Prisma ODS Revista Científica Multidisciplinar
Volumen 5, Número 5 - Año 2026
Página | 395
INTRODUCCIÓN
La expansión de los presupuestos participativos en América Latina y en México ha sido
ampliamente documentada (García Bátiz & Téllez Arana, 2018; Goldfrank, 2006; Sintomer et
al., 2012). Sin embargo, buena parte de esa literatura se concentra en el diseño institucional, la
movilización y los resultados de la votación, y presta menos atención a lo que ocurre con el
contenido de las propuestas después de presentadas: cómo se transforman al atravesar
evaluaciones técnicas, jurídicas y presupuestarias, cómo se vinculan con recursos y contratos,
y qué puede comprobarse sobre su ejecución (Ma et al., 2025; Wampler et al., 2021). La
existencia de un mecanismo participativo no demuestra, por sí sola, que las demandas
ciudadanas incidan en el contenido de los proyectos, reciban recursos o se ejecuten.
Este vacío adquiere relevancia adicional desde la perspectiva de las Relaciones Internacionales.
La Agenda 2030 establece que su consecución depende de la acción local (Naciones Unidas,
2015), y los organismos multilaterales insisten en que la localización de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) requiere mecanismos que traduzcan compromisos globales en
prioridades territoriales, instrumentos administrativos y recursos públicos (CEPAL, 2022;
PNUD, 2023). El presupuesto participativo es uno de los mecanismos más directamente
asociables a esa apuesta: las metas 11.3 (planificación y gestión participativas de los
asentamientos humanos), 11.7 (acceso universal a espacios públicos seguros, inclusivos y
accesibles), 16.6 (instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas) y 16.7 (adopción
de decisiones inclusivas, participativas y representativas) remiten a procesos como el estudiado
aquí. No obstante, la correspondencia temática entre una propuesta y una meta internacional
no demuestra que la agenda global haya orientado la decisión municipal; este artículo distingue
sistemáticamente entre correspondencia sustantiva y adopción documentada.
El caso de estudio es el Presupuesto Participativo 2024 del municipio de Monterrey, Nuevo
León, tercer ejercicio anual de un programa institucionalizado por el Reglamento de
Presupuesto Participativo de Monterrey, aprobado por el Ayuntamiento el 7 de marzo de 2022,
que asigna a decisión ciudadana el destino del 5 % de lo recaudado por impuesto predial en el
periodo anterior, distribuido en 30 sectores (Gobierno de Monterrey, 2022, 2024a). El proceso
recibió propuestas en noviembre de 2023, las evaluó en diciembre, las sometió a votación en
enero de 2024 y publicó resultados el 14 de febrero; la ejecución de los 30 proyectos ganadores
se extendió durante la transición entre la administración 2021–2024 y la administración 2024–
2027.