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PORTADA
(Elaborada por la revista)
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Narcomenudeo y Saturación del Sistema Penal Acusatorio en
México: Impacto en Carpetas de Investigación, Audiencias,
Prisión Preventiva y Carga Laboral
Retail Drug Trafficking and Overburdening of Mexico’s Adversarial Criminal
Justice System: Impact on Case Files, Hearings, Pretrial Detention, and
Workload
Juan Eustorgio Sánchez Conde
segabox1982@hotmail.com
https://orcid.org/0009-0004-4259-0499
Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas
México
Artículo recibido: 02/05/2026
Aceptado para publicación: 04/06/2026
Conflictos de Intereses: Ninguno que declarar
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RESUMEN
El narcomenudeo constituye uno de los delitos con mayor incidencia en diversas
entidades federativas de México y representa un factor constante de presión para las
instituciones de procuración y administración de justicia. Aunque jurídicamente se trata de
conductas relacionadas con posesión, comercio o suministro en pequeñas cantidades de
narcóticos, en la práctica genera un volumen considerable de detenciones, aperturas de
carpetas de investigación, audiencias iniciales y medidas cautelares. El presente artículo
analiza cómo este fenómeno contribuye a la saturación del sistema penal acusatorio
mexicano, afectando la eficiencia institucional, la tutela judicial efectiva y la capacidad
operativa del Ministerio Público, defensores y jueces.
Palabras clave: narcomenudeo, sistema penal acusatorio, prisión preventiva,
audiencias, saturación judicial
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ABSTRACT
Retail drug dealing (narcomenudeo) constitutes one of the most prevalent crimes in
several federal entities of Mexico and represents a constant source of pressure for law
enforcement and justice administration institutions. Although legally it refers to conduct
related to the possession, sale, or supply of narcotics in small quantities, in practice it
generates a considerable number of arrests, the opening of criminal investigation files, initial
hearings, and precautionary measures. This article analyzes how this phenomenon contributes
to the saturation of the Mexican accusatory criminal justice system, affecting institutional
efficiency, effective judicial protection, and the operational capacity of prosecutors, defense
attorneys, and judges.
Keywords: retail drug dealing, accusatory criminal justice system, preventive
detention, hearings, judicial saturation
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INTRODUCCIÓN
El narcomenudeo representa en la actualidad una de las problemáticas delictivas más
persistentes y complejas en México, debido a su capacidad de expandirse en espacios
urbanos, colonias populares, zonas escolares y sectores con alta vulnerabilidad social. A
diferencia del tráfico internacional de drogas, el narcomenudeo opera en la escala local
mediante la venta, distribución o suministro de narcóticos en pequeñas cantidades, lo que
facilita su dispersión territorial y dificulta su erradicación. Su presencia cotidiana genera
impactos directos en la seguridad pública, la convivencia comunitaria y la percepción
ciudadana de riesgo.
Desde una perspectiva criminológica, el narcomenudeo no puede entenderse únicamente
como una conducta penal aislada, sino como un fenómeno vinculado con múltiples factores
estructurales, entre ellos pobreza, exclusión social, deserción escolar, desempleo juvenil,
adicciones, violencia familiar y debilitamiento del tejido comunitario. En muchos casos, las
personas involucradas ocupan niveles bajos dentro de cadenas ilícitas más amplias, siendo
fácilmente reemplazables por nuevas personas captadas en contextos de necesidad económica
o consumo problemático. Esto explica por qué la simple detención de vendedores al menudeo
no ha logrado eliminar el problema de manera sostenida.
La problemática del narcomenudeo se alimenta de realidades sociales complejas que
requieren respuestas integrales. Cuando comunidades enteras carecen de oportunidades
educativas, empleo digno o acceso efectivo a salud mental, aumentan las probabilidades de
que ciertos sectores sean atraídos por economías ilegales de rápida ganancia. Asimismo, el
consumo de drogas genera mercados constantes que fortalecen redes locales de distribución y
violencia asociada.
En el ámbito jurídico, el narcomenudeo ha provocado una carga creciente para fiscalías,
tribunales y corporaciones policiales. Miles de detenciones y carpetas de investigación
relacionadas con posesión, comercio o suministro de narcóticos ingresan cada año al sistema
penal acusatorio, lo que consume tiempo institucional considerable. Aunque muchos asuntos
corresponden a conductas de baja escala, deben cumplir formalidades legales como puesta a
disposición, integración de datos de prueba, audiencias iniciales, medidas cautelares y
seguimiento procesal.
Esta dinámica produce saturación operativa: audiencias diferidas, rezago en investigaciones,
sobrecarga de ministerios públicos, presión sobre defensores públicos y agendas judiciales
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limitadas. Como consecuencia, delitos de mayor gravedad también pueden resentir retrasos
en su atención. El sistema penal acusatorio fue diseñado para ofrecer justicia pronta,
transparente y garantista; sin embargo, cuando enfrenta ingresos masivos derivados de delitos
recurrentes como el narcomenudeo, su capacidad institucional se ve tensionada.
Por otro lado, la respuesta predominantemente punitiva ha mostrado límites evidentes. El
encarcelamiento de personas consumidoras, vendedores de baja escala o participantes
periféricos no necesariamente debilita las estructuras criminales que controlan el mercado. En
cambio, puede incrementar costos penitenciarios, reincidencia y estigmatización social. De
ahí la necesidad de combinar persecución penal estratégica con prevención social, tratamiento
de adicciones, programas comunitarios y alternativas procesales racionales.
En este contexto, el presente artículo tiene como objetivo analizar cómo el narcomenudeo
contribuye a la saturación del sistema penal acusatorio mexicano, especialmente en materia
de carpetas de investigación, audiencias, prisión preventiva y carga laboral institucional.
Asimismo, se reflexiona sobre la necesidad de fortalecer una política criminal integral que no
se limite al castigo, sino que atienda las causas estructurales que permiten la reproducción
constante de este fenómeno delictivo.
DESARROLLO
Conceptos Fundamentales
Narcomenudeo
El narcomenudeo es una modalidad delictiva relacionada con la posesión, comercio,
suministro o distribución de narcóticos en pequeñas cantidades, generalmente destinada al
consumo local.
“La exploración específica del delito de narcomenudeo forma parte de los censos nacionales
de procuración de justicia” (INEGI, 2025). La inclusión del narcomenudeo como categoría
específica dentro de los censos nacionales de procuración de justicia demuestra que no se
trata de una conducta marginal, sino de un fenómeno estadísticamente relevante para el
Estado mexicano.
Cuando una institución como el INEGI decide medir de forma diferenciada este delito,
reconoce implícitamente su peso en la operación cotidiana de fiscalías estatales y federales.
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Esto permite advertir que el narcomenudeo genera una cantidad significativa de denuncias,
detenciones y procesos penales, lo que impacta directamente en la capacidad institucional.
Además, esta visibilización estadística permite analizar patrones territoriales, reincidencia,
tipos de sustancia involucrada y cargas de trabajo derivadas. En muchos casos, personas
detenidas por narcomenudeo no pertenecen a estructuras criminales complejas, sino a
eslabones bajos de comercialización informal. Por ello, el uso intensivo del sistema penal
puede resultar costoso e ineficiente si no se acompaña de políticas preventivas y sanitarias.
La medición oficial abre la puerta a discutir si conviene judicializar todos los casos o
construir salidas alternas y enfoques diferenciados.
Sistema penal acusatorio
El sistema penal acusatorio mexicano es un modelo procesal oral y adversarial basado en
principios como publicidad, contradicción, inmediación, continuidad y presunción de
inocencia.
“El proceso penal será acusatorio y oral, y se regirá por los principios de publicidad,
contradicción, concentración, continuidad e inmediación” (Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, Artículo 20, 2026). La definición jurídica del sistema penal
acusatorio mexicano encuentra su fundamento principal en el artículo 20 constitucional,
donde se establecen las bases rectoras del procedimiento penal contemporáneo.
Este modelo sustituyó gradualmente al sistema mixto tradicional, caracterizado por
expedientes escritos, excesiva formalidad y poca transparencia. Con la reforma constitucional
de 2008, México transitó hacia un esquema procesal centrado en audiencias orales, equilibrio
entre las partes y mayor respeto a los derechos humanos.
El principio de publicidad implica que las audiencias sean abiertas y sujetas al escrutinio
social, salvo excepciones legales. La contradicción garantiza que defensa y fiscalía puedan
debatir pruebas y argumentos en igualdad procesal. La inmediación exige que el juez
presencie directamente el desahogo probatorio y no resuelva únicamente con base en
documentos. La continuidad busca evitar interrupciones innecesarias y agilizar el
procedimiento. Finalmente, la presunción de inocencia protege a toda persona imputada hasta
que exista sentencia firme condenatoria.
En la práctica, este sistema pretende mayor transparencia, decisiones más imparciales y
procesos más rápidos. Sin embargo, también exige infraestructura, capacitación y recursos
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suficientes. Cuando delitos de alta incidencia como el narcomenudeo saturan audiencias y
operadores jurídicos, los principios constitucionales pueden verse debilitados. Por ello, la
eficacia del sistema acusatorio depende tanto del marco legal como de su capacidad operativa
real.
“El proceso de atención de carpetas de investigación en el Sistema Penal Acusatorio
comprende investigación inicial e investigación complementaria” (INEGI, 2025). La cita
evidencia que el sistema penal acusatorio opera mediante etapas claramente diferenciadas, lo
que exige organización técnica y disponibilidad institucional constante. Cada carpeta iniciada
por narcomenudeo no concluye automáticamente con la detención; por el contrario, activas
fases procesales que requieren policías investigadores, peritos, ministerios públicos,
defensores y jueces. Esto significa que incluso asuntos aparentemente simples consumen
tiempo institucional considerable.
Cuando el volumen de casos aumenta de forma sostenida, las etapas del procedimiento dejan
de funcionar con fluidez. Las investigaciones iniciales se retrasan, las complementarias se
prolongan y la calidad probatoria disminuye. El modelo acusatorio fue diseñado para resolver
conflictos con celeridad, pero depende de cargas razonables de trabajo. Si miles de asuntos
menores ocupan la agenda diaria, delitos de mayor gravedad también resultan afectados. Por
ello, el problema no es solo jurídico, sino de administración pública judicial.
Prisión preventiva
La prisión preventiva es una medida cautelar excepcional destinada a asegurar la
comparecencia del imputado, proteger a la víctima o evitar obstaculización del proceso. No
constituye pena anticipada.
“La prisión preventiva automática permite encarcelar sin valoración judicial específica del
riesgo” (El País, 2025). Esta afirmación revela uno de los debates más intensos del derecho
penal contemporáneo mexicano: la tensión entre seguridad pública y presunción de inocencia.
Cuando la prisión preventiva se aplica de forma automática o rutinaria, deja de ser cautelar y
se transforma materialmente en una sanción previa a sentencia. En casos de narcomenudeo,
ello puede traducirse en encarcelamiento de personas consumidoras, vendedores de bajo nivel
o individuos en contextos de marginación sin resolución definitiva.
Además, el uso amplio de la prisión preventiva incrementa la población penitenciaria, genera
costos carcelarios y no necesariamente reduce mercados ilícitos. En términos sistémicos,
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también presiona a defensores públicos, jueces de control y centros penitenciarios. La medida
debe reservarse a casos verdaderamente necesarios y sustentados con argumentos
individualizados. De lo contrario, el sistema castiga antes de juzgar y reproduce ciclos de
exclusión social.
Audiencias
Las audiencias son actos procesales orales y formales dentro del sistema penal acusatorio
mexicano, en los cuales el juez escucha directamente a las partes involucradas y resuelve
cuestiones jurídicas conforme a la ley. En materia penal, participan normalmente el juez, el
Ministerio Público, la defensa, la persona imputada y, en su caso, la víctima u ofendido.
Constituyen el espacio central del procedimiento, ya que en ellas se exponen argumentos, se
presentan pruebas, se formulan solicitudes y se emiten resoluciones relacionadas con el
proceso penal.
“Las audiencias serán públicas, con presencia del juez y de las partes que deban intervenir en
el procedimiento” (Código Nacional de Procedimientos Penales, 2026, art. 52).
Asimismo, la legislación establece que: “Las audiencias se desarrollarán de forma oral, con
presencia del juez y de las partes, observando los principios de publicidad, contradicción,
continuidad e inmediación” (Código Nacional de Procedimientos Penales, 2026, art. 5).
Dentro del sistema penal acusatorio, la audiencia sustituyó en gran medida los trámites
escritos que predominaban en el sistema tradicional, fortaleciendo la transparencia, la rapidez
procesal y el debate entre las partes. La presencia personal del juez garantiza el principio de
inmediación, es decir, que quien resuelve escuche directamente a las partes y valore de
manera inmediata la información presentada. Por su parte, la contradicción permite que los
argumentos y pruebas sean debatidos por la contraparte, mientras que la publicidad brinda
control social sobre la impartición de justicia, salvo las excepciones previstas legalmente.
Existen diversos tipos de audiencias, entre ellas la audiencia inicial, donde se revisa la
legalidad de la detención y se formula imputación; la audiencia de vinculación a proceso; la
audiencia intermedia, en la que se depuran y admiten pruebas; la audiencia de juicio oral,
donde se determina la responsabilidad penal; y aquellas relativas a medidas cautelares,
revisión de condiciones procesales y ejecución de sanciones.
La importancia de la audiencia radica en que materializa derechos fundamentales como la
defensa adecuada, la presunción de inocencia, el debido proceso y el acceso a la justicia. No
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obstante, cuando existe una alta incidencia de delitos recurrentes, como el narcomenudeo, las
agendas judiciales pueden saturarse, provocando retrasos, diferimientos y menor tiempo de
análisis en cada asunto. Esto demuestra que la audiencia no solo es una figura jurídica
esencial, sino también un componente operativo indispensable para garantizar una justicia
pronta, completa e imparcial.
Carpetas de investigación
Las carpetas de investigación constituyen el instrumento formal mediante el cual el
Ministerio Público documenta hechos posiblemente constitutivos de delito, integra datos de
prueba y determina el ejercicio o no de la acción penal.
“Durante 2024 las fiscalías estatales reportaron millones de carpetas de investigación
iniciadas, lo que refleja una elevada demanda institucional” (INEGI, 2025). Las carpetas de
investigación representan la puerta de entrada al sistema penal acusatorio. Cada detención o
denuncia por narcomenudeo obliga a iniciar actos ministeriales, registro de hechos,
entrevistas, dictámenes periciales, aseguramiento de indicios y determinación jurídica.
Aunque algunos casos pudieran parecer sencillos por tratarse de posesión simple o venta en
pequeña escala, procesalmente requieren formalidades que consumen tiempo y recursos
públicos.
Cuando el volumen de carpetas relacionadas con narcomenudeo aumenta, el Ministerio
Público enfrenta una carga acumulativa que puede retrasar investigaciones de mayor impacto
social como homicidios, desapariciones, secuestros o violencia familiar. Además, la
sobrecarga administrativa propicia errores de integración, pérdida de evidencia o deficiencias
argumentativas en audiencia.
Desde una perspectiva de política criminal, esto obliga a cuestionar si todos los asuntos de
narcomenudeo deben judicializarse o si ciertos supuestos podrían canalizarse hacia
tratamiento, justicia terapéutica o mecanismos alternativos. La saturación de carpetas no solo
es un problema numérico, sino una señal de desgaste institucional que reduce eficacia
general.
“Las carpetas de investigación registran medidas cautelares y órdenes judiciales” (INEGI,
2025). Toda medida cautelar u orden judicial dentro del sistema acusatorio normalmente
requiere actividad jurisdiccional, lo que implica agenda de salas, personal de apoyo y
comparecencia de partes. Cuando existe alta incidencia de narcomenudeo, se multiplica el
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número de audiencias iniciales y subsecuentes. Esto provoca calendarios saturados, demoras
y reprogramaciones que afectan el derecho a una justicia pronta.
Asimismo, una audiencia no solo consume tiempo del juez. También exige traslado de
personas detenidas, presencia policial, asesoría de defensa y actuación ministerial. Si
diariamente ingresan numerosos asuntos de baja complejidad, el sistema dedica una gran
proporción de recursos a resolver casos repetitivos. Ello reduce capacidad para atender
delitos patrimoniales complejos, desapariciones o violencia grave. La saturación de
audiencias se convierte así en un síntoma visible del impacto estructural del narcomenudeo.
Carga laboral de jueces, ministerios públicos y defensores
La carga laboral se refiere al volumen de asuntos, diligencias y responsabilidades que deben
atender los operadores jurídicos dentro de tiempos procesales determinados.
“La capacidad institucional de procuración de justicia depende del personal disponible y de la
distribución eficiente de los asuntos” (INEGI, 2025). La eficiencia del sistema penal no
depende únicamente de leyes adecuadas, sino también del número de personas operadoras y
de la manera en que se distribuye el trabajo. En contextos donde el narcomenudeo genera
múltiples detenciones diarias, ministerios públicos, jueces de control, defensores públicos y
asesores jurídicos enfrentan jornadas saturadas, audiencias consecutivas y expedientes
numerosos. Esto reduce el tiempo disponible para estudiar cada caso con profundidad.
Las consecuencias prácticas son relevantes: audiencias breves y mecánicas, decisiones
apresuradas, acuerdos poco reflexionados y desgaste emocional del personal. También puede
aumentar la rotación de servidores públicos y la desmotivación institucional. Desde una
visión garantista, un operador saturado tiene mayores dificultades para proteger derechos
fundamentales. En consecuencia, la carga laboral derivada del narcomenudeo no solo afecta
productividad, sino también calidad de justicia. Fortalecer plantillas laborales, especializar
áreas y racionalizar el ingreso de casos se vuelve indispensable para evitar colapso operativo.
“Una carga de trabajo razonable es condición necesaria para que jueces y personal
jurisdiccional garanticen resoluciones oportunas y de calidad” (Comisión Interamericana de
Derechos Humanos [CIDH], 2022). La carga laboral dentro del sistema de justicia debe
entenderse como un elemento directamente vinculado con la calidad del servicio
jurisdiccional. Cuando jueces, secretarios, ministerios públicos y defensores públicos cuentan
con un número equilibrado de asuntos, existe mayor posibilidad de analizar expedientes con
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profundidad, escuchar adecuadamente a las partes y emitir resoluciones sólidas desde el
punto de vista jurídico. En este sentido, una carga razonable favorece la eficiencia
institucional, la tutela judicial efectiva y el respeto al debido proceso.
Entre los principales detalles de una adecuada distribución del trabajo destacan la
disminución del rezago judicial, mayor rapidez en audiencias, mejor atención a víctimas e
imputados y reducción del estrés profesional. También fortalece la confianza ciudadana en
las instituciones, pues las personas perciben respuestas más ágiles y técnicas.
Sin embargo, cuando la carga laboral se incrementa de forma excesiva, aparecen diversos
agotamientos del personal, decisiones apresuradas, errores procesales, audiencias diferidas y
menor calidad argumentativa en las resoluciones. Esto es frecuente en delitos de alta
incidencia, como el narcomenudeo, donde el volumen de asuntos consume gran parte del
tiempo institucional. Por ello, la gestión de cargas laborales no es un asunto administrativo
menor, sino un requisito esencial para una justicia funcional.
“El exceso de trabajo en operadores de justicia impacta negativamente en la salud
ocupacional, la productividad y la toma de decisiones” (Organización Internacional del
Trabajo [OIT], 2023). La administración de justicia depende de personas sometidas
diariamente a presión técnica, emocional y temporal. Cuando la carga laboral rebasa la
capacidad operativa de jueces, fiscales, defensores y personal auxiliar, no solo se afecta la
institución, sino también el bienestar humano de quienes la integran. El exceso de trabajo
suele generar fatiga crónica, ansiedad, desgaste profesional y disminución de concentración,
factores que pueden influir en la calidad de las decisiones judiciales.
Mantener equipos laborales activos y productivos se encuentra una mayor capacidad de
respuesta frente al delito, aprovechamiento del tiempo institucional y atención constante a los
casos ingresados. Un personal comprometido y bien organizado puede resolver asuntos con
eficacia incluso en contextos demandantes.
No obstante, las dificultades aparecen cuando se normaliza la sobrecarga permanente.
Jornadas extensas, presión por estadísticas y escasez de personal provocan rotación laboral,
ausentismo, conflictos internos y resoluciones menos reflexivas. En materia penal, estas fallas
pueden traducirse en violaciones procesales o retrasos que afectan derechos fundamentales.
En delitos repetitivos como el narcomenudeo, la acumulación constante de asuntos
incrementa ese riesgo. Por ello, la solución no consiste únicamente en exigir más trabajo, sino
en fortalecer plantillas, tecnología y mecanismos alternativos de solución.
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Salidas alternas y justicia restaurativa
Las salidas alternas son mecanismos legales que permiten resolver determinados conflictos
penales sin llegar necesariamente a juicio, mediante acuerdos reparatorios, suspensión
condicional del proceso u otras vías autorizadas por la ley.
“El sistema penal acusatorio incorporó mecanismos alternativos para despresurizar tribunales
y favorecer soluciones tempranas” (Secretaría de Gobernación, 2023). Uno de los grandes
objetivos del sistema acusatorio fue evitar que todos los conflictos terminaran en juicio oral.
Las salidas alternas permiten respuestas más ágiles, menos costosas y en ocasiones más útiles
socialmente. En casos de narcomenudeo vinculados con consumo problemático, primera
detención o mínima lesividad, insistir exclusivamente en castigo puede ser menos efectivo
que canalizar a tratamiento o supervisión judicial.
El uso racional de mecanismos alternativos reduce agendas saturadas, libera recursos
humanos y concentra esfuerzos en delitos violentos o de alta complejidad. Sin embargo, para
funcionar requieren criterios claros, supervisión institucional y redes de apoyo comunitario.
No se trata de impunidad, sino de respuestas diferenciadas según el nivel de riesgo y daño
social. Si el Estado insiste en procesar de manera idéntica a todos los involucrados en
narcomenudeo, continuará alimentando congestionamiento judicial. Las salidas alternas
representan una herramienta estratégica para equilibrar legalidad, eficiencia y reinserción
social.
Política criminal y prevención social
La política criminal es el conjunto de estrategias legislativas, judiciales, policiales y sociales
mediante las cuales el Estado busca prevenir y responder frente al delito.
“La prevención social de la violencia y delito requiere atender factores estructurales como
exclusión, adicciones y falta de oportunidades” (UNODC, 2022). El narcomenudeo no surge
en el vacío; suele vincularse con mercados de consumo local, desempleo juvenil, abandono
escolar, adicciones y presencia territorial de grupos criminales. Por ello, responder
únicamente mediante detenciones y procesos penales resulta insuficiente. Una política
criminal moderna debe combinar persecución estratégica con prevención social sostenida.
Cuando se invierte en educación, salud mental, tratamiento de adicciones, espacios
comunitarios y oportunidades laborales, disminuyen incentivos para incorporarse a
economías ilícitas de baja escala. Esto también reduce presión sobre fiscalías y tribunales,
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pues menos personas ingresan al circuito penal. Desde esta óptica, la saturación judicial
causada por narcomenudeo es también consecuencia de fallas preventivas previas. Si el
Estado actúa solo en la fase represiva, llega tarde y paga más costos institucionales. La
solución duradera exige coordinación entre seguridad pública, salud, educación y desarrollo
social.
“La prevención social de la violencia requiere atender factores estructurales como exclusión,
adicciones y falta de oportunidades” (United Nations Office on Drugs and Crime [UNODC],
2022). La política criminal contemporánea reconoce que el delito no puede explicarse
únicamente desde la voluntad individual de quien infringe la ley.
Existen factores estructurales que incrementan la vulnerabilidad social y favorecen la
incorporación de personas a economías ilícitas como el narcomenudeo. La pobreza, la
marginación territorial, el desempleo juvenil y la ausencia de redes comunitarias crean
contextos donde la criminalidad encuentra condiciones propicias para reproducirse.
Desde esta óptica, la prevención social se convierte en una herramienta estratégica. Invertir
en educación, salud mental, tratamiento de adicciones, deporte y oportunidades laborales
puede disminuir el reclutamiento criminal y reducir la reincidencia. Esta visión es que ataca
causas profundas del problema y no solo sus manifestaciones visibles. El problema radica en
que sus resultados suelen ser de mediano y largo plazo, por lo que requiere continuidad
institucional y recursos sostenidos.
“El delito también debe entenderse como un fenómeno social vinculado a contextos de
violencia, desigualdad, adicciones y ausencia de oportunidades” (Mitchel Elizalde, Armienta
Hernández, & Guerra Liera, 2025). Esta perspectiva doctrinal resulta especialmente útil para
analizar el narcomenudeo desde una visión criminológica integral. Considerar el delito como
fenómeno social implica superar enfoques exclusivamente represivos y comprender que
muchas conductas delictivas surgen en entornos marcados por precariedad económica,
violencia familiar, consumo de sustancias y debilitamiento comunitario. En numerosos casos,
quienes participan en narcomenudeo ocupan eslabones bajos y reemplazables dentro de
cadenas criminales más amplias.
Este enfoque consiste en diseñar respuestas más inteligentes y diferenciadas, combinando
sanción penal con prevención, reinserción social y políticas públicas focalizadas. Permite
también evitar la criminalización indiscriminada de sectores vulnerables. Sin embargo,
algunos sectores pueden interpretar erróneamente esta postura como tolerancia al delito,
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cuando en realidad busca respuestas más eficaces. Comprender el fenómeno social no elimina
la responsabilidad penal, pero sí mejora la calidad de la política criminal.
“La seguridad ciudadana sostenible exige coordinación entre justicia penal, salud pública,
educación y desarrollo social” (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo [PNUD],
2023). La experiencia comparada demuestra que ninguna institución aislada puede resolver
fenómenos complejos como el narcomenudeo. Las fiscalías pueden investigar, la policía
detener y los jueces sancionar, pero si no existe intervención paralela en salud, educación y
desarrollo comunitario, el problema tiende a reproducirse. Por ello, la política criminal
moderna exige coordinación interinstitucional permanente.
Esta estrategia se encuentra en la reducción de duplicidades, mejor uso del presupuesto
público y generación de soluciones integrales. Un joven en riesgo, por ejemplo, puede
requerir simultáneamente apoyo escolar, atención psicológica y oportunidades de empleo,
además de medidas legales. La problemática principal radica en la complejidad
administrativa: coordinar dependencias con distintas prioridades, presupuestos y tiempos
suele ser difícil. No obstante, pese a esos obstáculos, la articulación institucional continúa
siendo una de las vías más prometedoras para disminuir la violencia y despresurizar al
sistema penal.
Tabla1. Comparativa de incremento del narcomenudeo en México (últimos 5 años)
AÑO
CARPETAS DE
INVESTIGACIÓN
/ REGISTROS
ESTIMADOS
VARIACIÓN
ANUAL
TENDENCIA
OBSERVACIONES
2021
86,300
+3.5%
Alza moderada
Recuperación post pandemia y
reactivación urbana.
2022
90,800
+5.2%
Incremento
sostenido
Mayor presencia en zonas
metropolitanas y crecimiento
del consumo local.
2023
94,900
+4.5%
Alza constante
Se reportó aumento nacional
del 4% respecto a 2022.
2024
98,700
+4.0%
Crecimiento
estable
Continuidad del fenómeno y
presión sobre fiscalías
estatales.
2025
104,600
+6.0%
Repunte
importante
Ajustes estadísticos y
aumentos relevantes en
entidades como CDMX.
Fuente: elaboración propia.
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Nota: las cifras son estimaciones comparativas construidas con tendencias oficiales
reportadas por fuentes públicas, notas estadísticas y variaciones porcentuales divulgadas por
organismos de seguridad y análisis hemerográfico. Se utilizan con fines académicos para
visualizar la evolución reciente del fenómeno. Incremento acumulado 2021–2025. Aumento
total estimado: +21.2%
Interpretación de la tabla
Durante los últimos cinco años, el narcomenudeo ha mostrado una tendencia ascendente
sostenida en México. Aunque existen variaciones anuales moderadas, el comportamiento
general indica crecimiento constante de carpetas de investigación y registros ministeriales.
Esto revela que la estrategia tradicional basada únicamente en detenciones no ha logrado
contener el fenómeno.
El incremento también impacta directamente al sistema penal acusatorio, ya que cada caso
implica apertura de carpeta, audiencias iniciales, peritajes, medidas cautelares y carga laboral
para ministerios públicos, jueces y defensores. El repunte observado en 2025 confirma que el
narcomenudeo continúa siendo una de las principales expresiones delictivas del país.
Tabla 2. Comparativa de encarcelamiento por narcomenudeo en México (últimos 5 años)
AÑO
PERSONAS
DETENIDAS /
ENCARCELADAS
ESTIMADAS POR
NARCOMENUDEO
PORCENTAJE
DE
INCREMENTO
TENDENCIA
OBSERVACIONES
2021
58,400
+4.1%
Moderada
Reactivación operativa
tras pandemia y
aumento de
detenciones locales.
2022
63,100
+8.0%
Ascendente
Mayor judicialización
en entidades del norte
y centro del país.
2023
69,500
+10.1%
Fuerte alza
Incremento sostenido
en aprehensiones y
puestas a disposición.
2024
84,829
+22.0%
Repunte
significativo
De enero a noviembre
se reportaron más de
84 mil detenidos por
narcomenudeo.
2025
95,500
+12.6%
Alta presión
En los primeros meses
ya se observaba
aumento nacional de
12.58%.
Fuente: elaboración propia.
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Nota: presenta estimaciones comparativas con base en datos públicos de detenciones
nacionales, reportes periodísticos sustentados en cifras oficiales y tendencias observadas del
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Se utiliza el término
encarcelamiento en sentido amplio, comprendiendo detención, puesta a disposición y casos
con prisión preventiva o ingreso penitenciario derivados de narcomenudeo. Incremento
acumulado 2021–2025. Aumento total estimado: +63.5%
Interpretación de la tabla
Durante los últimos cinco años, el encarcelamiento y las detenciones relacionadas con
narcomenudeo muestran una tendencia claramente ascendente. Esto refleja que la política
criminal ha mantenido una estrategia centrada en operativos, aseguramientos y
judicialización constante de personas vinculadas con venta o posesión de drogas en pequeña
escala.
El crecimiento más notable se observa entre 2023 y 2024, cuando las cifras reportadas
aumentaron de forma importante. Ello genera consecuencias directas en centros
penitenciarios, defensorías públicas, fiscalías y juzgados de control. A mayor número de
personas privadas de libertad o sujetas a proceso, mayor presión presupuestal y
administrativa para el Estado.
También debe señalarse que muchas de estas detenciones corresponden a eslabones bajos del
mercado ilícito, por lo que el incremento del encarcelamiento no necesariamente implica
reducción estructural del narcomenudeo. En varios casos, las redes de distribución
reemplazan rápidamente a quienes son detenidos.
CONCLUSIONES
El narcomenudeo se ha consolidado como una de las expresiones delictivas de mayor
impacto cotidiano en México, no solo por su presencia constante en comunidades urbanas y
rurales, sino por los múltiples efectos sociales, jurídicos e institucionales que genera. Su
expansión territorial, facilidad operativa y capacidad de adaptación lo convierten en un
fenómeno complejo que rebasa la simple visión de venta de drogas en pequeñas cantidades.
En realidad, constituye una manifestación visible de problemas estructurales más profundos,
como desigualdad social, falta de oportunidades, adicciones, violencia comunitaria y
debilitamiento del tejido familiar.
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Uno de los principales hallazgos es que la respuesta exclusivamente punitiva ha resultado
insuficiente para contener el problema. La detención constante de vendedores de bajo nivel o
consumidores vinculados al mercado ilícito no elimina las redes de distribución, ya que estos
actores suelen ser reemplazados rápidamente. Mientras subsistan la demanda de sustancias y
las condiciones sociales que favorecen el reclutamiento, el narcomenudeo continuará
reproduciéndose en distintos espacios y modalidades.
Asimismo, el narcomenudeo ejerce una presión significativa sobre el sistema penal acusatorio
mexicano. La apertura masiva de carpetas de investigación, la celebración frecuente de
audiencias, la solicitud de medidas cautelares y la carga permanente para ministerios
públicos, defensores y jueces generan saturación institucional. Esto provoca retrasos
procesales, desgaste del personal y menor capacidad para atender delitos de mayor gravedad,
afectando la eficiencia global del sistema de justicia.
También se advierte que el uso indiscriminado de medidas privativas de libertad puede
profundizar problemas sociales existentes. En muchos casos, el ingreso al sistema
penitenciario no resuelve causas de fondo y puede incrementar estigmatización, reincidencia
y exclusión social. Por ello, resulta indispensable diferenciar entre estructuras criminales de
alto impacto y personas involucradas en niveles periféricos del mercado ilícito.
Frente a este escenario, la política criminal debe evolucionar hacia un enfoque integral. La
persecución penal estratégica debe concentrarse en organizaciones generadoras de violencia,
redes de distribución relevantes y estructuras financieras ilícitas. Paralelamente, es necesario
fortalecer programas de prevención social, tratamiento de adicciones, educación, empleo
juvenil y recuperación de espacios comunitarios. La coordinación entre justicia, salud,
seguridad pública y desarrollo social es esencial para reducir de manera sostenible la
incidencia del narcomenudeo.
En conclusión, el narcomenudeo no puede ser resuelto únicamente mediante detenciones y
judicialización constante. Se trata de una problemática multidimensional que exige respuestas
jurídicas inteligentes, instituciones fortalecidas y políticas públicas orientadas a prevenir las
causas que lo originan. Solo mediante una estrategia equilibrada entre control legal,
prevención social y reconstrucción comunitaria será posible disminuir su impacto y evitar que
continúe saturando al sistema penal acusatorio mexicano.
Prisma ODS Revista Científica Multidisciplinar
Volumen 5, Número 2 - Año 2026
Página | 785
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Cómo citar este artículo (APA 7ª edición):
Sánchez Conde, J. E. . (2026). Narcomenudeo y Saturación del Sistema Penal Acusatorio en
México: Impacto en Carpetas de Investigación, Audiencias, Prisión Preventiva y Carga
Laboral. Prisma ODS: Revista Multidisciplinaria Sobre Desarrollo Sostenible, 5(2), 768-
786. https://doi.org/10.65011/prismaods.v5.i2.253