PORTADA

(Elaborada por la revista)

Acciones de Protección sobre Resoluciones del Consejo de
Gobierno de Galápagos en Revocatorias de Residencia (2020–
2026)

Protective Actions against
Resolutions
of the Governing Council of Galápagos
on Residence Revocations (2020
–
2026)

Bárbara Patricia Tumbaco Loor

barbara.tumbacoloor7764@upse.edu.ec

https://orcid.org/0009-0000-8848-1838

Universidad Estatal Península de Santa Elena, Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas

Playas – Ecuador

Víctor Alfonso Guanoluisa Taipe

victor.guanoluisataipe67905@upse.edu.ec

https://orcid.org/0009-0009-4055-0887

Universidad Estatal Península de Santa Elena, Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas

Playas – Ecuador

Karina Mercedes Gallegos Noriega

kgallegos8165@upse.edu.ec

https://orcid.org/0009-0003-1392-9273

Universidad Estatal Península de Santa Elena, Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas

Playas – Ecuador

Artículo recibido: 18/10/2026

Aceptado para publicación: 18/11/2026

Conflictos de Intereses: Ninguno que declarar

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Revista Científica Multidisciplinar
Volumen
5
, Número
6 -
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Página | 491

RESUMEN

El artículo analiza la incidencia de las competencias administrativas del Consejo de
Gobierno del Régimen Especial de Galápagos (CGREG) en los procedimientos de revocatoria
de residencia frente a la tutela de derechos fundamentales (2020-2026). El estudio aborda la
colisión entre el ordenamiento demográfico insular y las garantías constitucionales del debido
proceso, la seguridad jurídica y la unidad familiar. Metodológicamente, se adopta un enfoque
cualitativo
con
diseño
descriptivo-explicativo
y
hermenéutico,
examinando
un
corpus
jurisprudencial
de
sentencias
dictadas
en
acciones
de
protección
contra
el
CGREG.
Los
hallazgos revelan una práctica administrativa caracterizada por la vulneración del principio de
tipicidad ante vacíos de la Ley Orgánica de Régimen Especial de Galápagos (LOREG), la
inversión
de
la
carga
de
la
prueba
en
investigaciones
migratorias
y
fallas
crónicas
de
motivación en los actos de gravamen. Se concluye que la falta de armonización procesal entre
la
LOREG
y
el
Código
Orgánico
Administrativo
(COA)
incrementa
la
judicialización
constitucional
de
los
actos
insulares,
por
lo
que
se
proponen
criterios
de
articulación
procedimental para delimitar la potestad sancionadora de la autoridad pública.

Palabras clave:
régimen especial de Galápagos, potestad sancionadora, revocatoria de
residencia, debido proceso, acción de protección

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Volumen
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, Número
6 -
Año 2026
Página | 492

ABSTRACT

This article analyzes the impact of the administrative powers of the Governing Council
of the Special Regime of Galapagos (CGREG
) in residence revocation procedures regarding
the protection of fundamental rights (2020
-
2026). The study addresses the tension between
island
demographic
planning
policies
and
constitutional
guarantees
of
due
process,
legal
certainty,
and
family
unity.
M
ethodologically,
a
qualitative
approach
with
a
descriptive
-
explanatory and hermeneutic design is adopted, analyzing a corpus of jurisprudence composed
of
rulings
issued
in
constitutional
protection
actions
against
the
CGREG
.
Findings
reveal
administrative practices marked by violations of the principle of typicity due to normative gaps
in the Organic Law for the Special Regime of Galapagos (LOREG), undue reversal of the
burden of proof in migratory investigations, and chroni
c motivation defects in burdensome
acts.
It
is
concluded
that
the
lack
of
procedural
harmonization
between
LOREG
and
the
Organic
Administrative
Code
(COA)
increases
constitutional
litigation
against
island
decisions; thus, procedural criteria are proposed to delimit the sanctioning authority of public
institutions.

Keywords:
Special regime of Galapagos
,
sanctioning power
,
residence revocation
,
due
process
,
action for protection

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6 -
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Página | 493

INTRODUCCIÓN

En
el
marco
del
Derecho
Administrativo
y
Constitucional
contemporáneo,
la
potestad
sancionadora
y
de
control
poblacional
ejercida
por
órganos
con
regímenes
territoriales
de
excepción exige una estricta subordinación a los principios garantistas del debido proceso y la
seguridad jurídica. A nivel internacional y regional, la capacidad de los Estados para regular la
estancia
o
residencia
de
personas
en
territorios
sometidos
a
intensa
protección
ambiental
siempre genera tensiones entre la efectividad de la gestión pública y la protección efectiva de
los
derechos
fundamentales
(Corte
Interamericana
de
Derechos
Humanos
2010;
Ferrajoli
2011). Si los procedimientos de descalificación o revocación sufren de vaguedad normativa,
falta
de
especificidad
o
discrecionalidad
arbitraria,
se
violan
directamente
las
garantías
constitucionales esenciales de los administrados (García de Enterría 2015; Zagrebelsky 2011).
En Ecuador, el artículo 258 de la Constitución de la República del Ecuador (CRE) establece el
Régimen
Especial
de
Galápagos,
dejando
la
planificación,
gestión
y
administración
del
territorio insular al Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos (CGREG), a
través de sus facultades otorgadas por la Ley Orgánica del Régimen Especial de la Provincia
de
Galápagos
(LOREG).
El
CGREG,
a
través
del
Comité
de
Calificación
y
Control
de
Residencia y la Secretaría Técnica, procesa los procedimientos para la pérdida y revocación de
categorías
de
residencia
permanente
y
temporal.
Sin
embargo,
la
dogmática
jurídica
y
la
práctica judicial muestran serias deficiencias en la aplicación del régimen sancionador y de
control demográfico (no aplicación de garantías mínimas; inversión indebida de la carga de la
prueba; déficit en la adecuada motivación de los actos administrativos que ordenan la salida
forzosa de ciudadanos de la provincia insular) (Morán J, 2020; Real, 2021). Las principales
causas
de
este
problema
son
la
incompatibilidad
procedimental
entre
la
LOREG
y
sus
reglamentos de aplicación con los principios de garantía establecidos en el Código Orgánico
Administrativo (COA) y la Constitución.

Como consecuencia de ello, durante el periodo 2020-2026 se registra un incremento en la
judicialización de los actos administrativos del CGREG mediante garantías jurisdiccionales de
acción
de
protección.
En
este
escenario,
los
jueces
de
garantías
constitucionales
dejan
recurrentemente
sin
efecto
resoluciones
de
revocatoria
por
vulnerar
el
debido
proceso,
la
presunción de inocencia, la seguridad jurídica y el derecho a la unidad familiar de la población
galapagueña (Corte Constitucional del Ecuador, 2021; Oyarte, 2019).

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Esta investigación se justifica por su relevancia teórica, práctica y metodológica. Desde la
perspectiva teórica, enriquece la doctrina del Derecho Administrativo Sancionador aplicable a
circunscripciones
territoriales
de
excepción,
redefinida
bajo
el
paradigma
del
neoconstitucionalismo, al cuestionar el enfoque tradicional que considera a la residencia insular
como una mera concesión precaria revocable discrecionalmente. En el ámbito práctico y social,
aporta
insumos
jurídicos
concretos
para
reorientar
el
accionar
de
la
autoridad
insular,
protegiendo la estabilidad familiar, laboral y económica de las familias galapagueñas. En lo
metodológico, provee una matriz de triangulación hermenéutica que articula la revisión de
normativa adjetiva, la doctrina especializada y el análisis de la casuística constitucional reciente
(2020-2026).

El objetivo general del estudio es analizar la incidencia de las competencias administrativas del
CGREG
en
las
revocatorias
de
residencia
sobre
la
protección
de
derechos
fundamentales
durante el periodo 2020-2026, mediante la revisión normativa y jurisprudencial, para proponer
criterios
de
armonización
procedimental
que
garanticen
el
debido
proceso
y
la
seguridad
jurídica insular. De manera específica, se busca: (i) examinar el marco normativo de la LOREG
y del COA aplicable a la revocatoria de residencia; (ii) sistematizar la jurisprudencia dictada
en acciones de protección contra resoluciones del CGREG entre 2020 y 2026; y (iii) proponer
criterios y pautas procedimentales de armonización.

METODOLOGÍA

La
investigación
se
desarrolla
bajo
un
enfoque
cualitativo
(Hernández-Sampieri,
2018),
orientado a comprender e interpretar las dinámicas jurídicas y los criterios procedimentales
aplicados
por
el
CGREG
en
la
revocatoria
de
residencias.
Se
enmarca
en
el
paradigma
interpretativo y hermenéutico (Flick, 2015; Wanda, 2017), complementado con elementos del
neoconstitucionalismo crítico (Ávila, 2012; Ferrajoli, 2011), analizando las tensiones entre la
potestad estatal de control demográfico y la vigencia de los derechos individuales.

El diseño de investigación es no experimental, descriptivo, estructurado mediante el estudio de
casos múltiples (Galeano, 2020; Yin, 2018). La población por 314 causas ingresadas en la
provincia
de
Galápagos
constituida
por
las
sentencias
dictadas
en
acciones
de
protección
interpuestas contra resoluciones de revocatoria de residencia emitidas por el CGREG entre los
periodos del 2020 y el primer semestre del 2026.

Como
criterio
de
inclusión
se
estableció
que
las
sentencias
correspondieran
a
garantías
jurisdiccionales con resolución firme en el sistema judicial ecuatoriano vinculadas a actos de

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gravamen del CGREG. Se excluyeron aquellos procesos en trámite o que no contaran con texto
completo accesible.

Se
empleó
un
muestreo
no
probabilístico
por
conveniencia
(Hernández-Sampieri,
2018),
quedando
conformada
la
muestra
por
12
sentencias
divididas
en
6
estimatorias
y
6
desestimatorias del Sistema Automático de Trámite Judicial Ecuatoriano (SATJE) dictadas por
unidades judiciales de Galápagos y salas de la Corte Provincial (procesos N.º 20332202600056,
20332202600015, 20331202500351, 20332202400436, 20332202400434, 20331202400117,
13205202600063, 20332202200181, 20332202400620, 20571202500018, 20331202500353,
20331202500347)
y
como
estudio
las
resoluciones
normativas
sectoriales
(Resolución
N.º
CGREG-ST-2022-0129-R
y
CGREG-ST-2024-0080-R).
Como
principal
limitación,
los
hallazgos describen las sentencias analizadas y no pueden generalizarse al universo total de
acciones de protección contra el CGREG.

Como técnicas e instrumentos de recolección de información se realizó un análisis de contenido
cualitativo (Cárcamo, 2018; Guasch, 2002). El procesamiento de datos se realizó mediante la
categorización
temática
y
la
triangulación
hermenéutica
(Cisterna,
2005;
Gibbs,
2012),
contrastando el marco normativo orgánico (CRE, LOREG, COA), la doctrina especializada
sobre el
ius puniendi
administrativo y los estándares jurisprudenciales fijados por la (Corte
Constitucional del Ecuador) y (Corte Interamericana de Derechos Humanos).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

De
la
revisión
del
análisis
de
contenido
de
la
casuística
e
instrumentos
normativos,
los
resultados se estructuran en torno a siete ejes de desarrollo teórico e interpretativo:

El control poblacional como fundamento estructural del Régimen Especial

El análisis revela que la justificación originaria del Régimen Especial de Galápagos descansa
en la necesidad de precautelar la fragilidad de un ecosistema declarado Patrimonio Natural de
la Humanidad. La sustentabilidad ecológica exige mitigar la presión antrópica derivada del
crecimiento
demográfico
y
la
expansión
urbana
imprevista
(Morán
J.
,
2020).
En
el
ordenamiento
ecuatoriano,
el
artículo
258
de
la
Constitución
consagra
una
reserva
de
ley
orgánica para restringir con carácter excepcional los derechos de residencia, libre movilidad,
propiedad y contratación en el archipiélago.

Sin
embargo,
la
discusión
teórica
demuestra
que
esta
limitación
excepcional
no
puede
interpretarse
como
una
habilitación
irrestricta
para
la
arbitrariedad
estatal.
Si
bien
la

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preservación
del
parque
nacional
legitima
la
existencia
de
políticas
de
conservación
demográfica y concede
al
CGREG el
rol de ente rector de la planificación
insular, dichas
políticas
deben
armonizarse
con
los
estándares
de
razonabilidad
e
igualdad
ante
la
ley,
impidiendo que el paradigma ambiental anule los derechos de la población establecida.

La potestad sancionadora del CGREG como instrumento de ordenación

El Comité de Calificación y Control de Residencia actúa como el órgano técnico encargado de
fiscalizar
la
subsistencia
de
las
condiciones
que
motivaron
la
concesión
de
las
categorías
residenciales.
Las
resoluciones
que
descalifican
o
revocan
una
residencia
temporal
o
permanente no constituyen meros trámites administrativos o avisos migratorios; son auténticos
actos administrativos de gravamen
que privan al ciudadano de un estatus legal consolidado y
conllevan la orden de salida obligatoria del territorio.

Se constató que en la etapa de investigación previa el CGREG suele invertir indebidamente la
carga de la prueba. En lugar de que la administración pruebe fehacientemente la causal de
extinción o fraude, se exige al administrado demostrar la veracidad de su residencia o la validez
de su vínculo conyugal sobre supuestos no notificados claramente. Esta práctica desborda los
límites legítimos de la discrecionalidad reguladora, transformando el control preventivo en un
ejercicio de arbitrariedad sancionatoria (García de Enterría, 2015; Vera, 2022).

La armonización procesal entre la LOREG y el Código Orgánico Administrativo (COA)

Un hallazgo medular radica en los desajustes normativos observados entre la LOREG y el
COA.
La
ley
especial
de
Galápagos
adolece
de
vacíos
significativos
respecto
al
catálogo
taxativo de faltas y el procedimiento adjetivo aplicable a las revocatorias, violando el principio
de tipicidad consagrado en el artículo 76, numeral 3 de la Carta Magna.

Al no contemplar la LOREG un trámite detallado con garantías explícitas, resulta jurídicamente
obligatorio aplicar de forma supletoria el COA, norma general que rige a toda la administración
pública
(Código
Orgánico
Administrativo
[COA],
2017).
El
COA
exige
el
cumplimiento
irrestricto de requisitos de validez del acto administrativo, tales como la competencia previa,
el objeto lícito y la motivación lógica. La omisión del procedimiento administrativo común por
parte
del
CGREG
vicia
de
nulidad
sus
resoluciones,
debiendo
prevalecer
el
principio
pro
persona y de jerarquía constitucional sobre concepciones rigoristas de especialidad normativa.

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La vigencia del debido proceso en los trámites de control migratorio

El examen de los expedientes judiciales demuestra que las resoluciones del CGREG conculcan
de manera recurrente el derecho a la defensa (Art. 76, num. 7 CRE). Los ciudadanos no son
notificados oportunamente con los informes técnicos u observaciones migratorias en su contra,
impidiéndoles
presentar
pruebas
de
descargo
o
contradecir
los
hallazgos
en
sede
administrativa.

Asimismo, la autoridad insular vulnera la presunción de inocencia (Art. 76, num. 2 CRE) al
asumir preliminarmente la invalidez o simulación de contratos de trabajo o matrimonios sin
contar con una declaración judicial firme o prueba concluyente. La inobservancia del principio
de contradicción en el expediente técnico migratorio convierte a la fase administrativa en un
procedimiento
sin
contradicción
donde
el
afectado
queda
en
total
estado
de
indefensión
(Oyarte, 2019; Real, 2021).

La debida motivación y la proporcionalidad del acto administrativo

De acuerdo con el estándar fijado por la Corte Constitucional del Ecuador en la Sentencia N.º
1158-17-EP/21, la debida motivación exige una fundamentación normativa y fáctica suficiente,
que explicite la relación entre los hechos y la norma aplicada; su inexistencia, insuficiencia o
apariencia
vulnera
la
garantía
del
artículo
76,
numeral
7,
literal
l)
de
la
CRE.
En
las
resoluciones de revocatoria analizadas, se evidencia una motivación aparente caracterizada por
la
sola
transcripción
de
artículos
de
la
LOREG
e
informes
de
oficina,
omitiendo
el
razonamiento de ponderación jurídica.

Asimismo, las órdenes de salida obligatoria impuestas por el CGREG fallan al no someterse al
test
de
proporcionalidad
(idoneidad,
necesidad
y
proporcionalidad
en
sentido
estricto).
Expulsar
a
un
ciudadano
con
arraigo
consolidado
sin
evaluar
medidas
menos
gravosas
constituye un acto desproporcionado e ilegítimo que acarrea la nulidad de pleno derecho del
acto resolutivo (García de Enterría, 2015; Naranjo, 2018).

La protección del arraigo, la unidad familiar y el interés superior del niño

Las decisiones del CGREG ignoran con frecuencia la dimensión social del ser humano y la
protección
de
la
familia
como
núcleo
fundamental
de
la
sociedad
(Art.
67
CRE).
Las
revocatorias de residencia ejecutadas de forma intempestiva fragmentan hogares legalmente
constituidos y provocan el desarraigo territorial forzado.

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Cuando en el núcleo familiar existen niñas, niños o adolescentes, la orden de expulsión de uno
de sus progenitores atenta directamente contra el principio del interés superior del niño (Art.
44 CRE) y el derecho a la convivencia familiar (Corte IDH, 2014). Además, estas medidas
generan
un
grave
impacto
socioeconómico
al
despojar
arbitrariamente
al
habitante
de
su
empleo,
vivienda
y
patrimonio,
menoscabando
derechos
sociales
garantizados
en
la
Constitución.

Tutela judicial efectiva: la acción de protección y la reparación integral

Frente a la vía contencioso-administrativa, cuya adecuación y eficacia deben valorarse en cada
caso
(LOGJCC,
art.
42,
num.
4),
la
acción
de
protección
se
ratifica
como
la
garantía
jurisdiccional idónea y expedita para frenar los efectos de los actos de gravamen dictados por
el CGREG (Alvear Calderón & Ayala Rovere, 2025; Chacho-Juárez & Trelles-Vicuña, 2024).
En
las
12
sentencias
examinadas,
los
jueces
de
garantías
constitucionales
aceptaron
las
demandas de los ciudadanos (resultado coherente con el criterio de selección de la muestra,
que limita la generalización de los hallazgos) tras comprobar la vulneración flagrante al debido
proceso, la motivación y la seguridad jurídica.

Conforme a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional (LOGJCC,
art. 18) y a los criterios de la Corte Constitucional, las sentencias ordenaron como medidas de
reparación integral la declaratoria de nulidad absoluta de las resoluciones administrativas, la
restitución
o
renovación
inmediata
del
carné
de
residencia
permanente
o
temporal,
la
cancelación
de cualquier orden de salida del
archipiélago y la emisión
de garantías de no
repetición, reconfigurando el papel de la justicia constitucional como garantía frente al ejercicio
arbitrario de la potestad de control poblacional.

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Figura 1.
Diagrama de colisión procesal entre el trámite administrativo insular y el control
constitucional

Fuente:
Elaboración propia basada en la LOREG, Código Orgánico Administrativo y Ley
Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.

Tabla 1.
Sistematización casuística de acciones de protección contra resoluciones del CGREG
(2020-2026)

EXPEDIENTES
JUDICIALES
ACEPTADOS

CAUSAL DE
REVOCATORIA
POR EL CGREG

DERECHOS
VULNERADOS
IDENTIFICADOS

MEDIDAS DE
REPARACIÓN
INTEGRAL

20332202600056

Inconsistencia en el
vínculo
matrimonial.

Debido proceso,
presunción de
Inocencia y unidad
familiar.

Restitución inmediata
de residencia
permanente.

20331202500353

Incumplimiento de
requisitos
reglamentarios

Debido proceso,
presunción de
Inocencia y unidad
familiar

Restitución inmediata
de residencia
permanente.

20332202400436

Extinción de unión
de hecho y nulidad
de residencia.

Debido proceso,
presunción de
Inocencia y seguridad
jurídica.

Ordenar la
regularización e
imposición del estatus
de Residente
Permanente

20332202400620

Extinción de unión
de hecho y nulidad
de residencia.

Debido proceso,
presunción de
Inocencia y seguridad
jurídica

Ordenar la
regularización e
imposición del estatus
de Residente
Permanente

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13205202600063

Incumplimiento de
requisitos
reglamentarios

Debido proceso y el
derecho a la
seguridad jurídica

Resolver la situación
jurídica migratoria del
accionante.

20332202200181

Incumplimiento de
requisitos
reglamentarios

Debido proceso y el
derecho a la
seguridad jurídica

Resuelve la situación
jurídica migratoria de
la accionante dentro
del término legal.

Expedientes
judiciales negados

Causal de
revocatoria por el
CGREG

Derechos
vulnerados
identificados

Medidas de
reparación integral

20571202500018

Incumplimiento de
requisitos
reglamentarios

Debida motivación y
debido proceso
adjetivo

No existió reparación.

20331202500347

Incumplimiento de
requisitos
reglamentarios

derecho al trabajo,
seguridad jurídica,
debido proceso,
motivación y unidad
familiar

No existió reparación.

20332202400434

Supuesta
simulación de
convivencia
conyugal

Unidad familiar e
interés superior del
niño.

No existió reparación.

20332202600015

Presunta falsedad
en contrato de
trabajo.

Defensa, motivación
y seguridad jurídica.

No existio reparación.

20331202400117

Incumplimiento de
requisitos
reglamentarios

Debida motivación y
debido proceso
adjetivo

No existio reparación

20331202500351

Extinción de
patrocinio laboral

Seguridad jurídica y
derecho al trabajo

No existio reparación.

Fuente:
Elaboración propia a partir del análisis de expedientes judiciales del Consejo de la
Judicatura (2020-2026).

CONCLUSIONES

El ejercicio de las competencias administrativas de control poblacional por parte del Consejo
de Gobierno de Galápagos durante el periodo 2020-2026 ha mostrado, en los casos analizados
señalaron una deficiencia del debido proceso en la revocación del estatus migratorio y que la
presunción de inocencia se encuentre en 4 de ellas se relaciona con lo que Vera (2022) analiza
sobre la evaluación del vínculo matrimonial por parte del CGREG. El hecho de que la mitad
de las sentencias
fueran desfavorables significa
que la acción
de protección
no tuvo
éxito
automáticamente,
En
las
sentencias
desfavorables,
el
derecho
más
invocado
fue
la
debida
motivación, cuyo estándar ha sido desarrollado por la Corte Constitucional del Ecuador en la
Sentencia No. 1158-17-EP/21; este resultado está relacionado con el debate sobre si la acción

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de protección contra la vía contencioso administrativa es adecuada (Alvear Calderón & Ayala
Rovere,
2025;
Chacho-Juárez
&
Trelles-Vicuña,
2024),
aunque
este
estudio
no
permite
determinar las razones de cada desestimación.

Asimismo, el incumplimiento de los requisitos normativos (la mitad de las sentencias) está
vinculado al debate sobre la falta de armonización entre LOREG y COA (Código Orgánico
Administrativo [COA] 2017). La muestra no permite verificar esta falta de armonización, pero
la hace visible como una línea de análisis para estudios con toda la población. Finalmente, la
unidad familiar fue aceptada en 2 sentencias e invocada sin éxito en otras 2, por lo que los
resultados varían dentro de la muestra.

Existe una desconexión normativa y procedimental entre la Ley Orgánica de Régimen Especial
de
la
Provincia
de
Galápagos
(LOREG)
y
el
Código
Orgánico
Administrativo
(COA).
La
ambigüedad y los vacíos de la norma especial han propiciado la emisión de actos de gravamen
carentes de tipicidad, con inversión indebida de la carga de la prueba y severos defectos de
motivación.

La casuística judicial analizada evidencia que la acción de protección constituye el instrumento
idóneo
para
reparar
las
vulneraciones
al
debido
proceso,
la
seguridad
jurídica,
la
unidad
familiar
y
el
interés
superior
del
niño
ocasionadas
por
las
resoluciones
del
CGREG.
Las
sentencias constitucionales ratifican que las metas de conservación ambiental no constituyen
zonas de inmunidad ante el bloque de constitucionalidad.

Se recomienda adoptar criterios de armonización procedimental en la gestión del CGREG en
el cual garantice el debido proceso y la presunción de inocencia en los procedimientos de
revocatoria y motive sus resoluciones, pues fueron los derechos más referidos en las sentencias
revisadas.
Como
línea
de
una
investigación
futura
se
sugiere
calcular,
con
la
población
completa de procesos en contra del CGREG y no solo con la muestra, el porcentaje de acciones
favorables y desfavorables para medir el alcance real de la vulneración de derechos en sede
administrativa.

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https://doi.org/10.65011/prismaods.v5.i6.426

Cómo citar este artículo (APA 7ª edición):

Tumbaco Loor, B. P., Guanoluisa Taipe, V. A., & Gallegos Noriega, K. M. (2026). Acciones
de Protección sobre Resoluciones del Consejo de Gobierno de Galápagos en Revocatorias de
Residencia (2020–2026).
Prisma ODS: Revista Multidisciplinaria Sobre Desarrollo
Sostenible
,
5
(6), 491-504.
https://doi.org/10.65011/prismaods.v5.i6.426

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