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PORTADA
(Elaborada por la revista)
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Control Contable y Administrativo en la Gestión Eficiente de los
Recursos Públicos: Análisis Normativo y Caso Simulado en
Panamá
Accounting and Administrative Control in the Efficient Management of Public
Resources: Regulatory Analysis and Simulated case in Panama
Santos Edwin Bonilla Alcedo
santos.bonilla-a@up.ac.pa
https://orcid.org/0000-0002-6579-8100
Universidad de Panamá, Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad
Panamá
Artículo recibido: 22/09/2026
Aceptado para publicación: 22/10/2026
Conflictos de Intereses: Ninguno que declarar
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RESUMEN
Las instituciones públicas administran recursos que pertenecen a la colectividad, por lo
que no basta con demostrar que el gasto fue legal: también hay que demostrar qué se logró con
él. Este artículo analiza el control contable y administrativo como condición para la gestión
eficiente de los recursos públicos en Panamá e identifica los factores que determinan su aporte
a la eficiencia. Se siguió un enfoque cualitativo, descriptivo y analítico en cuatro fases: revisión
de diez estudios publicados entre 2016 y 2026, análisis del marco normativo panameño,
examen de la serie del Índice de Percepción de la Corrupción entre 2015 y 2025 y un caso
simulado de una institución con tres oficinas regionales. La literatura asocia la contabilidad de
base devengada y la auditoría de desempeño con mejoras en la eficiencia y la gobernanza,
aunque advierte dificultades de implementación en economías emergentes. Panamá dispone de
un marco de control amplio, centrado sobre todo en la legalidad del gasto, mientras su puntaje
en el índice descendió de 39 a 33 puntos. En el caso, la oficina con ejecución presupuestaria
completa y menos observaciones de control fue la menos eficiente, con un costo por trámite de
B/.64,94 y solo 61,6 % de su meta, frente a B/.38,06 en la oficina que ejecutó 85 % de su
presupuesto. Se concluye que el control público aporta a la eficiencia cuando combina la
verificación de legalidad con indicadores de costo y resultado, información oportuna y
transparencia.
Palabras clave: control interno gubernamental, contabilidad gubernamental,
presupuesto por resultados, rendición de cuentas, Panamá
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ABSTRACT
Public institutions manage resources that belong to society, so it is not enough to show
that spending was legal: it is also necessary to show what it achieved. This article analyzes
accounting and administrative control as a condition for the efficient management of public
resources in Panama and identifies the factors that determine its contribution to efficiency. A
qualitative, descriptive and analytical approach was followed in four phases: a review of ten
studies published between 2016 and 2026, an analysis of the Panamanian regulatory
framework, an examination of the Corruption Perceptions Index series between 2015 and 2025,
and a simulated case of an institution with three regional offices. The literature associates
accrual-based accounting and performance auditing with improvements in efficiency and
governance, although it warns of implementation difficulties in emerging economies. Panama
has a broad control framework, focused mainly on the legality of spending, while its score on
the index fell from 39 to 33 points. In the case, the office with full budget execution and the
fewest control observations was the least efficient, with a cost per procedure of B/.64.94 and
only 61.6% of its target, compared with B/.38.06 at the office that executed 85% of its budget.
The study concludes that public control contributes to efficiency when it combines legality
checks with cost and outcome indicators, timely information and transparency.
Keywords: government internal control, government accounting, performance-based
budgeting, accountability, Panama
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INTRODUCCIÓN
Las instituciones públicas manejan dinero ajeno. Lo que se invierte en una escuela, en un
hospital o en el mantenimiento de una carretera proviene de los impuestos, de la deuda que
pagarán las próximas generaciones o de la explotación de bienes que son de la nación. Esa sola
condición le impone a la gestión pública una exigencia que en la empresa privada no tiene la
misma fuerza: rendir cuentas ante la ciudadanía, no solo sobre si el gasto respetó la ley, sino
también sobre lo que se consiguió con él.
El control contable y administrativo es lo que hace posible esa rendición de cuentas. Sin
registros confiables no se sabe en qué se gastó; sin control presupuestario no se puede verificar
si se respetaron las autorizaciones aprobadas por ley; y sin indicadores de gestión no hay forma
de saber si el gasto se tradujo en los bienes y servicios que se esperaban. En Panamá, este
control opera en varios niveles: el control interno de cada entidad, la fiscalización de la
Contraloría General de la República y la supervisión de la Asamblea Nacional en materia
presupuestaria.
La pregunta que guía este trabajo no es si el control es necesario, algo que nadie discute, sino
en qué condiciones contribuye realmente a que los recursos se usen mejor. La experiencia
cotidiana de muchas administraciones sugiere una paradoja: procesos con abundantes firmas,
sellos y verificaciones previas que, sin embargo, no impiden los sobrecostos ni garantizan la
calidad de los servicios. Cuando el control se reduce a revisar trámites, puede volverse un fin
en sí mismo.
La investigación internacional ofrece pistas para salir de esa paradoja. Cuadrado-Ballesteros y
Bisogno (2021), con datos de 33 países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos entre 2010 y 2014, encontraron que la adopción de la contabilidad de base
devengada y de las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público se asocia con
mejores indicadores de rendición de cuentas, eficacia gubernamental, calidad regulatoria,
Estado de derecho y control de la corrupción. En un estudio posterior con 22 países europeos,
Cuadrado-Ballesteros et al. (2022) hallaron que la contabilidad devengada se relaciona
positivamente con la eficiencia del gasto público. Por su parte, la revisión de Rana et al. (2022),
basada en 125 artículos, muestra que la auditoría de desempeño se ha consolidado como
herramienta para mejorar la gestión, aunque no está exenta de tensiones.
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Con este marco, el objetivo del artículo es analizar el control contable y administrativo como
condición para la gestión eficiente de los recursos públicos en Panamá e identificar los factores
que determinan su aporte a la eficiencia, mediante una revisión de la literatura, el análisis del
marco normativo nacional, un indicador de contexto y un caso simulado. Se parte del supuesto
de que el control es indispensable, pero que su contribución a la eficiencia depende de que vaya
más allá de la verificación formal y se oriente también a medir resultados.
METODOLOGÍA
El estudio tiene un enfoque cualitativo, con diseño no experimental y alcance descriptivo y
analítico. Se organizó en cuatro fases que se resumen en la Figura 1.
Figura 1. Diseño metodológico del estudio
Fuente: elaboración propia.
En la primera fase se revisó la literatura en Scopus, Web of Science, SciELO, Redalyc, Dialnet
y Google Académico, con términos en español e inglés como «control interno gubernamental»,
«contabilidad gubernamental», «presupuesto por resultados», «auditoría de desempeño»,
«contabilidad de base devengada», public sector internal control, accrual accounting, IPSAS,
performance-based budgeting y performance auditing. Los criterios de inclusión fueron: (a)
publicación entre 2016 y 2026; (b) artículo arbitrado o revisión de literatura; y (c) relación
directa con el control, la contabilidad o la evaluación del desempeño en el sector público. Se
seleccionaron diez estudios, nueve de ellos con identificador DOI y uno publicado en una
revista panameña especializada en control fiscal. Los textos se codificaron en tres categorías:
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contabilidad gubernamental y normas internacionales; presupuesto y auditoría orientados a
resultados; y control interno en entidades públicas.
En la segunda fase se analizaron las principales normas panameñas que regulan el control de
los recursos públicos: la Constitución Política, la ley orgánica de la Contraloría General de la
República, las normas de control interno gubernamental y las leyes de transparencia,
contratación pública y responsabilidad fiscal. Con ellas se construyó una matriz que identifica
el objeto de cada norma y la dimensión de control que privilegia: legalidad, información
financiera, resultados o transparencia.
En la tercera fase se recopiló la serie del Índice de Percepción de la Corrupción de
Transparencia Internacional para Panamá entre 2015 y 2025, a partir de los comunicados del
capítulo nacional de esa organización y de su sitio oficial. El índice no mide la eficiencia del
control, pero sirve como indicador de contexto sobre la confianza en la gestión pública.
En la cuarta fase se construyó un caso simulado de una institución pública que presta un mismo
servicio, la atención de trámites, en tres oficinas regionales. Para cada oficina se definieron el
presupuesto asignado y ejecutado, la meta y el número de trámites atendidos, el tiempo
promedio de respuesta y el número de observaciones formuladas por el control previo. Con
esos datos se calcularon el porcentaje de ejecución presupuestaria, el porcentaje de
cumplimiento de la meta y el costo por trámite, y se comparó la lectura que ofrece un control
centrado en el cumplimiento con la que ofrece un control orientado a resultados. Los cálculos
se verificaron en hoja de cálculo.
Consideraciones éticas
La investigación no involucró a seres humanos ni recolectó datos personales. La información
normativa y la serie del Índice de Percepción de la Corrupción son de acceso público y se citan
de forma completa. Las cifras del caso son simuladas, se elaboraron con fines exclusivamente
analíticos y no corresponden a ninguna institución pública existente, por lo que cualquier
coincidencia es fortuita; por esta razón, el estudio no requirió aprobación de un comité de ética.
Todas las fuentes se citaron conforme a las normas APA, séptima edición, y se verificó la
existencia y los datos bibliográficos de cada una. Entre las limitaciones se reconoce que la
revisión documental no siguió un protocolo sistemático completo y que el caso ilustra un
mecanismo, pero no permite generalizar magnitudes.
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DESARROLLO
Particularidades del control en el sector público
El control público comparte con el privado sus principios básicos: segregación de funciones,
autorización, registro, custodia y verificación. Se distingue, sin embargo, por tres rasgos. El
primero es que no existe el mercado como juez del desempeño. Una empresa que malgasta sus
recursos pierde clientes y utilidades; una institución pública que hace lo mismo puede seguir
funcionando, porque su financiamiento no depende de la satisfacción de quienes usan sus
servicios. El control tiene que suplir con indicadores y evaluaciones la señal que el mercado no
envía.
El segundo rasgo es el principio de legalidad: en el sector público solo puede hacerse lo que la
ley autoriza de forma expresa, y cada gasto necesita una asignación presupuestaria aprobada.
El tercero es la multiplicidad de objetivos. Las instituciones públicas persiguen fines sociales,
como la calidad de la educación o la salud de la población, que no se expresan con facilidad en
dinero. Por eso la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores, al
adaptar el marco COSO al sector público, incluyó de manera expresa entre los objetivos del
control interno la ejecución ordenada, ética, económica, eficiente y eficaz de las operaciones y
la protección de los recursos contra el despilfarro, el abuso y la mala gestión (International
Organization of Supreme Audit Institutions [INTOSAI], 2004). El control público, entonces,
no se agota en la legalidad.
Desde la década de 1980, las reformas conocidas como nueva gestión pública impulsaron
precisamente ese giro hacia los resultados. Hood (1991) las caracterizó por el énfasis en
estándares explícitos, medidas de desempeño y control por resultados. Aunque estas reformas
han recibido críticas, entre ellas la dificultad de medir muchos servicios públicos y el riesgo de
trasladar sin adaptación herramientas de la empresa privada, dejaron una idea útil: el control
debe verificar la legalidad del gasto, pero también su eficiencia y su eficacia. De ahí surgen el
presupuesto por resultados, los indicadores de gestión y la auditoría de desempeño.
RESULTADOS
Lo que dice la literatura reciente
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La Tabla 1 resume los hallazgos. La evidencia converge en dos ideas. La primera es que la
información contable de mejor calidad, en especial la de base devengada, se asocia con una
gestión más eficiente y con mejor gobernanza. La segunda es que implantar estas herramientas
en economías emergentes es lento y depende tanto de presiones externas como de la
capacitación del personal.
Tabla 1. Hallazgos de la literatura revisada (2016-2026) agrupados por categoría temática
CATEGORÍA
HALLAZGO PRINCIPAL
ESTUDIOS
Contabilidad
gubernamental y
normas
internacionales
La contabilidad devengada y las normas
internacionales se asocian con mejor
gobernanza y mayor eficiencia del gasto; en
economías emergentes la adopción avanza
de forma desigual, impulsada por presiones
de organismos financieros y por la
capacitación.
Bergmann et al. (2019);
Cuadrado-Ballesteros y
Bisogno (2021);
Cuadrado-Ballesteros et
al. (2022); Polzer et al.
(2023); Salato et al.
(2024)
Presupuesto y
auditoría
orientados a
resultados
El presupuesto por resultados y la auditoría
de desempeño buscan vincular el gasto con
lo logrado; su eficacia depende del uso real
de la información y de la independencia de
quien audita.
Mauro et al. (2017);
Mattei et al. (2021);
Rana et al. (2022)
Control interno
en entidades
públicas
La implementación adecuada de políticas de
control interno mejora la asignación de
recursos y la rendición de cuentas, pero
enfrenta resistencia al cambio y falta de
formación del personal.
Castro-Mora (2025);
Gaona y Rodríguez
García (2024)
Fuente: elaboración propia.
Dos hallazgos merecen destacarse. Cuadrado-Ballesteros et al. (2022) encontraron que la
contabilidad devengada se asocia con la eficiencia, mientras que la adopción formal de las
normas internacionales no mostró una relación tan clara; los autores interpretan que la
información devengada sirve sobre todo para las decisiones internas. Dicho de otra manera, lo
que mejora la gestión no es adoptar una norma, sino usar la información que esa norma produce.
En la misma línea, Polzer et al. (2023), en una revisión estructurada sobre economías
emergentes y países de bajos ingresos, observaron que la mayoría de los estudios todavía es
exploratoria y que las reformas se encuentran en etapas muy distintas según el país. Salato et
al. (2024) añaden que las presiones de inversionistas y auditores, junto con la formación del
personal, han sido decisivas para que la contabilidad devengada avance.
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En cuanto a los resultados, Mauro et al. (2017) revisaron la literatura sobre presupuesto por
resultados entre 1990 y 2014 y concluyeron que, pese a su difusión, sigue habiendo vacíos
importantes sobre cómo se usa realmente la información de desempeño. Rana et al. (2022)
identificaron cuatro temas centrales en la auditoría de desempeño: su alcance, su doble función
de rendición de cuentas y mejora, la tensión entre influencia e independencia y sus efectos no
deseados. Mattei et al. (2021), al revisar la investigación sobre auditoría del sector público,
señalaron la necesidad de estudiar más a fondo cómo las auditorías influyen en la gestión. En
el ámbito latinoamericano, Castro-Mora (2025) documentó en entidades colombianas del
sector trabajo que la política de control interno mejoró la asignación de recursos y la rendición
de cuentas, aunque persisten la resistencia al cambio y la falta de capacitación. Para Panamá,
Gaona y Rodríguez García (2024) analizaron la relación entre el control interno y la eficiencia
del sector público en una revista especializada en control fiscal.
El marco normativo panameño
Panamá cuenta con un marco amplio para el control de los recursos públicos. El artículo 280
de la Constitución Política atribuye a la Contraloría General de la República la función de
fiscalizar, regular y controlar los movimientos de los fondos y bienes públicos, de manera
previa o posterior (República de Panamá, 2004). La Ley 32 de 1984 desarrolla esas atribuciones
(Asamblea Legislativa, 1984), y las Normas de Control Interno Gubernamental asignan a la
máxima autoridad de cada institución la responsabilidad de establecer y mantener un control
interno adecuado, organizado en los componentes de ambiente de control, evaluación de
riesgos, actividades de control, información y comunicación, y monitoreo (Contraloría General
de la República de Panamá, 1999). La Tabla 2 sintetiza el análisis.
Tabla 2. Matriz del marco normativo panameño para el control de los recursos públicos
NORMA
OBJETO PRINCIPAL EN
MATERIA DE CONTROL
DIMENSIÓN DE
CONTROL QUE
PRIVILEGIA
Constitución Política,
artículo 280
Fiscalización previa o posterior de
fondos y bienes públicos por la
Contraloría General
Legalidad
Ley 32 de 1984, orgánica
de la Contraloría
Contabilidad pública, control
fiscal y auditoría de las entidades
Legalidad e
información financiera
Normas de Control Interno
Gubernamental (1999)
Componentes del control interno
y responsabilidad de la máxima
autoridad
Legalidad, información
y gestión de riesgos
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Ley 6 de 2002, de
transparencia
Acceso a la información pública y
publicidad de la gestión
Transparencia
Ley 22 de 2006, de
contratación pública (texto
único de 2020)
Principios de competencia,
publicidad y transparencia en las
adquisiciones
Legalidad y
transparencia
Ley 34 de 2008, de
responsabilidad social
fiscal
Reglas de disciplina fiscal y
sostenibilidad de las finanzas
públicas
Disciplina fiscal
agregada
Fuente: elaboración propia a partir de las normas citadas.
El marco se completa con tres leyes de alcance general. La Ley 6 de 2002 establece normas de
transparencia en la gestión pública y garantiza el acceso a la información (Asamblea
Legislativa, 2002); la Ley 22 de 2006, cuyo texto único fue ordenado por la Ley 153 de 2020,
regula la contratación pública con base en los principios de competencia, publicidad y
transparencia (Asamblea Nacional, 2020); y la Ley 34 de 2008, de Responsabilidad Social
Fiscal, fija reglas de disciplina y sostenibilidad de las finanzas públicas (Asamblea Nacional,
2008).
La lectura de la matriz revela un patrón. Las normas cubren con amplitud la legalidad del gasto,
la información financiera y la transparencia, y la ley de responsabilidad fiscal agrega reglas de
disciplina a nivel global. En cambio, ninguna de ellas establece de forma explícita la obligación
de medir el costo de los servicios ni de vincular el presupuesto de cada institución con
indicadores de resultado. El marco responde bien a la pregunta de si el gasto fue legal y se
registró correctamente, pero dice mucho menos sobre si fue eficiente.
Un indicador de contexto
La Figura 2 presenta la evolución del puntaje de Panamá en el Índice de Percepción de la
Corrupción. El país alcanzó su mejor calificación en 2015, con 39 puntos y la posición 72 entre
los 168 países evaluados ese año (Transparency International, 2016). Desde entonces la
tendencia ha sido descendente: 35 puntos en 2020, en el puesto 111 de 180 (Fundación para el
Desarrollo de la Libertad Ciudadana, 2020), y 33 puntos en 2024 y 2025, el valor más bajo de
la serie reciente. En 2025, el país ocupó la posición 116 entre 182 países (Transparency
International, 2026). Como el número de países evaluados varía de un año a otro, la
comparación se basa en el puntaje y no en la posición.
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Figura 2. Puntaje de Panamá en el Índice de Percepción de la Corrupción, 2015-2025
Fuente: elaboración propia con datos de Transparency International y de su capítulo nacional
en Panamá. Una puntuación cercana a 100 indica baja percepción de corrupción.
Este indicador no permite atribuir causas, porque refleja percepciones y depende de múltiples
factores. Sin embargo, el contraste es elocuente: en el mismo período en que el país conservó
un marco normativo de control amplio, la percepción sobre la integridad de la gestión pública
se deterioró. Esto sugiere que la existencia de normas no basta y que la manera en que se ejerce
el control importa tanto como su diseño formal.
El caso simulado: cumplimiento frente a resultados
La Tabla 3 presenta los indicadores de las tres oficinas regionales del caso. Las tres prestan el
mismo servicio y operan bajo las mismas normas, de modo que las diferencias responden a la
gestión.
Tabla 3. Indicadores de cumplimiento y de resultado de las oficinas regionales del caso
simulado
INDICADOR
TOTAL
Presupuesto asignado (B/.)
3.100.000
Presupuesto ejecutado (B/.)
2.941.000
Ejecución presupuestaria (%)
94,9
Observaciones del control previo
(número)
13
Meta anual de trámites
75.000
Trámites atendidos
63.500
Cumplimiento de la meta (%)
84,7
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Costo por trámite (B/.)
46,31
Tiempo promedio de respuesta
(días)
—
Fuente: datos simulados de elaboración propia. El costo por trámite es el presupuesto
ejecutado dividido entre los trámites atendidos.
Si la institución se evaluara solo con los criterios de cumplimiento, la Oficina B sería la mejor:
ejecutó el 100 % de su presupuesto y recibió apenas dos observaciones del control previo. La
Oficina C, por el contrario, aparecería como la más débil, con una ejecución de 85 % y siete
observaciones. La Figura 3 muestra que los indicadores de resultado invierten por completo
esa lectura. La Oficina B atendió solo el 61,6 % de su meta, con un costo de B/.64,94 por
trámite y 21 días de respuesta. La Oficina C superó su meta con el presupuesto más bajo, a un
costo de B/.38,06 por trámite y con 9 días de respuesta.
Figura 3. Ejecución presupuestaria, cumplimiento de la meta y costo por trámite de las oficinas
del caso simulado
Fuente: elaboración propia con datos simulados.
La diferencia tiene un valor económico concreto. Si la Oficina B hubiera atendido sus 15.400
trámites al costo unitario de la Oficina A, la institución habría gastado cerca de B/.353.000
menos, más de un tercio del presupuesto de esa oficina. Ese monto no aparece en ningún
informe de ejecución presupuestaria ni en las observaciones de un control centrado en trámites;
solo se hace visible cuando se calcula el costo del servicio. La Tabla 4 resume el contraste entre
ambas lecturas.
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Tabla 4. Lectura del desempeño de las oficinas según el enfoque de control
OFICINA
CONTROL CENTRADO EN EL
CUMPLIMIENTO
CONTROL ORIENTADO A
RESULTADOS
A
Desempeño adecuado: ejecución
alta y pocas observaciones
Desempeño adecuado: costo intermedio
y cumplimiento cercano a la meta
B
Mejor desempeño: ejecución total y
menos observaciones
Peor desempeño: costo más alto, menor
cumplimiento y respuesta más lenta
C
Peor desempeño: subejecución y
más observaciones
Mejor desempeño: costo más bajo, meta
superada y respuesta más rápida
Fuente: elaboración propia a partir de la Tabla 3.
El caso también muestra un efecto perverso habitual. Si la subejecución de la Oficina C se
interpretara como falta de capacidad y se tradujera en un recorte de su asignación para el año
siguiente, mientras la Oficina B conserva la suya por haber ejecutado todo, la institución estaría
premiando la ineficiencia y castigando el ahorro. Las siete observaciones de la Oficina C
podrían, incluso, reflejar una gestión más ágil que no se ajusta en todo a procedimientos
pensados para otro ritmo de trabajo, lo que no significa que deban ignorarse, sino que deben
revisarse a la luz del riesgo real que representan.
DISCUSIÓN
Los resultados confirman el supuesto inicial: el control contable y administrativo es
indispensable, pero su aporte a la eficiencia depende de que no se limite a verificar el
cumplimiento. El marco panameño ofrece una base sólida para controlar la legalidad, y eso no
es poco. Sin embargo, como muestra el caso, un sistema que mide la ejecución del presupuesto
y el número de observaciones, pero no el costo ni el resultado de los servicios, puede llegar a
conclusiones exactamente opuestas a la realidad.
Este hallazgo coincide con lo que reporta la literatura. La asociación entre contabilidad
devengada y eficiencia identificada por Cuadrado-Ballesteros et al. (2022) se explica
precisamente porque esa contabilidad permite conocer el costo completo de los programas,
condición necesaria para calcular indicadores como el costo por trámite. Sin información de
costos, las discusiones sobre el presupuesto tienden a basarse en el gasto del año anterior con
ajustes incrementales, lo que perpetúa las ineficiencias. Al mismo tiempo, la advertencia de
Polzer et al. (2023) y de Salato et al. (2024) sobre la lentitud de estas reformas en economías
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emergentes invita a no esperar resultados inmediatos: la adopción de normas debe acompañarse
de capacitación y de un uso efectivo de la información.
El riesgo del formalismo merece atención particular. Cuando el control se concentra en la firma
correcta, el formulario completo o el sello en su lugar, puede retrasar la gestión sin proteger
mejor los recursos. Las adquisiciones que tardan meses por requisitos documentales, sin que
eso impida los sobreprecios o la mala calidad de lo adquirido, son una manifestación conocida
de este problema. La literatura sobre auditoría de desempeño ofrece una alternativa, aunque
con matices: Rana et al. (2022) advierten que este tipo de auditoría también puede generar
efectos no deseados, como la burocratización de los propios indicadores, si se aplica de forma
mecánica.
A partir de la revisión y del caso, pueden proponerse cinco condiciones para que el control
contribuya a la eficiencia. La primera es el enfoque en riesgos: concentrar los controles más
estrictos en los procesos de mayor exposición, como las contrataciones de alto valor, los pagos,
las planillas y el manejo de bienes, y simplificar los de bajo riesgo. La segunda es la
oportunidad de la información: estados financieros institucionales elaborados con años de
retraso no sirven para gestionar ni para rendir cuentas. La tercera es la medición de resultados,
que exige incorporar indicadores de costo y de cumplimiento de metas en los informes de
control. La cuarta es la transparencia, porque la publicación de la información presupuestaria,
contable y de contrataciones permite que la ciudadanía, los medios y la academia ejerzan un
control social complementario. La quinta es la capacitación del personal que diseña, ejecuta y
evalúa los controles. La Tabla 5 traduce estas condiciones en indicadores concretos.
Tabla 5. Propuesta de indicadores para complementar el control de cumplimiento en las
instituciones públicas
DIMENSIÓN
INDICADOR
PREGUNTA DE CONTROL
QUE RESPONDE
Economía
Costo unitario de los insumos frente
a precios de referencia
¿Se compró al precio adecuado?
Eficiencia
Costo por unidad de servicio
(trámite, paciente, estudiante,
kilómetro)
¿Cuánto cuesta producir cada
servicio?
Eficacia
Porcentaje de cumplimiento de metas
de producción
¿Se entregó lo que se planificó?
Calidad
Tiempo de respuesta y nivel de
satisfacción de la población usuaria
¿El servicio responde a las
necesidades?
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Oportunidad de
la información
Días entre el cierre del período y la
emisión de los estados financieros
¿La información llega a tiempo
para decidir?
Transparencia
Porcentaje de contratos y ejecuciones
publicados en portales abiertos
¿Puede la ciudadanía verificar el
uso de los recursos?
Fuente: elaboración propia.
Estas conclusiones deben leerse con prudencia. El caso es hipotético y simplificado; en la
realidad, las diferencias de costo entre oficinas pueden obedecer a factores como la dispersión
geográfica de la población atendida o la complejidad de los trámites, que un análisis serio
debería considerar. El Índice de Percepción de la Corrupción, por su parte, mide percepciones
y no permite establecer relaciones causales con el funcionamiento del control. Futuras
investigaciones podrían calcular costos por servicio en instituciones panameñas concretas,
evaluar la oportunidad de sus estados financieros y analizar en qué medida los informes de la
Contraloría incorporan indicadores de desempeño.
CONCLUSIONES
El control contable y administrativo es una condición indispensable para la gestión eficiente de
los recursos públicos. En un sector donde el mercado no envía señales de desempeño y los
recursos pertenecen a la colectividad, el control cumple una doble tarea: garantizar que el gasto
sea legal e informar sobre la eficiencia y la eficacia con que se usa.
Panamá dispone de un marco normativo amplio, con la Contraloría General de la República,
las normas de control interno gubernamental y las leyes de transparencia, contratación pública
y responsabilidad fiscal como pilares. Ese marco protege bien la legalidad, pero no obliga de
forma explícita a medir el costo de los servicios ni a vincular el presupuesto con resultados. El
caso analizado demuestra por qué esa omisión importa: con los indicadores de cumplimiento,
la oficina menos eficiente parecía la mejor y la más eficiente parecía la peor.
El desafío consiste en construir un control que proteja los recursos sin paralizar la gestión, que
produzca información confiable y oportuna, y que permita a la ciudadanía saber no solo cuánto
se gastó, sino qué se logró con lo gastado. Para la formación universitaria en contabilidad, esto
implica preparar profesionales que dominen la normativa del control público y, al mismo
tiempo, las herramientas de costos e indicadores que permiten evaluar la eficiencia del Estado.
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REFERENCIAS
Asamblea Legislativa. (1984). Ley 32 de 8 de noviembre de 1984, por la cual se adopta la Ley
Orgánica de la Contraloría General de la República. Gaceta Oficial.
Asamblea Legislativa. (2002). Ley 6 de 22 de enero de 2002, que dicta normas para la
transparencia en la gestión pública, establece la acción de hábeas data y dicta otras
disposiciones. Gaceta Oficial.
Asamblea Nacional. (2008). Ley 34 de 5 de junio de 2008, de Responsabilidad Social Fiscal.
Gaceta Oficial.
Asamblea Nacional. (2020). Texto único de la Ley 22 de 27 de junio de 2006, que regula la
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Cómo citar este artículo (APA 7ª edición):
Bonilla Alcedo, S. E. (2026). Control Contable y Administrativo en la Gestión Eficiente de
los Recursos Públicos: Análisis Normativo y Caso Simulado en Panamá. Prisma ODS:
Revista Multidisciplinaria Sobre Desarrollo Sostenible, 5(5), 633-
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650. https://doi.org/10.65011/prismaods.v5.i5.374