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PORTADA
(Elaborada por la revista)
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Integración de la Economía Circular en las Políticas Públicas
para Fortalecer la Responsabilidad Social Empresarial
Integration Of Circular Economy in Public Policies to Strengthen Corporate
Social Responsibility
Martha Beatriz Santa Ana Escobar
m_santaana@ucol.mx
https://orcid.org/0000-0002-8183-6146
Universidad de Colima
Manzanillo, Col. – México
Hugo Martín Moreno Zacarías
hugmor@ucol.mx
https://orcid.org/0000-0001-8381-631X
Universidad de Colima
Tecomán, Col. – México
Óscar Bernardo Reyes Real
oscarreal@ucol.mx
https://orcid.org/0000-0001-7631-1946
Universidad de Colima
Manzanillo, Col. – México
Artículo recibido: 28/12/2025
Aceptado para publicación: 01/02/2026
Conflictos de Intereses: Ninguno que declarar
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RESUMEN
Este artículo presenta una revisión bibliográfica sobre la relación entre economía
circular (EC), políticas públicas y responsabilidad social empresarial (RSE) como elementos
clave para transitar hacia el desarrollo sostenible. Se analizan los principales conceptos,
enfoques y estrategias que vinculan estas tres dimensiones, poniendo especial énfasis en las
políticas públicas como aceleradoras de la transformación de modelos lineales hacia esquemas
productivos circulares, inclusivos y regenerativos. Con base en la literatura académica, se
identifican beneficios, tensiones y críticas en torno a la incorporación de la EC en el ámbito
empresarial, así como su alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Asimismo, se
revisan experiencias en América Latina y Europa que muestran avances y limitaciones en la
institucionalización de la EC y su articulación con la RSE. Los hallazgos permiten concluir
que, si bien existen marcos y prácticas emergentes, persisten barreras estructurales, políticas,
culturales y de capacidad que dificultan la consolidación de un modelo económico que sea, al
mismo tiempo, circular, socialmente responsable y justo.
Palabras clave: economía circular, responsabilidad social empresarial, políticas
públicas, sostenibilidad, gobernanza
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ABSTRACT
This article presents a literature review on the relationship between the circular
economy (CE), public policies, and corporate social responsibility (CSR) as key elements for
transitioning to sustainable development. It analyzes the main concepts, approaches, and
strategies that link these three dimensions, with a special emphasis on public policies as
accelerators of the transformation from linear models to circular, inclusive, and regenerative
production systems. Based on academic literature, it identifies benefits, tensions, and criticisms
surrounding the incorporation of the CE in the business sphere, as well as its alignment with
the Sustainable Development Goals. It also reviews experiences in Latin America and Europe
that demonstrate progress and limitations in the institutionalization of the CE and its integration
with CSR. The findings lead to the conclusion that, while emerging frameworks and practices
exist, structural, political, cultural, and capacity barriers persist, hindering the consolidation of
an economic model that is simultaneously circular, socially responsible, and equitable.
Keywords: circular economy, corporate social responsibility, public policy,
sustainability, governance
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INTRODUCCIÓN
La crisis ambiental contemporánea caracterizada por el agotamiento de recursos, la pérdida de
biodiversidad, la elevada contaminación y el cambio climático han cuestionado la forma en
que producimos, consumimos y nos relacionamos con la naturaleza. Frente a este contexto, el
modelo económico lineal basado en la extracción, producción, consumo y desecho presenta
límites ecológicos y sociales, y obliga a repensar las bases del desarrollo económico. En este
escenario, la economía circular constituye una alternativa que busca prolongar la vida útil de
los materiales y productos, reducir la generación de residuos y mejorar la eficiencia en el uso
de recursos (Purushothaman, et al., 2025).
De manera paralela, la responsabilidad social empresarial ha pasado de ser entendida como un
conjunto de acciones filantrópicas, a concebirse como una forma de gestión que incorpora de
manera explícita las dimensiones económica, social, ambiental y ética de la actividad
empresarial. Con este enfoque, las empresas no solo responden ante sus accionistas, sino
también ante los distintos grupos de interés con los que se vinculan (Carroll, 1999; Monroy,
2021). Considerando esta relación de la EC con la RSE se debe replantear el papel de la
empresa en la sociedad, ya que debe de transformar su enfoque de generar rendimientos a
buscar el bienestar colectivo y cuidado del entorno.
Sin embargo, la adopción de prácticas de RSE, así como de los modelos circulares no se
implementan tan rápido como deberían. Parte importante para dicha adopción depende de la
cultura organizacional que exista en la empresa, en contextos donde el medio ambiente tiene
gran valor para los directivos y los colaboradores, la implementación se realiza de manera
espontánea, sin embargo, en empresas donde no existe dicho valor, será muy difícil su
incorporación. En este sentido es donde las políticas públicas tienen una importancia
estratégica, ya que, a través del establecimiento de marcos normativos consistentes,
instrumentos económicos, esquemas de incentivos, programas de formación y mecanismos de
gobernanza colaborativa, se puede generar y sostener un entorno institucional adecuado para
el desarrollo de iniciativas empresariales vinculadas con la economía circular y la RSE
(Steurer, 2013).
La literatura reciente muestra avances importantes tanto en el desarrollo de modelos de negocio
circulares como en la incorporación de la sostenibilidad en la gestión empresarial. Sin embargo,
aún existen vacíos que frenan su consolidación. Por un lado, persiste una fragmentación
conceptual que dificulta articular de manera clara, la economía circular, la responsabilidad
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social empresarial y las políticas públicas dentro de un marco teórico integrado (Islam et al.,
2025). Por otro lado, la evidencia empírica en países en desarrollo sigue siendo limitada, ya
que en esos contextos los desafíos estructurales, institucionales y socioeconómicos suelen ser
más complejos; lo que reduce la posibilidad de diseñar políticas públicas adaptadas a realidades
locales diversas (Gallardo-Vázquez et al., 2024; Hong et al., 2024). En el mismo sentido, aún
es escasa la investigación que analice de forma directa los mecanismos mediante los cuales las
políticas públicas influyen en las decisiones empresariales para adoptar prácticas más circulares
y socialmente responsables.
Desde esta perspectiva, la economía circular no puede entenderse solo como una innovación
técnica, sino como una transformación estructural de los modelos de desarrollo, donde
confluyen —y deben coordinarse— el gobierno, el sector empresarial, la academia y la
ciudadanía. Su alcance va más allá de optimizar el uso de los recursos, también radica en su
potencial para aportar a la construcción de sociedades más sostenibles, equitativas e inclusivas
(Meléndez et al., 2021).
Con base en los argumentos expuestos, este artículo tiene como objetivo analizar, a partir de
una revisión bibliográfica, cómo la incorporación de la economía circular en el diseño e
implementación de políticas públicas puede fortalecer las prácticas de responsabilidad social
empresarial y, a la vez, contribuir a un modelo de desarrollo más sostenible, equitativo e
inclusivo. Para ello, se presentan los principales fundamentos conceptuales de la economía
circular y la responsabilidad social empresarial; se analizan sus puntos de convergencia y
tensión; se revisa el papel de las políticas públicas en la transición hacia modelos circulares; y
se discuten los desafíos estructurales que aún limitan su consolidación.
METODOLOGÍA
Para la realización del presente artículo se hizo una revisión bibliográfica orientada a examinar
críticamente la literatura sobre economía circular, responsabilidad social empresarial y
políticas públicas a fin de identificar la relación entre ellas. La búsqueda se llevó a cabo en
bases de datos académicas como Google Scholar, Scopus, Redalyc, Dialnet y SpringerLink, de
igual forma se analizaron documentos normativos, informes institucionales y publicaciones
oficiales de organismos relacionados con la sostenibilidad y la función pública.
Se incluyeron trabajos publicados entre 2010 y 2025, sin límites geográficos, a fin de identificar
tendencias globales y experiencias regionales relevantes. Los criterios de inclusión fueron:
pertinencia temática sobre economía circular, responsabilidad social empresarial y políticas
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públicas; solidez académica o técnica, privilegiando artículos indexados, informes de
organismos internacionales y marcos normativos; así como la actualidad y relevancia
contextual para el debate contemporáneo sobre el desarrollo sostenible. En particular, se
consideraron documentos de organismos internacionales, como la UNESCO y el PNUMA, así
como marcos normativos relacionados con la economía circular y la responsabilidad social.
Se organizó la información en cinco subtemas: 1. fundamentos de economía circular; 2.
responsabilidad social empresarial: evolución y alcances; 3. interacción entre economía
circular y responsabilidad social empresarial; 4. el papel de las políticas públicas en los
procesos de transición hacia modelos circulares; y 5. desafíos estructurales y principales
críticas asociadas a la economía circular.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Fundamentos de la Economía Circular
La economía circular constituye una alternativa al modelo lineal tradicional, con el objetivo de
desligar el crecimiento económico de la sobre explotación de recursos naturales y del
incremento sostenido en la generación de residuos. Mientras que el modelo lineal suele recorrer
una ruta de extracción, producción, consumo y disposición final; la economía circular se enfoca
en cerrar los ciclos de materiales mediante estrategias como la reutilización, la reparación, la
remanufactura y el reciclaje, con el propósito de extender la vida útil de productos y recursos
(Purushothaman et al., 2025).
Este enfoque no se limita solo a un beneficio ambiental, sino que también abre oportunidades
económicas y sociales, ya que incentiva la innovación, la creación de empleos verdes y la
disminución de la dependencia de materias primas vírgenes. En esta misma línea, la Fundación
Ellen MacArthur (2021) señala que la economía circular puede reducir la huella ecológica de
las actividades productivas, al tiempo que impulsa formas de negocio sustentadas en un uso
más eficiente y responsable de los recursos.
La EC guarda una estrecha relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS),
particularmente con el ODS 12 (producción y consumo responsables) y el ODS 13 (acción por
el clima), al fomentar prácticas que reducen emisiones de gases de efecto invernadero y
mejoran la gestión de materiales (Ruiz, 2022). Ázara et al. (2025) y Niskanen y McLaren
(2023) señalan, en este sentido que existe la necesidad de un marco internacional coordinado
que permita compartir tecnología y conocimiento para lograr la transición hacia una economía
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sostenible y justa. Por ello, más que una solución meramente técnica, la EC implica una
transformación sistémica que abarca marcos institucionales, normativos y culturales. En este
sentido, García (2022) sostiene que la “revolución circular” coloca a las personas en el centro:
son parte del problema, pero también de la solución, al promover un modelo de sostenibilidad
ambiental con equidad social y económica.
La transición requiere, además, un fuerte apoyo en la innovación como motor principal para
transformar los modelos lineales en sistemas productivos regenerativos, sostenibles y
resilientes. La innovación no se limita a la tecnología: incluye cambios organizacionales,
institucionales y culturales que optimizan el uso de recursos y crean valor compartido entre
economía, sociedad y medio ambiente. Imbernó y Souto (2023) subrayan que esta palanca se
concreta en estrategias como el ecodiseño, la digitalización y la simbiosis industrial, que
reconfiguran la cadena de valor y convierten residuos en insumos. De forma complementaria,
se requieren tecnologías limpias y modelos de negocios circulares con cooperación desde la
triple o cuarta hélice del desarrollo, para fortalecer la resiliencia económica y el empleo verde
(Geissdoerfer et al., 2017).
Además de cerrar ciclos, la EC se sustenta en estrategias complementarias de “narrowing,
slowing and closing resource loops”, orientadas a reducir los flujos materiales por unidad de
función, alargar el tiempo de uso mediante reparación, reacondicionamiento y remanufactura,
y a recircular materiales al final de vida (Bocken et al., 2016). Estas estrategias se
operacionalizan a través de modelos de negocio circulares —servitización, product-as-a-
service, plataformas de reuso y remanufactura— que crean valor económico junto con valor
ambiental y social (Geissdoerfer et al., 2020; De Angelis, 2022). La literatura reciente subraya,
además, la necesidad de incorporar métricas de ciclo de vida y verificación independiente para
evitar efectos rebote que erosionen los beneficios netos de circularidad (IPCC, 2022; Ellen
MacArthur Foundation, 2021).
No obstante, la literatura crítica advierte sobre las limitaciones de la circularidad total, Kovacic
(2022) recuerda que la termodinámica y la degradación de materiales imponen límites físicos
al reciclaje infinito, lo que exige complementar la EC con estrategias de prevención, reducción
del consumo y rediseño de los sistemas productivos. En América Latina, la EC se ha
incorporado mediante políticas nacionales, hojas de ruta e instrumentos jurídicos en países
como Chile, Colombia y México, con ritmos y alcances diferenciados (Castillo et al., 2023;
Díaz, 2025). Estos avances conviven con brechas de infraestructura, educación ambiental,
financiamiento y gobernanza, que condicionan la transición hacia modelos realmente
circulares.
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La transición hacia la EC, por tanto, no ocurre solo por innovaciones empresariales, sino que
demanda una mezcla coherente que combine regulación (p. ej., responsabilidad extendida del
productor y requisitos de ecodiseño), incentivos fiscales y financieros a la eco-innovación,
compras públicas sostenibles, estándares y etiquetado, e infraestructura para logística inversa
y simbiosis industrial (European Commission, 2020; OECD, 2020). Estos instrumentos deben
alinearse con indicadores de desempeño —huella material, intensidad de carbono, tasas de
reutilización/remanufactura— y con marcos de reporte corporativo conectados a los ODS (12
y 13), favoreciendo la toma de decisiones empresariales y evitando la fragmentación (UN
Global Compact, 2020). La evidencia comparada sugiere que escalar hacia la circularidad y su
sinergia con la RSE depende de esa articulación multi-instrumental y multinivel.
Finalmente, una EC genuina es también inclusiva y justa: incorpora criterios de justicia
ambiental, protección laboral y desarrollo de capacidades —especialmente para PYMES y
reciclaje de base— mediante financiación verde, formación técnica y gobernanza participativa
(OECD, 2020). Sin embargo, los datos globales sobre la circularidad de la economía mundial
muestran que ésta sigue siendo baja (7.2 %), situación que exige acelerar políticas públicas y
prácticas empresariales para lograr que dicha circularidad reduzca emisiones y genere valor
social y ambiental (Ellen MacArthur Foundation, 2021). Esta postura se vincula con la Agenda
2030 y con una RSE que no sólo mitigue impactos, sino que contribuya activamente al
desarrollo sostenible (UN Global Compact, 2020).
Responsabilidad social empresarial: evolución y alcances
La responsabilidad social empresarial ha evolucionado desde los enfoques asociados con la
filantropía hasta perspectivas integrales que consideran a la empresa como un actor con
responsabilidades económicas, sociales, ambientales y éticas frente a sus grupos de interés
(Carroll, 1999). En este marco, la RSE se va incorporando gradualmente a la estrategia del
negocio y deja de ser un concepto vacío para formar parte de las decisiones clave de la empresa.
En las últimas décadas, la responsabilidad social empresarial se ha vinculado cada vez más con
marcos voluntarios, estándares internacionales y esquemas de certificación que orientan el
desempeño organizacional. Entre estos instrumentos destaca la Norma ISO 26000 y, en el
contexto mexicano, la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015, que incorpora criterios
relacionados con la equidad laboral y la responsabilidad social (Secretaría de Economía, 2015).
De forma complementaria, el marco jurídico nacional y local también establece obligaciones
que refuerzan la incorporación de principios de sostenibilidad en la gestión empresarial; por
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ejemplo, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley General
para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, la Ley Ambiental del Distrito Federal y
la Ley de Residuos Sólidos para el Distrito Federal (Becerra y Godínez, 2016). En conjunto,
estos referentes buscan impulsar prácticas empresariales más consistentes con la igualdad de
oportunidades, el respeto a los derechos humanos, la protección del medio ambiente y la
transparencia organizacional.
La responsabilidad social empresarial se ha ido alineando con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible, lo cual representa un giro relevante en el papel de las empresas, ya que no se trata
únicamente de mitigar impactos negativos, sino de asumir una contribución más activa en la
generación de valor social y ambiental (Sanit y Kanokwara, 2025). Con lo cual, la RSE deja de
entenderse como un elemento accesorio o un “valor añadido” y comienza a visualizarse como
un componente transversal de la gestión corporativa.
Adicionalmente, la RSE ha avanzado hacia un enfoque más estratégico y estructural, impulsado
por la expectativa creciente de inversionistas y actores financieros que buscan canalizar
recursos hacia organizaciones con un desempeño sólido en materia ambiental y social. Estudios
recientes muestran que las empresas con políticas claras de RSE tienden a tener mejor
desempeño financiero y acceso más favorable a capital, debido a la reducción de riesgos
ambientales, sociales y de gobernanza (ESG). En este sentido, Khan, Serafeim y Yoon (2016)
muestran que las empresas con un desempeño sólido en criterios ambientales, sociales y de
gobernanza (ESG) tienden a obtener mejores resultados de rentabilidad frente a sus pares. Este
hallazgo sugiere que la RSE no se reduce a una respuesta ética o reputacional, sino que cuando
se integra de manera consistente a la gestión, puede convertirse en una fuente de ventaja
competitiva sostenible, especialmente en mercados globalizados.
Por otra parte, la incorporación de la RSE en la gestión de la cadena de valor ha impulsado
enfoques que subrayan una responsabilidad “extendida”, es decir, que no se limita solo a la
organización, sino que se plantea que las empresas asuman compromisos alineados con
estándares internacionales, como los Principios del Pacto Global de las Naciones Unidas, los
Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos, y los criterios ambientales y sociales
promovidos por organismos como la OCDE. Rasche, Morsing y Moon (2017) señalan que esta
orientación transnacional contribuye a fortalecer la coherencia entre las prácticas internas, las
expectativas de los grupos de interés y los marcos regulatorios emergentes, favoreciendo
modelos de negocio más resilientes y alineados con la agenda global de sostenibilidad.
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En otro sentido, sigue habiendo un desfasamiento entre el discurso y la práctica de la RSE,
Monroy (2021) señala que existen organizaciones que maquillan sus prácticas aparentando que
tienen un compromiso con ésta, pero no modifican sus estructuras y procesos, sino que se
limitan solo a realizar actividades simbólicas o de marketing.
Finalmente, la literatura contemporánea señala que los enfoques tradicionales de la RSE no son
suficientes y, por ello, requieren complementarse con modelos de innovación social y
esquemas de gobernanza colaborativa. Al respecto, Porter y Kramer (2011) proponen la
creación de valor compartido como una evolución de la RSE, en la medida en que permite
generar beneficios sociales al mismo tiempo que se fortalece la competitividad empresarial.
Este enfoque invita a que las empresas diseñen estrategias que vayan más allá de la mitigación
de impactos negativos y que aporten, de manera más directa, a transformar condiciones
estructurales en comunidades y mercados; un giro que resulta especialmente pertinente cuando
se busca avanzar hacia modelos de economía circular y desarrollo sostenible.
Interacción entre economía circular y responsabilidad social empresarial
La relación entre la EC y la RSE puede entenderse como una vía estratégica para avanzar hacia
modelos de negocio más integrales, en los que la lógica económica se vincule con compromisos
ambientales y sociales. Aunque ambos enfoques han seguido trayectorias distintas, convergen
en principios relevantes, como el uso ético de los recursos, la innovación con responsabilidad
y la creación de valor compartido, lo que refuerza su potencial como marcos complementarios
para orientar la gestión empresarial (Canossa-Montes de Oca, 2021).
Desde una perspectiva operativa, la EC aporta herramientas concretas, como el ecodiseño, el
uso de materiales reciclables, la minimización de residuos, el aprovechamiento de energías
renovables y la implementación de logística inversa, los cuales permiten a las organizaciones
traducir sus compromisos de RSE en acciones verificables, especialmente en la dimensión
ambiental. Estas prácticas no solo promueven procesos productivos más eficientes, sino que
también pueden contribuir a la reducción de costos en el mediano y largo plazo, al mismo
tiempo que fortalecen su reputación corporativa (Hong, et al. 2024).
La RSE, por su parte, comparte un marco ético y de gobernanza que orienta la manera en que
las empresas incorporan los principios de la EC en sus procesos y decisiones. En general, las
organizaciones que asumen compromisos que van más allá del cumplimiento legal muestran
mayor disposición para rediseñar sus modelos de negocio, construir vínculos de colaboración
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con actores gubernamentales y comunitarios, y fortalecer la transparencia de sus prácticas
(González Ordaz & Vargas‑Hernández, 2017).
Esta convergencia suele hacerse más evidente en sectores con impactos ambientales y sociales
significativos, como la industria alimentaria, la construcción, la manufactura y el comercio
minorista. Casos como los de Grupo Bimbo, Nestlé México y Cemex muestran que es posible
articular iniciativas de economía circular, por ejemplo: reducción de residuos, optimización
energética e innovación en empaques con acciones de responsabilidad social empresarial
orientadas al fortalecimiento comunitario y a una transición productiva más sostenible (De
León, et al. 2024).
No obstante, la integración de la economía circular con la RSE conlleva algunos retos, autores
como Kovacic (2022) y Valenzuela y Böhm (2017) advierten que la EC puede ser apropiada
como discurso tecnocrático que legitima la continuidad de modelos extractivistas, bajo la
promesa de una “eficiencia verde” que no cuestiona los patrones de producción y consumo. En
estos casos, la articulación con la RSE podría reproducir lógicas de greenwashing si no existen
mecanismos de rendición de cuentas y control social.
Por ello, la interacción entre EC y RSE solo adquiere sentido transformador cuando se vincula
con cambios profundos en la cultura organizacional, en el diseño institucional y en las políticas
públicas. Se requiere una visión de largo plazo, marcos regulatorios robustos, incentivos
alineados con la sostenibilidad y esquemas de gobernanza participativos que consideren la
opinión de las comunidades afectadas.
El papel de las políticas públicas en los procesos de transición hacia modelos circulares
Las políticas públicas son un componente indispensable para avanzar de experiencias aisladas
a procesos de transición circular más amplios y sostenidos. A través de leyes, reglamentos,
instrumentos económicos, programas de formación y mecanismos de coordinación, los
gobiernos pueden crear condiciones habilitantes para que empresas y ciudadanía adopten
prácticas circulares (Steurer, 2013; Ortiz et al., 2017, Pérez, 2013).
Entre los instrumentos más visibles se encuentran las regulaciones ambientales que integran el
enfoque de ciclo de vida, la responsabilidad extendida del productor y los objetivos de
reducción de residuos. Ejemplos de ello son la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor
en Chile o la Hoja de Ruta para la Economía Circular 2040, que plantean metas e incentivos
específicos para rediseñar productos, mejorar su reciclabilidad y responsabilizar a las empresas
por la gestión de sus residuos (Castillo et al., 2023).
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En México, se observan avances como la Ley de Economía Circular de la Ciudad de México y
programas vinculados a Basura Cero, que han impulsado alianzas público-privadas, la creación
de empleos verdes y el incremento en la recuperación de materiales como el PET postconsumo
(Díaz, 2025). Sin embargo, persisten problemas de coordinación intergubernamental, falta de
infraestructura adecuada, insuficiente fiscalización y baja cultura de separación de residuos, lo
que limita el impacto de estas políticas.
El gobierno también puede incidir mediante incentivos fiscales y financieros —bonos verdes,
subsidios para innovación tecnológica, estímulos para la adopción de energías renovables o la
reducción de residuos— que mejoren la competitividad de los modelos circulares frente a los
esquemas tradicionales (Observatorio de RSC, 2014; Sastre, 2019).
Las políticas públicas constituyen el principal mecanismo de transición desde el modelo lineal
hacia uno regenerativo y restaurativo, donde el diseño de los productos, la extensión de su vida
útil y la regeneración ambiental son pilares esenciales. Para ello, se debe tener una
armonización normativa, se puede decir ¨no se puede mejorar lo que no se mide¨, para esto se
deben buscar indicadores homologados con métricas de impacto y sostenibilidad y la necesidad
de alinear las políticas públicas con los principios de justicia social y sostenibilidad. Con el fin
de adoptar políticas con principios de transversalidad, progresividad, transparencia y equidad
de género, fortaleciendo la gobernanza multinivel para lograr impactos sostenibles (Flores,
Loutfi, González y Alarcón, 2024, Tertusio, 2025, Lacayo y Juárez, 2024).
Gran parte de estas acciones y políticas son vistas desde una perspectiva internacional que es
propuesta por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), que
desde 2023 establece un marco estadístico que guía a los países en la implementación y
seguimiento de sus políticas circulares usando indicadores estandarizados de uso mundial para
el desarrollo de las EC (PNUMA, 2023).
Otro ámbito clave es la educación y la sensibilización. Sin cambios en los patrones de consumo,
en la percepción social de los residuos y en la comprensión del papel de las empresas en la
sostenibilidad, la EC corre el riesgo de quedarse en el discurso. Iniciativas de educación
ambiental y campañas ciudadanas, impulsadas desde las políticas públicas, son fundamentales
para construir una cultura que valore la circularidad (Cantabria Circular, 2025; UNESCO,
2025).
Navarrete-Hernández (2016) examina el papel de las políticas municipales en la sostenibilidad
de los recicladores de base, subrayando que, aunque estas políticas pueden mejorar las
condiciones laborales, no abordan problemas estructurales como el acceso a pensiones y salud.
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Esto indica que las políticas deben ser más integradas y considerar la complejidad del reciclaje
dentro de la economía informal.
Finalmente, la efectividad de las políticas públicas depende de su capacidad para articularse
con la RSE y con otros actores sociales en esquemas de gobernanza colaborativa. El enfoque
de la “cuarta hélice” —que integra gobierno, empresas, academia y sociedad civil— resulta
especialmente pertinente para diseñar soluciones que consideren las particularidades
territoriales y no reproduzcan desigualdades (Ortiz et al., 2017).
En ausencia de políticas públicas integrales, coherentes y participativas, la economía circular
tiende a limitarse a proyectos puntuales con alcance reducido, sin una transformación
estructural del modelo productivo.
Desafíos estructurales y principales críticas asociadas a la economía circular
Pese a su creciente protagonismo en el debate sobre sostenibilidad, la economía circular
enfrenta críticas y desafíos que invitan a mirarla con cautela. Una primera limitación se vincula
con las leyes de la termodinámica: la entropía impide el reciclaje total de los materiales y, por
tanto, la idea de circularidad completa es físicamente inviable (Kovacic, 2021). Esto obliga a
reconocer que la EC debe incluir estrategias de prevención, reducción en origen y cambios en
los patrones de consumo, y no descansar únicamente en la tecnología.
Desde la perspectiva económica, Valenzuela y Böhm (2017) señalan el desacople entre la
velocidad de los ciclos naturales y el ritmo de producción y consumo del sistema capitalista.
Alcanzar una verdadera circularidad implicaría desacelerar el crecimiento o redefinirlo, algo
que resulta poco atractivo en contextos donde el progreso se mide casi exclusivamente a través
del PIB.
También se ha cuestionado la posibilidad de que la EC funcione como narrativa tecnocrática
que evita discutir la dimensión política de la crisis socioambiental. Bajo esta mirada, se
privilegian soluciones de diseño, certificación o eficiencia, sin abordar de fondo las estructuras
extractivistas y las relaciones de poder que sostienen la desigualdad ambiental (Kovacic, 2021;
Valenzuela & Böhm, 2017).
Los datos disponibles sobre circularidad global muestran que menos del 8 % de los materiales
se reutilizan, incluso en regiones con políticas relativamente avanzadas (Purushothaman et al.,
2025). Esto revela la distancia entre el discurso y la práctica, así como la persistencia de
modelos lineales en la mayoría de los sectores productivos.
En el plano social, la EC exige capacidades tecnológicas, infraestructura para la logística
inversa, acceso a financiamiento y marcos regulatorios estables, condiciones que no siempre
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están presentes en pequeñas empresas o en países con menores recursos. Sin medidas de apoyo
e inclusión, la transición circular puede profundizar brechas existentes (Gallardo-Vázquez et
al., 2024).
Finalmente, la crítica de Monroy (2021) sobre la RSE cosmética puede aplicarse también a la
EC, cuando las empresas adoptan prácticas circulares principalmente como estrategia de
reputación, sin transformar procesos o relaciones laborales. En estos casos, el riesgo de
greenwashing aumenta y se debilita la credibilidad de la sostenibilidad empresarial.
La tabla 1 sintetiza algunos de los desafíos identificados, sus implicaciones y posibles líneas
de acción:
Tabla 1. Desafíos y líneas de acción
Categoría de desafío
Descripción crítica
Implicaciones
Propuestas generales de
solución
Limitaciones físicas
La entropía impide el
reciclaje total de
materiales (Kovacic,
2021)
La circularidad total
resulta inviable en la
práctica
Priorizar ecodiseño,
reducción en origen y uso
responsable de materiales
Ritmo de crecimiento
económico
Desacople entre ciclos
naturales y productivos
(Valenzuela & Böhm,
2017)
La EC exige
reconfigurar la
lógica del
crecimiento
Incorporar indicadores de
bienestar no basados en
PIB; debatir el
decrecimiento
Narrativa
tecnocrática/apolítica
La EC se presenta
como solución
“neutral” sin abordar
justicia social
Invisibiliza
conflictos
estructurales y
desigualdades
Integrar enfoques de
justicia ambiental y
participación ciudadana
Baja tasa de
circularidad real
Menos del 8 % de
materiales globales se
reutilizan
(Purushothaman et al.,
2025)
El impacto
ambiental sigue
siendo muy elevado
Fortalecer infraestructura,
logística inversa y
legislación obligatoria
Desigualdad de
capacidades
PYMES y países del
Sur carecen de
tecnologías e
incentivos suficientes
Riesgo de
ampliación de
brechas
socioeconómicas
Diseñar políticas públicas
inclusivas, financiamiento
verde y asistencia técnica
RSE y EC cosméticas
Prácticas adoptadas
solo como estrategia de
imagen (Monroy,
2021)
Aumenta el
greenwashing y se
pierde legitimidad
Impulsar auditorías
independientes, marcos
legales vinculantes y
transparencia
Fuente: Elaboración propia.
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DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN
Este trabajo permite reconocer que la economía circular, la responsabilidad social empresarial
y las políticas públicas comparten un horizonte común orientado a la sostenibilidad, pero su
articulación efectiva enfrenta importantes tensiones. La EC aporta herramientas para reducir
impactos ambientales y repensar procesos productivos; la RSE ofrece un marco ético y de
gestión para orientar las decisiones empresariales; y las políticas públicas crean condiciones
habilitantes para escalar las experiencias. Sin embargo, la forma en que estos elementos se
combinan está mediada por contextos institucionales, económicos y culturales específicos.
En el ámbito empresarial, la EC puede convertirse en la solución para concretar compromisos
ambientales previamente enunciados en la RSE. No obstante, esto solo se presenta cuando las
empresas interiorizan la sostenibilidad como parte de su misión y no como una estrategia de
marketing (Canossa-Montes de Oca, 2021). El desafío es pasar de declaraciones generales a
transformaciones en la forma de diseñar productos, organizar las cadenas de suministro y
relacionarse con las comunidades.
La asimetría de capacidades entre grandes corporaciones y PYMES, así como las desigualdades
Norte–Sur, muestran que la transición circular no es homogénea. Mientras algunas empresas
cuentan con recursos para innovar, otras apenas logran cumplir con la normatividad básica.
Esto refuerza la necesidad de un Estado que no solo regule, sino que también genere programas
de acompañamiento, incentivos específicos y mecanismos de redistribución que permitan una
transición más justa (Gallardo-Vázquez et al., 2024; Díaz, 2025).
Por otro lado, las críticas a la EC como narrativa tecnocrática recuerdan que la sostenibilidad
no puede reducirse a cuestiones de eficiencia. La inclusión de la justicia ambiental, la
participación social y el reconocimiento de las comunidades afectadas es esencial para evitar
que la circularidad se convierta en un discurso que maquille prácticas extractivistas
(Valenzuela & Böhm, 2017; Kovacic, 2021).
Existen tensiones estructurales que deben ser enfrentadas de forma explícita, como la lógica
del crecimiento económico, la desigualdad de capacidades entre actores y territorios, y la
mercantilización de la sostenibilidad. La EC no puede asumirse como una solución puramente
técnica, sino como parte de un proceso de transformación cultural y política.
Finalmente, la articulación entre EC, RSE y políticas públicas solo se fortalece cuando se
construyen esquemas de gobernanza que integran los puntos de vista de gobierno, empresas,
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academia y sociedad civil. Esta corresponsabilidad ayuda a prevenir el greenwashing,
promueve la sostenibilidad y permite adaptar las estrategias a cada contexto.
Algunas líneas de acción que se proponen para integrar la EC en las políticas públicas y
fortalecer la RSE son:
• Fortalecer la normatividad relacionada con la EC y la RSE, incorporando mecanismos
de evaluación, sanción y transparencia para prevenir el greenwashing y asegurar la
coherencia entre el discurso y la práctica.
• Diseñar políticas públicas integradas, con enfoque territorial y participativo, que
promuevan alianzas entre gobierno, empresas, academia y sociedad civil, evitando
soluciones aisladas y poco articuladas.
• Promover programas de formación y sensibilización sobre EC y RSE dirigidos a
empresas y consumidores, con el fin de consolidar una cultura organizacional y
ciudadana orientada a la sostenibilidad.
• Incorporar indicadores alternativos de progreso que trasciendan el PIB e incorporen
dimensiones de bienestar social y ambiental, lo que permitiría evaluar de manera más
integral los avances hacia una economía circular real y justa.
• Apoyar a PYMES y actores con menor capacidad, mediante financiamiento verde,
asistencia técnica y acompañamiento en procesos de innovación, para que la transición
circular no se convierta en un factor de exclusión.
En conjunto, estos elementos sugieren que la integración de la EC en las políticas públicas,
articulada con una RSE genuina, puede contribuir a construir modelos de desarrollo más
sostenibles e inclusivos. No obstante, este camino exige decisiones políticas, compromisos
empresariales y participación ciudadana que reconozcan la urgencia de transformar la manera
en que producimos, consumimos y habitamos el planeta.
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Cómo citar este artículo (APA 7ª edición):
Santa Ana Escobar, M. B. ., Moreno Zacarías, H. M. ., & Reyes Real, Óscar B. . (2026).
Integración de la Economía Circular en las Políticas Públicas para Fortalecer la
Responsabilidad Social Empresarial. Prisma ODS: Revista Multidisciplinaria Sobre
Desarrollo Sostenible, 4(2), 834-854. https://doi.org/10.65011/prismaods.v4.i2.139
