PORTADA

(Elaborada por la revista)

Incumplimiento Ambiental en el Ex Botadero de Playas:
Vulneración del Buen Vivir y la Naturaleza 2025

Environmental
Non
-
Compliance
at the
Former
Playas
Dump
site:
A
Violation
of Buen Vivir (Good Living) and the rights of Nature

Eduardo Ernesto Bustamante Aranda
1

1
Autor de correspondencia.

eduardo.bustamantearanda2791@upse.edu.ec

https://orcid.org/0009-0003-6976-4834

Universidad Península de Santa Elena

Playas – Ecuador

Jenniffer Carolina Sarmiento Gómez

jenniffer.sarmientogomez6655@upse.edu.ec

https://orcid.org/0009-0008-2020-7400

Universidad Península de Santa Elena

Playas – Ecuador

Daniel Alejandro Procel Contreras

dprocel@upse.edu.ec

https://orcid.org/0000-0001-8374-933X

Universidad Península de Santa Elena

La Libertad – Ecuador

Artículo recibido: 18/10/2026

Aceptado para publicación: 18/11/2026

Conflictos de Intereses: Ninguno que declarar

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Revista Científica Multidisciplinar
Volumen
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RESUMEN

La investigación analizó la incidencia del incumplimiento de la normativa ambiental en
el
ex
botadero
a
cielo
abierto
ubicado
en
la
vía
Playas-El
Morro-Posorja,
cantón
General
Villamil Playas, Ecuador, respecto de la vulneración del derecho al Buen Vivir y los Derechos
de
la
Naturaleza.
Se
empleó
un
enfoque
cuantitativo,
de
alcance
descriptivo
y
diseño
no
experimental transversal. Se encuestó a 153 habitantes del área de influencia y se examinó el
marco jurídico vigente. Los resultados evidenciaron que el 99,3 % de los encuestados consideró
vulnerado su derecho a un ambiente sano y reportó problemas de salud familiar asociados a la
contaminación. El instrumento presentó consistencia interna excelente (
α
= 0.951). La prueba
exacta
de
Fisher
identificó
una
asociación
estadísticamente
significativa
entre
el
incumplimiento normativo percibido y la vulneración de derechos (p = 0.039); la correlación
de Spearman mostró una asociación positiva fuerte (
ρ
= 0.753; p < 0.001). Las afectaciones
incluyeron olores desagradables, proliferación de vectores y deterioro ambiental. El análisis
jurídico
permitió
identificar
posibles
incumplimientos
de
las
normas
constitucionales
y
ambientales. Los hallazgos muestran que el manejo inadecuado de los residuos sólidos pone
en riesgo los derechos examinados y evidencia la necesidad de mejorar la vigilancia ambiental
por parte del municipio.

Palabras
clave:
normativa
ambiental,
buen
vivir,
derechos
de
la
naturaleza,
contaminación ambiental, vulneración de derechos constitucionales

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Revista Científica Multidisciplinar
Volumen
5
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6 -
Año 2026
Página | 457

ABSTRACT

The study analyzed the impact of non
-
compliance with environmental regulations at
the former open
-
air waste dump located along the Playas
–
El Morro
–
Posorja road, in the canton
of General Villamil Playas, Ecuador, with regard to violations of the right to Bu
en Vivir
(Good
Living) and the Rights of Nature. A quantitative approach was adopted, with a descriptive
scope and a non
-
experimental, cross
-
sectional design. A total of 153 residents within the area
of influence were surveyed, and the applicable legal framework w
as examined. The results
revealed that 99.3% of respondents considered their right to a healthy environment to have
been violated and reported family health problems associated with pollution. The research
instrument
demonstrated
excellent
internal
consist
ency
(α
=
0.951).
Fisher’s
exact
test
identified a statistically significant association between perceived regulatory non
-
compliance
and the violation of rights (p = 0.039), while Spearman’s rank correlation revealed a strong
positive association (ρ = 0.75
3; p < 0.001). The reported adverse effects included unpleasant
odors, the proliferation of disease vectors, and environmental degradation. The legal analysis
identified potential violations of constitutional and environmental laws. The findings show that
the improper management of solid waste jeopardizes the rights examined and highlights the
need for the municipality to improve its environmental oversight.

Keywords:
environmental
regulations,
buen
vivir,
rights
of
nature,
environmental
pollution, violation of constitutional rights

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6 -
Año 2026
Página | 458

INTRODUCCIÓN

La gestión de residuos sólidos constituye uno de los desafíos ambientales más críticos del siglo
XXI. La acelerada urbanización y el incremento del consumo han provocado que la generación
de desechos supere la capacidad de los sistemas de manejo existentes en gran parte del mundo.

Por otro lado, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP) proyecta
que la generación de residuos sólidos urbanos aumente de 2.300 millones de toneladas en 2023
a 3.800 millones de toneladas en 2050, con costos ocultos salud, clima y contaminación que
ascienden a 361.000 millones de dólares anuales (UNEP, 2024). Batista et al. (2021) identifican
que la ausencia de marcos institucionales integrados y la falta de capacidad técnica constituyen
las principales barreras para una gestión sostenible de residuos sólidos en países en desarrollo.

La operación de botaderos a cielo abierto es la expresión más visible de este fracaso: al carecer
de impermeabilización, compactación y cobertura, generan contaminación de acuíferos por
lixiviados, emisión de metano y dióxido de carbono, y proliferación de vectores que deterioran
la salud pública.

Desde una perspectiva del derecho internacional ambiental, las decisiones de actualización del
Acuerdo de París, ratificado por Ecuador, obligan a los Estados signatarios a implementar
políticas
de
reducción
de
emisiones
y
protección
de
ecosistemas,
lo
que
comprende
necesariamente la eliminación progresiva de botaderos a cielo abierto como fuentes de gases
de efecto invernadero (Naciones Unidas, 2023).

En América Latina y el Caribe, la brecha entre el reconocimiento constitucional del derecho a
un
ambiente
sano
y
su
materialización
efectiva
es
persistente
y
profunda.
La
Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la Organización Panamericana de la
Salud
(OPS)
y
la
Organización
Mundial
de
la
Salud
(OMS)
(2024)
han
señalado
que
la
persistencia de basurales a cielo
abierto
en la región
representa una falla estructural
en
el
cumplimiento de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (Naciones Unidas,
2015),
particularmente
del
Objetivo
11
relativo
a
ciudades
y
comunidades
sostenibles,
exacerbando las desigualdades en salud y limitando el derecho a un entorno sano para las
comunidades más vulnerables.

Cerca del 40 % de los residuos de la región todavía termina en lugares que carecen de controles
adecuados. Esta situación provoca problemas ambientales y sociales en las comunidades y
afecta la conservación de los ecosistemas terrestres y costeros.

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A pesar de que el derecho ambiental latinoamericano ya ha incorporado principios como el de
prevención,
el
de
precaución
y
el
del
Estado
responsable
ante
el
daño
ambiental,
sigue
enfrentándose en la práctica a muchas de las dificultades existentes anteriormente. De hecho,
en una buena parte de los municipios el escaso recurso económico y la falta de personal técnico
capacitado constituyen dos limitaciones a la hora de poder poner en práctica las normas e
impiden dar una respuesta acorde ante los problemas ambientales. Los botaderos a cielo abierto
actúan,
así
como
indicadores
de
una
omisión
administrativa
que
vulnera
derechos
fundamentales de las personas y de la naturaleza, y que exige un abordaje urgente desde el
Derecho Ambiental y Constitucional.

Ecuador se distingue a nivel internacional por reconocer constitucionalmente los Derechos de
la Naturaleza. El artículo 71 de la Constitución de la República del Ecuador establece que la
naturaleza tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y
regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos, además de que
el artículo 14 garantiza el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente
equilibrado (Asamblea Nacional del Ecuador, 2008).

No obstante, el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica ha identificado que un
porcentaje significativo de los Gobiernos Autónomos Descentralizados municipales incumple
la
obligación
de
eliminar
los
botaderos
a
cielo
abierto
y
transitar
hacia
rellenos
sanitarios
tecnificados, contraviniendo el Código Orgánico del Ambiente y sus reglamentos (Asamblea
Nacional del Ecuador, 2017).

Datos recientes del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) confirman esta tendencia
a escala nacional: en 2023, únicamente el 60% de los Gobiernos Autónomos Descentralizados
Municipales disponía sus residuos en rellenos sanitarios técnicamente diseñados, mientras que
el resto continuaba operando bajo modalidades no controladas (INEC, 2024).

El cantón General Villamil Playas, en la provincia del Guayas, no constituyó una excepción.
Su ex botadero municipal, situado en las coordenadas −2.16948, −80.375121, se ubicaba entre
General Villamil Playas y la vía que conducía hacia El Morro-Posorja
.

Sobre la vía Playas-El Morro-Posorja, el botadero operó como sitio de disposición final no
controlado, en un cantón cuya vocación turística depende directamente de la calidad ambiental
de
su
entorno.
La
investigación
de
Coello
&
Coloma
(2024)
concluye
que
el
inadecuado
manejo de los residuos y la persistencia de botaderos a cielo abierto en el litoral ecuatoriano

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socavan
el
desarrollo
sostenible
y
vulneran
el
derecho
a
un
entorno
sano,
incrementando
riesgos de enfermedades infectocontagiosas en zonas aledañas.

En
la
misma
línea,
Escamilla-García
et
al.
(2024)
advierten
que
la
gestión
inadecuada
de
residuos
sólidos
urbanos
en
Latinoamérica
genera
afectaciones
ambientales
y
sociales
que
trascienden el ámbito sanitario, incluyendo la pérdida de valor paisajístico y económico en
zonas turísticas costeras.

En el plano institucional, el cantón Playas creó mediante ordenanza la Empresa Pública de
Aseo EMAPLAYAS-EP en 2014, publicada en el Registro Oficial No. 458 del 13 de marzo de
2015 (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Playas, 2015). Sin embargo,
esta entidad fue extinguida y liquidada mediante ordenanza aprobada en sesiones ordinarias de
noviembre y diciembre de 2025, publicada en el Registro Oficial Suplemento Especial No. 846
(Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Playas, 2025).

Esta trayectoria institucional revela una grave inestabilidad en la prestación del servicio de
gestión de residuos sólidos, que ha impedido la consolidación de un modelo sostenible de
disposición final y ha perpetuado el funcionamiento del botadero a cielo abierto en detrimento
de los derechos constitucionales de la naturaleza y de la población.

El problema central de la presente investigación radica en que el ex botadero a cielo abierto
ubicado en la vía Playas-El Morro-Posorja opero sin los controles técnicos exigidos por el
Código
Orgánico
del
Ambiente
(Asamblea
Nacional
del
Ecuador,
2017),
generando
un
conjunto
de
afectaciones
ambientales
y
sociosanitarias
que
vulneraron
derechos
constitucionales.
La
inexistencia
de
sistemas
de
impermeabilización
contribuyó
a
que
los
lixiviados se filtraran al suelo, con el riesgo de alcanzar los acuíferos costeros.

Por otra parte, la ausencia de cobertura diaria y de procesos adecuados de compactación había
grandes posibilidades de la presencia de roedores e insectos, así como la formación de gases y
contaminantes
malolientes.
Estos
fueron
factores
que
podrían
haber
afectado
la
salud
y
la
calidad
de
vida
de
los
habitantes
que
viven
alrededor
del
vertedero.
Esta
situación
puede
asociarse
al
derecho
al
Buen
Vivir
o
Sumak
Kawsay
como
lo
establece
la
Constitución
ecuatoriana.

El deterioro del suelo y la contaminación del aire dan lugar a las condiciones que dificultan la
recuperación
natural
del
entorno
y
la
continuidad
de
sus
procesos
ecológicos.
Desde
esta
perspectiva,
los
daños
descritos
pueden
comprometer
los
Derechos
de
la
Naturaleza,

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establecidos en los artículos 71 y 72 de la Constitución. A todo ello, se debe añadir la falta de
medidas técnicas adecuadas de GAD Municipal de Playas, por ejemplo, de la construcción de
celdas emergentes de relleno sanitario, o de un relleno sanitario con controles técnicos. La
problemática
que
expone
la
situación
establece
la
necesidad
de
mirar
a
la
posible
responsabilidad estatal, llevada a cabo frente a las deficiencias en la prestación del servicio, de
acuerdo con la normativa vigente y sin que esta necesariamente deba ser demostrada por una
adecuada prueba de dolo o culpa.

En este marco, la pregunta de investigación que orienta el presente estudio es: ¿de qué manera
el incumplimiento de las normativas ambientales en el ex botadero a cielo abierto de la vía
Playas- El Morro - Posorja incide en la vulneración del derecho al Buen Vivir y los Derechos
de la Naturaleza durante el año 2025?

La revisión de literatura evidencia que los estudios previos sobre botaderos a cielo abierto en
Ecuador abordan casos ubicados en otros territorios Babahoyo (Coello & Coloma, 2024), Loja
(Lozano
Lozano
&
Morocho
Medina,
2025),
La
Merced
de
Buenos
Aires
en
Imbabura
(Luzuriaga-Torres et al., 2022) y Francisco de Orellana (Tribunal de Garantías Penales con
sede en el cantón Francisco de Orellana, 2021), pero ninguno examina específicamente el caso
del ex botadero del cantón General Villamil Playas.

Gran parte de los estudios previos se ha centrado en los aspectos técnicos y sanitarios del
manejo
de
residuos
sólidos
o
en
el
análisis
de
las
normas
jurídicas,
sin
abordar
de
forma
conjunta
los
Derechos
de
la
Naturaleza
y
el
Buen
Vivir
a
partir
de
información
obtenida
directamente de la población afectada. De la misma manera, se encuentra una carencia de
estudios que reflexionen sobre los efectos que tienen estos incumplimientos en cantones como
el de Playas, donde el turismo de costa es un medio de actividad económica y la degradación
de la calidad medioambiental puede llevar a una afectación en los subsistemas de la población.

El objetivo de este trabajo es ofrecer evidencia del caso del ex botadero de Playas a través del
análisis de la normativa y de la jurisprudencia junto con los datos obtenidos de las encuestas
realizadas a 153 personas. Esta combinación permite abordar el problema desde una óptica
jurídico-empírica, estableciendo así relaciones entre las posibles vulneraciones de derechos con
las vivencias y las opiniones de los habitantes afectados.

Analizar de manera retrospectiva el impacto del incumplimiento de las normativas ambientales
en el ex botadero de General Villamil Playas y su incidencia en la vulneración del derecho al

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Buen Vivir y los Derechos de la Naturaleza, mediante el estudio del marco legal vigente y la
situación socioambiental del sector afectado con anterioridad a su cierre definitivo.

Para lo cual se fundamentan las bases legales de estos derechos en la Constitución del Ecuador
y el Código Orgánico del Ambiente,

Se diagnostican las deficiencias de la gestión de residuos sólidos en el sector de la vía Playas-
El Morro - Posorja a fin de determinar la observancia de la normativa ambiental aplicable y las
posibles vulneraciones a los derechos constitucionales relacionados con el ambiente sano, el
Buen Vivir y los Derechos de la Naturaleza.

Determina
la
responsabilidad
administrativa
y
legal
del
GAD
Municipal
de
Playas
por
la
omisión en su competencia de transición hacia rellenos sanitarios tecnificados.

El presente estudio contribuye al desarrollo del conocimiento en materia de Derecho Ambiental
constitucional ecuatoriano, específicamente en lo concerniente a la tutela de los Derechos de
la Naturaleza y el Buen Vivir frente a omisiones administrativas de los gobiernos locales. La
investigación pretende contribuir a la comprensión de cómo se aplican los artículos 14, 71 y
72 de la Constitución ecuatoriana de 2008 ante situaciones de manejo inadecuado de residuos
sólidos.
El
análisis
permitió
comprobar
la
extendida
aplicación
de
estas
disposiciones
constitucionales en el caso particular analizado y aportar elementos para la discusión jurídica,
en torno a la responsabilidad del Estado por los daños ambientales.

El presente estudio reúne información respecto de las deficiencias que presenta el ex-botadero
de Playas y de las eventuales consecuencias ambientales y sanitarias que pueden derivarse de
lo señalado. Es así que, dichos resultados pueden servir de soporte para la evaluación de la
adopción de medidas de orden jurídico, como las acciones de protección o bien las medidas
cautelares,
siempre
que
se
cumplan
los
requisitos
legales
establecidos.
También
pueden
orientar al gobierno municipal en la elaboración de políticas públicas dirigidas a mejorar el
manejo de los residuos sólidos y atender los daños ocasionados en la zona.

La investigación visibiliza las afectaciones que genera el ex botadero sobre la calidad de vida
de los moradores del sector, quienes experimentan problemas de contaminación ambiental,
malos
olores
y
proliferación
de
vectores
que
inciden
directamente
en
su
salud.
El
estudio
representa una importante contribución a la justificación del derecho a un medio ambiente sano
como
uno
de
los
derechos
humanos
básicos,
el
cual
es
reconocido
no
solo
por
la
ley

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constitucional
de
Ecuador
sino
también
por
los
instrumentos
internacionales
de
derechos
humanos.

A través de este estudio se destacan los problemas inherentes a las personas que viven en estas
tierras: los malos olores, la contaminación ambiental y la aparición de insectos y roedores en
la región. Todos estos factores crean el peligro de su influencia en la salud y la vida de las
personas. Por lo tanto, este estudio brinda datos para apoyar el derecho a un medio ambiente
sano.

El incumplimiento de las normativas ambientales en el botadero a cielo abierto de la vía Playas-
El Morro-Posorja genera una vulneración directa al derecho al Buen Vivir y a los Derechos de
la Naturaleza, afectando tanto el entorno ecosistémico del cantón General Villamil Playas como
la
calidad
de
vida
y
la
salud
de
la
población
circundante,
configurando
una
omisión
administrativa que compromete la responsabilidad objetiva del GAD Municipal.

El Buen Vivir o Sumak Kawsay constituye uno de los principios axiológicos más innovadores
del
constitucionalismo
latinoamericano
contemporáneo.
En
Ecuador,
el
artículo
14
de
la
Constitución de la República reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano
y ecológicamente equilibrado, libre de contaminación y en armonía con la naturaleza, como
condición esencial para alcanzar el Buen Vivir (Asamblea Nacional del Ecuador, 2008).

Bajo este contexto, Benalcazar-Ibujes et al. (2024) afirma que el Buen Vivir representa un
modelo
de
cambio
que
quiere
reconfigurar
lo
que
se
entiende
por
desarrollo
desde
una
perspectiva decolonial e intercultural, orientado a buscar una armonía entre las relaciones de
los seres humanos, la naturaleza y la sociedad, aunque su implementación práctica es difícil,
ya que se acecha por los modelos extractivistas y la deficiencia en la gestión pública.

Este artículo establece que el Estado, en todos sus niveles de gobierno, debe garantizar un
entorno adecuado para que las personas puedan vivir dignamente. Cuando los residuos sólidos
se manejan de forma incorrecta y provocan la contaminación del suelo, el aire y el agua, se
pone en riesgo el derecho constitucional de la población a vivir en un ambiente sano. Como
señala Arteaga-Cruz (2017), el Buen Vivir constituye un concepto en disputa, cuya definición
oscila entre una crítica radical al desarrollismo y una noción más moderada asimilable a las
políticas públicas de bienestar, lo que exige precisar su alcance jurídico en cada caso concreto.
En la misma línea, Figuera Vargas & Cujilema Quinchuela (2018) sostienen que el Sumak
Kawsay,
al
ser
incorporado
como
eje
transversal
del
ordenamiento
jurídico
ecuatoriano,

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transforma
la
relación
entre
el
Estado,
la
sociedad
y
la
naturaleza,
superando
la
visión
meramente antropocéntrica del desarrollo.

Gestión integral de residuos sólidos y estándares normativos

El Código Orgánico del Ambiente establece los principios y obligaciones que rigen la gestión
integral de residuos sólidos en Ecuador, imponiendo a los municipios la responsabilidad de
garantizar la disposición final de los desechos en rellenos sanitarios técnicamente diseñados
(Asamblea Nacional del Ecuador, 2017). Esta normativa recoge los estándares internacionales
en la materia y prohíbe expresamente la operación de botaderos a cielo abierto.

Esta competencia se articula con lo previsto en el Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización, que atribuye a los GAD municipales, de manera exclusiva, la
prestación del servicio público de gestión integral de residuos sólidos (Asamblea Nacional del
Ecuador,
2010),
y
se
desarrolla
técnicamente
en
el
Reglamento
al
Código
Orgánico
del
Ambiente, que fija los parámetros técnicos mínimos para la disposición final de desechos no
peligrosos.

Velasco Hurtado et al. (2022) advierten, sin embargo, que la legislación ambiental ecuatoriana
enfrenta serias limitaciones en su aplicación efectiva a nivel local, debido a la débil capacidad
institucional de los municipios pequeños para ejercer un control ambiental adecuado.

La brecha entre este mandato legal y la realidad observada en el cantón Playas constituye, en
términos jurídicos, una omisión administrativa que genera responsabilidad institucional del
GAD Municipal. Según (Ordoñez-Zúñiga et al., 2026), la gestión de residuos sólidos en el
contexto
del
Buen
Vivir
debe
abordarse
desde
una
perspectiva
sistémica
que
integre
la
prevención,
la
reducción
en
la
fuente,
la
valorización
y
la
disposición
final
segura,
bajo
principios de economía circular.

Un caso ilustrativo de esta transición es el analizado por Lozano Lozano & Morocho Medina
(2025), quienes documentan la ampliación del Centro de Gestión Integral Sostenible de Loja
bajo
un
enfoque
de
economía
circular,
demostrando
que
la
incorporación
de
criterios
de
reutilización y reciclaje es técnicamente viable en el contexto municipal ecuatoriano cuando
existe voluntad institucional.

Este tránsito hacia un modelo de economía circular cuenta hoy con respaldo normativo expreso
en la Ley Orgánica de Economía Circular Inclusiva (Asamblea Nacional del Ecuador, 2021),
que
establece
como
obligación
estatal
la
reducción
progresiva
de
la
disposición
final
de

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residuos aprovechables. En esta dirección, Barragan Monrroy et al. (2024) demuestra que una
gestión
ecoeficiente
de
los
residuos
sólidos
reciclables
contribuye
directamente
a
la
sostenibilidad ambiental de los territorios, mientras que Andrade-Paredes et al. (2024) subrayan
que
la
existencia
de
factores
jurídicos
claros
y
de
mecanismos
de
control
eficaces
resulta
determinante para garantizar la calidad ambiental efectiva, más allá de la sola existencia formal
de la norma.

Las investigaciones científicas disponibles en el contexto latinoamericano confirman que la
operación de botaderos a cielo abierto genera efectos directos y documentados sobre la salud
de
las
comunidades
aledañas.
Por
otro
lado,
Coello
&
Coloma
(2024)
evidencian
que
el
inadecuado
manejo
de
los
residuos
en
el
litoral
ecuatoriano
incrementa
el
riesgo
de
enfermedades
infectocontagiosas
como
salmonelosis
y
hepatitis
en
zonas
aledañas,
afectaciones que se ven exacerbadas por la proliferación de vectores roedores e insectos y la
contaminación de fuentes de agua.

Estos hallazgos son consistentes con lo reportado por Limachi Rivas (2025), quien documenta
que
la
exposición
continua
a
residuos
sólidos
mal
gestionados
provoca
enfermedades
gastrointestinales, respiratorias y dérmicas en poblaciones urbanas expuestas, así como con la
revisión de Titto & Savino (2024), quienes advierten sobre problemas de visión, infecciones y
cefaleas asociados al contacto con polvos tóxicos provenientes de vertederos a cielo abierto.

Estas afectaciones comprometen directamente el mandato de la Ley Orgánica de Salud, que
atribuye al Estado la responsabilidad de garantizar un ambiente saludable y de prevenir riesgos
derivados de un manejo inadecuado de desechos (Congreso Nacional del Ecuador, 2006). En
este sentido, Rodríguez Masabanda (2025) advierte que las políticas de gestión de residuos
sólidos en Ecuador tienen un impacto directo y medible sobre los indicadores de salud pública
de las poblaciones expuestas, mientras que Llanga-Morales et al. (2024) enfatizan la necesidad
de incorporar un enfoque social y comunitario de promoción de la salud en las estrategias de
gestión de residuos, como mecanismo complementario a la sola respuesta normativa.

Estas consecuencias sanitarias constituyen una vulneración al derecho a la salud, íntimamente
ligado al derecho al Buen Vivir, y refuerzan la urgencia de intervención normativa y técnica
en sitios como el ex botadero de Playas.

Los artículos 71 y 72 de la Constitución de la República del Ecuador reconocen a la naturaleza
como sujeto de derechos, estableciendo que esta tiene derecho a que se respete integralmente
su existencia, el mantenimiento y la regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y

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procesos evolutivos, de igual manera, reconocen el derecho de la naturaleza a la restauración
cuando ha sido dañada (Asamblea Nacional del Ecuador, 2008).

Al
respecto,
Pazmiño
Arteaga
(2023)
destaca
que,
si
bien
el
desarrollo
de
la
legislación
secundaria
en
esta
materia
es
aún
incipiente,
la
jurisprudencia
de
la
Corte
Constitucional
particularmente
en
las
sentencias
N.º
218-15-SEP-CC
y
N.º
1149-JP/21
ha
contribuido
decisivamente al reconocimiento efectivo de los derechos de la naturaleza.

En la Sentencia N.º 1149-19-JP/21, que guarda relación con el caso del Bosque Protector Los
Cedros,
la
Corte
Constitucional
del
Ecuador
(2021)
ha
sostenido
que
los
Derechos
de
la
Naturaleza deben protegerse frente a actividades que puedan deteriorar los ecosistemas, incluso
de
forma
grave
o
irreversible.
Este
pronunciamiento
constituye
un
precedente
para
para
analizar los otros casos
de degradación ambiental en los que las decisiones estatales y los
intereses económicos deben ser analizadas a la luz de las
obligaciones constitucionales de
protección
de
la
naturaleza.
Al
analizar
este
tipo
de
decisiones,
Vernaza
Arroyo
&
Cutié
Mustelier
(2022)
concluyen
que
la
interpretación
judicial
ha
sido
decisiva
para
dotar
de
contenido
efectivo
a
los
derechos
de
la
naturaleza,
supliendo
en
buena
medida
la
todavía
incipiente legislación secundaria en la materia.

En
esta
misma
línea,
Ávila
Santamaría
(2024)
sostiene
que,
a
partir
de
2020,
la
Corte
Constitucional ha aplicado directamente el reconocimiento de la naturaleza como sujeto de
derechos
en
casos
concretos
relativos
a
ecosistemas,
bosques,
animales
silvestres
y
ríos,
configurando
lo
que
el
propio
autor
denomina
"la
jurisprudencia
de
los
derechos
de
la
naturaleza".

Este reconocimiento constitucional, pionero a nivel mundial, tiene implicaciones directas sobre
la gestión ambiental pública: cualquier actividad estatal u omisión institucional que deteriore
irreversiblemente los ciclos vitales de un ecosistema configura una violación constitucional
susceptible de tutela judicial. La operación del botadero de Playas, al contaminar el suelo, el
subsuelo y el aire de la zona, lesiona la capacidad regenerativa del ecosistema costero.

Los lixiviados son el líquido que se genera cuando el agua de lluvia u otros fluidos percolan a
través de los residuos depositados en un botadero o relleno sanitario, arrastrando y disolviendo
sustancias presentes en los desechos. Islam et al. (2024) los caracterizan como un líquido de
color marrón oscuro y olor fétido, producto de los procesos físicos, químicos y biológicos de
biodegradación
de
la
basura,
que
contiene
compuestos
orgánicos
e
inorgánicos
disueltos,
nutrientes, partículas en suspensión, metales pesados y sustancias peligrosas.

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Revista Científica Multidisciplinar
Volumen
5
, Número
6 -
Año 2026
Página | 467

La generación de lixiviados está relacionada con varios factores, entre ellos el tipo de residuos
depositados, la cantidad de lluvia que recibe el
lugar, la compactación de los desechos, la
cobertura
del
terreno,
la
temperatura
y
el
tiempo
que
llevan
acumulados.
En
cuanto
a
los
vertederos abiertos que no cuentan con una barrera que impida la penetración y un sistema de
recolección los lixiviados simplemente pueden filtrarse directamente al suelo y llegar a capas
más profundas. En cuanto al impacto de los lixiviados desde el punto de vista ambiental se
puede definir como fuentes de contaminación que pueden influir en el estado del suelo y los
recursos de agua subterránea. Los lixiviados pueden consistir en sustancias orgánicas, metales
pesados y otras sustancias como microorganismos patógenos. Sin mecanismos adecuados de
recolección los lixiviados pueden infiltrarse y contaminar los recursos de agua subterránea.

Según UNEP (2024), los sitios de disposición no controlada constituyen fuentes significativas
de emisión de gas metano de efecto invernadero con un potencial de calentamiento global 84
veces superior al dióxido de carbono en un horizonte de 20 años, contribuyendo activamente
al cambio climático y deteriorando los compromisos asumidos por Ecuador en el Acuerdo de
París.

Adicionalmente, en la medida en que los lixiviados y determinados residuos dispuestos en el
botadero
pueden
contener
componentes
peligrosos,
su
manejo
inadecuado
también
compromete los principios de manejo ambientalmente racional recogidos en el Convenio de
Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su
eliminación (Naciones Unidas, 1989), del cual Ecuador es Estado parte.

La
doctrina
del
Derecho
Administrativo
ecuatoriano,
en
concordancia
con
el
artículo
11,
numeral 9 de la Constitución de la República, reconoce la responsabilidad objetiva del Estado
por los daños causados a consecuencia del funcionamiento deficiente de los servicios públicos,
lo que en el contexto de la tutela ecológica se cataloga como una falta de servicio por omisión
en el control ambiental (Gaspar et al., 2025; Asamblea Nacional del Ecuador, 2008).

Esta teoría, desarrollada por la jurisprudencia de la Corte Nacional de Justicia, determina que
el Estado a través de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales está obligado a
responder
de
manera
extracontractual
por
los
daños
derivados
del
incumplimiento
de
sus
competencias exclusivas en la gestión integral de residuos sólidos, Art. 264.4 Constitución de
la República, con total independencia de la existencia de dolo o negligencia (Sánchez Erazo et
al., 2021).

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Año 2026
Página | 468

En la misma línea, Quezada-Ante & Salazar-Orozco (2025) sostienen que la contaminación
ambiental generada por una gestión estatal deficiente compromete directamente el derecho a la
vida,
en
la
medida
en
que
el
Estado
incumple
obligaciones
normativas
específicas
de
protección frente a riesgos ambientales previsibles.

El presente trabajo encuentra respaldo en el estudio de Luzuriaga-Torres et al. (2022), quien
analiza la aplicación del principio de subsidiariedad ambiental en el caso de La Merced de
Buenos Aires (Imbabura), concluyendo que el Estado ecuatoriano frecuentemente incumple su
obligación de garantizar la restauración ambiental incluso cuando el daño ha sido plenamente
comprobado, lo que evidencia una brecha estructural entre el reconocimiento normativo y su
aplicación efectiva.

En el mismo sentido, Guerrero Barahona (2021) sostiene que la responsabilidad objetiva por
daños ambientales, consagrada en la Constitución del Ecuador, opera independientemente de
la existencia de dolo o
culpa, bastando la
comprobación
del
nexo
causal
entre la omisión
administrativa y el daño producido.

Por su parte, Escobar-Escobar et al. (2024) analizan las implicaciones jurídicas de los daños
ambientales asociados a las actividades extractivas en Ecuador y señalan que el Estado puede
asumir responsabilidad tanto por sus actuaciones como por la falta de regulación o control. De
esta manera será posible analizar aquellos casos en los que exista un incumplimiento por parte
de los organismos competentes en la disposición final del problema de los residuos sólidos. La
solución en cuestión es integral porque según Rodríguez-Mena et al. (2023) la defensa de los
derechos de la entidad de la naturaleza implicaría acciones que no solo involucran la restitución
del
estado físico del
medio ambiente sino
al
mismo
tiempo
medidas preventivas contra la
degradación futura y la mejora de las condiciones institucionales detrás del proceso.

En
el
ámbito
de
las
garantías
jurisdiccionales,
esta
omisión
estatal
ha
sido
sancionada
enérgicamente por los jueces constitucionales ecuatorianos mediante la Acción de Protección.
Precedentes como el emblemático Caso del Botadero de Basura El Dorado Juicio No. 22241-
2021-00005 (Tribunal de Garantías Penales con sede en el cantón Francisco de Orellana, 2021),
ratificado
por
la
Corte
Provincial
de
Orellana,
o
la
sentencia
constitucional
de
cierre
del
vertedero del cantón Loreto en la comunidad El Triunfo Bajo, han fijado un estándar claro, la
operación desregulada de botaderos a cielo abierto y el consecuente vertido de lixiviados sin
tratamiento rompen el estándar mínimo de servicio público.

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Página | 469

En consecuencia, los afectados por las deficiencias del ex botadero de Playas cuya operación e
incumplimiento normativo acumuló pasivos ambientales históricos antes de su cierre definitivo
a finales de 2025 se encuentran plenamente legitimados para activar la vía constitucional. Tanto
la población expuesta a vectores e infecciones, como la Naturaleza misma en calidad de sujeto
de
derechos
Art.
71
Constitución
de
la
República
representada
por
cualquier
persona,
comunidad o colectivo, pueden interponer una Acción de Protección orientada a declarar la
vulneración al derecho a vivir en un ambiente sano y al Buen Vivir (
Sumak Kawsay
), exigiendo
medidas de reparación integral, restauración de ecosistemas y remediación técnica conforme
lo prevén la Constitución y el Código Orgánico del Ambiente.

Macias Peñarrieta & Ochoa Soledispa (2025) señalan que la efectividad de los Derechos de la
Naturaleza depende en buena medida de la existencia de mecanismos procesales ágiles y de la
voluntad institucional de los operadores jurídicos para aplicar el paradigma biocéntrico que
subyace a estos derechos.

METODOLOGÍA

La presente investigación adoptó un enfoque cuantitativo, el cual permitió medir y analizar de
manera
objetiva
las
variables
del
estudio
a
través
del
procesamiento
estadístico
de
datos
primarios obtenidos en el campo. El alcance fue descriptivo, debido a que el propósito central
consistió en especificar, caracterizar y detallar la frecuencia, intensidad y distribución de los
datos
correspondientes
a
las
dos
variables
evaluadas:
la
variable
independiente,
Incumplimiento de las normativas ambientales en la gestión del ex botadero, y la variable
dependiente, Vulneración del derecho al Buen Vivir y los Derechos de la Naturaleza. Bajo este
alcance, no se buscó manipular experimentalmente las variables ni establecer relaciones de
causalidad compleja.

El diseño de la investigación fue no experimental de corte transversal; no experimental, por
cuanto
las
variables
no
fueron
objeto
de
manipulación
por
parte
de
los
investigadores,
observándose los hechos en su entorno natural y real; y transversal, puesto que la recolección
de
los
datos
se
llevó
a
cabo
en
un
único
momento
temporal
mediante
la
aplicación
del
instrumento
de
medición
a
los
pobladores,
ofreciendo
un
diagnóstico
de
la
percepción
ciudadana en dicho periodo.

La población
objeto de estudio está conformada por los
moradores residentes en el
sector
circundante
al
botadero
municipal.
La
muestra
se
seleccionó
mediante
un
muestreo
no

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Página | 470

probabilístico por conveniencia, aplicando el instrumento a un total de 153 personas mayores
de edad que habitan en un radio de influencia directa del sitio de disposición final.

La elección de esta técnica responde a dos motivos. En primer lugar, no se dispone de un
registro oficial actualizado de las personas que viven dentro del área de influencia directa del
ex botadero, por lo que no fue posible establecer un marco muestral que permitiera realizar un
muestreo
probabilístico
convencional.
En
segundo
lugar,
la
selección
de
los
participantes
consideró su conocimiento del problema a partir del tiempo que llevan viviendo en el sector.
De hecho, el 81 % de los encuestados reside en la zona desde hace más de cinco años. Esta
característica
permite
recoger
experiencias
y
percepciones
acumuladas
durante
un
período
prolongado,
aunque
no
elimina
las
limitaciones
propias
del
muestreo
por
conveniencia
ni
garantiza que los resultados representen a toda la población afectada.

No obstante, se reconoce como limitación metodológica que este tipo de muestreo restringe la
posibilidad
de
generalizar
estadísticamente
los
resultados
al
conjunto
de
la
población
del
cantón, por lo que las conclusiones del estudio se circunscriben al sector directamente afectado
por el ex botadero.

El
cuestionario,
compuesto
por
preguntas
cerradas
con
escala
de
Likert
y
preguntas
dicotómicas, indaga sobre las dimensiones de: afectaciones a la salud, percepción de olores y
contaminación
del
aire,
impacto
en
el
suelo
y
el
agua,
conocimiento
de
los
derechos
ambientales
constitucionales
y
valoración
de
la
gestión
municipal
en
materia
de
residuos
sólidos.

Operacionalización de variables

Tabla 1.
Matriz de operacionalización de las variables de estudio

VARIABLE

DIMENSIÓN

INDICADOR

ÍTEM

ESCALA

Independiente:
Incumplimiento
de las
normativas
ambientales

Causas y
deficiencias en
el manejo del
botadero

Ausencia de sistemas de
impermeabilización de lixiviados

P1

Likert 5
pts.

Ausencia de cobertura diaria de
los residuos

P2

Likert 5
pts.

Presencia de lixiviados
acumulados o en circulación

P3

Likert 5
pts.

Insuficiencia de los controles
municipales

P4

Likert 5
pts.

Ausencia de acciones para la
transición a relleno sanitario

P5

Likert 5
pts.

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Página | 471

Inaplicación de normas
ambientales y ordenanzas
municipales

P6

Likert 5
pts.

Dependiente:
Vulneración
del derecho al
Buen Vivir y
los Derechos de
la Naturaleza
2025

Consecuencias
percibidas del
botadero

Afectación a la calidad de vida
por malos olores

P7

Likert 5
pts.

Deterioro del suelo o la
vegetación cercana

P8

Likert 5
pts.

Proliferación de moscas,
mosquitos y roedores

P9

Likert 5
pts.

Afectaciones a la salud familiar

P10

Likert 5
pts.

Afectación al bienestar y las
actividades diarias

P11

Likert 5
pts.

Percepción de vulneración del
derecho constitucional a un
ambiente sano

P12

Likert 5
pts.

Fuente:
Elaboración propia a partir del diseño del cuestionario aplicado (2026).

La validez de contenido del instrumento se sustenta en la revisión bibliográfica y normativa
que
orientó
el
diseño
de
cada
dimensión
del
cuestionario.
La
confiabilidad
se
determinó
mediante
el
coeficiente
Alfa
de
Cronbach,
calculado
sobre
las
respuestas
de
los
153
encuestados a los 12 ítems del instrumento. El resultado global fue de
α
= 0.951, considerado
excelente; al analizar cada dimensión por separado, la Dimensión 1 (Causas y deficiencias en
el manejo del botadero, ítems P1–P6) obtuvo
α
= 0.902 y la Dimensión 2 (Consecuencias
percibidas,
ítems
P7–P12)
obtuvo
α
=
0.945,
lo
que
confirma
la
consistencia
interna
del
cuestionario en su conjunto y en cada una de sus dimensiones.

Los
datos
se
procesaron
con
estadística
descriptiva,
para
caracterizar
la
frecuencia
y
distribución de las respuestas, y estadística inferencial, para contrastar la asociación entre las
dos variables de estudio: el incumplimiento normativo (Dimensión 1) y
la vulneración del
derecho al Buen Vivir y los Derechos de la Naturaleza (Dimensión 2).

Dado que la distribución de respuestas presentó un marcado efecto techo, con más del 96% de
la muestra concentrada en las categorías “de acuerdo” y “totalmente de acuerdo”, la tabla de
contingencia resultante entre ambas dimensiones incumplió el supuesto de frecuencia esperada
mínima que exige la prueba de Chi-cuadrado. Por esta razón, se optó por la prueba exacta de
Fisher, adecuada para tablas 2×2 con frecuencias bajas, complementada con el coeficiente de
correlación de Spearman como medida de la fuerza de asociación entre ambas variables.

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RESULTADOS

El análisis del marco normativo vigente revela que el GAD Municipal de Playas se encuentra
en un estado de incumplimiento crónico frente a las obligaciones establecidas en el Código
Orgánico del Ambiente, el cual exige que la disposición final de residuos sólidos se realice
exclusivamente
en
rellenos
sanitarios
técnicamente
diseñados
(Asamblea
Nacional
del
Ecuador, 2017).

La
operación
del
botadero
municipal
en
condiciones
de
sitio
no
controlado
sin
impermeabilización, sin
sistemas de
captación
y tratamiento de lixiviados, y sin
cobertura
diaria de residuos vulnera de manera directa los artículos 14, 71 y 72 de la Constitución de la
República del Ecuador, que garantizan el derecho al Buen Vivir y los Derechos de la Naturaleza
(Asamblea Nacional del Ecuador, 2008).

En
lo
que
respecta
a
la
trayectoria
institucional,
la
creación
y
posterior
extinción
de
EMAPLAYAS-EP (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Playas, 2015;
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Playas, 2025) pone de manifiesto
la inestabilidad en la gobernanza local del servicio de aseo y disposición final de residuos,
condición
que
ha
impedido
la
consolidación
de un
modelo
sostenible
y ha
perpetuado
las
deficiencias
técnicas
en
el
sitio
de
disposición.
La
discontinuidad
de
la
gestión
puede
ser
analizada utilizando la teoría de la responsabilidad objetiva del Estado y puede verse como una
posible omisión deliberada con consecuencias que podrían afectar negativamente al medio
ambiente, así como a la salud de las personas que viven en el cantón.

La literatura científica ha señalado que el impacto de los vertederos a cielo abierto podría tener
consecuencias de largo alcance que se extienden incluso más allá de la localidad donde se
encuentra el vertedero a cielo abierto. En lugares costeros los lixiviados podrían llegar a los
ecosistemas marinos como resultado de la migración a través del suelo y las fuentes de agua.
Según
la
UNEP
(2024),
los
botaderos
a
cielo
abierto
representan
fuentes
significativas
de
emisión de metano, contribuyendo al agravamiento del cambio climático y al incumplimiento
de
los
compromisos
adquiridos
por
Ecuador
en
el
marco
del
Acuerdo
de
París
(Naciones
Unidas,
2023).
A
escala
regional,
CEPAL
et
al.
(2024)
señalan
que
estas
situaciones
reproducen patrones de desigualdad socioambiental que afectan de manera desproporcionada
a las comunidades de menores recursos económicos.

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En la tabla 2 y figura 1 se presenta el sexo de la población que fue encuestada donde de los 153
habitantes encuestados del sector aledaño al botadero, el 58.8% (90 personas) corresponde al
sexo femenino, mientras que el 41.2% (63 personas) corresponde al sexo masculino.

Tabla 2.
Sexo de los encuestados

SEXO

f

%

Femenino

90

58.8 %

Masculino

63

41.2 %

Total

153

100 %

Nota.
f = frecuencia.

Fuente:
Elaboración propia a partir de los datos recolectados mediante encuesta (2026).

Figura 1.
Distribución porcentual de la muestra según sexo

Fuente:
Elaboración propia en el software SPSS a partir de los datos recolectados mediante
encuesta (2026).

En la tabla 3 y figura 2 se visualizan que los encuestados se concentran mayoritariamente en
los rangos de edad más jóvenes: el 34.0% (52 personas) tiene entre 31 y 40 años, y el 33.3%
(51 personas) entre 18 y 30 años, sumando entre ambos grupos el 67.3% de la muestra. Los
rangos de mayor edad están menos representados: 18.3% (41–50 años), 12.4% (51–60 años) y
apenas 2.0% (3 personas) tiene más de 60 años.

Tabla 3.
Distribución de la muestra según edad

TIEMPO DE RESIDENCIA

F

%

18
–
30 años

51

33.3 %

31
–
40 años

52

34 %

41
–
50 años

28

18.3 %

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Página | 474

51
–
60 años

19

12.4 %

Más de 60 años

3

2 %

Total

153

100 %

Nota.
f = frecuencia.

Fuente:
Elaboración propia a partir de los datos recolectados mediante encuesta (2026).

Figura 2.
Distribución porcentual de la muestra según edad

Fuente:
Elaboración propia en el software SPSS a partir de los datos recolectados mediante
encuesta (2026).

La tabla 4 y figura 3 muestran que el 81 % de los encuestados reside en el sector desde hace
más
de
seis
años,
mientras
que
solo
el
3,9
%
lleva
menos
de
un
año.
Esta
permanencia
prolongada aporta contexto a sus percepciones sobre el ex botadero: se trata de una población
que ha vivido de forma sostenida los efectos ambientales y de salud descritos en los ítems del
cuestionario, y no de residentes recientes con conocimiento limitado del problema.

Tabla 4.
Distribución de la muestra según tiempo de residencia en el sector

TIEMPO DE RESIDENCIA

F

%

Menos de 1 año

6

3.9 %

1
-
5 años

23

15 %

6
-
10 años

41

26.8 %

Más de 10 años

83

54.2 %

Total

153

100 %

Nota.
f = frecuencia.

Fuente:
Elaboración propia a partir de los datos recolectados mediante encuesta (2026).

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Página | 475

Figura 3.
Distribución porcentual de la muestra según el tiempo de residencia en el sector

Fuente:
Elaboración propia en el software SPSS a partir de los datos recolectados mediante
encuesta (2026).

Por otro lado, en la tabla 5 y figura 4 se evidencia que la mayoría de los encuestados vive
relativamente cerca del ex botadero: el 43.79% (67 personas) reside entre 100 y 250 metros, y
un 32.68% (50 personas) entre 251 y 500 metros, sumando entre ambos rangos el 76.59% de
la muestra. Un 9.15% (14 personas) vive a menos de 100 metros —la zona de mayor exposición
directa— mientras que solo el 14.36% (22 personas) se ubica a más de 500 metros.

Tabla 5.
Distribución de la muestra según distancia aproximada al ex botadero

DISTANCIA APROXIMADA

F

%

Menos de 100 m

14

9.15 %

100
–
250 m

67

43.79 %

251
–
500 m

50

32.68 %

Más de 500 m

22

14.36 %

Total

153

100 %

Nota.
f = frecuencia.

Fuente:
Elaboración propia a partir de los datos recolectados mediante encuesta (2026).

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Página | 476

Figura 4.
Distribución porcentual de la muestra según la distancia aproximada al botadero

Fuente:
Elaboración propia en el software SPSS a partir de los datos recolectados mediante
encuesta (2026).

Los resultados presentados en la tabla 6 y figura 5 evidencian un nivel de acuerdo superior al
96 % en todos los ítems relacionados con las causas y deficiencias en el manejo del ex botadero,
destacándose la inaplicación adecuada de las normas ambientales y ordenanzas municipales,
con un 99,3 % de acuerdo.

Las respuestas de los encuestados muestran que las deficiencias técnicas del botadero y los
problemas en su gestión por parte del municipio son situaciones reconocidas por buena parte
de la población consultada. La coincidencia de estas opiniones sugiere que los problemas se
han mantenido a lo largo del tiempo y que, desde la experiencia de los moradores, no se trata
de un hecho puntual.

Tabla 6.
Dimensión 1: Causas y deficiencias en el manejo del botadero

PREGUNT
AS

TOTALME
NTE EN
DESACUER
DO

EN
DESACUER
DO

NI DE
ACUERDO
NI EN
DESACUER
DO

DESACUER
DO

TOTALME
NTE DE
ACUERDO

P1. El ex
botadero
carecía de
sistemas
adecuados
para
impedir que
los
lixiviados

1.30 %

0.00 %

0.00 %

58.20 %

40.50 %

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6 -
Año 2026
Página | 477

contaminara
n el suelo.

P2. La
basura
depositada
no recibía
cobertura
diaria con
tierra u otro
material.

0.70 %

0.00 %

2.00 %

42.50 %

54.90 %

P3. Era
frecuente
observar
lixiviados
acumulados
o fluyendo
alrededor
del Ex
botadero

0.70 %

0.00 %

1.30 %

46.40 %

51.60 %

P4. El
Municipio
realizaba
controles
insuficiente
s sobre el
manejo del
botadero.

2.00 %

0.70 %

0.70 %

45.10 %

51.60 %

P5. Las
autoridades
no habían
implementa
do acciones
efectivas
para
convertir el
ex botadero
en un
relleno
sanitario.

1.30 %

0.00 %

0.00 %

45.10 %

53.60 %

P6. Las
normas
ambientales
y
ordenanzas
municipales
no se
aplicaban.
adecuadame
nte en este
sitio.

0.70 %

0.00 %

0.00 %

45.80 %

53.60 %

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Página | 478

Nota.
Elaboración propia a partir de los datos recolectados mediante encuesta (2026).

Figura 5.
Distribución porcentual de las causas y deficiencias en el manejo del ex botadero

Fuente:
Elaboración propia en el software SPSS a partir de los datos recolectados mediante
encuesta (2026).

Por su parte, la tabla 7 y figura 6 de la Dimensión 2, correspondiente a las consecuencias
percibidas, presenta niveles de acuerdo aún más elevados y homogéneos, situándose en un
rango
de
entre
98.7%
y
99.3%
en
todos
sus
ítems.
Destacan
particularmente
los
ítems
relacionados con la presencia de problemas de salud familiar (99.3% de acuerdo, con un 60.1%
de
los
encuestados
manifestando
estar
"totalmente
de
acuerdo")
y
con
la
percepción
de
vulneración del derecho constitucional a un ambiente sano (99.3% de acuerdo, registrando
además el porcentaje más alto obtenido en la categoría extrema de la escala, con un 61.4%).

Estos
hallazgos
sugieren
que,
para
los
habitantes
del
sector,
el
impacto
del
botadero
se
manifiesta con mayor contundencia en las consecuencias experimentadas directamente en su
vida cotidiana y en su salud, que en las causas técnicas que originan el problema, lo cual pone
de manifiesto una relación estrecha entre la percepción del daño ambiental y la vulneración de
derechos fundamentales reconocidos constitucionalmente.

Tabla 7.
Dimensión 2: Consecuencias percibidas del ex botadero

PREGUNT
AS

TOTALME
NTE EN
DESACUER
DO

EN
DESACUER
DO

NI DE
ACUERDO
NI EN
DESACUER
DO

DESACUER
DO

TOTALME
NTE DE
ACUERDO

P7: Los
malos

0.70 %

0.00 %

0.00%

43.80 %

55.60 %

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6 -
Año 2026
Página | 479

olores
proveniente
s del ex
botadero
afectaban
mi calidad
de vida.

P8: La
contaminaci
ón del ex
botadero
había
deteriorado
el suelo o la
vegetación
cercana.

0.70 %

0.00 %

0.70 %

43.10 %

55.60 %

P9: La
presencia de
moscas,
mosquitos y
roedores
había
aumentado
debido al ex
botadero.

0.70 %

0.00 %

0.00 %

42.50 %

56.90 %

P10: Mi
familia
había
presentado
problemas
de salud que
considere
relacionado
s con la
contaminaci
ón del ex
botadero.

0.70 %

0.00 %

0.00 %

39.20 %

60.10 %

P11: La
existencia
del ex
botadero
afectaba
negativame
nte el
bienestar y
las
actividades
diarias de
mi familia.

0.70 %

0.00%

0.00 %

41.20 %

58.20 %

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Revista Científica Multidisciplinar
Volumen
5
, Número
6 -
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Página | 480

P12:
Considero
que el ex
botadero
vulneraba el
derecho
constitucion
al a vivir en
un ambiente
sano y
ecológicam
ente
equilibrado

0.70 %

0.00 %

0.00 %

37.90 %

61.40 %

Fuente:
Elaboración propia a partir de los datos recolectados mediante encuesta (2026).

Figura 6.
Distribución porcentual de las consecuencias percibidas del ex botadero

Fuente:
Elaboración propia a partir de los datos recolectados mediante encuesta (2026).

Análisis inferencial

Con el propósito de contrastar la asociación entre las dos variables de estudio, se construyó una
tabla de contingencia clasificando a cada encuestado según su nivel de acuerdo (alto: promedio
≥ 4; bajo o moderado: promedio < 4) en la Dimensión 1 (incumplimiento normativo) y en la
Dimensión 2 (vulneración del Buen Vivir y los Derechos de la Naturaleza). Dado el marcado
efecto techo de la muestra, la frecuencia esperada mínima resultó inferior a 5, lo que incumple
el supuesto de aplicabilidad del Chi-cuadrado. Por ello, se aplicó la prueba exacta de Fisher,
diseñada
para
tablas
2×2
con
frecuencias
bajas,
cuyo
resultado
fue
estadísticamente
significativo (p = 0.039; p < 0.05), lo que permite rechazar la hipótesis nula de independencia
entre ambas variables.

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Volumen
5
, Número
6 -
Año 2026
Página | 481

Como medida complementaria de la fuerza de esta asociación, se calculó el coeficiente de
correlación
de
Spearman
entre
las
puntuaciones
compuestas
de
ambas
dimensiones,
obteniéndose
ρ
= 0.753 (p < 0.001), lo que indica una correlación positiva fuerte. En conjunto,
estos
resultados
confirman
estadísticamente
que,
a
mayor
percepción
de
incumplimiento
normativo por parte del GAD Municipal de Playas, mayor es la percepción de vulneración del
derecho
al
Buen
Vivir
y
los
Derechos
de
la
Naturaleza
entre
los
habitantes
del
sector,
respaldando de manera cuantitativa la relación de causalidad sostenida a lo largo del análisis
normativo y jurisprudencial.

DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos confirman la hipótesis de que el botadero a cielo abierto de la vía
Playas-El Morro-Posorja configura una vulneración sistemática y continua de los derechos
constitucionales al Buen Vivir y de la Naturaleza, y esta conclusión no se sostiene únicamente
desde el análisis normativo, sino que encuentra respaldo empírico directo en la percepción de
la población afectada.

En
efecto,
el
99.3%
de
los
encuestados
considera
que
el
botadero
vulnera
su
derecho
constitucional a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, siendo este el ítem
con el porcentaje más alto registrado en la categoría "totalmente de acuerdo" (61.4%) de todo
el instrumento. Este hecho conlleva una implicación jurídica, ya que se traduce en que los
habitantes que fueron encuestados conocen el hecho de que la afectación ambiental les afecta
en
sus
condiciones
de
vida.
Y
a
su
vez,
lo
hacen
posible
relacionar
las
vivencias
de
la
comunidad con el derecho a vivir en un ambiente sano, tal como lo reconoce el artículo 14 de
la Constitución.

De manera similar, la evidencia recabada en la Dimensión 2 permite sostener que el daño
denunciado trasciende el plano ambiental y se traduce en afectaciones concretas a la salud de
la población: el 99.3% de los encuestados percibe que el botadero ha generado problemas de
salud familiar, con un 60.1% manifestando estar "totalmente de acuerdo" con esta afirmación.

Este hallazgo es consistente con lo documentado por Coello & Coloma (2024) respecto al
incremento
de
enfermedades
infectocontagiosas
como
salmonelosis
y
hepatitis
en
zonas
aledañas
a
botaderos
del
litoral
ecuatoriano,
y
confirma
empíricamente,
en
el
contexto
específico de Playas.

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5
, Número
6 -
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Página | 482

Asimismo, los resultados de la Dimensión 1, donde más del 96% de los encuestados coincide
en identificar deficiencias técnicas y de gestión municipal, siendo la inaplicación de las normas
ambientales el ítem de mayor consenso (99.3%) refuerzan desde la percepción ciudadana la
tesis de que el incumplimiento normativo por parte del GAD Municipal de Playas no constituye
un hecho aislado, sino una condición estructural sostenida en el tiempo.

Desde el análisis jurídico-ambiental, la relación entre las disposiciones legales y los resultados
de las encuestas aporta elementos para examinar la posible responsabilidad del GAD Municipal
de Playas. Para los casos en los que la responsabilidad del Estado se determina de manera
objetiva no es necesario demostrar ni
la intención ni
la negligencia. Por el
contrario, será
necesario evaluar el daño sufrido y su relación con el acto u omisión administrativa que reúna
ciertas condiciones establecidas por la legislación.

Al
responder
a
estas
preguntas
podemos
conocer
más
sobre
cómo
los
habitantes
locales
perciben los problemas del vertedero y qué consecuencias se derivan de estos problemas. Los
problemas mencionados incluyen la ausencia de impermeabilización y la cobertura diaria del
basurero, así como los controles municipales. Así al estudiar los testimonios de los vecinos
conocemos mejor sus problemas.

Este análisis se asocia al Artículo 11 de la Constitución específicamente al numeral 9 el cual
determina los
principios básicos de la
responsabilidad del
Estado. Tomando en cuenta los
hechos que pueden ser probados en un tribunal y su valoración jurídica podríamos explorar las
opciones legales para proteger nuestros derechos, reparar el daño incurrido y evitar que estas
circunstancias vuelvan a suceder en el futuro.

Resulta
pertinente
destacar
que
el
impacto
percibido
en
las
consecuencias
(Dimensión
2)
supera ligeramente al percibido en las causas técnicas (Dimensión 1), lo que sugiere que, para
los habitantes del sector, la experiencia cotidiana del daño y los malos olores, la proliferación
de vectores, los problemas de salud familiar pesa más en su valoración que el conocimiento
técnico
específico
sobre
las
deficiencias
operativas
del
botadero.
Esta
diferencia
tiene
importancia
al
momento
de
valorar
las
pruebas,
ya
que
los
habitantes
pueden
aportar
sus
testimonios sobre las condiciones del entorno y los problemas que han experimentado por vivir
cerca del ex botadero. Para esto no tendrán que tener conocimientos especializados sobre el
tema
de
la
ingeniería
sanitaria
ya
que
su
experiencia
personal
les
ayuda
a
registrar
circunstancias que pueden ser comparadas en una etapa posterior con opiniones de expertos y
con
más
evidencia.
Sus
testimonios
podrían
servir
como
base
para
acciones
dirigidas
a

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Página | 483

garantizar la protección de los derechos los cuales están estipulados en el Artículo 71 de la
Constitución. En cuanto a la gestión pública los problemas identificados durante la revisión
normativa
e
institucional
y
la
experiencia
personal
de
los
residentes
requieren
la
toma
de
medidas para corregir las desventajas actuales. Para este propósito sería necesario coordinar
esfuerzos con el Ministerio de Medio Ambiente, Agua y Transición Ecológica. Este sistema
deberá incorporar criterios de economía circular reducción en la fuente, reutilización, reciclaje
y recuperación energética, la implementación de celdas emergentes como solución transitoria
y el diseño e implementación de un relleno sanitario tecnificado como solución definitiva.

La derogación de EMAPLAYAS-EP sin la adopción simultánea de mecanismos alternativos
eficaces
constituye
un
agravante
de
la
situación
jurídica
del
municipio,
y
los
datos
de
percepción
comunitaria
aquí
presentados
deberían
constituir,
en
adelante,
un
insumo
obligatorio para el diseño de cualquier política pública de gestión de residuos que aspire a ser
legítima y efectiva.

La participación activa de las comunidades afectadas en estos procesos, conforme al principio
de
participación
ciudadana
establecido
en
la
Constitución,
resultará
determinante
para
la
sostenibilidad de las soluciones adoptadas, en consonancia con las obligaciones de acceso a la
información y participación pública en asuntos ambientales asumidas por el Ecuador mediante
el Acuerdo de Escazú (Asamblea Nacional del Ecuador, 2020).

CONCLUSIONES

El ex botadero a cielo abierto
de la vía Playas-El Morro-Posorja opero en condiciones de
manifiesta ilegalidad frente a los estándares establecidos por el Código Orgánico del Ambiente
y los preceptos constitucionales que garantizan los Derechos de la Naturaleza y el Buen Vivir.
La infiltración de lixiviados en el subsuelo, la emisión de gases de efecto invernadero y la
proliferación de vectores configuraron una vulneración continua de los artículos 14, 71 y 72 de
la Constitución de la República del Ecuador, así como una transgresión de los compromisos
adquiridos por el Estado ecuatoriano en el Acuerdo de París.

La
trayectoria
institucional
del
municipio,
desde
la
creación,
la
operación
deficiente
y
la
posterior
extinción
de
EMAPLAYAS-EP
sin
una
solución
técnica
alternativa,
reflejo
una
omisión administrativa que genero responsabilidad objetiva del GAD Municipal de Playas,
susceptible
de
ser
exigida
mediante
acciones
constitucionales
de
protección
y
medidas
cautelares. La responsabilidad por la gestión de los residuos sólidos no desapareció con la

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5
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6 -
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liquidación
de
la
empresa
pública
encargada
de
este
servicio.
Por
el
contrario,
el
GAD
Municipal asumió como responsable el manejo y la disposición final de los desechos.

Superar los problemas del ex botadero requiere que el municipio destine recursos económicos
y adopte decisiones que permitan modificar la forma en que se gestionan los residuos. Esto
implica el abandono de un enfoque en el cual se confía en la acumulación y el descarte final de
los mismos sin mecanismos adecuados a favor de la creación de una economía que se centre
en el reciclaje de los materiales, la reducción de la contaminación y la restauración de las zonas
afectadas. Esto se hace con el fin de proteger los ciclos naturales y asegurar a la población el
derecho a tener un medio ambiente sano.

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:
https://doi.org/10.65011/prismaods.v5.i6.433

Cómo citar este artículo (APA 7ª edición):

Bustamante Aranda , E. E. ., Sarmiento Gómez, J. C., & Procel Contreras, D. A. (2026).
Incumplimiento Ambiental en el Ex Botadero de Playas: Vulneración del Buen Vivir y la
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Prisma ODS: Revista Multidisciplinaria Sobre Desarrollo Sostenible
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https://doi.org/10.65011/prismaods.v5.i6.433

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Revista Científica Multidisciplinar
Volumen
5
, Número
6 -
Año 2026
Página | 490