desde una perspectiva que integre su fundamento jurídico, su aplicación y su relación con las
medidas de protección. El análisis de los expedientes aportó elementos útiles para fortalecer la
actuación
de
jueces
y
demás
operadores
de
justicia,
especialmente
en
lo
referente
a
la
valoración del riesgo, la ejecución de las decisiones y el seguimiento de las medidas adoptadas.
De esta manera,
el
estudio
contribuye a la reflexión
jurídica sobre la necesidad de que la
respuesta
judicial
frente
a
las
contravenciones
de
violencia
contra
la
mujer
trascienda
la
imposición
formal
de
sanciones
y
se
oriente
a
garantizar
una
protección
efectiva
de
los
derechos de las víctimas.

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Cómo citar este artículo (APA 7ª edición):

Quinto Coello , V. F., García Mazzini, L. G., & Gallegos Noriega, K. M. (2026). La Eficacia
de las Sanciones en las Contravenciones contra la Mujer y su Impacto en la Protección de
Derechos en el Cantón Playas, 2025.
Prisma ODS: Revista Multidisciplinaria Sobre
Desarrollo Sostenible
,
5
(6), 505-531.
https://doi.org/10.65011/prismaods.v5.i6.435

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