PORTADA
(Elaborada por la revista)
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Volumen 5, Número 5 - Año 2026
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Marco Normativo y Sostenibilidad Territorial de los JEB:
Aportes desde la Política Científica Nacional
Territorial Sustainability and the Regulatory Framework of Ethnobiological
Gardens: Contributions from National Science Policy
Juan Francisco Vivas Rodríguez
Juan.vivas@upch.mx
https://orcid.org/0009000239467655
Universidad Popular de la Chontalpa (UPCH)
Cárdenas, Tabasco – México
Olga Yaneth Chang Espinosa
doc-147@itsperote.edu.mx
https://orcid.org/0009-0007-0235-9913
TecNM/Instituto Tecnológico Superior de Perote
Perote, Veracruz – México
Itzel Sosa Argáez
liliaitzel_sosa@ucol.mx
https://orcid.org/0000-0002-6727-4706
Universidad de Colima
Colima - México
Amada Torres González
amada.tg@regionsierra.tecnm.mx
https://orcid.org/0000000346749175
TecNM/ITS Región Sierra
Teapa, Tabasco – México
Fabiola Lizama Pérez
flizama.tc@uttab.edu.mx
https://orcid.org/0000-0001-8193-7759
Universidad Tecnológica de Tabasco
Villahermosa, Tabasco – México
Artículo recibido: 27/08/2026
Aceptado para publicación: 30/09/2026
Conflictos de Intereses: Ninguno que declarar
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RESUMEN
La política científica nacional mexicana ha impulsado estrategias orientadas a vincular
la generación de conocimiento con la conservación de la biodiversidad, los saberes
tradicionales y la apropiación social de la ciencia. En este contexto, los jardines
etnobiológicos constituyen espacios estratégicos para la protección del patrimonio
biocultural; sin embargo, su sostenibilidad requiere mecanismos jurídicos e institucionales
que favorezcan su implementación territorial. El presente artículo se derivó de los resultados
de un proyecto de investigación financiado por el Consejo de Ciencia y Tecnología de
Tabasco denominado “Red de Jardines Etnobiológicos en Tabasco: alternativa de gestión
turística sostenible y conservación de la biodiversidad en territorrios tabasqueños del Tren
Maya”. El objetivo de esta investigación fue fundamentar y proponer una ruta metodológica
para la construcción participativa de un marco jurídico que impulse la creación de la Red
Estatal de Jardines Etnobiológicos de Tabasco. Se desarrolló una investigación cualitativa,
exploratoria, descriptiva y propositiva mediante análisis documental y normativo, diagnóstico
territorial, visitas a espacios con estrategias de conservación, participación de especialistas y
entrevistas a autoridades municipales. La información fue integrada mediante análisis
temático, FODA y triangulación de evidencias. Los resultados identificaron un importante
potencial biocultural y territorial, así como una percepción institucional favorable hacia la
conformación de la Red; simultáneamente, evidenciaron desafíos relacionados con
financiamiento, capacitación, coordinación interinstitucional y continuidad administrativa.
Como principal aportación, se propone una ruta de ocho etapas que comprende la
conformación de un grupo promotor académico, diagnóstico y justificación, definición del
objeto jurídico, revisión normativa, elaboración de la iniciativa, construcción de respaldo
académico y social, identificación de la vía formal de presentación y acompañamiento
legislativo. Se concluye que la Red puede constituirse como un instrumento estatal de política
pública y gobernanza biocultural que articule ciencia, biodiversidad, conocimientos
tradicionales, comunidades, educación ambiental y turismo sostenible.
Palabras clave: jardines etnobiológicos, patrimonio biocultural, política científica,
marco jurídico, gobernanza biocultural
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ABSTRACT
Mexico's national science policy has promoted strategies aimed at linking knowledge
generation with biodiversity conservation, traditional knowledge, and the social appropriation
of science. Within this context, ethnobiological gardens constitute strategic spaces for
protecting biocultural heritage; however, their sustainability requires legal and institutional
mechanisms that facilitate territorial implementation. This study aimed to substantiate and
propose a methodological pathway for the participatory construction of a legal framework to
promote the establishment of the State Network of Ethnobiological Gardens of Tabasco. A
qualitative, exploratory, descriptive, and propositional research design was applied through
documentary and regulatory analysis, territorial diagnosis, visits to areas under conservation
strategies, participation of specialists, and interviews with municipal authorities. The
information was integrated through thematic analysis, SWOT analysis, and evidence
triangulation. The results revealed significant biocultural and territorial potential, as well as a
favorable institutional perception regarding the establishment of the Network; at the same
time, challenges related to financing, capacity building, interinstitutional coordination, and
administrative continuity were identified. As its main contribution, the study proposes an
eight-stage pathway encompassing the establishment of an academic promoting group,
diagnosis and justification, definition of the legal purpose, regulatory review, drafting of the
legislative proposal, development of academic and social support, identification of the formal
submission mechanism, and legislative follow-up. It is concluded that the State Network of
Ethnobiological Gardens of Tabasco could become a state public policy and biocultural
governance instrument capable of integrating science, biodiversity, traditional knowledge,
communities, environmental education, and sustainable tourism.
Keywords: ethnobiological gardens, biocultural heritage, science policy, legal
framework, biocultural governance
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INTRODUCCIÓN
Durante los últimos años, la política científica nacional en México ha experimentado una
transformación orientada a fortalecer la relación entre la generación de conocimiento, la
atención de problemas nacionales prioritarios y la apropiación social de la ciencia. Dentro de
esta perspectiva, la conservación del patrimonio biocultural ha adquirido una relevancia
particular, debido a que articula biodiversidad, conocimientos tradicionales, participación
comunitaria, investigación científica y desarrollo territorial sostenible. Este enfoque reconoce
que los desafíos ambientales contemporáneos no pueden abordarse exclusivamente mediante
aproximaciones disciplinares o sectoriales, sino que requieren mecanismos de coordinación
entre instituciones científicas, gobiernos, comunidades y actores territoriales.
La relación entre diversidad biológica y diversidad cultural ha sido ampliamente
documentada. Maffi (2005) señala que la diversidad lingüística, cultural y biológica mantiene
profundas interrelaciones, mientras que Berkes (2018) destaca que los sistemas
socioecológicos dependen de la interacción dinámica entre ecosistemas, instituciones y
conocimientos locales. Desde la perspectiva de la gobernanza, Ostrom (1990) demostró que
la conservación de los bienes comunes requiere reglas compartidas, participación social y
mecanismos de corresponsabilidad entre los actores vinculados con el territorio. A su vez,
Santos (2010) propone la ecología de saberes como una vía para reconocer la coexistencia y
complementariedad entre el conocimiento científico y otras formas de conocimiento
construidas históricamente por las sociedades.
En este escenario surge la Red Nacional de Jardines Etnobiológicos (RENAJEB), como una
de las expresiones más relevantes de la política científica mexicana orientada a vincular
investigación, biodiversidad, patrimonio cultural y apropiación social del conocimiento. Los
jardines etnobiológicos trascienden la concepción tradicional de los jardines botánicos,
debido a que incorporan no solamente especies vegetales, sino también conocimientos
tradicionales, memoria colectiva, prácticas productivas, patrimonio cultural y relaciones
históricas entre las comunidades y su entorno.
La conformación de la RENAJEB representa, por tanto, un cambio conceptual dentro de las
políticas de conservación. Los lineamientos que orientan su funcionamiento incorporan
principios relacionados con la salvaguarda de la riqueza biocultural, el diálogo de saberes, la
investigación científica, la educación ambiental, la participación comunitaria y el acceso al
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conocimiento. En este sentido, los jardines etnobiológicos pueden comprenderse como
instrumentos mediante los cuales la política científica nacional se territorializa y establece
vínculos entre ciencia, comunidades y patrimonio biocultural.
Esta orientación resulta especialmente significativa porque la evolución histórica de los
jardines botánicos muestra una ampliación progresiva de sus funciones. Huang (2018)
documenta su transformación desde espacios destinados al estudio de plantas medicinales
hacia instituciones científicas dedicadas a la investigación, la conservación, la educación
ambiental y la sostenibilidad. Liao et al. (2023) destacan su consolidación como redes
internacionales para la conservación ex situ de la biodiversidad. Sin embargo, Neves (2024)
advierte que los jardines contemporáneos requieren avanzar hacia modelos más inclusivos,
capaces de reconocer los conocimientos indígenas y locales, promover la justicia ambiental y
desarrollar nuevas formas de participación social y gobernanza.
La experiencia mexicana de los jardines etnobiológicos constituye una oportunidad para
ampliar esta evolución conceptual. Lizama-Pérez (2024a, 2024b) ha señalado que estos
espacios poseen potencial para contribuir simultáneamente a la conservación de la
biodiversidad, la educación ambiental, la investigación científica y el cumplimiento de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible; sin embargo, su consolidación enfrenta desafíos
relacionados con la gobernanza, la continuidad institucional y la articulación territorial.
Las investigaciones realizadas posteriormente en el sureste mexicano han permitido avanzar
hacia una visión territorial de los jardines etnobiológicos. En el estudio sobre la ruta
agroturística del cacao al chocolate, Lizama Pérez et al. (2024) plantean que estos espacios
pueden articular biodiversidad, paisaje, actividades productivas, cultura y turismo sostenible,
ampliando su capacidad para contribuir al desarrollo territorial. De esta manera, el jardín deja
de concebirse como una infraestructura aislada para convertirse en un nodo de vinculación
entre comunidades, instituciones académicas, gobiernos y recursos bioculturales.
Esta perspectiva se profundiza en Jardines etnobiológicos en México. Valoración Paisajística
y Patrimonio Biocultural (Lizama Pérez et al., 2025), donde se reconoce que el valor de estos
espacios trasciende el inventario de especies e incorpora paisaje, identidad territorial,
conocimientos tradicionales, memoria colectiva y patrimonio biocultural. Desde este enfoque,
los jardines etnobiológicos pueden constituirse como territorios de aprendizaje, conservación,
investigación y apropiación social del conocimiento.
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No obstante, trasladar esta visión conceptual a la práctica requiere fortalecer su dimensión
jurídica e institucional. La conservación del patrimonio biocultural no puede depender
únicamente de iniciativas académicas, convocatorias o financiamientos temporales, debido a
que la continuidad de los proyectos requiere reglas, mecanismos de coordinación, fuentes de
financiamiento y responsabilidades institucionales claramente definidas. En este sentido,
Marco Normativo y Gobernanza de los Jardines Etnobiológicos: Hacia una Protección
Jurídica del Patrimonio Biocultural en el Sureste Mexicano (Vivas Rodríguez et al., 2026)
aporta antecedentes para analizar la necesidad de avanzar hacia esquemas normativos que
permitan garantizar permanencia y gobernanza a estas iniciativas.
El debate resulta además particularmente oportuno ante las transformaciones recientes de la
política ambiental mexicana. En agosto de 2026 se presentó una propuesta para expedir una
nueva Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, orientada a
fortalecer la prevención, la restauración ecológica, la justicia ambiental, la participación
social y la Evaluación Ambiental Estratégica. La propuesta también plantea articular el
conocimiento científico y tecnológico con los saberes ancestrales y fortalecer la participación
de comunidades, pueblos indígenas y afrodescendientes en la gestión ambiental.
Se observa así una convergencia entre política científica y política ambiental. Mientras la
primera favorece el diálogo de saberes, la apropiación social del conocimiento y la protección
de la riqueza biocultural a través de instrumentos como la RENAJEB, la política ambiental
reciente incorpora con mayor fuerza conceptos relacionados con restauración, participación
ciudadana, justicia ambiental y patrimonio biocultural. La propia actualización del debate
sobre la LGEEPA permite interpretar a los jardines etnobiológicos como mecanismos
territoriales capaces de articular conocimiento científico, saberes locales, educación
ambiental y participación comunitaria.
En este contexto, Tabasco representa un territorio particularmente pertinente para explorar la
creación de una Red Estatal de Jardines Etnobiológicos. El estado posee una elevada
diversidad natural y cultural, acompañada por conocimientos tradicionales, prácticas
agrícolas, gastronomía, artesanías, patrimonio arqueológico y múltiples formas de relación
comunitaria con la biodiversidad. Los trabajos previos desarrollados en el territorio han
permitido identificar condiciones ambientales e institucionales favorables para construir una
estrategia estatal que articule estos elementos.
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El diagnóstico territorial desarrollado como antecedente del presente estudio identificó,
además, una importante infraestructura para la conservación mediante Áreas Naturales
Protegidas y otros espacios sujetos a estrategias de protección. La propuesta de una Red
Estatal de Jardines Etnobiológicos no pretende sustituir estas categorías jurídicas, sino
complementarlas mediante una figura capaz de fortalecer las dimensiones bioculturales,
educativas, comunitarias y de apropiación social del patrimonio.
La percepción de los actores municipales refuerza esta viabilidad. Las autoridades
participantes fueron seleccionadas entre áreas relacionadas con turismo, fomento económico,
medio ambiente, cultura y desarrollo sustentable, con el propósito de conocer la factibilidad
del proyecto en diferentes contextos municipales. El instrumento aplicado abordó beneficios
ambientales, culturales, educativos y turísticos, sostenibilidad, participación municipal,
colaboración institucional, involucramiento comunitario, capacitación y financiamiento.
Los resultados preliminares muestran un escenario favorable, pero también identifican
desafíos concretos. Entre las principales limitaciones aparecen la falta de financiamiento
estable, la necesidad de capacitación técnica y una articulación institucional todavía
insuficiente (Vivas & Lizama, 2024). En contraste, destacan como oportunidades la
biodiversidad y riqueza cultural del estado, el interés por el turismo comunitario sostenible, la
disponibilidad de programas gubernamentales y la existencia de aliados académicos y
comunitarios. Además, las autoridades municipales consultadas manifestaron una percepción
predominantemente favorable hacia la creación de la Red, al considerarla una iniciativa
sostenible, factible y potencialmente beneficiosa para el desarrollo cultural, turístico y
ambiental.
Estos hallazgos permiten identificar que el principal desafío ya no consiste solamente en
demostrar que Tabasco posee patrimonio biocultural suficiente para impulsar jardines
etnobiológicos, sino en determinar cómo transformar ese potencial territorial y el respaldo
institucional existente en una política pública con continuidad jurídica, administrativa y
financiera. El propio documento de base de la investigación establece que el propósito es
avanzar hacia un instrumento estatal que articule biodiversidad, conocimientos tradicionales,
investigación, educación ambiental, comunidades y turismo sostenible y comunitario.
Por ello, el presente estudio tiene como objetivo fundamentar y proponer una ruta
metodológica para la construcción participativa de un marco jurídico que permita impulsar la
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creación de la Red Estatal de Jardines Etnobiológicos de Tabasco. La propuesta se concibe
como un mecanismo para trasladar al ámbito territorial los principios de la política científica
nacional y articularlos con la política ambiental, la gobernanza multinivel y la participación
comunitaria. En consecuencia, la pregunta central deja de ser únicamente por qué deben
existir jardines etnobiológicos en Tabasco y se orienta hacia qué ruta jurídica, científica,
institucional y social debe construirse para convertir una Red Estatal de Jardines
Etnobiológicos en una política pública viable y sostenible a largo plazo.
METODOLOGÍA
La investigación se desarrolló bajo un enfoque cualitativo, con alcance exploratorio,
descriptivo y propositivo, orientado a analizar las condiciones jurídicas, territoriales e
institucionales para la creación de una Red Estatal de Jardines Etnobiológicos de Tabasco. El
diseño respondió a una investigación aplicada, debido a que, además de caracterizar el
problema, buscó generar una ruta metodológica que contribuya a la construcción de un
instrumento estatal de política pública para la conservación del patrimonio biocultural. De
acuerdo con Hernández Sampieri y Mendoza (2023), el enfoque cualitativo permite
interpretar fenómenos complejos a partir de las experiencias, percepciones y contextos de los
actores involucrados.El procedimiento se organizó en cuatro etapas complementarias.
La primera correspondió al análisis documental y normativo. Se revisaron disposiciones
relacionadas con política científica, conservación ambiental, patrimonio biocultural,
participación social y gobernanza, considerando particularmente el marco que sustenta a la
Red Nacional de Jardines Etnobiológicos (RENAJEB), la legislación en materia de
humanidades, ciencias, tecnologías e innovación, la Ley General del Equilibrio Ecológico y
la Protección al Ambiente y otros instrumentos vinculados con las Áreas Naturales
Protegidas. Asimismo, como elemento de actualización del contexto jurídico, se incorporó al
análisis la propuesta presentada en agosto de 2026 para expedir una nueva LGEEPA,
especialmente sus planteamientos sobre prevención, restauración ecológica, justicia
ambiental, participación social y Evaluación Ambiental Estratégica. Se consideraron también
sus aportaciones respecto a la articulación entre conocimiento científico, saberes ancestrales y
protección del patrimonio biocultural (Rivera Martínez, 2026; Velázquez, 2026).
La segunda etapa consistió en un diagnóstico territorial, sustentado en recorridos y visitas
técnicas a espacios representativos de conservación ambiental de Tabasco. Mediante
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observación directa, registros fotográficos y notas de campo se identificaron recursos
naturales, culturales y conocimientos asociados susceptibles de contribuir a la conformación
de la Red. Esta etapa permitió analizar las posibilidades de articulación entre los instrumentos
de conservación existentes y una estrategia complementaria enfocada en patrimonio
biocultural.
La tercera etapa correspondió a la participación de actores estratégicos. Se desarrollaron dos
grupos focales con especialistas vinculados con turismo, derecho, conservación, investigación
y desarrollo territorial. Participaron cuatro licenciados en derecho, una economista, cuatro
profesionales de turismo, cinco empresarios, cuatro administradores. De manera
complementaria, se aplicó un cuestionario estructurado con preguntas abiertas a autoridades
municipales pertenecientes a áreas de turismo, fomento económico, medio ambiente, cultura
y desarrollo sustentable. El instrumento comprendió diez ejes relacionados con percepción
del proyecto, beneficios potenciales, sostenibilidad, participación municipal, colaboración
institucional, involucramiento comunitario, capacitación, financiamiento, vinculación con
programas existentes e interés por integrarse a la Red. Las respuestas fueron sistematizadas
en una base de datos y organizadas por pregunta para identificar tendencias, coincidencias y
diferencias entre los municipios participantes.
Finalmente, la cuarta etapa consistió en la integración y triangulación de la evidencia
documental, territorial y participativa. Los hallazgos fueron organizados mediante categorías
temáticas y un análisis FODA, identificando fortalezas, oportunidades, debilidades y
amenazas para la conformación de la Red. Este proceso permitió sustentar una ruta
metodológica de ocho momentos: integración del grupo promotor académico, elaboración del
diagnóstico y justificación, definición del objeto jurídico, revisión del marco normativo
vigente, redacción del proyecto de iniciativa, construcción del respaldo académico y social,
identificación de la vía formal de presentación y acompañamiento del proceso legislativo.
De esta manera, la metodología articula evidencia científica, análisis jurídico, diagnóstico
territorial y participación de actores, con la finalidad de que la propuesta de marco jurídico
estatal no constituya únicamente un planteamiento normativo, sino una alternativa de política
pública sustentada en las condiciones bioculturales e institucionales de Tabasco.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los resultados obtenidos mediante la triangulación del análisis documental y normativo, el
diagnóstico territorial, el análisis FODA, los grupos de especialistas y las entrevistas
realizadas a autoridades municipales permitieron identificar condiciones favorables para
impulsar una Red Estatal de Jardines Etnobiológicos de Tabasco, pero también evidenciaron
la necesidad de construir un marco jurídico e institucional que garantice su articulación,
financiamiento y continuidad. Los hallazgos se organizaron en cuatro dimensiones: potencial
biocultural y territorial; percepción y disposición institucional; fortalezas y desafíos para la
sostenibilidad; y condiciones jurídico-institucionales para la construcción de la Red.
El diagnóstico territorial confirmó que Tabasco posee condiciones naturales, culturales e
institucionales relevantes para desarrollar una red de jardines etnobiológicos. Los recorridos
efectuados en espacios sujetos a estrategias de conservación permitieron identificar
ecosistemas, conocimientos tradicionales, prácticas productivas, manifestaciones culturales y
recursos naturales susceptibles de integrarse en una estrategia estatal de conservación
biocultural. Estos resultados indican que la propuesta no requiere crear un sistema territorial
completamente nuevo, sino articular capacidades y espacios existentes mediante una figura
complementaria que incorpore explícitamente las relaciones entre biodiversidad, cultura,
conocimiento y comunidad.
El trabajo de campo también permitió observar que el patrimonio biocultural trasciende la
presencia de especies vegetales. En los territorios estudiados se identificaron conocimientos
relacionados con plantas medicinales, prácticas agrícolas, producción artesanal, gastronomía,
historia local y formas tradicionales de aprovechamiento de los recursos naturales. Esta
diversidad sustenta la pertinencia de una concepción de jardín etnobiológico que supere el
enfoque exclusivamente botánico y reconozca las relaciones sociales y culturales construidas
alrededor de la biodiversidad.
Los resultados son congruentes con el propósito inicial del proyecto financiado por el
Consejo de Ciencia y Tecnología de Tabasco, que planteó explorar la posibilidad de articular
jardines etnobiológicos en una entidad caracterizada por un amplio patrimonio natural y
cultural. El diagnóstico derivó posteriormente en la identificación de la necesidad de contar
con un marco jurídico estatal que permita gestionar estos espacios bajo una perspectiva de
patrimonio biocultural. Las entrevistas mostraron una valoración favorable de la propuesta
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entre las autoridades municipales consultadas. Los participantes pertenecieron a áreas
relacionadas con turismo, fomento económico, medio ambiente, cultura y desarrollo
sustentable, lo que permitió recuperar diferentes perspectivas sobre la viabilidad territorial del
proyecto.
En términos generales, las respuestas caracterizaron la creación de jardines etnobiológicos
como una iniciativa sostenible, factible y beneficiosa. Los entrevistados asociaron el proyecto
con la conservación de la biodiversidad, preservación de conocimientos tradicionales,
educación ambiental, generación de conocimiento, fortalecimiento del turismo y desarrollo
económico local. En Nacajuca, por ejemplo, se destacó la importancia de conservar
conocimientos vinculados con curanderos tradicionales y parteras; mientras que en otros
municipios se enfatizaron la conservación, la generación de conocimiento y el potencial
turístico.
Un resultado particularmente relevante fue la aceptación de los municipios consultados para
participar en la futura Red. Las respuestas registradas fueron afirmativas y relacionaron la
incorporación a esta iniciativa con el fortalecimiento de rutas turísticas, la colaboración
intermunicipal y el intercambio de conocimientos y recursos. Este hallazgo constituye un
elemento importante de viabilidad institucional, aunque debe interpretarse como disposición
expresada por los participantes consultados y no como un compromiso jurídico formal de los
gobiernos municipales.
Los resultados muestran que la sostenibilidad de la Red depende de un esquema de
gobernanza compartida. Los participantes señalaron que los municipios podrían contribuir
mediante espacios físicos, recursos humanos, mantenimiento, apoyo logístico y vinculación
con comunidades indígenas y rurales. Esta capacidad de articulación territorial permitiría
evitar la creación de jardines como iniciativas aisladas y favorecer una estructura de
cooperación intermunicipal.
La participación comunitaria apareció como un eje transversal. Los entrevistados propusieron
incorporar a las comunidades desde las etapas de planeación y toma de decisiones, recuperar
sus conocimientos tradicionales, organizar reuniones y talleres, desarrollar procesos de
capacitación y establecer mecanismos comunitarios de coordinación. Los resultados señalan
que la apropiación social de los jardines es considerada una condición para su permanencia y
para evitar que sean percibidos como proyectos externos a los territorios.
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Asimismo, se identificó la necesidad de desarrollar capacidades técnicas. Las áreas señaladas
incluyen jardinería, biología, etnografía, historia y cultura regional, conservación ambiental y
conocimientos relacionados con la formalización y funcionamiento de un jardín
etnobiológico. Esta necesidad abre un espacio relevante para la participación de
universidades y centros de investigación como aliados científicos de los municipios y las
comunidades.
En materia financiera, los entrevistados plantearon una combinación de fuentes: recursos
estatales y municipales, fondos federales, colaboración con universidades, participación de
organizaciones sociales, donaciones, patrocinios y generación de ingresos asociados con
actividades desarrolladas por los propios jardines. Los resultados evidencian, por tanto, que la
sostenibilidad financiera constituye una condición crítica y que la Red no debería depender de
una sola fuente de financiamiento.
El análisis FODA permitió sintetizar los principales factores internos y externos relacionados
con la propuesta. Entre las fortalezas se identificaron el compromiso con la sostenibilidad
ambiental y cultural, la participación comunitaria y el valor educativo y cultural de los
jardines. Como oportunidades destacan el potencial del ecoturismo y del desarrollo
sostenible, el apoyo a las comunidades, la posibilidad de establecer alianzas
interinstitucionales y el fortalecimiento de la educación ambiental. Los resultados del FODA
sintetizan estas cuatro dimensiones y coloca la gestión de la Red como elemento articulador.
En contraste, entre las debilidades se reconocieron la falta de infraestructura propia, la
dependencia de recursos externos y la necesidad de capacitación continua. Las amenazas
comprenden la limitación de recursos, posibles cambios en las políticas o prioridades
institucionales y riesgos ambientales. En conjunto, estos elementos muestran una situación
aparentemente paradójica: existe un patrimonio biocultural significativo y una disposición
favorable de los actores, pero su aprovechamiento para fines de conservación requiere
mecanismos institucionales capaces de proporcionar continuidad a largo plazo.
Precisamente en este punto adquiere importancia el resultado del análisis normativo. La
revisión permitió identificar que la política científica nacional y los principios de la
RENAJEB proporcionan fundamentos para la conservación del patrimonio biocultural; sin
embargo, el estudio plantea la necesidad de traducir esos principios al ámbito territorial
mediante instrumentos de coordinación estatal y municipal.
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Esta necesidad encuentra una ventana de oportunidad jurídico-institucional en la evolución
reciente de la política ambiental mexicana. La propuesta presentada en agosto de 2026 para
una nueva LGEEPA incorpora mayor énfasis en prevención, restauración ecológica, justicia
ambiental, participación social y Evaluación Ambiental Estratégica. Particularmente
relevante para esta investigación resulta su orientación hacia la articulación del conocimiento
científico y tecnológico con los saberes ancestrales, la participación comunitaria y la
preservación del patrimonio biocultural. Estos elementos muestran convergencias con los
principios que sustentan la propuesta de una Red Estatal de Jardines Etnobiológicos, aunque
debe precisarse que se trata de una propuesta legislativa y no de una norma vigente (Rivera
Martínez, 2026; Velázquez, 2026). La integración de los resultados territoriales,
institucionales, sociales y normativos permitió establecer como principal resultado
propositivo una ruta metodológica para impulsar el marco jurídico de la Red Estatal de
Jardines Etnobiológicos de Tabasco. La ruta comprende ocho etapas: 1) integrar un grupo
promotor académico; 2) elaborar el diagnóstico y justificación; 3) definir el objeto jurídico;
4) revisar el marco jurídico vigente; 5) redactar el proyecto de iniciativa; 6) construir respaldo
académico y social; 7) identificar la vía formal de presentación; y 8) acompañar el proceso
legislativo. La evidencia obtenida permite proponer que el objeto jurídico no se limite a la
creación física de jardines, sino a la conformación de un instrumento estatal de política
pública para la conservación del patrimonio biocultural de Tabasco, capaz de articular
biodiversidad, conocimientos tradicionales, investigación científica, educación ambiental,
comunidades y turismo sostenible y comunitario.
En conjunto, los resultados muestran que la viabilidad de la Red descansa en la convergencia
de cuatro condiciones: riqueza biocultural territorial, aceptación de los actores municipales,
posibilidades de gobernanza comunitaria y una coyuntura normativa favorable para fortalecer
la protección del patrimonio biocultural. Al mismo tiempo, el FODA y las entrevistas
evidencian que la continuidad financiera, la capacitación, la coordinación interinstitucional y
la formalización jurídica constituyen desafíos que deberán resolverse para avanzar desde una
iniciativa académica hacia una política pública estatal sostenible.
Los resultados permiten sostener que la creación de una Red Estatal de Jardines
Etnobiológicos de Tabasco representa una oportunidad para trasladar los principios de la
política científica nacional hacia un modelo territorial de conservación biocultural. Este
planteamiento coincide con Maffi (2005), quien reconoce la estrecha interdependencia entre
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diversidad biológica, cultural y lingüística, y con Berkes (2018), para quien los
conocimientos ecológicos tradicionales constituyen sistemas dinámicos que contribuyen al
manejo sostenible de los recursos. Desde esta perspectiva, la riqueza identificada en Tabasco
no debe entenderse únicamente como biodiversidad disponible para su conservación, sino
como un entramado de naturaleza, conocimientos, prácticas, identidad y territorio. Esta
concepción coincide además con la evolución de los jardines botánicos descrita por Huang
(2018), Liao et al. (2023) y Neves (2024), quienes documentan su transición hacia funciones
más amplias de conservación, educación, sostenibilidad e inclusión de conocimientos locales.
Sin embargo, los hallazgos muestran que la existencia de patrimonio biocultural y la
aceptación institucional no garantizan por sí mismas la sostenibilidad de una red estatal. Las
debilidades identificadas —financiamiento insuficiente, capacitación y limitada articulación
institucional— evidencian la necesidad de avanzar hacia un esquema de gobernanza
compartida. En este punto, los resultados coinciden particularmente con Ostrom (1990),
quien sostiene que la gestión sostenible de los bienes comunes requiere instituciones, reglas
compartidas, participación y corresponsabilidad. La disposición expresada por municipios,
universidades, comunidades y otros actores respalda la pertinencia de construir una
gobernanza multinivel y no una estructura dependiente exclusivamente de una institución
gubernamental o académica. Esta interpretación también converge con Ansell y Gash (2008),
quienes sitúan la colaboración entre actores públicos y sociales como componente central de
la gobernanza colaborativa.
La participación comunitaria identificada en las entrevistas adquiere especial importancia
desde la ecología de saberes de Santos (2010). Los jardines pueden constituirse en espacios
de encuentro entre conocimiento científico y saberes tradicionales relacionados con plantas,
agricultura, medicina, gastronomía y memoria territorial. Esta perspectiva se relaciona
igualmente con Putnam (2000), al reconocer el capital social y las relaciones de cooperación
como recursos para la acción colectiva, y con Boisier (2005) y Vázquez Barquero (2007),
cuyos planteamientos sobre desarrollo territorial y endógeno enfatizan la movilización de
capacidades y recursos propios de los territorios. El marco jurídico propuesto tendría, por
tanto, que facilitar esta articulación y no sustituir la capacidad de decisión de las
comunidades. El turismo comunitario aparece como una alternativa complementaria para la
sostenibilidad. Scheyvens (1999), Murphy (1985) y Goodwin y Santilli (2009) coinciden en
que el turismo gestionado con participación comunitaria puede fortalecer identidad,
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conservación y distribución local de beneficios. En el propio borrador se plantea que estas
experiencias pueden transformar el turismo en un mecanismo de educación ambiental y
valorización del patrimonio biocultural, articulándose con la innovación abierta de
Chesbrough (2003) y el desarrollo territorial. No obstante, su incorporación deberá
subordinarse a los objetivos de conservación y bienestar comunitario para evitar que el valor
biocultural quede reducido a su aprovechamiento turístico.
Finalmente, Patton (2012) resulta relevante porque una política pública adquiere mayor
utilidad cuando genera evidencia aplicable a la toma de decisiones. En este sentido, la
principal aportación del estudio no consiste únicamente en demostrar la pertinencia de los
jardines, sino en proponer una ruta para su institucionalización. La literatura revisada advierte
precisamente que la existencia de disposiciones normativas no garantiza por sí misma la
sostenibilidad: la institucionalización debe acompañarse de apropiación social, capacidad
organizativa y mecanismos efectivos de implementación. En consecuencia, los hallazgos
sugieren que el desafío para Tabasco consiste en pasar de una iniciativa científica de
conservación a una política pública territorial de gobernanza biocultural. La ruta jurídica
propuesta puede constituir el mecanismo articulador entre política científica, legislación
ambiental, gobiernos locales, academia y comunidades, proporcionando continuidad
institucional a una Red Estatal cuya finalidad trascienda la conservación de especies para
proteger integralmente el patrimonio biocultural tabasqueño.
CONCLUSIÓN
La investigación permitió establecer que el estado de Tabasco reúne condiciones territoriales,
bioculturales, institucionales y sociales favorables para impulsar una Red Estatal de Jardines
Etnobiológicos como instrumento de política pública orientado a la conservación del
patrimonio biocultural. Los resultados muestran que existe una base natural y cultural
significativa, acompañada de disposición institucional y comunitaria para participar en su
desarrollo, aunque persisten desafíos relacionados con financiamiento, capacitación,
coordinación interinstitucional y continuidad administrativa. El principal aporte del estudio
radica en demostrar que la viabilidad de la Red no depende únicamente de la existencia de
recursos biológicos o de la voluntad de los actores, sino de la construcción de un marco
jurídico y de gobernanza que permita articular ciencia, territorio, comunidades e
instituciones. En este sentido, la propuesta de una ruta metodológica para la construcción
participativa del marco jurídico constituye un mecanismo para trasladar los principios de la
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política científica nacional y de la RENAJEB al ámbito estatal y municipal. Asimismo, la
evolución reciente de la política ambiental mexicana abre una oportunidad para fortalecer
esta propuesta mediante enfoques de prevención, restauración, participación social, justicia
ambiental y protección del patrimonio biocultural. Se concluye que la Red Estatal de Jardines
Etnobiológicos de Tabasco puede convertirse en una plataforma de gobernanza biocultural,
capaz de articular biodiversidad, conocimientos tradicionales, investigación científica,
educación ambiental, participación comunitaria y turismo sostenible. Su consolidación
requerirá respaldo legislativo, coordinación multinivel y mecanismos permanentes de
seguimiento, financiamiento y evaluación que garanticen su sostenibilidad a largo plazo.
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Lizama Pérez, F. (2026). Marco Normativo y Sostenibilidad Territorial de los JEB: Aportes
desde la Política Científica Nacional
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