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PORTADA
(Elaborada por la revista)
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El Perito en la Investigación Criminal y su Impacto en la
Administración de Justicia
The Expert Witness in Criminal Investigation and Its Impact on the
Administration of Justice
Juan Manuel Herrera Moreno
juanmahm2000@gmail.com
https://orcid.org/0009-0002-7865-5376
Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas
México
Norma Leticia Olvera Guevara
dra.normaolvera@uas.edu.mx
https://orcid.org/0009-0004-8538-998X
Universidad Autónoma de Sinaloa
México
Acela del Carmen Cruz Díaz
aceladelcarmencruzdiaz@gmail.com
https://orcid.org/0009-0003-4579-5046
Universidad Autónoma de Querétaro
México
Rosa María Govea Castillo
goveainvestiga@hotmail.com
https://orcid.org/0009-0009-5917-6557
Universidad Autónoma de Nuevo León
México
Manuela Mitchel Elizalde
eventosuas@uas.edu.mx
https://orcid.org/0009-0000-7102-4243
Universidad Autónoma de Sinaloa
México
Artículo recibido: 02/05/2026
Aceptado para publicación: 04/06/2026
Conflictos de Intereses: Ninguno que declarar
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RESUMEN
El presente trabajo analiza el papel fundamental del perito en la investigación
criminal, entendido como el profesional especializado en examinar, interpretar y exponer
evidencias técnico-científicas dentro del proceso legal. La importancia de su intervención
radica en su contribución a la búsqueda de la verdad y al debido proceso, así como en la
identificación de las limitaciones y desafíos que enfrenta en el ámbito jurídico y profesional.
Como señala Ana Pamela Romero Guerra, “la prueba pericial constituye un medio
indispensable para esclarecer hechos que requieren conocimientos especializados” (Romero
Guerra, 2014).
Palabras clave: perito, investigación, criminalística, proceso judicial, justicia
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ABSTRACT
This paper analyzes the fundamental role of the expert witness in criminal
investigation, understood as the professional specialized in examining, interpreting, and
presenting technical-scientific evidence within the legal process. The importance of their
intervention lies in their contribution to the search for truth and due process, as well as in
identifying the limitations and challenges they face in the legal and professional spheres. As
Ana Pamela Romero Guerra states, “expert evidence constitutes an essential means to clarify
facts that require specialized knowledge” (Romero Guerra, 2014).
Keywords: expert witness, investigation, criminalistics, judicial process, justice
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INTRODUCCIÓN
La criminalística es una disciplina auxiliar del derecho penal orientada a la investigación de
hechos delictivos mediante la aplicación de métodos científicos y técnicos. Su finalidad
principal es determinar si un hecho constituye un delito, reconstruir lo ocurrido y contribuir a
la identificación de los posibles responsables. Para ello, se apoya en diversas áreas del
conocimiento como la biología, la química, la física, la medicina forense y otras ciencias
aplicadas, lo que la convierte en un campo multidisciplinario indispensable dentro del sistema
de justicia penal.
En este contexto, la criminalística no solo se limita a la recolección de indicios en el lugar de
los hechos, sino que también implica su análisis, interpretación y correlación con otros
elementos probatorios. A través de estos procesos, se busca transformar datos técnicos en
información comprensible y útil para la autoridad judicial, garantizando que las decisiones se
basen en evidencia objetiva y verificable. De esta manera, la investigación criminal se
fortalece al integrar el conocimiento científico en la resolución de casos.
Dentro de este proceso, el perito desempeña un papel fundamental, ya que es el profesional
encargado de aplicar sus conocimientos especializados para examinar los indicios, emitir
dictámenes y explicar sus conclusiones ante las autoridades correspondientes. Su
intervención resulta esencial porque el juez, aun siendo experto en derecho, no posee
necesariamente los conocimientos técnicos o científicos requeridos para interpretar ciertos
aspectos del caso. Por ello, el perito actúa como un auxiliar de la justicia, proporcionando
elementos que permiten una mejor comprensión de los hechos.
En el ámbito jurídico mexicano, la figura del perito ha evolucionado de manera significativa.
Antes de la reforma constitucional de 2008, el sistema permitía una participación más amplia
y menos regulada de los expertos, lo que en algunos casos generaba inconsistencias en la
calidad de los dictámenes. Con la implementación del sistema penal acusatorio, se
establecieron mayores exigencias en cuanto a la formación, acreditación y desempeño de los
peritos, fortaleciendo así su papel dentro del proceso judicial y elevando los estándares de
confiabilidad de la prueba pericial.
Actualmente, la actuación del perito no solo requiere conocimientos técnicos, sino también
habilidades metodológicas, capacidad de análisis crítico y un alto sentido ético. Su trabajo
debe apegarse a principios de objetividad, imparcialidad y rigor científico, ya que cualquier
error o deficiencia en su intervención puede afectar directamente el resultado de un proceso
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judicial. En este sentido, la labor pericial se convierte en un elemento clave para garantizar el
debido proceso y contribuir a una adecuada administración de justicia.
Asimismo, el contexto actual plantea diversos desafíos para el ejercicio pericial, como la
necesidad de actualización constante, la incorporación de nuevas tecnologías y la
estandarización de procedimientos. Estos factores obligan a los peritos a mantenerse en
formación continua y a adaptarse a los avances científicos, con el objetivo de ofrecer
dictámenes cada vez más precisos y confiables.
METODOLOGÍA
La elaboración del presente artículo se desarrolló mediante un enfoque cualitativo,
documental y descriptivo, orientado al análisis del papel del perito dentro de la investigación
criminal y su importancia en la administración de justicia. Este tipo de metodología permitió
recopilar, interpretar y sistematizar información proveniente de diversas fuentes jurídicas,
doctrinales y académicas relacionadas con la función pericial, la criminalística y la prueba
pericial en el sistema penal.
En una primera etapa, se realizó una investigación documental, consistente en la revisión de
legislación vigente, particularmente del Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley
Federal del Trabajo y otras disposiciones normativas aplicables al ejercicio pericial en
México. El propósito de esta revisión fue identificar el marco legal que regula la actuación de
los peritos, sus requisitos profesionales, responsabilidades y participación dentro del proceso
judicial.
Posteriormente, se efectuó una revisión bibliográfica especializada, consultando libros,
artículos científicos, revistas jurídicas y obras doctrinales de autores nacionales e
internacionales en materia de criminalística, derecho probatorio y ciencias forenses. Entre las
fuentes analizadas destacan estudios relacionados con la prueba pericial, la ética profesional
del perito, la cadena de custodia y la valoración judicial del dictamen técnico. Esta etapa
permitió sustentar teóricamente los conceptos desarrollados en el trabajo y enriquecer el
análisis con posturas doctrinales relevantes.
Asimismo, se aplicó un método analítico-sintético, mediante el cual se descompusieron los
elementos esenciales de la función pericial, tales como su definición, tipos, principios de
actuación, responsabilidades y limitaciones, para posteriormente integrarlos de manera
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estructurada en un solo documento. Esto facilitó comprender la relación existente entre la
criminalística, la labor del perito y la impartición de justicia.
De igual manera, se utilizó un enfoque descriptivo, ya que se expusieron de manera ordenada
las características principales del trabajo pericial, las etapas de la prueba pericial, los desafíos
actuales de la profesión y la relevancia de la ética en su desempeño. No se buscó comprobar
hipótesis estadísticas, sino interpretar y explicar la importancia práctica y jurídica del tema
abordado.
Finalmente, la información obtenida fue organizada en apartados temáticos para facilitar su
comprensión, procurando mantener coherencia académica, lenguaje técnico-jurídico y
sustento bibliográfico en formato APA. Con ello, el artículo pretende ofrecer una visión
integral sobre la función del perito en la investigación criminal contemporánea y su impacto
dentro del sistema de justicia penal.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Definición de Perito
El término perito proviene del latín peritus, que significa experto o experimentado. Se refiere
a la persona con conocimientos especializados que interviene en un proceso judicial para
emitir un dictamen técnico. Según Real Academia Española, “perito es quien posee
conocimientos especiales en una ciencia, arte u oficio” (RAE, 2025).
Asimismo, el concepto “forense” se relaciona con el ámbito judicial, derivado del latín
forensis, relativo al foro o tribunal. Por ello, el perito forense es quien auxilia a la justicia
mediante su conocimiento especializado.
Función del Perito
El perito actúa como auxiliar de la justicia, aportando conocimientos técnicos que orientan al
juez. Como establece Francesco Carnelutti, “el juez no puede saberlo todo, por lo que
necesita del auxilio de expertos para comprender hechos complejos” (Carnelutti, 2000).
La participación del perito como auxiliar de la justicia representa un elemento esencial para el
adecuado funcionamiento del sistema jurídico, particularmente en aquellos casos donde los
hechos requieren una interpretación técnica o científica que excede el conocimiento común
del juzgador. En este sentido, la intervención del perito no sustituye la función del juez, sino
que la complementa, proporcionando herramientas objetivas que permiten una mejor
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comprensión de los elementos probatorios. Esto resulta especialmente relevante en un
contexto donde la complejidad de los delitos ha incrementado debido al avance tecnológico y
científico, lo que exige un análisis más especializado de la evidencia.
El comentario de Francesco Carnelutti refleja una realidad inherente al sistema judicial: la
imposibilidad de que una sola figura concentre todos los conocimientos necesarios para
resolver un conflicto jurídico en su totalidad. Por ello, el perito se convierte en un puente
entre la ciencia y el derecho, traduciendo conceptos técnicos en información comprensible
para el órgano jurisdiccional. Sin embargo, esta función también implica una gran
responsabilidad, ya que el dictamen pericial puede influir de manera determinante en la
decisión final del juez.
Asimismo, es importante destacar que la eficacia de la labor pericial depende no solo del
conocimiento técnico del experto, sino también de su capacidad para comunicar sus
conclusiones de manera clara, objetiva y fundamentada. Un dictamen mal elaborado o poco
comprensible puede generar confusión, afectar la valoración de la prueba e incluso derivar en
errores judiciales. Por ello, el perito debe actuar con ética, imparcialidad y rigor científico,
evitando cualquier tipo de sesgo o influencia externa.
En conclusión, el perito no solo aporta conocimiento especializado, sino que fortalece la
búsqueda de la verdad dentro del proceso judicial. Su intervención adecuada contribuye a
garantizar decisiones más justas y fundamentadas, reafirmando su papel como un pilar
indispensable en la administración de justicia contemporánea.
Principios del Actuar Pericial
El actuar del perito se rige por principios fundamentales:
• Autonomía: independencia en su dictamen.
• Objetividad: basado en evidencia verificable.
• Autenticidad: compromiso con la verdad.
• Ética Profesional: sin intereses personales.
Como afirma Carlos Guzmán, “la objetividad del perito es condición indispensable para la
validez de su dictamen” (Guzmán, 1997). La afirmación de Carlos Guzmán pone en
evidencia uno de los pilares fundamentales del ejercicio pericial: la objetividad. En el
contexto de la investigación criminal, la objetividad implica que el perito debe basar sus
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conclusiones exclusivamente en el análisis técnico de los indicios, utilizando métodos
científicos verificables y evitando cualquier tipo de influencia externa, ya sea de carácter
personal, institucional o derivada de las partes involucradas en el proceso. Esto es crucial, ya
que el dictamen pericial no solo constituye un elemento probatorio, sino que puede tener un
impacto directo en la resolución del caso.
La falta de objetividad en el actuar del perito puede comprometer seriamente la validez de su
dictamen, generando interpretaciones sesgadas o conclusiones incorrectas que afecten la
impartición de justicia. En este sentido, la objetividad no solo es un requisito técnico, sino
también ético, pues el perito debe actuar con imparcialidad, independencia y responsabilidad
profesional. Su compromiso no es con quien solicita el peritaje, sino con la verdad científica
de los hechos.
Además, la objetividad fortalece la credibilidad del perito ante el órgano jurisdiccional. Un
dictamen bien fundamentado, transparente en su metodología y sustentado en evidencia
verificable, facilita su valoración por parte del juez y reduce la posibilidad de ser
desacreditado durante el proceso, especialmente en el interrogatorio y contrainterrogatorio.
Por ello, la objetividad no solo garantiza la calidad del dictamen, sino que también consolida
la confianza en la función pericial dentro del sistema de justicia.
Marco Legal del Peritaje
El peritaje en México se encuentra regulado por el Código Nacional de Procedimientos
Penales. Este establece que los peritos deben contar con formación acreditada y emitir
dictámenes sustentados.
De acuerdo con el artículo 369 del CNPP, los expertos deben poseer título profesional cuando
la disciplina esté regulada. En este sentido, “la especialización del perito garantiza la
confiabilidad de la prueba” (Vázquez, 2022). El requisito establecido en el artículo 369 del
Código Nacional de Procedimientos Penales respecto a la necesidad de que los peritos
cuenten con un título profesional cuando la disciplina esté regulada constituye un avance
significativo en la profesionalización de la función pericial en México. Esta disposición busca
garantizar que los dictámenes emitidos dentro de un proceso judicial estén respaldados por
conocimientos formales, verificables y adquiridos a través de una formación académica
estructurada. En este sentido, la exigencia de acreditación no solo fortalece la calidad técnica
de la prueba pericial, sino que también contribuye a generar mayor confianza en las
decisiones judiciales.
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La especialización del perito resulta fundamental, ya que el análisis de indicios y evidencias
requiere no solo conocimientos generales, sino dominio profundo de metodologías
específicas, técnicas actualizadas y criterios científicos aceptados por la comunidad
académica. Un perito debidamente preparado tiene mayores herramientas para interpretar
correctamente los elementos de prueba, evitar errores metodológicos y sustentar sus
conclusiones con rigor. Esto adquiere especial relevancia en el sistema penal acusatorio,
donde la prueba debe ser debatida y defendida en audiencia pública, lo que exige que el
perito no solo sepa, sino que también pueda explicar y justificar su dictamen de manera clara
y convincente.
Asimismo, la especialización incide directamente en la confiabilidad de la prueba pericial.
Cuando el experto cuenta con formación acreditada, certificaciones y experiencia en su área,
se reduce el margen de error y se incrementa la probabilidad de que sus conclusiones sean
consistentes, reproducibles y aceptadas por el órgano jurisdiccional. Por el contrario, la falta
de preparación puede derivar en dictámenes deficientes, vulnerables a cuestionamientos o
incluso en errores judiciales que afecten derechos fundamentales de las personas involucradas
en el proceso.
No obstante, es importante señalar que la sola posesión de un título profesional no garantiza
por sí misma la calidad del peritaje. La especialización debe complementarse con
actualización constante, experiencia práctica y un estricto apego a principios éticos como la
objetividad e imparcialidad. Además, en disciplinas no reguladas, el desafío radica en
establecer criterios claros para evaluar la idoneidad del perito, evitando que personas sin la
preparación adecuada intervengan en procesos judiciales.
En conclusión, la exigencia de formación profesional en los peritos representa un mecanismo
clave para asegurar la confiabilidad de la prueba pericial y fortalecer la administración de
justicia. La especialización no solo legitima la intervención del experto, sino que también
garantiza que sus aportaciones se basen en fundamentos científicos sólidos, contribuyendo así
a la correcta valoración de los hechos y a la emisión de resoluciones más justas y
fundamentadas.
La Prueba Pericial
De acuerdo con el artículo 369 del Código Nacional de Procedimientos Penales, los expertos
deben poseer título profesional cuando la disciplina esté regulada. En este sentido, “la
especialización del perito garantiza la confiabilidad de la prueba” (Vázquez, 2022). Este
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planteamiento resalta la importancia de que el perito cuente con una formación académica
sólida que respalde sus conocimientos y habilidades. La especialización no solo implica
haber cursado estudios formales, sino también dominar metodologías, técnicas y criterios
científicos propios de su área. Esto permite que el dictamen pericial tenga sustento técnico
suficiente para ser considerado confiable dentro del proceso judicial, reduciendo el margen de
error y fortaleciendo la validez de sus conclusiones.
Asimismo, el artículo 369 del CNPP establece que, cuando la disciplina esté regulada, el
perito debe acreditar su preparación mediante un título profesional.
Este requisito legal representa un filtro necesario para garantizar que solo personas
calificadas participen como peritos en un proceso penal. La exigencia de un título profesional
contribuye a evitar la intervención de individuos sin la preparación adecuada, lo que podría
poner en riesgo la correcta interpretación de la evidencia. Además, fortalece la credibilidad
del sistema de justicia al asegurar que los dictámenes periciales provengan de expertos
debidamente capacitados.
En conjunto, tanto la disposición legal como la idea de la especialización coinciden en un
mismo objetivo: asegurar la calidad, confiabilidad y legitimidad de la prueba pericial. La
adecuada preparación del perito no solo impacta en la solidez de su dictamen, sino también
en la correcta impartición de justicia, ya que sus conclusiones pueden influir directamente en
la decisión del juez.
Importancia del Perito en la Investigación
El perito es clave en la reconstrucción de los hechos, aplicando principios criminalísticos
como el intercambio de indicios. Como establece Edmond Locard, “todo contacto deja un
rastro” (principio de intercambio).
Además, su intervención fortalece la cadena de custodia, la cual garantiza la integridad de la
evidencia. En este sentido, “toda alteración en la evidencia debe documentarse
rigurosamente” (Rodríguez de León, 2013).
La importancia del perito en la investigación criminal radica en su capacidad para aportar un
enfoque científico y técnico a la reconstrucción de los hechos, lo que permite transformar
indicios aparentemente aislados en evidencia significativa. En este sentido, el trabajo pericial
no se limita únicamente a observar o describir, sino que implica interpretar los elementos
encontrados bajo principios científicos que permiten establecer relaciones entre el lugar de
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los hechos, la víctima y el probable responsable. Uno de los fundamentos más relevantes en
este ámbito es el principio de intercambio formulado por Edmond Locard, el cual sostiene
que todo contacto deja un rastro. Este principio evidencia que, en cualquier hecho delictivo,
existe una transferencia de materiales que, al ser analizados correctamente, pueden
convertirse en piezas clave para esclarecer lo ocurrido.
A partir de este enfoque, el perito se convierte en un actor esencial para la reconstrucción de
la dinámica del delito, ya que, mediante el análisis de huellas, fluidos, fibras, objetos o
cualquier otro indicio, puede establecer vínculos que orienten la investigación. Su
intervención permite pasar de simples hipótesis a conclusiones sustentadas en evidencia
científica, lo que fortalece la solidez del caso ante la autoridad judicial. Sin embargo, esta
labor exige no solo conocimientos técnicos, sino también precisión, cuidado y una
metodología rigurosa en cada una de las etapas del proceso.
En este mismo sentido, la cadena de custodia adquiere un papel fundamental, ya que
garantiza que los indicios recolectados se mantengan íntegros desde su localización hasta su
presentación en juicio. La adecuada preservación, embalaje, traslado y registro de la
evidencia son aspectos indispensables para evitar su contaminación, pérdida o alteración. Tal
como señala Carolina Rodríguez de León, toda modificación en la evidencia debe
documentarse de manera rigurosa, lo que refuerza la transparencia y confiabilidad del
proceso pericial.
La correcta aplicación de la cadena de custodia no solo protege la evidencia, sino que
también respalda el trabajo del perito, ya que cualquier irregularidad puede provocar la
desestimación de pruebas relevantes y afectar el resultado del proceso judicial. Por ello, el
perito no solo analiza, sino que también es responsable de asegurar que los indicios con los
que trabaja conserven su valor probatorio.
En conclusión, la intervención del perito es determinante en la investigación criminal, ya que
permite integrar el conocimiento científico con el proceso jurídico. Su labor, apoyada en
principios criminalísticos y en el respeto estricto de la cadena de custodia, contribuye a la
reconstrucción objetiva de los hechos y fortalece la búsqueda de la verdad, elemento esencial
para una adecuada impartición de justicia.
Limitaciones y Desafíos
Entre los principales problemas del ejercicio pericial destacan:
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• Falta de capacitación especializada.
• Ausencia de protocolos estandarizados.
• Presión de las partes involucradas.
Como advierte Carlos Provenzani, “la debilidad metodológica del peritaje puede derivar en
errores judiciales” (Provenzani, 2013). Las limitaciones y desafíos en el ejercicio pericial
representan un tema crítico dentro de la administración de justicia, ya que inciden
directamente en la calidad de los dictámenes y, por ende, en las decisiones judiciales. Entre
los principales problemas se encuentra la falta de capacitación especializada, la cual puede
traducirse en deficiencias técnicas al momento de analizar los indicios o aplicar metodologías
científicas.
Un perito que no se encuentra debidamente actualizado o que carece de formación sólida en
su área corre el riesgo de emitir conclusiones imprecisas, lo que puede afectar la correcta
interpretación de los hechos y comprometer el resultado del proceso penal.
Otro aspecto relevante es la ausencia de protocolos estandarizados. La falta de lineamientos
claros y uniformes para la realización de peritajes genera inconsistencias en la forma en que
se recolecta, analiza y presenta la evidencia. Esto puede provocar que distintos peritos
lleguen a conclusiones diferentes frente a un mismo caso, no necesariamente por la
complejidad del asunto, sino por la variabilidad en los procedimientos utilizados. La
estandarización, por tanto, resulta fundamental para garantizar la reproducibilidad de los
resultados y la transparencia en la labor pericial, elementos clave para su aceptación en el
ámbito judicial.
A lo anterior se suma la presión de las partes involucradas, especialmente en casos de alta
relevancia o impacto social. El perito puede enfrentarse a intereses contrapuestos que intentan
influir en su dictamen, lo que pone a prueba su ética profesional, su independencia y su
objetividad. Mantenerse firme ante estas presiones es indispensable para preservar la
credibilidad de su trabajo y evitar que el peritaje se convierta en una herramienta parcial en
lugar de un medio de esclarecimiento de la verdad.
En este contexto, resulta pertinente la advertencia de Carlos Provenzani, quien señala que la
debilidad metodológica del peritaje puede derivar en errores judiciales. Esta afirmación
subraya que no basta con contar con conocimientos técnicos, sino que es indispensable
aplicarlos mediante métodos rigurosos, verificables y coherentes. Una metodología deficiente
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puede invalidar incluso un análisis técnicamente correcto, ya que impide comprobar la
confiabilidad de los resultados obtenidos.
En conclusión, las limitaciones en la capacitación, la falta de estandarización y las presiones
externas constituyen obstáculos importantes para el ejercicio pericial. Superarlos requiere no
solo de reformas institucionales, sino también del compromiso ético y profesional de los
peritos, así como de la implementación de programas de formación continua y protocolos
claros. Solo así se podrá fortalecer la función pericial y garantizar que contribuya de manera
efectiva a la impartición de justicia.
Ética Profesional del Perito
La ética profesional del perito constituye uno de los pilares fundamentales para el correcto
ejercicio de la función pericial dentro del sistema de justicia. Más allá del dominio técnico o
científico, el perito debe regir su actuación por principios éticos que garanticen la objetividad,
la imparcialidad y el respeto a la verdad. Su intervención no solo tiene un impacto técnico,
sino también jurídico y social, ya que sus conclusiones pueden influir directamente en la
libertad, patrimonio o derechos de las personas involucradas en un proceso.
Uno de los principios esenciales en la ética del perito es la imparcialidad. El perito no debe
inclinar su dictamen hacia ninguna de las partes, aun cuando haya sido contratado por alguna
de ellas. Su compromiso es exclusivamente con la verdad científica, por lo que debe evitar
cualquier tipo de sesgo o influencia externa. En este sentido, como señala Michele Taruffo,
“la imparcialidad del experto es condición indispensable para la fiabilidad de la prueba”
(Taruffo, 2006). Esto implica analizar los hechos de manera objetiva, sustentando sus
conclusiones únicamente en la evidencia disponible y en metodologías científicas válidas.
Otro elemento clave es la independencia profesional, la cual permite al perito emitir sus
conclusiones sin presiones de carácter económico, institucional o personal. En la práctica, el
perito puede enfrentarse a intentos de manipulación o a expectativas por parte de quien
solicita el peritaje; sin embargo, su deber ético es resistir dichas presiones y mantener la
integridad de su análisis. La independencia fortalece la credibilidad del dictamen y protege la
función pericial como un instrumento confiable dentro del proceso judicial.
La responsabilidad profesional también es un aspecto central. El perito debe ser consciente de
que cualquier error, negligencia o falta de rigor en su trabajo puede derivar en consecuencias
graves, como decisiones judiciales incorrectas. Por ello, está obligado a actuar con diligencia,
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cuidado y actualización constante en su área de especialidad. Como advierte Carmen
Vázquez, “el perito debe responder por la solidez metodológica y la claridad de sus
conclusiones” (Vázquez, 2022). La responsabilidad implica no solo realizar un análisis
adecuado, sino también comunicar sus resultados de manera clara, precisa y comprensible
para el juez y las partes.
Asimismo, la honestidad es un valor indispensable en la labor pericial. El perito debe
abstenerse de alterar, ocultar o manipular información, así como de emitir conclusiones que
no estén plenamente sustentadas. La transparencia en la metodología empleada y en los
resultados obtenidos es fundamental para garantizar la confianza en el dictamen. Cualquier
omisión o falsedad no solo afecta el caso en particular, sino que también debilita la
credibilidad de la función pericial en general.
Otro aspecto relevante es el conflicto de intereses. El perito debe evitar intervenir en casos
donde exista alguna relación personal, profesional o económica que pueda comprometer su
objetividad. En caso de presentarse esta situación, lo ético es excusarse de participar, con el
fin de preservar la integridad del proceso. La identificación y manejo adecuado de estos
conflictos es clave para evitar cuestionamientos sobre la validez del dictamen.
Finalmente, la mala praxis pericial puede generar consecuencias tanto legales como
profesionales, incluyendo sanciones, inhabilitación o incluso responsabilidad penal. Por ello,
la ética no debe considerarse un aspecto accesorio, sino un elemento central en la formación y
ejercicio del perito.
En conclusión, la ética profesional del perito es indispensable para garantizar que su
intervención contribuya verdaderamente a la búsqueda de la verdad y a la correcta
impartición de justicia. Un perito ético no solo domina su disciplina, sino que actúa con
integridad, responsabilidad y compromiso social, consolidándose como un actor confiable
dentro del sistema judicial.
CONCLUSIONES
En conclusión, la criminalística y la función del perito constituyen pilares fundamentales en
la investigación criminal moderna, ya que permiten integrar el conocimiento científico al
ámbito jurídico, fortaleciendo la búsqueda de la verdad y la correcta aplicación de la justicia.
La incorporación de métodos científicos en el análisis de los hechos delictivos no solo aporta
objetividad al proceso, sino que también eleva los estándares de calidad en la obtención y
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valoración de la prueba, lo que resulta indispensable en un sistema penal que privilegia la
transparencia y el debido proceso.
El perito es un actor esencial en la administración de justicia, cuya labor influye directamente
en la resolución de los casos. Su intervención permite esclarecer hechos mediante el uso del
método científico, transformando indicios en elementos probatorios que pueden ser
comprendidos y valorados por el juez. De esta manera, el perito no solo contribuye a la
reconstrucción de los hechos, sino que también fortalece la toma de decisiones judiciales al
proporcionar fundamentos técnicos sólidos que reducen la incertidumbre y los márgenes de
error.
No obstante, la eficacia del trabajo pericial depende en gran medida de la formación, ética y
capacidad técnica del experto. La preparación académica, la actualización constante y la
experiencia práctica son elementos indispensables para garantizar dictámenes confiables. A
ello se suma la importancia de la ética profesional, ya que el perito debe actuar con absoluta
imparcialidad, independencia y compromiso con la verdad, evitando cualquier tipo de presión
o interés externo que pueda influir en sus conclusiones. En este sentido, la afirmación de
Rafael Moreno González resulta especialmente significativa al destacar que la misión del
perito no es juzgar, sino encontrar la verdad científica.
Asimismo, es importante reconocer que el contexto actual presenta nuevos retos para la
función pericial, como el avance tecnológico, la aparición de nuevas formas de criminalidad
y la necesidad de estandarizar procedimientos a nivel nacional e internacional. Estos desafíos
exigen una constante adaptación por parte de los peritos, así como el fortalecimiento de las
instituciones encargadas de su formación y certificación. La implementación de protocolos
claros, la mejora en los recursos materiales y humanos, y la capacitación continua son
factores clave para optimizar su desempeño.
Finalmente, el papel del perito no debe entenderse de manera aislada, sino como parte de un
trabajo interdisciplinario dentro del sistema de justicia penal. Su colaboración con el
Ministerio Público, la policía, los jueces y otros especialistas permite una investigación más
integral y eficaz. En este sentido, la función pericial no solo contribuye a esclarecer los
hechos, sino que también garantiza el respeto a los derechos de las partes involucradas,
consolidándose como un elemento indispensable para la construcción de una justicia más
objetiva, equitativa y sustentada en la verdad científica.
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REFERENCIAS
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© Los autores. Este artículo se publica en Prisma ODS bajo la Licencia Creative Commons Atribución 4.0
Internacional (CC BY 4.0). Esto permite el uso, distribución y reproducción en cualquier medio, incluidos fines
comerciales, siempre que se otorgue la atribución adecuada a los autores y a la fuente original.
: https://doi.org/10.65011/prismaods.v5.i2.252
Cómo citar este artículo (APA 7ª edición):
Herrera Moreno, J. M. ., Olvera Guevara, N. L. ., Cruz Díaz, A. del C. ., Govea Castillo, R.
M. ., & Mitchel Elizalde, M. . (2026). El Perito en la Investigación Criminal y su Impacto en
la Administración de Justicia. Prisma ODS: Revista Multidisciplinaria Sobre Desarrollo
Sostenible, 5(2), 752-767. https://doi.org/10.65011/prismaods.v5.i2.252
