Prisma ODS Revista Científica Multidisciplinar
Volumen 5, Número 6 - Año 2026
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El Caso Tzompaxtle Tecpile y otros vs. México
Similarmente, este caso evidenció cómo la sospecha policial, sumada a una legislación
restrictiva, puede derivar en años de prisión para personas que finalmente son declaradas
inocentes (Maceda, 2026). La resolución de la Corte IDH en 2023 fue tajante: México debe
adecuar su ordenamiento jurídico para eliminar la automaticidad de la prisión preventiva, ya
que esta vulnera el derecho a no ser detenido arbitrariamente (artículo 7 de la CADH).
Problemas Prácticos y Estructurales en México
Sobrepoblación y Crisis Penitenciaria
El uso excesivo de la PPO tiene un correlato físico en las cárceles del país. Según cifras del
INEGI (2025), al cierre de 2024 existía una población de 236,773 personas privadas de la
libertad, superando la capacidad instalada de 230,168 espacios. Este excedente del 11% no es
una coincidencia estadística, sino una consecuencia directa de una política criminal que
prioriza el encarcelamiento temprano sobre la investigación eficiente (Ortíz, 2025; Vicenteño,
2025).
La sobrepoblación degrada las condiciones de vida, impide la reinserción social y convierte a
los centros penitenciarios en focos de violencia. Al respecto, se observa que la PPO
"sobrecarga el sistema" al ingresar personas que, tras años de proceso, podrían resultar
inocentes, pero que ya han sufrido el estigma y el daño físico del encierro.
La Tragedia de los "Presos sin Sentencia"
Uno de los datos más alarmantes proporcionados por el INEGI es que el 36.3% de la
población carcelaria en México no tiene una sentencia condenatoria (Zepeda, 2025). Esto
significa que aproximadamente 85,547 personas están presas bajo una presunción. De este
universo, casi la mitad se encuentra bajo la modalidad oficiosa.
La temporalidad de estas detenciones es otro factor crítico. El sistema permite que las
personas pasen más de 24 meses esperando un juicio, lo cual excede los límites razonables
establecidos por la propia Constitución y los tratados internacionales. De acuerdo con datos
oficiales, en Estados como el Estado de México y Michoacán, se ha reportado que el 100% de
su población sin sentencia está bajo PPO, lo que confirma que la medida se aplica como una
"regla" y no como la "excepción" que dicta el derecho internacional (INEGI, 2025).