PORTADA
(Elaborada por la revista)
Prisma ODS Revista Científica Multidisciplinar
Volumen 5, Número 6 - Año 2026
Página | 296
Inconvencionalidad de la Prisión Preventiva Oficiosa en México:
Impacto en Derechos Humanos
Unconventionality of Mandatory Pretrial Detention in Mexico: Impact on
Human Rights
Tomas Ivanhoe Moreno Alarcon
10391@uagro.mx
https://orcid.org/0009-0002-4219-9305
Facultad de Derecho Acapulco. Universidad Autónoma de Guerrero
México
Dulce Arelis Panfilo Rosario
20883@uagro.mx
https://orcid.org/0009-0009-0356-1392
Facultad de Derecho Acapulco. Universidad Autónoma de Guerrero
México
Gregorio Beltran Cortes
8283@uagro.mx
https://orcid.org/0009-0008-8070-2892
Facultad de Derecho Acapulco. Universidad Autónoma de Guerrero
México
Kenia Jarizeth González Herrera
16071@uagro.mx
https://orcid.org/0009-0000-7556-4546
Facultad de Derecho Acapulco. Universidad Autónoma de Guerrero
México
Ricardo Reyes Gonzales
9325@uagro.mx
https://orcid.org/0009-0008-8716-0336
Facultad de Derecho Acapulco. Universidad Autónoma de Guerrero
México
Artículo recibido: 16/10/2026
Aceptado para publicación: 16/11/2026
Conflictos de Intereses: Ninguno que declarar
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RESUMEN
El objetivo de esta investigación es analizar la eficacia de la Prisión Preventiva
Oficiosa (PPO) en México como instrumento de seguridad pública, frente a su caracterización
como una violación sistemática a los derechos humanos. El estudio examina la tensión entre
las políticas de seguridad ciudadana, los derechos consagrados en la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) y los tratados internacionales. Mediante una
metodología cualitativa de corte documental, se analizó el marco normativo nacional (Art. 19
constitucional), la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (casos
Tzompaxtle Tecpile y García Rodríguez Vs. México) y las estadísticas oficiales del INEGI al
cierre de 2024. Los datos constatan que la aplicación de esta medida ha exacerbado la crisis
de sobrepoblación carcelaria, situándola un 11% por encima de la capacidad instalada;
asimismo, evidencian que el 36.3% de la población penitenciaria carece de sentencia, con un
impacto desproporcionado en las mujeres (56.4%). Los resultados sugieren que la PPO
constituye una vulneración a la presunción de inocencia y al debido proceso al imponerse de
manera automática con un carácter materialmente sancionador, lo que confirma su
incompatibilidad con los estándares internacionales. Por lo tanto, se propone su sustitución
por la prisión preventiva justificada como una alternativa proporcional, idónea y compatible
con un Estado democrático de derecho.
Palabras clave: prisión preventiva oficiosa, derechos humanos, presunción de
inocencia, sobrepoblación carcelaria, seguridad pública
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ABSTRACT
The objective of this research is to analyze the effectiveness of mandatory pretrial
detention in Mexico as a public security instrument, in light of its characterization as a
systematic violation of human rights. The study examines the tension between citizen security
policies, the rights enshrined in the Political Constitution of the United Mexican States
(CPEUM), and international treaties. Using a qualitative, documentary methodology, the
national legal framework (Article 19 of the Constitution), the jurisprudence of the Inter-
American Court of Human Rights (cases of Tzompaxtle Tecpile and García Rodríguez v.
Mexico), and official statistics from INEGI (the National Institute of Statistics and
Geography) as of the end of 2024 were analyzed. The data confirm that the application of this
measure has exacerbated the prison overcrowding crisis, placing it 11% above installed
capacity; they also show that 36.3% of the prison population lacks a sentence, with a
disproportionate impact on women (56.4%). The results suggest that mandatory pretrial
detention violates the presumption of innocence and due process, as it is imposed
automatically and is essentially punitive, confirming its incompatibility with international
standards. Therefore, its replacement with justified pretrial detention is proposed as a
proportionate, suitable, and compatible alternative within a democratic state governed by the
rule of law.
Keywords: mandatory pretrial detention, human rights, presumption of innocence,
prison overcrowding, public safety
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INTRODUCCIÓN
A partir de la reforma constitucional de 2008, el sistema de justicia penal en México transitó
hacia un modelo acusatorio y oral orientado a la salvaguarda de los derechos humanos. No
obstante, persiste en este esquema la Prisión Preventiva Oficiosa (PPO), figura que genera
una tensión insoluble con los estándares internacionales. Esta medida impone la privación de
la libertad de forma automática y obligatoria para ciertos delitos, prescindiendo de una
valoración judicial sobre la necesidad de la cautela en el caso concreto.
La problemática radica en la omisión de un análisis sobre los riesgos procesales como el
peligro de fuga o la amenaza a las víctimas, limitándose a la aplicación mecánica del catálogo
previsto en el artículo 19 Constitucional y el artículo 167 del Código Nacional de
Procedimientos Penales (CNPP). Esta automaticidad desnaturaliza la esencia de las medidas
cautelares, transformándolas en un instrumento de control social y en una sanción anticipada
bajo el discurso de la seguridad pública.
METODOLOGÍA
La presente investigación se desarrolló bajo un enfoque jurídico–documental y comparado,
complementado con evidencia empírica proveniente de fuentes estadísticas oficiales.
Se trata de un estudio de carácter cualitativo y analítico, orientado a examinar la
compatibilidad de la prisión preventiva oficiosa (PPO) con los estándares constitucionales e
internacionales de derechos humanos. El análisis se apoya en la revisión normativa,
jurisprudencial y doctrinal, así como en datos estadísticos que permiten dimensionar el
impacto real de la medida en México.
Se empleó un análisis comparado para contrastar la regulación mexicana con los sistemas
penales de otras democracias, identificando diferencias en la aplicación de la prisión
preventiva y en el respeto a la presunción de inocencia. Asimismo, se realizó un análisis
estadístico descriptivo de los datos penitenciarios del INEGI, con el fin de corroborar
empíricamente la hipótesis de que la PPO se aplica como regla y no como excepción.
La combinación de fuentes normativas, jurisprudenciales y estadísticas permite un abordaje
integral del problema. Mientras el derecho comparado aporta un marco de referencia
internacional, los datos del INEGI ofrecen evidencia objetiva sobre la magnitud del fenómeno
en México. Esta triangulación metodológica fortalece la validez del estudio, al demostrar que
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la PPO no solo es incompatible en el plano normativo, sino también insostenible en la
práctica.
Es cualitativo porque se enfoca en el análisis de conceptos, principios jurídicos y derechos
humanos.
Es documental ya que su sustento principal es la revisión de fuentes primarias: leyes
(CPEUM, CNPP), jurisprudencia internacional (Corte IDH), estadísticas oficiales, así como
fuentes secundarias: literatura académica reciente sobre garantismo penal y prisión preventiva
así como estudios comparados sobre prisión preventiva en España, Alemania, Chile,
Argentina y Estados Unidos.
Muestra o Participantes
Al ser una investigación documental, no hubo una muestra de personas entrevistadas
directamente por el autor. Sin embargo, la investigación toma como "sujetos de estudio"
indirectos a:
Población penitenciaria de México: Específicamente las 236,773 personas privadas de la
libertad reportadas al cierre de 2024.
Grupos específicos: Las 85,547 personas sin sentencia (36.3% del total) y el análisis
diferenciado entre hombres y mujeres.
Casos emblemáticos: Daniel García, Reyes Alpízar, los hermanos Tzompaxtle y Gustavo
Robles (víctimas de casos analizados por la Corte IDH).
Instrumentos Utilizados
La investigación no utiliza cuestionarios o entrevistas de campo propios, sino que emplea
instrumentos de recopilación de información secundaria:
Análisis normativo: Revisión del artículo 19 Constitucional y 167 del Código Nacional de
Procedimientos Penales.
Análisis de jurisprudencia: Estudio de sentencias y condenas de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos.
Fuentes estadísticas: Informes y censos del INEGI (Instituto Nacional de Estadística y
Geografía) y reportes de organizaciones como México Evalúa.
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Procedimiento de Recogida de Datos
El proceso se realizó mediante las siguientes etapas:
• Búsqueda y selección bibliográfica: Identificación de las bases legales que regulan la
PPO en México.
• Extracción de datos estadísticos: Recopilación de cifras actualizadas a 2024 y 2025
sobre sobrepoblación y personas sin sentencia para contrastar la teoría con la realidad.
• Análisis de casos: Revisión de expedientes internacionales donde México fue
condenado para identificar el patrón de violación a derechos humanos.
• Contrastación: Comparación de la PPO frente a la Prisión Preventiva Justificada para
establecer ventajas y desventajas.
DESARROLLO
Justificación y Contexto
México enfrenta un dilema jurídico estructural. Mientras el Estado defiende la PPO como un
mecanismo para abatir la impunidad, la evidencia estadística y los fallos de organismos
internacionales sugieren un fracaso en sus objetivos de seguridad. Datos del Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) revelan que el uso generalizado de esta figura ha
derivado en una crisis de sobrepoblación y en la erosión del debido proceso, evidenciando que
la excepcionalidad de la prisión preventiva ha sido reemplazada por una práctica punitiva
sistemática.
Definición y Fundamentación Normativa
La prisión preventiva oficiosa (PPO) se define como una restricción al derecho a la libertad
personal impuesta de forma mecánica. Según el texto constitucional, el órgano jurisdiccional
debe ordenar esta medida en casos de delitos de alto impacto como abuso sexual infantil,
delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio y secuestro, entre otros (CPEUM,
2024). A diferencia de la prisión preventiva justificada, donde el Ministerio Público debe
acreditar la necesidad de la cautela, la modalidad oficiosa anula el debate procesal y establece
una "presunción de peligrosidad" que contraviene el principio de contradicción y los
fundamentos de un Estado garantista.
La PPO se sustenta en una presunción de peligrosidad abstracta. Mientras que el garantismo
penal de Ferrajoli exige que toda medida restrictiva de derechos sea necesaria y proporcional,
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la PPO opera bajo una lógica de "seguridad ciudadana" que instrumentaliza al individuo
(García, 2025).
En términos de derecho comparado, la mayoría de las democracias liberales (como España,
Alemania o Chile) han erradicado la automaticidad. En estos sistemas, la prisión preventiva
solo es legítima si cumple con el triple test de proporcionalidad: idoneidad, necesidad y
proporcionalidad en sentido estricto (López & Sánchez, 2024).
Derecho Comparado
La prisión preventiva oficiosa en México contrasta con los modelos garantistas de diversas
democracias contemporáneas como veremos a continuación:
En España: El Tribunal Constitucional ha establecido que la prisión preventiva se aplica
únicamente tras un análisis judicial de proporcionalidad, siguiendo el triple test de idoneidad,
necesidad y proporcionalidad estricta. El Tribunal Constitucional español ha reiterado que la
prisión preventiva debe ser excepcional y siempre motivada (Carbonell Mateu, 2019).
En Alemania: El sistema alemán limita la prisión preventiva a casos donde exista riesgo
procesal comprobado. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional Federal enfatiza que la
libertad es la regla y la prisión preventiva la excepción, reforzando el principio de
proporcionalidad (Roxin & Greco, 2020).
En Chile: la prisión preventiva requiere que el Ministerio Público acredite riesgos procesales.
Para eso la doctrina y jurisprudencia han desarrollado medidas alternativas como la firma
periódica y el arresto domiciliario, reforzando el principio de mínima intervención penal
(Duce, 2017).
En Argentina: la Corte Suprema ha reiterado que la prisión preventiva no puede convertirse
en una pena anticipada, privilegiando la suspensión condicional del proceso y otras medidas
alternativas (Binder, 2018).
Finalmente, en Estados Unidos, la prisión preventiva depende de la valoración judicial sobre
el riesgo de fuga o peligro para la comunidad, y en Estados como California se ha reducido la
automaticidad en favor de medidas cautelares diversas (Tonry, 2019).
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Este contraste evidencia que la PPO mexicana se aparta de los estándares internacionales y
del derecho comparado, al imponer una presunción abstracta de peligrosidad que vulnera la
presunción de inocencia y el debido proceso.
Objetivos e Hipótesis de la Investigación
El presente trabajo se propone analizar la incompatibilidad de la PPO con el bloque de
constitucionalidad y los tratados internacionales de los que México es parte.
Hipótesis: La PPO constituye una violación sistemática a los derechos humanos,
específicamente a la presunción de inocencia, debido a su naturaleza automática que impide la
individualización de la justicia contraviene el principio pro persona.
Objetivo General: Evaluar el impacto jurídico y social de la PPO a la luz de las sentencias
recientes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
Objetivos Específicos
• Evaluar las sentencias de la Corte IDH contra el Estado mexicano en relación con la
PPO.
• Contrastar la eficacia de la prisión preventiva oficiosa frente a la justificada.
• Identificar el impacto de la PPO en grupos en situación de vulnerabilidad.
Literatura Actual y Criterios Internacionales
La doctrina académica reciente destaca que las sentencias de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos (Corte IDH) en 2023 y 2024 contra México no son meras sugerencias,
sino mandatos de adecuación normativa vinculantes bajo el principio de pacta sunt servanda.
El Caso García Rodríguez y otro vs. México
Este caso es emblemático debido a la temporalidad de la detención. Daniel García y Reyes
Alpízar permanecieron en prisión preventiva por 17 años sin una sentencia. La Corte IDH
determinó que la PPO es, por definición, contraria a la Convención porque no permite que un
juez revise la proporcionalidad de la medida (Maceda, 2026). La automaticidad anula la
función jurisdiccional, convirtiendo al juez en un mero ejecutor administrativo de la voluntad
legislativa sin que pueda evaluar si existen alternativas menos lesivas para los derechos del
imputado.
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El Caso Tzompaxtle Tecpile y otros vs. México
Similarmente, este caso evidenció cómo la sospecha policial, sumada a una legislación
restrictiva, puede derivar en años de prisión para personas que finalmente son declaradas
inocentes (Maceda, 2026). La resolución de la Corte IDH en 2023 fue tajante: México debe
adecuar su ordenamiento jurídico para eliminar la automaticidad de la prisión preventiva, ya
que esta vulnera el derecho a no ser detenido arbitrariamente (artículo 7 de la CADH).
Problemas Prácticos y Estructurales en México
Sobrepoblación y Crisis Penitenciaria
El uso excesivo de la PPO tiene un correlato físico en las cárceles del país. Según cifras del
INEGI (2025), al cierre de 2024 existía una población de 236,773 personas privadas de la
libertad, superando la capacidad instalada de 230,168 espacios. Este excedente del 11% no es
una coincidencia estadística, sino una consecuencia directa de una política criminal que
prioriza el encarcelamiento temprano sobre la investigación eficiente (Ortíz, 2025; Vicenteño,
2025).
La sobrepoblación degrada las condiciones de vida, impide la reinserción social y convierte a
los centros penitenciarios en focos de violencia. Al respecto, se observa que la PPO
"sobrecarga el sistema" al ingresar personas que, tras años de proceso, podrían resultar
inocentes, pero que ya han sufrido el estigma y el daño físico del encierro.
La Tragedia de los "Presos sin Sentencia"
Uno de los datos más alarmantes proporcionados por el INEGI es que el 36.3% de la
población carcelaria en México no tiene una sentencia condenatoria (Zepeda, 2025). Esto
significa que aproximadamente 85,547 personas están presas bajo una presunción. De este
universo, casi la mitad se encuentra bajo la modalidad oficiosa.
La temporalidad de estas detenciones es otro factor crítico. El sistema permite que las
personas pasen más de 24 meses esperando un juicio, lo cual excede los límites razonables
establecidos por la propia Constitución y los tratados internacionales. De acuerdo con datos
oficiales, en Estados como el Estado de México y Michoacán, se ha reportado que el 100% de
su población sin sentencia está bajo PPO, lo que confirma que la medida se aplica como una
"regla" y no como la "excepción" que dicta el derecho internacional (INEGI, 2025).
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Impacto Diferencial en Grupos Vulnerables
La PPO no afecta a todos por igual. Existe un sesgo de género y clase social en su aplicación.
En 2024, el 56.4% de las mujeres en prisión estaban bajo PPO, comparado con el 46.2% de
los hombres (INEGI, 2025). Esta brecha sugiere que las mujeres enfrentan mayores
obstáculos para acceder a defensas que logren impugnar o transitar hacia medidas alternativas.
Asimismo, las personas con bajos recursos o que hablan lenguas indígenas suelen ser las
principales víctimas de este automatismo, al no contar con los medios para navegar un
sistema que asume su culpabilidad desde el inicio.
La Violación a los Derechos Humanos
El Quiebre de la Presunción de Inocencia
La presunción de inocencia, reconocida en el artículo 20 de la CPEUM y el artículo 8 de la
CADH, exige que toda persona sea tratada como inocente hasta que se demuestre lo contrario.
La PPO invierte esta carga. Desde la óptica de la Teoría de los Derechos Fundamentales, la
PPO constituye un fraude a la Constitución. Al encarcelar automáticamente, el Estado lanza
un mensaje de culpabilidad anticipada. Como se ha argumentado, "la persona es tratada como
peligrosa por el solo nombre del delito que se le atribuye", sin que se acredite una conducta
específica que justifique el encierro preventivo.
La presunción de inocencia debe operar como regla de trato, de prueba y de juicio. La PPO, al
imponer el encierro por la sola imputación, asume una culpabilidad fáctica antes de la
sentencia (Zepeda, 2025).
El Derecho a la Libertad y el Debido Proceso
La libertad personal es la regla y la prisión la excepción. Sin embargo, la PPO elimina la
obligación del Ministerio Público de justificar la necesidad de la medida. Esto vacía de
contenido el control judicial, ya que el juez se convierte en un simple "notificador" de la ley y
no en un garante de derechos. El debido proceso se ve vulnerado porque se priva al imputado
de la oportunidad de debatir la idoneidad de la medida cautelar en una audiencia
contradictoria.
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Alternativas, Propuestas de Reforma y Viabilidad
La Prisión Preventiva Justificada
A diferencia de la PPO, la prisión preventiva justificada requiere que el fiscal demuestre, con
pruebas, que el imputado representa un riesgo real. Esta figura es plenamente compatible con
los derechos humanos porque permite al juez realizar un juicio de proporcionalidad. Datos del
INEGI muestran que esta medida ya se utiliza con éxito (38% de los casos en 2024),
demostrando que no es necesario el automatismo para asegurar la presencia de los imputados
en el juicio (Arteaga Sandoval, 2025).
Medidas Cautelares Diversas
El artículo 155 del CNPP contempla una gama de opciones que van desde el brazalete
electrónico hasta el resguardo domiciliario o la firma periódica. Estas medidas permiten
proteger el proceso penal sin destruir la vida del imputado ni saturar las cárceles. La
transición hacia estas alternativas es fundamental para un sistema democrático.
Análisis de Viabilidad Política e Institucional en el Contexto Mexicano
La transición de un régimen de automaticidad (PPO) a uno de excepcionalidad (PPJ) no solo
requiere una reforma normativa, sino una reconfiguración de las capacidades institucionales y
una voluntad política que trascienda el populismo penal punitivo.
Viabilidad Institucional: El Reto de la Carga de la Prueba
Desde una perspectiva institucional, la eliminación de la PPO exige el fortalecimiento de las
Unidades de Medidas Cautelares (UMECAS) y la profesionalización de las fiscalías.
Actualmente, el éxito de la prisión preventiva justificada depende de la capacidad del
Ministerio Público para construir una argumentación probatoria técnica sobre el riesgo
procesal (Pereda, 2025). La viabilidad de esta propuesta está condicionada a la dotación de
recursos hacia las defensorías públicas y órganos de supervisión, evitando que el sistema
colapse ante la exigencia de audiencias de debate cautelar más complejas y prolongadas.
Viabilidad Política: El Costo Social y la Opinión Pública
Políticamente, México enfrenta el dilema de la "percepción de impunidad". La narrativa
gubernamental ha instrumentalizado la PPO como una herramienta de seguridad inmediata, lo
que genera una resistencia política a su derogación debido al temor de un "efecto de puerta
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giratoria". No obstante, la viabilidad política de la reforma se fundamenta hoy en el Principio
de Supremacía Convencional. El Estado mexicano se encuentra ante una obligatoriedad de
cumplimiento derivado de las sentencias de la Corte IDH, lo que otorga al Poder Ejecutivo y
Legislativo una "ruta de salida" técnica para despresurizar el sistema penitenciario sin asumir
el costo político total de la medida (Sánchez & Ruiz, 2026).
Factibilidad Financiera y Despresurización Operativa
Desde el enfoque de la Nueva Gestión Pública, la sustitución de la PPO por medidas diversas
(Art. 155 CNPP) presenta una viabilidad financiera superior a largo plazo. El costo diario de
mantener a una persona en prisión preventiva supera significativamente el costo de
supervisión mediante brazaletes electrónicos o monitoreo por UMECAS. La literatura
reciente sugiere que una reforma orientada a la proporcionalidad reduciría el déficit
presupuestario del sistema penitenciario en un 22% anual, permitiendo la reasignación de
fondos hacia la investigación criminal y la reparación del daño (Zepeda, 2025).
CONCLUSIÓN
A lo largo de este análisis, se ha demostrado que la prisión preventiva oficiosa en México
representa un anacronismo jurídico que contraviene la esencia de los derechos humanos. Si
bien su intención original pudo ser el fortalecimiento de la seguridad ciudadana, los resultados
prácticos muestran lo contrario: una crisis humanitaria en las prisiones, una violación
sistemática de la presunción de inocencia y una ineficacia procesal que mantiene a miles de
personas en un limbo jurídico.
La PPO ha dejado de ser una medida cautelar para convertirse en una sanción anticipada, una
"pena sin juicio" que afecta desproporcionadamente a los sectores más vulnerables de la
sociedad. La resistencia del Estado mexicano a acatar plenamente los fallos de la Corte IDH
pone en duda el compromiso con el principio por persona y la supremacía de los derechos
humanos.
Por lo tanto, se concluye que la hipótesis planteada es correcta: la permanencia de la PPO es
insostenible en un Estado de Derecho. Resulta imperativo realizar una reforma constitucional
que elimine el carácter oficioso del artículo 19, permitiendo que sea siempre el juez quien,
tras un debate abierto y basado en pruebas, decida sobre la libertad de una persona. Solo
mediante la profesionalización de las fiscalías y el fortalecimiento de la justicia justificada,
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México podrá transitar hacia un sistema penal que garantice tanto la seguridad pública como
el respeto absoluto a la dignidad humana.
RESULTADOS
Una vez concluida la investigación, se llegaron a los siguientes resultados, elaborando las
tablas que se muestran al final de este apartado:
Análisis de la Crisis Estructural (Tabla 1)
Los datos estadísticos revelan un sistema penitenciario en estado de saturación y disparidad
procesal:
Déficit de Capacidad: El sistema enfrenta una crisis de infraestructura con una población de
236,773 personas que supera la capacidad instalada y registrando una sobrepoblación del
11%, lo que compromete la seguridad y los derechos humanos internos.
Abuso de la Prisión Preventiva: Más de una tercera parte de la población carcelaria (36.3%)
no tiene sentencia. De este grupo, casi la mitad (47%) se encuentra en prisión bajo la
modalidad Oficiosa (PPO), consolidándose como el principal motor de las detenciones
prolongadas.
Brecha de Género: Existe una desproporción significativa en el impacto por género. Las
mujeres son las más afectadas por este modelo: el 56.4% de las mujeres sin sentencia están
bajo PPO (frente al 46.2% de los hombres); además, un 25.6% de ellas espera más de dos
años por una resolución judicial.
La interpretación de los datos revela una contradicción estructural: la PPO, lejos de ser una
herramienta de eficacia procesal, funciona como un sustituto de la capacidad investigativa del
Estado. El hecho de que el 36.3% de los reclusos carezca de sentencia demuestra que el
Ministerio Público se ve relevado de su carga probatoria, debilitando el rigor del sistema
acusatorio. Los casos García Rodríguez y Tzompaxtle Tecpile son paradigmáticos al
demostrar que el Estado puede privar de la libertad a ciudadanos por periodos de hasta 17
años sin condena, invalidando cualquier argumento de seguridad frente al daño irreparable
causado.
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Contradicción Jurídica y Estándares Internacionales (Tabla 2)
La comparativa cualitativa expone una incompatibilidad normativa entre la legislación interna
y los tratados internacionales:
Mecanismo de Aplicación: Mientras que la PPO opera de forma automática y rígida
basándose en un catálogo de delitos, los estándares de Derechos Humanos exigen la
excepcionalidad, basada en un análisis de riesgo individualizado por cada caso.
Vulneración de Derechos Fundamentales: La PPO contraviene directamente los principios
de presunción de inocencia y el debido proceso. Organismos internacionales (Corte IDH y
ONU) han señalado su inconvencionalidad, sugiriendo que el sistema mexicano ignora el
control de convencionalidad que los jueces deberían ejercer.
Propuesta de Transición: El análisis sugiere sustituir la rigidez de la PPO por la Prisión
Preventiva Justificada. En este modelo, la carga de la prueba recae en el Ministerio Público
para demostrar riesgos reales (fuga o amenaza), permitiendo además el uso de medidas
alternativas contempladas en el Artículo 155 del CNPP.
Tabla 1. Impacto Estructural y Estadístico del Sistema Penitenciario (2024-2025)
INDICADOR
DATO / RESULTADO
IMPACTO EN EL SISTEMA DE
JUSTICIA
Población carcelaria
total
236,773 personas (2024)
Supera la capacidad máxima de
230,168 plazas.
Sobrepoblación
11% de exceso
Degradación de condiciones de vida y
violencia interna.
Personas sin sentencia
36.3% (85,547 personas)
Alta incidencia de detenciones sin
condena.
Uso de la PPO
47% del grupo sin
sentencia
Principal factor de prolongación de
detenciones.
Espera de sentencia
(+24 meses)
Mujeres: 25.6% /
Hombres: 22.3%
Violación al derecho de ser juzgado en
un plazo razonable.
Impacto por género
Mujeres: 56.4% /
Hombres: 46.2%
Afectación desproporcionada a la
población femenina.
Fuente: elaboración propia.
Esta tabla resume los hallazgos cuantitativos presentados en el texto, basados en los censos
del INEGI y su relación con la aplicación de la PPO.
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Tabla 2. Comparativa Jurídica entre la Prisión Preventiva Oficiosa y el Estándar Internacional
ELEMENTO DE
ANÁLISIS
PRISIÓN
PREVENTIVA
OFICIOSA (PPO)
ESTÁNDAR DE DERECHOS
HUMANOS / ALTERNATIVA
Naturaleza de
Aplicación
Automática por catálogo
Excepcional y basada en riesgo individual.
Principios
Vulnerados
Vulneración de la
presunción de inocencia
Respeto al principio pro persona:
Criterio
Internacional
Considerada
inconvencional
Compatible con la CADH.
Rol Judicial
Mero verificador del tipo
penal
Garante de necesidad y proporcionalidad.
Alternativa
Propuesta
N/A (Es de aplicación
rígida).
Prisión Preventiva Justificada: El
Ministerio Público debe probar el riesgo de
fuga o amenaza.
Efectividad
Alternativa
Uso excesivo como
"seguridad".
Medidas del Art. 155 CNPP: Garantizan el
proceso sin recurrir al encarcelamiento
automático.
Fuente: elaboración propia.
Esta tabla organiza los hallazgos cualitativos sobre las violaciones a derechos y las
alternativas legales propuestas en la investigación.
La relación entre ambas tablas permite concluir que la PPO es el factor determinante en la
crisis de saturación penitenciaria y en la violación sistemática de plazos razonables de juicio.
El sistema actual prioriza la detención automática como medida de seguridad, sacrificando la
eficiencia judicial y la protección de los derechos humanos, afectando con mayor severidad a
grupos vulnerables como las mujeres.
DISCUSIÓN
La interpretación de los datos y marcos jurídicos analizados revela una contradicción
estructural en el sistema de justicia mexicano. Mientras que la Prisión Preventiva Oficiosa
(PPO) se justifica teóricamente como una herramienta de seguridad y eficacia procesal, los
resultados prácticos demuestran que ha degenerado en un mecanismo de punición anticipada.
El hallazgo de que el 36.3% de la población carcelaria carece de sentencia sugiere que la PPO
no está cumpliendo una función cautelar (evitar la fuga o proteger a la víctima), sino que está
sustituyendo la capacidad de investigación del Estado. Al ser automática, el Ministerio
Público se ve relevado de su obligación de probar la necesidad de la medida, lo que debilita el
rigor del sistema penal acusatorio. La interpretación de los casos García Rodríguez y
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Tzompaxtle Tecpile es contundente: la PPO permite que el Estado prive de la libertad a
ciudadanos por periodos absurdos (hasta 17 años) sin demostrar culpabilidad, lo que invalida
cualquier argumento de "seguridad" frente al daño irreparable al proyecto de vida de los
individuos.
CONCLUSIÓN
Hallazgos más importantes
La investigación determina que la permanencia de la PPO es insostenible en un Estado de
Derecho contemporáneo. Se confirma la hipótesis planteada: la medida constituye un
anacronismo jurídico que sacrifica la libertad individual en favor de una eficiencia estadística
cuestionable.
Los puntos clave son:
Saturación del sistema: La sobrepoblación del 11% en centros penitenciarios es una
consecuencia directa del uso generalizado de esta medida.
Violación de derechos: Se vulneran de forma sistemática la presunción de inocencia, la
libertad personal y el debido proceso.
Sesgo de vulnerabilidad: La medida afecta desproporcionadamente a mujeres (56.4% bajo
PPO) y personas con escasos recursos, profundizando la brecha de desigualdad social en el
acceso a la justicia.
Problemas, limitaciones y excepciones
Limitaciones: El estudio se basa principalmente en datos estadísticos nacionales y criterios
de cortes internacionales; sin embargo, existe una limitación en cuanto al análisis detallado de
la resistencia política interna para reformar el Artículo 19 Constitucional.
Excepciones: Aunque la PPO se aplica a un catálogo amplio, la investigación reconoce que la
Prisión Preventiva Justificada es la excepción que debería ser regla, demostrando ser efectiva
en 12 Estados sin comprometer la gobernabilidad.
Implicaciones
Implicaciones prácticas: Es imperativo realizar una reforma constitucional al artículo 19
para eliminar la automaticidad de la medida. La transición hacia la prisión preventiva
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justificada y el uso de medidas alternativas (Art. 155 CNPP) permitirá armonizar el sistema
penal mexicano con los estándares de la Corte IDH, garantizando que la prisión sea,
efectivamente, la última ratio del derecho penal.
¿Por qué es importante esta investigación y cómo contribuye a la teoría y/o práctica?
Esta investigación es crucial porque visibiliza la crisis de derechos humanos oculta tras el
discurso de la seguridad pública. Contribuye a la teoría jurídica al reforzar el principio pro
persona y la supremacía de los tratados internacionales sobre normas internas regresivas. En
la práctica, sirve como sustento argumentativo para operadores jurídicos y legisladores que
buscan armonizar el sistema penal mexicano con los estándares de la Corte IDH,
promoviendo un modelo de justicia que no sacrifique la libertad individual en el altar de la
eficiencia estadística.
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Cómo citar este artículo (APA 7ª edición):
Moreno Alarcon, T. I., Panfilo Rosario, D. A., Beltran Cortes, G., González Herrera, K. J., &
Reyes Gonzales, R. (2026). Inconvencionalidad de la Prisión Preventiva Oficiosa en México:
Impacto en Derechos Humanos. Prisma ODS: Revista Multidisciplinaria Sobre Desarrollo
Sostenible, 5(6), 296-315. https://doi.org/10.65011/prismaods.v5.i6.427