Prisma ODS Revista Científica Multidisciplinar
Volumen 5, Número 2 - Año 2026
Página | 402
INTRODUCCIÓN
La educación inclusiva se ha consolidado como un principio fundamental en los sistemas
educativos contemporáneos, sustentado en marcos normativos internacionales que reconocen
el derecho de todas las personas a una educación en igualdad de condiciones. Desde la
Organización de las Naciones Unidas, se establece que las personas con discapacidad deben
acceder a una educación sin discriminación y en condiciones de equidad, lo que implica no
solo su inserción en el sistema escolar, sino la generación de condiciones que favorezcan su
aprendizaje, participación y desarrollo integral (Zapata et al., 2019). En este sentido, la
inclusión educativa trasciende el acceso físico a la escuela y se orienta hacia la construcción
de entornos que reconozcan, valoren y respondan a la diversidad.
No obstante, a pesar de estos avances normativos, persiste una brecha significativa entre los
principios de la inclusión y su implementación efectiva en la práctica docente. Diversos
estudios han señalado que, si bien existe una intención pedagógica favorable hacia la
inclusión, la aplicación de estrategias concretas, como los ajustes razonables, continúa siendo
limitada y poco sistemática (Sánchez, 2025). Los ajustes razonables se entienden como
medidas adaptadas a los planes y programas de estudio, los espacios y el proceso de
enseñanza-aprendizaje en general, orientadas a eliminar barreras que dificultan la
participación y el aprendizaje del alumnado (López, 2025). Sin embargo, su implementación
enfrenta desafíos asociados a la formación docente, la disponibilidad de recursos y la
ausencia de lineamientos claros que orienten su aplicación en el aula.
En este contexto, resulta fundamental considerar el concepto de barreras para el aprendizaje y
la participación (BAP), entendido como aquellos factores presentes en el entorno educativo
que limitan o impiden el acceso pleno al aprendizaje y a la vida escolar. Estas barreras no se
localizan en el estudiante, sino en la interacción entre sus características y un contexto que no
siempre está diseñado para atender la diversidad (Guarino Castagno, 2025). Desde esta
perspectiva, la labor docente implica una revisión crítica de las prácticas pedagógicas, las
condiciones institucionales y las dinámicas escolares, con el fin de generar respuestas
educativas más inclusivas.
Investigaciones recientes han evidenciado que la implementación de ajustes razonables se ve
obstaculizada no solo por la falta de recursos, sino también por la persistencia de enfoques
centrados en modelos médicos de la discapacidad, así como por la ausencia de procesos
formativos sólidos en educación inclusiva y trabajo colaborativo (Vanegas & Calderón,