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Volumen 5, Número 1 - Año 2026
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PORTADA
(Elaborada por la revista)
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Las MIPYMES en Chiapas Frente a la Agenda 2030: Su
Contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible en América
Latina
SMEs in Chiapas and the 2030 Agenda: A Systematic Review of Their
Contribution to the Sustainable Development Goals in Latin America
Jorge Alberto Esponda Pérez
jorge.esponda@unicach.mx
https://orcid.org/0000-0002-6821-5361
Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas
Chiapas - México
Reyna Esperanza Zea Gordillo
reyna.zea@unicach.mx
https://orcid.org/0000-0003-3725-3151
Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas
Chiapas - México
María del Carmen Chávez Rodríguez
maria.chavez@unicach.mx
https://orcid.org/0000-0003-1022-2339
Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas
Chiapas - México
Erick Eugenio Gómez Hernández
erick.gomez@unicach.mx
https://orcid.org/0000-0001-8675-9410
Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas
Chiapas - México
Artículo recibido: 17/02/2026
Aceptado para publicación: 19/02/2026
Conflictos de Intereses: Ninguno que declarar
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RESUMEN
La presente investigación analiza la contribución de las micro, pequeñas y medianas
empresas (MIPYMES) al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en
América Latina, con énfasis en contextos de vulnerabilidad territorial como el estado de
Chiapas, México. El estudio se desarrolló como una revisión sistemática de literatura
siguiendo el protocolo PRISMA 2020, mediante la consulta de bases de datos académicas
internacionales y regionales entre 2015 y 2025. Se identificaron 1,120 registros iniciales, de
los cuales 78 estudios cumplieron con los criterios de inclusión para la síntesis cualitativa.
Los resultados evidencian que las MIPYMES desempeñan un papel estratégico en la
reducción de la pobreza, generación de empleo, inclusión laboral, emprendimiento femenino
y fortalecimiento de economías solidarias; sin embargo, enfrentan limitaciones estructurales
asociadas con informalidad, acceso restringido a financiamiento, baja innovación tecnológica
y débil articulación institucional. En el ámbito ambiental, la economía circular, la innovación
verde, la gestión ambiental empresarial y el financiamiento sostenible emergen como
mecanismos clave para fortalecer su contribución a los ODS 12 y 13. Se concluye que la
integración efectiva de las MIPYMES a la Agenda 2030 requiere políticas públicas
diferenciadas, fortalecimiento de capacidades locales y esquemas de gobernanza multinivel
que articulen actores públicos, privados y sociales. El estudio aporta una visión sistematizada
que permite identificar vacíos de investigación y orientar estrategias de desarrollo sostenible
territorial.
Palabras clave: MIPYMES, objetivos de desarrollo sostenible, agenda 2030,
desarrollo territorial, sostenibilidad empresarial
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ABSTRACT
This study analyzes the contribution of micro, small, and medium-sized enterprises
(SMEs) to the achievement of the Sustainable Development Goals (SDGs) in Latin America,
with particular emphasis on vulnerable territorial contexts such as the state of Chiapas,
Mexico. The research was conducted as a systematic literature review following the PRISMA
2020 protocol, based on academic databases between 2015 and 2025. A total of 1,120 initial
records were identified, of which 78 studies met the inclusion criteria for qualitative
synthesis. The findings indicate that SMEs play a strategic role in poverty reduction,
employment generation, labor inclusion, female entrepreneurship, and the strengthening of
solidarity economies; however, they face structural constraints related to informality, limited
access to financing, low technological innovation, and weak institutional articulation. In the
environmental dimension, circular economy, green innovation, environmental management,
and sustainable finance emerge as key mechanisms to enhance their contribution to SDGs 12
and 13. The study concludes that effective SME integration into the 2030 Agenda requires
differentiated public policies, strengthened local capacities, and multi-level governance
schemes that articulate public, private, and social actors. This research provides a systematic
perspective that identifies research gaps and supports sustainable territorial development
strategies.
Keywords: SMEs, sustainable development goals, 2030 agenda, territorial
development, business sustainability
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INTRODUCCIÓN
En el marco de la Agenda 2030, las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) han
sido reconocidas como actores estratégicos para el cumplimiento de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS), particularmente en regiones donde el desarrollo económico
convive con profundas brechas sociales y ambientales. En América Latina, estas unidades
productivas constituyen la base del tejido empresarial y una fuente esencial de empleo,
inclusión económica e innovación local; sin embargo, su contribución efectiva a la
sostenibilidad enfrenta limitaciones estructurales vinculadas con informalidad, acceso
restringido a financiamiento, baja incorporación tecnológica y escasa articulación
institucional (Morán Blanco & Díaz Barrado, 2020). En el caso de Chiapas, estado
caracterizado por altos índices de pobreza y rezago productivo, las MIPYMES representan
una oportunidad clave para impulsar un desarrollo territorial más inclusivo, resiliente y
sostenible, aunque persisten desafíos que requieren análisis sistemático. En este contexto,
examinar de manera integral la relación entre MIPYMES y ODS permite identificar avances,
vacíos y oportunidades para fortalecer su papel en la transformación socioeconómica regional
alineada con las 5P de la Agenda 2030.
Al analizar la incorporación de los ODS en el ámbito normativo educativo, la Agenda 2030
no debe entenderse únicamente como una declaración programática, sino como un marco
vinculante que impulsa transformaciones estructurales en las políticas públicas, integrando
metas específicas y compromisos institucionales orientados a no dejar a nadie atrás. El ODS
4, aunque posee entidad propia, mantiene un carácter transversal al articularse con principios
como la igualdad de género, la inclusión, la reducción de brechas digitales y el
fortalecimiento institucional, evidenciando que el desarrollo sostenible requiere coherencia
normativa, voluntad política y coordinación multinivel (Montero Caro, 2021). Esta visión
resulta particularmente pertinente para el análisis de las MIPYMES frente a la Agenda 2030,
ya que pone de relieve que el cumplimiento de los ODS demanda ajustes estructurales,
participación activa de diversos actores y estrategias integrales que trasciendan el plano
declarativo para incidir efectivamente en el desarrollo territorial.
A lo largo de las últimas décadas, el concepto de sustainable development ha transitado por
un proceso de construcción histórica, institucional y académica que evidencia su carácter
dinámico y multidisciplinario, consolidándose formalmente a partir del Informe Brundtland
de 1987 como un modelo orientado a satisfacer las necesidades del presente sin comprometer
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las de las generaciones futuras. muestra que, pese al debate semántico entre “desarrollo
sostenible” y “desarrollo sustentable”, ambos términos han sido utilizados de manera
indistinta en la producción científica, con una ligera preferencia por “desarrollo sostenible”,
particularmente en disciplinas como economía y medio ambiente, y con un crecimiento
significativo en la última década (Gómez Romero y Garduño Román, 2020). Estos aportes
permiten comprender que, más allá de la controversia terminológica, el eje central radica en
la necesidad de integrar dimensiones sociales, económicas y ambientales en los procesos de
desarrollo, una perspectiva fundamental para analizar el papel de las MIPYMES en contextos
territoriales como Chiapas frente a los desafíos de la Agenda 2030.
A partir del análisis de la evolución del reporteo en sostenibilidad en América Latina, se
evidencia que la adopción de los lineamientos del Global Reporting Initiative (GRI) ha
experimentado un crecimiento sostenido entre 2010 y 2015, particularmente en economías
como Brasil y Colombia, donde el número de informes aumentó de manera significativa. Este
incremento no responde únicamente a convicciones éticas, sino también a motivaciones
económicas, legales y estratégicas vinculadas con la reputación corporativa, la presión de
inversionistas, la competitividad sectorial y la necesidad de legitimación ante los grupos de
interés. Asimismo, se observa que el reporteo es más frecuente en grandes empresas y
multinacionales, mientras que las pymes presentan una participación menor debido a
limitaciones de recursos y a la complejidad de los estándares, aunque muestran una tendencia
creciente impulsada por la búsqueda de encadenamientos productivos y acceso a nuevos
mercados (Acevedo Téllez y Piñeros, 2021). Estos hallazgos permiten comprender que la
sostenibilidad empresarial en la región ha transitado de un ejercicio voluntario aislado hacia
una práctica cada vez más institucionalizada, lo cual ofrece un marco relevante para analizar
el potencial y los desafíos de las MIPYMES chiapanecas frente a la Agenda 2030.
Desde una perspectiva metodológica innovadora, De La Vega Meneses (2024) propone
analizar el desarrollo sostenible en América a partir del enfoque integral de las 5P, personas,
planeta, prosperidad, paz y alianzas, mediante la construcción de un indicador compuesto
basado en la normalización y ponderación de ocho índices internacionales reconocidos, entre
ellos el Human Development Index, el Green Growth Index, el Global Peace Index y el
Concordia Partnership Index. Este planteamiento permite no solo medir el avance de los
países en términos multidimensionales, sino también evidenciar que el desarrollo sostenible
requiere coherencia entre bienestar social, gestión eficiente de recursos, calidad democrática
y articulación institucional. Los resultados muestran que países como Costa Rica, Canadá y
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Chile lideran en la región gracias a desempeños equilibrados en varias dimensiones, mientras
que otras naciones enfrentan rezagos estructurales, lo que confirma que la sostenibilidad no
depende exclusivamente del crecimiento económico, sino de la interacción sistémica entre
variables sociales, ambientales y de gobernanza. Este enfoque integral resulta especialmente
pertinente para examinar el papel de las MIPYMES en Chiapas, al ofrecer un marco analítico
que permite comprender cómo su contribución puede incidir simultáneamente en las distintas
dimensiones de la Agenda 2030.
En el marco de una reflexión crítica sobre la gobernanza global, Gill (2020) sostiene que los
actuales arreglos institucionales no pueden analizarse al margen de las dinámicas históricas
del capitalismo mundial, las relaciones de poder y los principios de inclusión y exclusión que
han configurado el orden internacional .La gobernanza no se limita a la acción de los Estados,
sino que involucra una compleja interacción entre mecanismos públicos y privados,
instituciones formales, redes transnacionales y marcos normativos que, en muchos casos, han
privilegiado los intereses del capital global por encima de consideraciones sociales y
ecológicas. Asimismo, advierte que la actual crisis orgánica, caracterizada por desigualdad
creciente, deterioro ambiental y fragilidad institucional, exige repensar los fundamentos
éticos, políticos y económicos del sistema internacional, orientándolo hacia una gobernanza
planetaria más equitativa y sostenible. Estos planteamientos resultan especialmente
pertinentes para examinar el papel de las MIPYMES frente a la Agenda 2030, pues subrayan
que la sostenibilidad no depende únicamente de metas técnicas, sino de transformaciones
estructurales en las formas de producción, regulación y articulación entre actores económicos
y sociales en los distintos niveles territoriales.
Bajo la perspectiva estructural de la CEPAL, la desigualdad en América Latina no constituye
un fenómeno coyuntural, sino un rasgo histórico y persistente que atraviesa dimensiones
económicas, sociales, territoriales, étnicas y de género, configurando lo que se denomina la
“matriz de la desigualdad social”. Este enfoque permite comprender que las brechas de
ingresos, empleo, protección social, educación y acceso a servicios básicos no operan de
manera aislada, sino que se superponen y reproducen en contextos marcados por alta
informalidad laboral y débil institucionalidad redistributiva. Pese a ciertos avances en la
reducción relativa de la desigualdad del ingreso durante la década de 2000, la región continúa
siendo una de las más desiguales del mundo, situación que se agravó con la pandemia de
Covid-19 y evidenció la fragilidad de amplios sectores vulnerables (Arenas de Mesa y
Cecchini, 2022). En este escenario, la protección social universal, integral y sostenible se
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plantea como un pilar estratégico para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible bajo el
principio de “no dejar a nadie atrás”, lo cual ofrece un marco analítico pertinente para
examinar el papel de las MIPYMES en territorios como Chiapas, donde la informalidad, la
vulnerabilidad y la necesidad de articulación productiva y social son particularmente
relevantes.
Frente al modelo productivo tradicional centrado en el crecimiento ilimitado y la
maximización del beneficio, sostiene que la transición ecológica solo puede ser legítima si se
articula bajo el principio de una “transición ecológica socialmente justa”, es decir, aquella
que integra de manera equilibrada las dimensiones ambiental, laboral y social. La crisis
climática no es únicamente un problema ambiental, sino una crisis estructural que exige
transformar las formas de producir y trabajar, incorporando garantías de trabajo decente,
cohesión territorial y protección de colectivos vulnerables. En este marco, la economía social,
y particularmente las cooperativas, emerge como un actor estratégico, pues sus principios de
primacía de la persona, gestión democrática, compromiso con el desarrollo local y
sostenibilidad la convierten en un modelo coherente con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible. Estas entidades no solo pueden generar empleo verde, sino hacerlo bajo
estándares de calidad y justicia social, configurando un “triángulo social” que articula
producción sostenible, empleo decente y responsabilidad ambiental (Miñarro Yanini, 2023).
Esta perspectiva resulta especialmente pertinente para analizar el papel de las MIPYMES en
contextos como Chiapas, donde la transición hacia modelos productivos sostenibles requiere
no solo innovación económica, sino también una reconfiguración ética y territorial del
desarrollo.
En un contexto internacional marcado por tensiones geopolíticas, cuestionamientos al
multilateralismo y transformaciones estructurales en el comercio global, la Organización
Mundial del Comercio continúa desempeñando un papel relevante en la gobernanza
multilateral, aun en medio de una crisis profunda y prolongada. Peixoto Batista y Maquieira
Alonzo (2024) evidencian que, pese al estancamiento de la Ronda de Doha, la paralización
del Órgano de Apelación y los dilemas en torno a su reforma, la OMC ha logrado adaptarse
mediante mecanismos como los acuerdos plurilaterales, el arbitraje interino y el
fortalecimiento del Mecanismo de Examen de Políticas Comerciales, preservando así sus
funciones esenciales de negociación, solución de controversias y monitoreo. Este enfoque
permite superar lecturas exclusivamente alarmistas y comprender que la gobernanza
comercial global no se encuentra en desaparición, sino en reconfiguración. Tales reflexiones
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resultan pertinentes para el estudio de las MIPYMES frente a la Agenda 2030, pues subrayan
que la sostenibilidad y el desarrollo económico territorial dependen también de marcos
institucionales multilaterales capaces de adaptarse a escenarios complejos y de generar
espacios de regulación, transparencia y cooperación que inciden directamente en las
dinámicas productivas regionales.
En el ámbito de la gestión empresarial contemporánea, la incorporación de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible ha dejado de ser un ejercicio voluntario de reputación corporativa para
convertirse en un componente estratégico de competitividad y legitimidad organizacional.
Rojas-Peña y Delgado-Sánchez (2025) destacan que la integración efectiva de los ODS
implica un cambio cultural profundo, en el que las empresas reconocen la necesidad de
equilibrar metas financieras con impactos ambientales y sociales, transitando hacia modelos
de gestión más responsables y transparentes. La medición, divulgación y auditoría de
información financiera y no financiera, respaldada por marcos como el GRI y la NIIF S1,
permiten evaluar el desempeño empresarial en sostenibilidad y fortalecer la rendición de
cuentas ante los grupos de interés. Asimismo, se identifican desafíos como la ausencia de
métricas estandarizadas, la resistencia cultural y las barreras regulatorias, lo que evidencia
que el rol del sector empresarial en los ODS requiere no solo herramientas técnicas, sino
compromiso estratégico y articulación multisectorial. Esta perspectiva resulta particularmente
relevante para analizar cómo las MIPYMES pueden alinear su gestión con la Agenda 2030 y
contribuir de manera concreta al desarrollo sostenible en contextos regionales como Chiapas.
En el entramado actual de la Agenda 2030, el sector empresarial ha dejado de ser un actor
periférico para convertirse en un protagonista indispensable en la consecución de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible. La integración de los ODS en la gestión empresarial
exige un cambio cultural profundo, en el que las organizaciones reconozcan la necesidad de
articular objetivos financieros con impactos sociales y ambientales, promoviendo así una
gestión sostenible y responsable. En este proceso, la medición, reporte y divulgación de
información financiera y no financiera se convierten en herramientas estratégicas para
evaluar avances y fortalecer la rendición de cuentas. Este planteamiento cobra especial
relevancia en el caso de las MIPYMES, cuya estructura, tamaño y capacidad operativa,
definidas en función de número de empleados y volumen de ventas condicionan tanto sus
oportunidades como sus desafíos para alinearse con la sostenibilidad (Zea Gordillo, Esponda
Pérez, Grajales Nucamendi, & Gómez Hernández, 2025). Así, más allá de su escala, las
MIPYMES pueden desempeñar un papel estratégico en el desarrollo territorial si incorporan
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prácticas de gestión responsables, adaptadas a su realidad organizacional y articuladas con los
principios de la Agenda 2030.
En la discusión contemporánea sobre sostenibilidad, se reconoce que la contribución
empresarial a los Objetivos de Desarrollo Sostenible constituye un eje estratégico para
materializar la Agenda 2030, dado que el sector privado posee capacidad de inversión,
innovación y generación de empleo que incide directamente en el bienestar social y el
desarrollo económico. Estudios evidencian que, aunque los ODS no fueron diseñados
exclusivamente para las empresas, estas pueden alinearlos con sus modelos de negocio a
través de la responsabilidad social empresarial, la innovación sostenible y la integración de
prácticas que generen valor económico, social y ambiental de manera simultánea. No
obstante, persisten desafíos relevantes, como la ausencia de metodologías estandarizadas para
medir el impacto real de las acciones empresariales, el desconocimiento en las mipymes
sobre su potencial contribución y la tendencia a reportar compromisos sin evidencias
cuantificables (Hoyos Bravo, Gutiérrez González, & González, 2025). En el contexto
latinoamericano, donde las mipymes representan la mayor parte del tejido productivo,
fortalecer su articulación con los ODS implica no solo promover reportes de sostenibilidad,
sino avanzar hacia modelos de negocio sostenibles que integren a los grupos de interés y
respondan a las particularidades territoriales, aspecto central para analizar su papel en
regiones como Chiapas.
METODOLOGÍA
Diseño de la investigación
La presente investigación se desarrolló como una revisión sistemática de literatura, con
enfoque cualitativo-interpretativo, orientada a identificar, analizar y sintetizar la evidencia
académica existente sobre la contribución de las micro, pequeñas y medianas empresas
(MIPYMES) al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en América
Latina, con énfasis en contextos de vulnerabilidad territorial como Chiapas.
El proceso metodológico se estructuró siguiendo las directrices del protocolo PRISMA 2020
(Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses), lo que permitió
garantizar transparencia, trazabilidad y rigor científico desde la identificación inicial de
registros hasta la conformación final del corpus analizado.
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Tabla 1. Estudios incluidos en la revisión sistemática y principales hallazgos
AUTOR/A
AÑO
PAÍS/REGIÓN
ENFOQUE
HALLAZGOS RELEVANTES
Arenas &
Cecchini
2022
América Latina
Protección social
La desigualdad estructural limita
la inclusión productiva
Miñarro Yanini
2023
España/AL
Economía social
La transición ecológica debe ser
socialmente justa
Raudales-
García et al.
2024
Internacional
Economía
circular
La economía circular mejora
competitividad y sostenibilidad
Enríquez Prado
et al.
2024
Ecuador
Financiamiento
verde
La taxonomía verde fortalece la
inversión sostenible
Esponda &
Galindo
2025
México
Innovación verde
Green HRM impulsa ventaja
competitiva verde
Fuente: Elaboración propia.
Participantes (Unidad de análisis)
En esta revisión sistemática, la unidad de análisis estuvo conformada por estudios científicos
publicados que abordan:
• MIPYMES y Agenda 2030
• Sostenibilidad empresarial
• Innovación verde y economía circular
• Gobernanza y alianzas estratégicas
• Desarrollo territorial en América Latina
Criterios de inclusión
• Estudios que analicen de forma directa la contribución empresarial o de MIPYMES a
los ODS.
• Artículos científicos revisados por pares.
• Publicaciones entre 2020 y 2026.
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• Idioma: español o inglés.
• Texto completo disponible.
• Metodología claramente identificable.
Criterios de exclusión
• Documentos sin sustento metodológico explícito.
• Publicaciones divulgativas o no académicas.
• Estudios donde los ODS o MIPYMES aparezcan de forma tangencial.
• Registros duplicados.
• Textos sin datos comparables para extracción.
Tabla 2. Ítems para la extracción y organización de la información
CATEGORÍA
DESCRIPCIÓN
Autor y año
Identificación bibliográfica
País o región
Contexto territorial del estudio
Tipo de empresa
Micro, pequeña, mediana
ODS vinculados
ODS analizados en el estudio
Dimensión analizada
Social, económica, ambiental, gobernanza
Metodología
Cualitativa, cuantitativa, mixta, revisión
Principales hallazgos
Resultados clave
Vacíos identificados
Brechas o limitaciones
Fuente: Elaboración propia.
Procedimiento de muestreo
Se empleó un muestreo intencional de literatura científica, centrado en identificar estudios
pertinentes al problema de investigación.
Bases de datos consultadas
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• Scopus
• Web of Science
• SciELO
• Redalyc
• Google Académico
• Latindex
Estrategia de búsqueda
Se utilizaron combinaciones booleanas en español e inglés:
(“SMEs” OR “MIPYMES”) AND (“Sustainable Development Goals” OR “Agenda 2030”)
AND (“Latin America”)
(“economía circular” OR “green innovation”) AND (“SMEs”)
Resultados del proceso de búsqueda
• Registros identificados inicialmente: 1,120
• Registros tras eliminación de duplicados: 940
• Registros evaluados por título y resumen: 940
• Artículos evaluados a texto completo: 210
• Estudios incluidos en la revisión final: 78
Tabla 3. Vínculos con los ODS
SUBCATEGORÍA
ODS VINCULADOS
Reducción de pobreza
ODS 1
Trabajo decente
ODS 8
Emprendimiento femenino
ODS 5
Inclusión laboral
ODS 8, 10
Producción responsable
ODS 12
Economía circular
ODS 12, 13
Innovación verde
ODS 9, 13
Gobernanza local
ODS 16, 17
Financiamiento verde
ODS 13, 17
Redes empresariales
ODS 17
Fuente: Elaboración propia.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
1.Contribución socioeconómica de las MIPYMES a los ODS en contextos de
vulnerabilidad.
La pobreza no puede abordarse únicamente desde indicadores de ingreso, sino que debe
comprenderse en estrecha relación con la vulnerabilidad frente a riesgos y desastres que
profundizan las desigualdades estructurales. Los eventos naturales y las crisis económicas
generan pérdidas humanas, daños en vivienda e infraestructura y afectaciones productivas
que impactan directamente los medios de subsistencia, especialmente en poblaciones con
menor capacidad de respuesta institucional y financiera. En este sentido, la reducción del
riesgo de desastres se configura como un componente esencial para el desarrollo sostenible,
al fortalecer la resiliencia comunitaria, mejorar la planificación territorial y promover
políticas preventivas que protejan activos económicos y sociales (Haro Sarango, Morales
Ramos, Sotelo Castro, Dulanto Ramos, & Pari Mamani, 2023). Este enfoque resulta
particularmente relevante para el análisis de las MIPYMES en contextos de vulnerabilidad
como Chiapas, donde la generación de empleo y la dinamización productiva deben articularse
con estrategias de resiliencia que mitiguen los impactos de choques externos y contribuyan de
manera sostenida a la reducción de la pobreza.
Desde una perspectiva estructural del ODS 8, el empleo pleno y productivo no puede
entenderse como el resultado automático del crecimiento económico, sino como la
consecuencia de un proceso sostenido de transformación productiva que eleve de manera
homogénea la productividad media de la sociedad. El trabajo decente exige no solo
generación de puestos de trabajo, sino condiciones institucionales, educativas y tecnológicas
que permitan articular encadenamientos productivos, economías de aglomeración y mejoras
continuas en capital humano. La automatización y ciertas innovaciones pueden desplazar
empleo sin incrementos significativos de productividad, lo que obliga a repensar la dirección
de la innovación para que contribuya efectivamente al bienestar colectivo (López Ríos,
2023). En este marco, la generación de empleo de calidad en contextos de vulnerabilidad
depende de fortalecer capacidades locales, impulsar sectores estratégicos con potencial de
encadenamiento y promover un entorno institucional inclusivo que facilite la competitividad
y la mejora salarial, elementos que resultan especialmente pertinentes para analizar la
contribución socioeconómica de las MIPYMES en regiones como Chiapas.
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A la luz del análisis del mercado laboral mexicano, el trabajo decente aparece como un
desafío estructural más que coyuntural, particularmente en contextos donde el crecimiento
económico ha sido insuficiente para generar empleos formales de calidad. En México
presenta bajas tasas de desempleo abierto, más del 50% de la población ocupada se encuentra
en condiciones de informalidad, con bajos salarios, limitada protección social y marcadas
desigualdades interregionales, siendo los estados del sur, como Chiapas, los más afectados.
La persistencia de ingresos inferiores a dos salarios mínimos para una proporción
significativa de trabajadores, junto con la falta de acceso a servicios de salud vinculados al
empleo, revela que la ocupación no garantiza condiciones dignas de vida (Peláez, 2021). En
este escenario, la meta del ODS 8 relativa al trabajo decente exige no solo aumentar la
cantidad de empleos, sino transformar su calidad mediante incrementos sostenidos de
productividad, fortalecimiento del sector formal y reducción de brechas territoriales,
elementos que resultan centrales para analizar la contribución socioeconómica de las
MIPYMES en regiones vulnerables.
En el debate sobre inclusión laboral en América Latina, se advierte que el acceso al empleo
no garantiza por sí mismo integración social ni reducción de desigualdades, especialmente
cuando persisten brechas asociadas a género, nivel educativo, territorio y condición
socioeconómica. La segmentación del mercado de trabajo reproduce patrones estructurales de
exclusión, donde mujeres, jóvenes y poblaciones con menor capital humano enfrentan
mayores probabilidades de inserción en ocupaciones informales, precarias o de baja
remuneración. Asimismo, se subraya que la inclusión laboral efectiva requiere políticas
articuladas que combinen formación, protección social, incentivos productivos y
fortalecimiento institucional, evitando que el empleo vulnerable perpetúe ciclos de pobreza
(López-Mera, 2021). La contribución socioeconómica de las MIPYMES en contextos de
vulnerabilidad adquiere especial relevancia, ya que su capacidad de generar oportunidades
laborales locales puede convertirse en un mecanismo de inclusión productiva, siempre que se
acompañe de estrategias orientadas a mejorar la calidad del empleo, la equidad y la
sostenibilidad en el ámbito territorial.
En el contexto femenino el emprendimiento, se configura no solo como una estrategia
económica, sino como una manifestación de agencia transformadora que permite a las
mujeres enfrentar barreras estructurales del mercado laboral y avanzar hacia mayores niveles
de autonomía. Estudios como el de Rodríguez García et al. (2025) evidencian que, aunque
existe una actitud positiva hacia la creación de empresas, reflejada en la motivación y
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creatividad de las estudiantes, la mayoría de las iniciativas se concentran en sectores
tradicionales y en etapas tempranas de desarrollo, con bajos niveles de innovación y alta
necesidad de fortalecimiento en áreas como marketing, gestión financiera y estrategia
empresarial. Asimismo, se identifican obstáculos relacionados con el acceso a
financiamiento, redes de apoyo y procesos de formalización, lo que limita la consolidación de
los negocios liderados por mujeres. Estos hallazgos permiten comprender que el
emprendimiento femenino, especialmente en contextos de vulnerabilidad, puede constituirse
en una vía relevante para la inclusión productiva y la generación de empleo, siempre que esté
acompañado de políticas institucionales y públicas que promuevan condiciones de trabajo
decente, equidad de género y sostenibilidad en el largo plazo.
Desde una perspectiva crítica y transformadora, la economía social y solidaria se configura
como una alternativa al modelo capitalista tradicional, especialmente en contextos marcados
por desigualdad y exclusión, al priorizar la justicia social, la democratización de los recursos
y la dignidad humana por encima del lucro. Este campo ha experimentado un crecimiento
sostenido en las últimas dos décadas, consolidándose como un eje relevante de investigación
en Europa, Norteamérica y América Latina, con un enfoque particular en su potencial para
enfrentar problemáticas como el desempleo, la pobreza y la fragmentación social. En el
ámbito latinoamericano, la economía solidaria adquiere un matiz aún más político y
emancipador, al plantearse como herramienta para fortalecer economías populares, fomentar
la participación comunitaria y generar dinámicas productivas basadas en cooperación,
autogestión y solidaridad (Duque, Meza, Giraldo, & Barreto, 2021). En este sentido, la
articulación entre cooperativismo, desarrollo local y sostenibilidad no solo aporta a la
generación de empleo, sino que también promueve formas de inclusión socioeconómica que
dialogan directamente con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, especialmente en
territorios vulnerables donde las MIPYMES pueden desempeñar un papel estratégico en la
construcción de economías más justas y resilientes.
La articulación de la innovación social empresarial, con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible constituye aún un ámbito incipiente, particularmente en América Latina, donde la
producción académica representa un porcentaje reducido frente a otras regiones. La
innovación social ha sido abordada mayoritariamente desde la Responsabilidad Social
Corporativa, manteniendo un enfoque más filantrópico que estratégico, lo cual limita su
integración al núcleo del modelo de negocio y a la cadena de valor. No obstante, diversos
estudios subrayan que la innovación social empresarial puede convertirse en un motor de
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competitividad y sostenibilidad cuando se concibe como parte del propósito organizacional y
no como una acción periférica, promoviendo la creación de valor compartido, la inclusión
económica y la articulación entre dimensiones sociales, ambientales y económicas.
Asimismo, se reconoce la dificultad de medir su impacto debido a la falta de indicadores
consolidados y a la evolución conceptual del término, lo que revela la necesidad de fortalecer
herramientas metodológicas que permitan evaluar su contribución real al desarrollo sostenible
(Velásquez & Velásquez, 2021). Estos aportes resultan especialmente pertinentes para
analizar cómo las MIPYMES, desde contextos territoriales vulnerables como Chiapas,
pueden incorporar la innovación empresarial con enfoque social como estrategia para
dinamizar el desarrollo socioeconómico y avanzar en el cumplimiento de los ODS.
En contextos locales donde las micro, pequeñas y medianas empresas constituyen el núcleo
del tejido productivo, el acceso al financiamiento se configura como un factor determinante
para transitar hacia modelos de negocio más innovadores y sostenibles. El 40% de las
MiPymes ha intentado implementar prácticas innovadoras o sostenibles, identificando como
principales barreras el financiamiento limitado, la falta de información técnica y regulaciones
poco favorables. Asimismo, aunque el 60% manifiesta disposición a adoptar prácticas
sostenibles con apoyo adecuado y el 72% muestra interés en capacitación, apenas el 24% ha
recibido respaldo gubernamental o municipal, lo que revela una brecha significativa entre la
intención empresarial y los mecanismos efectivos de apoyo (Martínez Areco, 2025). Estos
hallazgos permiten comprender que, en entornos de vulnerabilidad, el financiamiento no solo
representa capital económico, sino una condición estructural para fortalecer la resiliencia,
competitividad y sostenibilidad de las MIPYMES, particularmente cuando se articula con
políticas públicas adaptadas a la realidad territorial.
2. Sostenibilidad ambiental, gobernanza y alianzas estratégicas en las MIPYMES
Ante el creciente deterioro ambiental derivado de patrones de consumo intensivos y modelos
productivos poco sostenibles, la medición de la huella de carbono se presenta como una
herramienta estratégica para avanzar hacia el cumplimiento del ODS 12, orientado a
garantizar modalidades de producción y consumo responsables. La educación para el
desarrollo sostenible cumple un papel central al promover cambios en hábitos individuales y
organizacionales, permitiendo que tanto personas como empresas reconozcan el impacto de
sus decisiones de compra, uso de energía, gestión del agua y disposición final de residuos. La
medición puede realizarse a nivel empresarial, por producto, servicio o territorio, facilitando
la identificación de emisiones asociadas al ciclo de vida y generando insumos para diseñar
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estrategias de mitigación basadas en economía circular, negocios verdes y códigos de buenas
prácticas (Gómez Murcia, 2024). Esta perspectiva resulta particularmente relevante para las
MIPYMES, ya que integrar herramientas de medición ambiental y prácticas sostenibles no
solo fortalece su responsabilidad social y gobernanza interna, sino que también mejora su
competitividad y capacidad de articulación con alianzas estratégicas en contextos territoriales
que enfrentan desafíos ambientales y climáticos significativos.
Al hablar de la transición hacia modelos productivos sostenibles, la economía circular se
consolida como un paradigma estratégico que permite a las empresas abandonar el esquema
lineal de “extraer–producir–desechar” para avanzar hacia procesos de reciclaje, reutilización,
recuperación, rediseño y reducción de residuos. La economía circular no solo contribuye a la
mitigación de impactos ambientales y a la reducción de gases de efecto invernadero, sino que
también genera ventajas competitivas al optimizar costos, fortalecer modelos de negocio
sostenibles y facilitar la adaptación a regulaciones ambientales cada vez más exigentes. La
identificación de palabras clave como business models, supply chain, SME y ecodesign
refleja que este enfoque trasciende el plano ambiental para integrarse en la gobernanza
empresarial y en la articulación de alianzas estratégicas a lo largo de la cadena de valor
(Raudales-Garcia, Acosta-Tzin, & Aguilar-Hernández, 2024). En este sentido, para las
MIPYMES en contextos territoriales como Chiapas, la economía circular representa una
oportunidad para fortalecer su sostenibilidad ambiental, mejorar su competitividad y
consolidar esquemas de producción responsables alineados con los principios de la Agenda
2030.
Desde el punto de vista de la Responsabilidad Social Empresarial, la gestión ambiental en las
pymes trasciende el cumplimiento normativo para convertirse en un modelo estratégico
orientado a prevenir y controlar los impactos derivados de los procesos productivos,
fortaleciendo al mismo tiempo la competitividad y la relación con los grupos de interés. La
dimensión ambiental de la RSE implica integrar prácticas como ecoeficiencia, ecodiseño,
tecnologías limpias, certificaciones ambientales y sistemas de gestión como la ISO 14001, así
como acciones de reducción de la huella de carbono y minimización de residuos, lo que
permite armonizar desempeño económico con responsabilidad ecológica. No obstante,
muchas pymes latinoamericanas implementan estas prácticas de manera poco sistemática,
priorizando la dimensión económica sobre la social y ambiental, lo cual limita su potencial
transformador (González Ordóñez, 2022). En este sentido, fortalecer la gestión ambiental
desde una perspectiva preventiva y estratégica no solo contribuye a la sostenibilidad
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ambiental, sino que consolida esquemas de gobernanza organizacional más sólidos y facilita
la articulación de alianzas estratégicas que favorezcan el desarrollo sostenible en contextos
territoriales como Chiapas.
En el marco de la transición hacia economías bajas en carbono, la innovación verde emerge
como un mecanismo estratégico mediante el cual las MIPYMES pueden fortalecer
simultáneamente su desempeño ambiental y su posición competitiva en el mercado. La
gestión de recursos humanos verdes (Green HRM) influye de manera positiva y significativa
en la ventaja competitiva verde, tanto de forma directa como a través del efecto mediador de
la innovación verde. El intercambio de conocimiento verde potencia esta relación, al actuar
como un factor moderador que refuerza el impacto de las prácticas internas sobre los
procesos innovadores. Desde la perspectiva de la teoría basada en recursos (RBV) y el
enfoque habilidad-motivación-oportunidad (AMO), Esponda Pérez y Galindo Ramírez
(2025) destacan que el capital humano con competencias ambientales, la formación
especializada y la cultura organizacional orientada a la sostenibilidad constituyen recursos
valiosos, difíciles de imitar y generadores de ventajas sostenibles en el tiempo. En este
sentido, la innovación verde no solo implica el desarrollo de productos y procesos menos
contaminantes, sino la construcción de capacidades organizacionales que permiten a las
MIPYMES integrar la sostenibilidad en su estrategia, fortaleciendo su gobernanza interna y
su capacidad de articulación con alianzas estratégicas orientadas al cumplimiento de la
Agenda 2030.
En el debate contemporáneo sobre sostenibilidad corporativa, la Responsabilidad Social
Corporativa (RSC) se consolida como un instrumento estratégico para alinear la gestión
empresarial con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, particularmente en lo relativo a la
responsabilidad ambiental y la producción sostenible. Los ODS, formulados por la ONU en
2015, constituyen un marco común que orienta a las empresas a diseñar estrategias y
operaciones basadas en conductas socialmente responsables, integrando dimensiones
económicas, sociales y ambientales bajo el enfoque del triple resultado: beneficios, personas
y planeta. Asimismo, estándares como el Global Reporting Initiative (GRI) y otros marcos de
reporte fortalecen la transparencia y permiten comunicar de manera comparable el impacto
empresarial en la economía, el medio ambiente y la sociedad, facilitando la rendición de
cuentas ante los grupos de interés (Arteaga-Alcívar , Begnini-Domínguez, Cabezas-Arellano,
& Salcedo-Rúales , 2022). Esta articulación entre desarrollo sostenible y RSC evidencia que
la responsabilidad ambiental corporativa no es un complemento periférico, sino un eje central
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de la gobernanza organizacional, especialmente relevante para las MIPYMES que buscan
integrarse de manera estratégica a la Agenda 2030 en contextos territoriales que demandan
mayor coherencia entre crecimiento productivo y sostenibilidad ecológica.
A partir del reconocimiento de que la Agenda 2030 requiere una implementación multinivel,
los gobiernos locales se posicionan como actores estratégicos en la gobernanza de la
sostenibilidad, aunque su capacidad de acción depende de complejas relaciones
interinstitucionales y redes de apoyo. El análisis realizado por Navarro Arredondo (2021)
destaca que los municipios, por su cercanía con la ciudadanía y su responsabilidad en áreas
clave como desarrollo económico, gestión ambiental, servicios públicos y planificación
territorial, están bien situados para impulsar acciones alineadas con los ODS; sin embargo,
enfrentan limitaciones presupuestarias, técnicas e institucionales que condicionan su margen
de maniobra. En este sentido, la gobernanza local efectiva no se concibe como un ejercicio
aislado, sino como parte de un sistema de gobernanza multinivel donde interactúan actores
públicos, privados y sociales bajo esquemas de metagobernanza, policentricidad y redes
colaborativas. Asimismo, se subraya que la descentralización y el fortalecimiento de
capacidades, en términos de liderazgo, conocimiento, arreglos institucionales y rendición de
cuentas, son factores determinantes para que las acciones locales trasciendan el ámbito
territorial y contribuyan de manera coherente a la sostenibilidad global. Esta perspectiva
resulta especialmente relevante para las MIPYMES, cuya articulación con gobiernos locales,
sociedad civil y alianzas estratégicas puede potenciar la producción responsable y la
sostenibilidad ambiental en contextos como Chiapas.
En el actual escenario de crisis climática y presión por cumplir los compromisos del Acuerdo
de París, el financiamiento verde se posiciona como un instrumento clave para canalizar
recursos hacia actividades económicas que contribuyan de manera sustancial a la mitigación
y adaptación al cambio climático. La implementación de una taxonomía verde, como sistema
de clasificación de actividades y activos ambientalmente sostenibles, permite establecer un
lenguaje común entre inversionistas, sector financiero y actores públicos, fortaleciendo la
transparencia, evitando el greenwashing y facilitando la movilización de capital público y
privado hacia sectores estratégicos como energía, transporte, manufactura, agua y economía
circular. Asimismo, experiencias como la de Colombia y la Unión Europea muestran que una
gobernanza financiera estructurada, alineada con objetivos ambientales claros y criterios
técnicos verificables, puede acelerar la transición hacia economías bajas en carbono y
resilientes al clima (Enríquez Prado, Aldana Cruz, Abril Buenaño, Pesantez Huanga, &
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Aguas Ortiz, 2024). En este sentido, el financiamiento verde no solo representa una fuente de
inversión, sino un mecanismo de articulación institucional y estratégica que permite a las
MIPYMES integrarse en cadenas de valor sostenibles, fortalecer su competitividad y
contribuir activamente al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en
contextos territoriales como Chiapas.
En el contexto de la implementación del ODS 12, las redes empresariales y la articulación
entre actores públicos, privados y académicos se configuran como mecanismos clave para
fortalecer la sostenibilidad ambiental y la gobernanza en las pymes. La Responsabilidad
Social Empresarial y la innovación social no pueden desarrollarse de manera aislada, sino que
requieren la interacción coordinada de gobiernos federales, estatales y municipales,
instituciones educativas, proveedores, consumidores y organismos internacionales,
conformando un ecosistema colaborativo orientado a la producción y el consumo
responsables. Iniciativas como el Pacto Mundial y los marcos de indicadores del ODS 12
promueven la transparencia, la rendición de cuentas y la integración de prácticas sostenibles
en la gestión organizacional, lo que fortalece la gobernanza multinivel (Romo Jiménez,
2025). En este sentido, las redes empresariales no solo facilitan el intercambio de
conocimientos, recursos y buenas prácticas, sino que también potencian la capacidad de las
MIPYMES para adoptar estrategias de sostenibilidad, innovar socialmente y responder de
manera articulada a los desafíos ambientales y productivos en territorios como Chiapas.
CONCLUSIÓN
La revisión sistemática evidencia que las MIPYMES constituyen un actor estratégico para el
cumplimiento de la Agenda 2030 en América Latina, especialmente en territorios con alta
vulnerabilidad socioeconómica como Chiapas. Su contribución trasciende la generación de
empleo, al incidir en procesos de inclusión productiva, emprendimiento femenino, economía
solidaria e innovación social, elementos fundamentales para avanzar en los ODS 1, 5 y 8. No
obstante, persisten limitaciones estructurales asociadas con informalidad, acceso restringido a
financiamiento, baja adopción tecnológica y debilidad institucional, que reducen su capacidad
de impacto sostenido.
En el ámbito ambiental, la incorporación de modelos de economía circular, innovación verde
y gestión ambiental empresarial representa una oportunidad para fortalecer su competitividad
y alineación con los ODS 12 y 13. Asimismo, la articulación con gobiernos locales, redes
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empresariales y mecanismos de financiamiento verde resulta clave para consolidar esquemas
de gobernanza multinivel que potencien su contribución.
Teóricamente, el estudio integra enfoques de desarrollo territorial, triple resultado y
gobernanza multinivel en el análisis de las MIPYMES. Prácticamente, aporta insumos para el
diseño de políticas públicas diferenciadas orientadas a fortalecer capacidades productivas y
sostenibles en contextos subnacionales. Entre las limitaciones se reconoce la dependencia de
literatura secundaria y la escasez de estudios empíricos específicos para Chiapas, lo que abre
líneas futuras de investigación orientadas a estudios de campo y análisis comparativos
regionales.
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Cómo citar este artículo (APA 7ª edición):
Esponda Pérez, J. A. ., Zea Gordillo, R. E. ., Chávez Rodríguez, M. del C. ., & Gómez
Hernández, E. E. . (2026). Las MIPYMES en Chiapas Frente a la Agenda 2030: Su
Contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible en América Latina. Prisma ODS:
Revista Multidisciplinaria Sobre Desarrollo Sostenible, 5(1), 345-
368. https://doi.org/10.65011/prismaods.v5.i1.171