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PORTADA
(Elaborada por la revista)
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Distribución, Transversalidad y Alineación del Presupuesto de
Egresos de la Federación 2025 con los ODS: Oportunidades y
Retos para el Desarrollo Sostenible en México
Distribution, Cross-Cutting Integration, and Alignment of the 2025 Federal
Expenditure Budget with the SDGs: Opportunities and Challenges for
Sustainable Development in Mexico
Jesús Alberto Núñez Mendoza
jesusalberto2@outlook.com
https://orcid.org/0009-0002-4156-1712
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
Puebla, México
Artículo recibido: 12/12/2025
Aceptado para publicación: 17/01/2026
Conflictos de Intereses: Ninguno que declarar
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RESUMEN
Este artículo examina la alineación de los programas presupuestarios (PP) del
Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el ejercicio fiscal 2025 con los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS), evaluando su distribución general, las contribuciones tanto
directas como indirectas, y el grado de transversalidad en las modalidades presupuestarias. Se
analiza cómo las políticas públicas contribuyen a los objetivos de la Agenda 2030 en México,
destacando fortalezas notables y oportunidades de mejora. En particular, los resultados
revelan una cobertura amplia que abarca todos los ODS, aunque con mayor representación en
áreas como la gobernanza y el desarrollo institucional, en comparación con temas
ambientales y de alianzas, lo que sugiere desequilibrios en la priorización. Para mitigar
dichos efectos, se proponen enfoques para reforzar la integración y el efecto de estas
políticas, como ajustes en la asignación de recursos, mejoras en el monitoreo y estrategias
para una mayor equidad, con el fin de fomentar un desarrollo más equilibrado y sostenible en
el país.
Palabras clave: objetivos de desarrollo sostenible, vinculación presupuestaria,
políticas públicas, agenda 2030, sostenibilidad
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ABSTRACT
This article examines the alignment of budgetary programs (PP) in the Federal
Expenditure Budget (PEF) 2025 with the Sustainable Development Goals (SDGs), assessing
their overall distribution, direct and indirect contributions, and the degree of transversality
across budgetary modalities. It analyzes how public policies contribute to the objectives of
the 2030 Agenda in Mexico, highlighting notable strengths and opportunities for
improvement. In particular, the results reveal broad coverage encompassing all SDGs, though
with greater representation in areas such as governance and institutional development
compared to environmental issues and partnerships, suggesting imbalances in prioritization.
To mitigate these effects, approaches are proposed to strengthen the integration and impact of
these policies, such as adjustments in resource allocation, improvements in monitoring, and
strategies for greater equity, with the aim of fostering a more balanced and sustainable
development in the country.
Keywords: sustainable development goals, budget linkage, public policies, 2030
agenda, sustainability
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INTRODUCCIÓN
La Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó en 2015 los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) como parte de la Agenda 2030, un marco global para abordar desafíos
clave como la pobreza, la desigualdad y el cambio climático mediante estrategias coordinadas
y participativas (Naciones Unidas, 2015). Estos 17 objetivos buscan promover un desarrollo
sostenible, exigiendo una gobernanza sólida y una asignación eficiente de recursos para su
implementación efectiva. En México, el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF)
representa un instrumento clave para traducir estas metas globales en políticas públicas
concretas, alineando los programas presupuestarios (PP) con las prioridades nacionales
(Guerra Osorno, 2023).
Como el principal instrumento para la distribución de recursos públicos, el PEF destina
fondos a sectores clave como educación, salud, infraestructura y conservación ambiental, con
el propósito de atender necesidades sociales y avanzar en objetivos específicos, como
garantizar una educación de calidad (ODS 4), reducir las desigualdades (ODS 10) y promover
acciones contra el cambio climático (ODS 13). Esta alineación se apoya en diversas
clasificaciones presupuestarias para su análisis, como la clasificación programática definida
por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC, 2024), que estructura el gasto
en programas orientados a cumplir las metas del Plan Nacional de Desarrollo (PND) y su
vínculo con los ODS.
Sin embargo, organizaciones en México advierten que la asignación insuficiente en áreas
críticas como salud y medio ambiente, junto con problemas de subejercicio y monitoreo
deficiente, limitan el impacto de estas políticas (CIEP, 2023; Fundar, 2022). Por otra parte, la
gestión pública en contextos de recursos limitados, como el caso mexicano, enfrenta el
desafío de priorizar inversiones que maximicen el impacto social y ambiental, al mismo
tiempo que existen barreras institucionales y fiscales que afectan las capacidades estatales en
sus esfuerzos por coordinar alianzas para alcanzar la sostenibilidad (Ávila Morales et al.,
2022; Llempén et al., 2024; Aron et al., 2024).
Para ilustrar estos retos, el Informe de Desarrollo Sostenible 2025 señala que México ocupa
el puesto 72 de 166 países en el Índice ODS global, con un puntaje general de 70.8/100, lo
que refleja un progreso moderado pero insuficiente para alcanzar las metas al 2030 (Sachs et
al., 2025). Por su parte, el Cuarto Informe Nacional Voluntario de México 2024 destaca
avances en el cumplimiento de la Agenda 2030, como la reducción de la pobreza
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multidimensional (de 41.9% en 2018 a 36.3% en 2022); sin embargo, solo el 17% de las
metas se están cumpliendo a nivel mundial, siendo la dimensión ambiental la que presenta
mayor rezago en México (UNDESA, 2025; Secretaría de Economía, 2024).
A la par, el Informe de Resultados 2024, en el marco de cooperación 2020-2025, identifica
desafíos clave que afectan el progreso hacia la Agenda 2030 en los que se destacan: las
vulnerabilidades sociales, como la pobreza extrema y la desnutrición en niñas, niños y
madres lactantes (ODS 1 y 10); los retos ambientales, relacionados con la degradación de los
ecosistemas, el cambio climático y la sostenibilidad ambiental (ODS 13-15); los desafíos
urbanos e institucionales, entre los que sobresale la falta de alineación entre la planeación
municipal y los sectores educativo y de seguridad alimentaria (PND 2025-2030); las
limitaciones financieras derivadas de la interrupción de proyectos de cooperación
internacional; y la importancia de involucrar a la ciudadanía y fortalecer las alianzas para
impulsar soluciones integrales, aspectos que se reflejan en las prioridades estratégicas para
2025 y en el nuevo Marco de Cooperación 2026-2031(Naciones Unidas México, 2025).
Desde esta perspectiva, enfoques como la Gestión para Resultados en el Desarrollo (GpRD) y
el Presupuesto basado en Resultados (PbR) ofrecen herramientas para optimizar la
planeación, ejecución y evaluación de las políticas públicas, al mismo tiempo que promueven
la transparencia y la rendición de cuentas (Rodríguez Hurtado, 2022; Payán Serna, 2019). No
obstante, como se señaló anteriormente, la distribución desigual de recursos, la debilidad de
las alianzas multisectoriales y la falta de transversalidad en ciertas áreas limitan el avance en
materia de sostenibilidad.
Por lo tanto, el objetivo principal de este estudio es analizar el papel de la gestión pública, a
través del PEF 2025, en el cumplimiento de los ODS, con el fin de evaluar su distribución
general, las contribuciones directas e indirectas y el grado de transversalidad entre las
modalidades presupuestarias. De igual forma, se busca identificar el efecto de las políticas
públicas sobre la Agenda 2030 en México, destacando fortalezas y áreas de oportunidad, así
como proponer enfoques que refuercen su integración e impacto en el desarrollo sostenible
del país.
Importancia de la Integración de la Gestión Pública con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible
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Los ODS, establecidos por las Naciones Unidas en 2015, constituyen un marco internacional
destinado a promover el avance en tres ámbitos fundamentales: desarrollo económico,
inclusión social y sostenibilidad ambiental (Fernández Barberis & Ródenas, 2017). Estos 17
objetivos, que reemplazan a los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), tienen como
meta abordar desafíos mundiales hacia 2030 a través de estrategias de inversión, gestión de
recursos e innovación, buscando erradicar la pobreza extrema, reducir la desigualdad y
enfrentar el cambio climático, mientras promueven la cooperación entre diversos actores y la
participación comunitaria (Carvalho, 2017; Corona Lisboa et al., 2018).
La implementación efectiva de los ODS requiere marcos de gobernanza sólidos que integren
la planeación estratégica con la ejecución de políticas públicas, especialmente en contextos
de recursos limitados (Sachs et al., 2019). Asimismo, el progreso de los países de la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en el logro de los
ODS puede medirse a través de análisis multicriterio que evalúan el rendimiento de políticas,
programas y proyectos en términos de sostenibilidad (Fernández Barberis & Ródenas, 2017).
De igual modo, las evaluaciones multicriterio, como las impulsadas por la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), apoyan la priorización de inversiones
públicas y la identificación de metas económicas, sociales y ambientales (Contreras &
Pacheco, 2008), reforzando la coherencia de las políticas públicas con la Agenda 2030
Como parte de un marco ambicioso e integrado, la Agenda 2030 orienta las acciones futuras
hacia la sostenibilidad, exigiendo una coordinación intersectorial y enfoques participativos
para maximizar su impacto (Monsalve Prada & Martínez Ospina, 2023). Bajo este enfoque,
las políticas públicas deben alinearse con los ODS para promover un desarrollo sostenible,
destacando la necesidad de integrar indicadores de desempeño en la planificación
gubernamental (Gomes y Ferreira, 2018), ya que la gestión pública es fundamental en el
avance de este modelo de desarrollo. Pese a ello, factores como la gobernanza deficiente, la
falta de transparencia y la limitada capacidad institucional pueden obstaculizar el logro de los
ODS (Pérez García et al.,2022).
Este reto es particularmente relevante en América Latina y el Caribe (ALC), donde las
desigualdades estructurales y las limitaciones fiscales exigen enfoques innovadores para
priorizar recursos (CEPAL, 2020). En este contexto, la alineación de las políticas públicas
con los ODS requiere no solo una visión estratégica, sino también herramientas y enfoques de
gestión que optimicen los resultados de las intervenciones gubernamentales. Aunque una
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gobernanza eficaz es crucial para abordar los desafíos señalados por Pérez García et al.
(2022), la aplicación de enfoques como la GpRD proporciona un esquema práctico para
convertir los ODS en medidas concretas, articulando la planificación, implementación y
evaluación de políticas públicas.
Este modelo de gestión pública se orienta a mejorar la eficiencia y eficacia de las políticas,
priorizando el desempeño y los resultados sostenibles mediante la toma de decisiones basada
en información confiable sobre el impacto de las acciones gubernamentales, y centrado en las
necesidades ciudadanas (García Moreno & García López, 2010). También promueve una
gobernanza efectiva e incorpora enfoques de gobierno abierto para fortalecer la transparencia
y la rendición de cuentas en la implementación de políticas públicas (Chica Vélez, 2015). De
manera complementaria, herramientas como el Marco Lógico (ML) destacan por su utilidad
en el diseño, seguimiento y evaluación de programas y proyectos, al facilitar la alineación de
recursos con los objetivos estratégicos y la medición sistemática de resultados (Aldunate &
Córdoba, 2011).
La GpRD se ha adoptado ampliamente en países desarrollados, y ha despertado interés en
ALC, aunque enfrenta desafíos como la falta de capacidades técnicas, la fragmentación
institucional y la resistencia al cambio en las administraciones públicas (Rodríguez Lara,
2022; Milanesi, 2018). Según una encuesta de 2023 realizada a 17 países en la región, 14 han
implementado marcos de PbR, con avances significativos en los Marcos Nacionales del
Desempeño (MDN) en el 88% de los casos; esto incluye mecanismos de monitoreo,
evaluaciones de calidad del gasto y mayor transparencia, aunque solo el 50% utiliza
información de evaluaciones en decisiones presupuestarias (Pimienta et al., 2023). El
promedio regional en la Encuesta de Presupuesto Abierto es de 51 puntos, superior al
promedio global de 45, lo que refleja avances en la vigilancia y publicación de datos (IBP,
2023).
Igualmente, los principales hallazgos del Informe de Avances 2019 de la Alianza Global para
la Cooperación Eficaz al Desarrollo, basado en el monitoreo de 86 países socios, revelan
avances significativos en la planificación nacional como la duplicación de estrategias de
desarrollo de alta calidad desde 2011 (del 36% al 64%) y una integración creciente de los
ODS como marco común para resultados; sin embargo, desde 2016 se observa un retroceso
en la alineación de los socios para el desarrollo con las prioridades nacionales, evidenciado
en el menor uso de marcos de resultados, estadísticas y sistemas de monitoreo locales, así
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como en la disminución de la previsibilidad a mediano plazo de la financiación
(OECD/UNDP, 2020) .
Para mitigar estos desafíos, es esencial potenciar enfoques que prioricen los resultados sobre
los insumos y procesos, fomentando la transparencia, la rendición de cuentas y el diálogo
inclusivo con actores diversos. De esta manera, la gestión pública no solo optimiza recursos
limitados, sino que también convierte los ODS en acciones concretas y medibles, capaces de
transformar la vida de millones de personas.
METODOLOGÍA
Para analizar la alineación del PEF 2025 con los ODS, se empleó una metodología que se
fundamenta en la GpRD, específicamente en el PbR, que evalúa la alineación y el desempeño
de los PP con el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2025-2030 y sus Programas Sectoriales
(Presidencia de la República, 2025), los cuales están vinculados a los ODS y permiten
conocer su impacto en la Agenda 2030.
Se define el año 2025 como base para este análisis, dado que el PND vigente inicia
formalmente en dicho año, constituyendo el principal marco de referencia para la
planificación, ejecución y evaluación de las políticas públicas durante el periodo 2025-2030.
Este intervalo es fundamental para garantizar la coherencia entre la planeación nacional, la
programación y los recursos presupuestales asignados, así como para dar seguimiento a las
consideraciones y compromisos de la administración actual en materia de sostenibilidad.
Entre estos se incluyen la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, la
promoción de energías renovables, la conservación de la biodiversidad, la gestión sostenible
del agua, la inclusión social, la economía circular y el fortalecimiento de la gobernanza
ambiental, elementos que permiten una integración transversal de criterios de desarrollo
sostenible en todo el proceso presupuestario y de la gestión pública.
Para ello, se recopilaron datos primarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(SHCP, 2025) y se utilizó la clasificación programática del Consejo Nacional de
Armonización Contable (CONAC, 2024), que organiza los PP según sus modalidades y
define sus contribuciones directas e indirectas, evaluando tanto su representación en las metas
de los ODS como la transversalidad de las modalidades presupuestarias. Adicionalmente, se
analizaron programas específicos para obtener una comprensión más profunda y
contextualizada de los impactos intersectoriales en las metas asignadas, enriqueciendo así la
interpretación integral de los resultados.
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RESULTADOS
Distribución y Análisis de los Programas Presupuestarios del PEF 2025 según los ODS
El PEF 2025 representa un instrumento fundamental para la ejecución de políticas públicas
en México, destinando recursos a los PP orientados a cumplir prioridades nacionales y
avanzar hacia el desarrollo sostenible. Los PP, definidos como actividades del sector público
que satisfacen demandas sociales en ámbitos como educación, salud, seguridad y desarrollo
económico, buscan generar bienes y servicios bajo principios de eficacia, eficiencia y calidad
(SHCP-UNAM, 2017). Estas actividades se enmarcan en el ciclo presupuestario, un proceso
integral que incluye planeación, programación, presupuestación, ejecución, control,
seguimiento y evaluación, asegurando la alineación con objetivos estratégicos del PND y los
ODS.
La reforma constitucional de 2008, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), se
estableció en el artículo 134 que la gestión de los recursos públicos debe llevarse a cabo con
eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, lo cual refuerza el enfoque del PbR
y el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) (Cámara de Diputados, 2008; SHCP-
UNAM, 2017). Este esquema normativo impulsa una distribución de recursos centrada en
resultados cuantificables, lo que facilita el análisis de la aportación de los programas del PEF
2025 a los ODS.
Tabla 1. Distribución de Programas Presupuestarios por Objetivo de Desarrollo Sostenible
(ODS).
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
Programas Presupuestarios (PP)
1. Fin de la pobreza: Poner fin a la pobreza en
todas sus formas en todo el mundo.
59
2. Hambre cero: Poner fin al hambre, lograr la
seguridad alimentaria y la mejora de la
nutrición y promover la agricultura sostenible.
47
3. Salud y bienestar: Garantizar una vida sana
y promover el bienestar para todos en todas las
edades.
77
4. Educación de calidad: Garantizar una
educación inclusiva, equitativa y de calidad y
promover oportunidades de aprendizaje
durante toda la vida para todos.
71
5. Igualdad de género: Lograr la igualdad entre
los géneros y empoderar a todas las mujeres y
niñas.
45
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6. Agua limpia y saneamiento: Garantizar la
disponibilidad de agua y su gestión sostenible
y el saneamiento para todos.
32
7. Energía asequible y no contaminante:
Garantizar el acceso a una energía asequible,
segura, sostenible y moderna para todos.
57
8. Trabajo decente y crecimiento económico:
Promover el crecimiento económico sostenido,
inclusivo y sostenible, el empleo pleno y
productivo y el trabajo decente para todos.
97
9. Industria, innovación e infraestructura:
Construir infraestructuras resilientes, promover
la industrialización inclusiva y sostenible y
fomentar la innovación.
96
10. Reducción de las desigualdades: Reducir la
desigualdad en y entre los países.
44
11. Ciudades y comunidades sostenibles:
Hacer que las ciudades y los asentamientos
humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y
sostenibles.
78
12. Producción y consumo responsables:
Garantizar modalidades de consumo y
producción sostenibles.
40
13. Acción por el clima: Adoptar medidas
urgentes para combatir el cambio climático y
sus efectos.
35
14. Vida submarina: Conservar y utilizar en
forma sostenible los océanos, los mares y los
recursos marinos para el desarrollo sostenible.
23
15. Vida de ecosistemas terrestres: Proteger,
restablecer y promover el uso sostenible de los
ecosistemas terrestres.
22
16. Paz, justicia e instituciones sólidas:
Promover sociedades pacíficas e inclusivas
para el desarrollo sostenible.
140
17. Alianzas para lograr los objetivos:
Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar
la alianza mundial para el desarrollo sostenible
37
Fuente: Elaborada con base en datos del Portal de Transparencia Presupuestaria de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP, 2025) y Naciones Unidas (2015).
Nota: Los programas presupuestarios pueden estar asociados a más de un ODS.
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La alta representación del ODS 16 ("Paz, justicia e instituciones sólidas"), con un 14%,
refleja una fortaleza clave, ya que una gobernanza sólida es esencial para implementar
eficazmente otros objetivos. Este enfoque estructural fortalece las instituciones, garantiza la
estabilidad social y promueve el acceso a la justicia, facilitando el progreso en los demás
ODS. En el ámbito del desarrollo económico e infraestructura, los ODS 8 ("Trabajo decente y
crecimiento económico", 9.7%) y 9 ("Industria, innovación e infraestructura", 9.6%)
concentran el 19.3% de los programas para impulsar el crecimiento económico, el empleo y
proyectos de infraestructura social, económica y gubernamental.
Los ODS 3 ("Salud y bienestar", 7.7%), 4 ("Educación de calidad", 7.1%) y 5 ("Igualdad de
género", 4.5%), los cuales, se centran en capacidades básicas como salud, educación e
igualdad, también concentran el 19.3% de los PP que se encuentran alineados. Además, el
ODS 11 ("Ciudades y comunidades sostenibles", 7.8%) prioriza la sostenibilidad urbana,
contribuyendo al desarrollo integral de comunidades.
En contraste, los ODS 14 ("Vida submarina", 2.3%) y 15 ("Vida de ecosistemas
terrestres",2.2%) son los menos representados, lo que limita la atención a la conservación de
ecosistemas marinos y terrestres. Los ODS 6 ("Agua limpia y saneamiento", 3.2%), 12
("Producción y consumo responsables",4%) y 13 ("Acción por el clima", 3.5 %) también
muestran una representación moderada, insuficiente para abordar desafíos ambientales
críticos.
El ODS 17 ("Alianzas para los objetivos", 3.7 %) está subrepresentado, lo que podría
restringir el fomento de alianzas internacionales y locales clave para la Agenda 2030. Estas
alianzas, que incluyen cooperación con organismos como el PNUD, plataformas de
financiamiento conjunto e intercambio de buenas prácticas, son esenciales para maximizar el
impacto de los programas (Stott & Scoppetta, 2020). La disparidad entre el ODS 16 (14%) y
el ODS 15 (2.2%) evidencia un desequilibrio en la priorización de los objetivos.
El ODS 16, con casi el doble de representación que el ODS 8 (9.7%), destaca la preferencia
por la gobernanza sobre otras áreas. Igualmente, los ODS 5 y 10 ("Reducción de las
desigualdades", 45 y 44 programas cada uno) muestran una representación limitada, lo que
sugiere una menor atención a la igualdad de género y la equidad social en comparación con
otros ODS prioritarios.
Alineación programática vinculada con los ODS
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La clasificación de los presupuestos públicos ha evolucionado hasta convertirse en una
herramienta esencial para la planificación y el análisis de las políticas gubernamentales.
Cornejo Rallo (2022) subraya la importancia de utilizar herramientas clave, como las normas
contables del sector público y las clasificaciones presupuestarias, para analizar y registrar de
manera efectiva los recursos públicos. Asimismo, el análisis presupuestal requiere
innovaciones significativas para optimizar la transparencia en las transacciones
gubernamentales, promoviendo una mayor rendición de cuentas y eficiencia en la gestión
pública (Machado, 2012).
A nivel local, la presupuestación programática permite transformar a los presupuestos de
meras autorizaciones de gastos a herramientas de planificación vinculadas a políticas
gubernamentales y proyectos de desarrollo (Chapoy Bonifaz, 2001). Recientemente, se han
realizado esfuerzos para alinear el gasto público con las estrategias sostenibles en América
Latina y el Caribe. Pizarro et al. (2022) proponen un marco conceptual para identificar,
clasificar y evaluar el gasto público en la que considera los propósitos primarios y
secundarios de los gastos relacionados con la sostenibilidad como lo es el cambio climático.
En el caso de México, la clasificación programática, establecida en los lineamientos del
CONAC, es un pilar fundamental de la contabilidad gubernamental, diseñado para organizar
el gasto público de manera que refleje los objetivos y metas de las políticas públicas. Según
lo dispuesto en la Ley General de Contabilidad Gubernamental (2025) y los documentos
normativos publicados por dicha institución, esta clasificación agrupa los recursos financieros
en PP que persiguen fines específicos, permitiendo una asignación transparente y alineada
con las prioridades nacionales, estatales y municipales.
A través de esta estructura, se identifican las modalidades de ejecución del gasto, como
subsidios, inversión pública o gasto corriente, facilitando el seguimiento y la evaluación del
impacto de los recursos en el desarrollo social, económico y gubernamental. La Clasificación
Programática no solo garantiza la armonización contable entre los tres órdenes de gobierno,
sino que también promueve la rendición de cuentas y la toma de decisiones informadas en la
gestión pública (CONAC, 2024).
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Tabla 2. Distribución de modalidades presupuestarias vinculadas por Objetivo de Desarrollo
Sostenible (ODS).
Modalidad
Número de ODS vinculados
A Funciones de las Fuerzas Armadas
9
B Provisión de Bienes Públicos
7
E Prestación de Servicios Públicos
17
F Promoción y fomento
17
G Regulación y supervisión
15
I Gasto Federalizado
17
J Pensiones y jubilaciones
1
K Proyectos de Inversión
16
L Obligaciones de cumplimiento de resolución
jurisdiccional
1
M Apoyo al proceso presupuestario y para
mejorar la eficiencia institucional
2
N Desastres Naturales
6
O Apoyo a la función pública y al
mejoramiento de la gestión
1
P Planeación, seguimiento y evaluación de
políticas públicas
17
R Específicos
13
S Sujetos a Reglas de Operación
17
U Otros Subsidios
16
W Operaciones ajenas
3
Z Aportaciones a fondos de inversión y
reestructura de pensiones
1
Fuente: Elaborada con base en datos del Portal de Transparencia Presupuestaria de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP, 2025) y el Manual de Contabilidad
Gubernamental (CONAC, 2024).
La alta representación de las modalidades E (Prestación de Servicios Públicos), F (Promoción
y Fomento), I (Gasto Federalizado), P (Planeación, Seguimiento y Evaluación) y S (Sujetos a
Reglas de Operación), todas con un 9.7% (17 ODS cada una), muestra una fortaleza clave, ya
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que estas categorías abarcan la totalidad de los 17 ODS. Juntas, estas cinco modalidades
concentran el 48.3% de las contribuciones, lo que sugiere un enfoque integral en áreas como
servicios públicos, subsidios, planeación y promoción, que impactan transversalmente
múltiples objetivos de desarrollo sostenible. Esto indica que estas modalidades son
fundamentales para la implementación efectiva de la Agenda 2030, abarcando desde el
desarrollo humano hasta la sostenibilidad ambiental.
En cuanto al impulso a la infraestructura y el desarrollo económico, las modalidades K
(Proyectos de Inversión) y U (Otros Subsidios), con 9.1% (16 ODS cada una), y G
(Regulación y Supervisión), con 8.5% (15 ODS), también tienen un impacto significativo,
cubriendo un amplio espectro de ODS. Estas categorías, que juntas representan el 26.7%,
incluyen proyectos de infraestructura y regulaciones que fomentan el crecimiento económico,
el empleo y la innovación, alineándose con objetivos como el ODS 8 y el ODS 9.
La modalidad A (Funciones de las Fuerzas Armadas), con un 5.1% (9 ODS), y B (Provisión
de Bienes Públicos), con un 3.9% (7 ODS), reflejan un enfoque moderado en áreas como
seguridad y bienes públicos, que pueden contribuir a objetivos como el ODS 16 (gobernanza)
y el ODS 11 (ciudades sostenibles). Aunque, su alcance es más limitado en comparación con
las modalidades más integrales, mientras que, las modalidades J (Pensiones y Jubilaciones), L
(Obligaciones de Cumplimiento Jurisdiccional), O (Apoyo a la Función Pública) y Z
(Aportaciones a Fondos de Inversión), todas con solo 0.6% (1 ODS cada una), son las menos
representadas.
Estas categorías, que juntas suman solo el 2.3%, tienen un impacto muy limitado,
probablemente contribuyendo a objetivos específicos como el ODS 10 (reducción de
desigualdades) o el ODS 16 (gobernanza). En este rubro, se requiere aumentar los esfuerzos
para integrar estas modalidades en un enfoque con mayor transversalidad: por ejemplo,
vinculando los programas de pensiones con objetivos de igualdad de género (ODS 5) o salud
(ODS 3).
Las modalidades M (Apoyo al Proceso Presupuestario), con 1.1% (2 ODS), y W
(Operaciones Ajenas), con 1.7% (3 ODS), también tienen una representación baja, lo que
sugiere que estas categorías tienen un impacto limitado en la Agenda 2030. Podrían
fortalecerse integrándolas con objetivos más amplios, como la mejora de la eficiencia
institucional (ODS 16) o la promoción de alianzas (ODS 17).
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La modalidad N (Desastres Naturales), con un 3.4% (6 ODS), muestra una atención
moderada a objetivos relacionados con la sostenibilidad, como el ODS 13 (acción por el
clima) y el ODS 11 (ciudades sostenibles). Se podría ampliar su impacto incorporando más
programas de resiliencia climática y manejo de ecosistemas, alineados con los ODS 14 y 15.
La disparidad entre las modalidades más representadas (como E, F, I, P y S, con 9.7% cada
una) y las menos representadas (como J, L, O y Z, con 0.6% cada una) indica una falta de
equilibrio. Es notable que las cinco modalidades más integrales concentren casi la mitad de
las contribuciones, mientras que las cuatro menos representadas apenas suman el 2.3%.
Reequilibrar los esfuerzos hacia las modalidades menos atendidas, o integrarlas en un
enfoque más transversal, aseguraría una cobertura más integral de la Agenda 2030.
En cuanto a la promoción de alianzas y cooperación, la modalidad P (Planeación,
Seguimiento y Evaluación), aunque abarca los 17 ODS (9.7%), no garantiza un enfoque
específico en el ODS 17 (alianzas).
Contribuciones Directas e Indirectas de los Programas Presupuestarios
En total, se identificaron 668 contribuciones de 536 PP, de las cuales 354 (52%) son directas
y 314 (47%) son indirectas. Este predominio de contribuciones directas sugiere que los
programas están diseñados con un enfoque prioritario hacia metas específicas de los ODS,
aunque las contribuciones indirectas también desempeñan un papel significativo al ampliar el
alcance de los beneficios generados.
Figura 1. Contribuciones de los Programas Presupuestarios a los ODS.
Fuente: Elaborada con base en datos del Portal de Transparencia Presupuestaria de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP, 2025).
53%
47%
Contribuciones directas Contribuciones indirectas
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El análisis detallado de los PP revela una diversidad de impactos. Programas como el
Programa de Vivienda Social (Ramo 15) y el Programa de Becas Elisa Acuña (Ramo 11)
destacan por generar beneficios adyacentes que trascienden sus objetivos principales. Por
ejemplo, el Programa de Vivienda Social contribuye directamente a la meta 11.1 (acceso a
viviendas adecuadas) y de manera indirecta a la meta 11.3 (urbanización inclusiva), mientras
que el Programa de Becas Elisa Acuña impacta directamente la meta 4.3 (acceso a educación
superior) y genera efectos secundarios en la reducción de desigualdades (ODS 10, meta 10.2)
y la promoción de la igualdad de género (ODS 5, meta 5.1).
También, el programa La Escuela es Nuestra (Ramo 11) es un ejemplo de transversalidad.
Este programa contribuye directamente a la meta 4.2 (acceso a educación preescolar) y
genera impactos indirectos en áreas como la nutrición, al apoyar la meta 2.1 (seguridad
alimentaria), y la gobernanza, al incidir en la meta 16.5 (reducción de la corrupción). Esta
capacidad de generar beneficios múltiples resalta el valor de diseñar programas integrales que
aborden simultáneamente varias dimensiones del desarrollo sostenible.
Otros programas como el Programa de Apoyo al Empleo (Ramo 14), también muestran una
combinación de contribuciones directas e indirectas. Este programa impacta directamente la
meta 8.5 (empleo pleno y productivo) y de manera indirecta la meta 8.12 (empleo juvenil), lo
que evidencia su capacidad para abordar desafíos laborales desde múltiples ángulos. De
manera similar, el Programa de Mejoramiento Urbano (Ramo 15) contribuye directamente a
la meta 11.7 (acceso a espacios públicos) y tiene efectos indirectos en la reducción de la
pobreza (ODS 1, meta 1.4) al mejorar el acceso a servicios básicos.
La transversalidad de estos programas recalca la importancia de adoptar enfoques
intersectoriales en el diseño de políticas públicas. Ahora bien, un desafío identificado es la
falta de claridad en la medición y evaluación de las contribuciones indirectas. Aunque estas
aportan un valor significativo al ampliar el impacto de los programas, su naturaleza
secundaria puede dificultar la cuantificación precisa de sus efectos, lo que podría limitar la
capacidad de las unidades responsables para evaluar el impacto global de los programas y
optimizar su diseño en el futuro. Para superar esta limitación, sería recomendable desarrollar
indicadores específicos y metodologías robustas que permitan medir tanto las contribuciones
directas como las indirectas de manera sistemática, asegurando una evaluación más completa
del impacto de los PP en el cumplimiento de los ODS.
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CONCLUSIÓN
El análisis de la transversalidad de los PP del PEF 2025 en relación con los ODS revela una
integración significativa, pero desigual, de la Agenda 2030 en el presupuesto público. Con el
total de vínculos identificados entre PP y ODS, se observa que todos los 17 ODS están
cubiertos, lo que demuestra un enfoque holístico en teoría. Sin embargo, la distribución es
asimétrica: el ODS 16 (Paz, justicia e instituciones sólidas) concentra el 14% de los PP,
destacando un énfasis en gobernanza y anticorrupción, mientras que ODS ambientales como
el 14 (Vida submarina) y el 15 (Vida de ecosistemas terrestres) solo representan alrededor del
2% cada uno. Esta disparidad sugiere que, aunque hay transversalidad, los temas sociales y
económicos predominan sobre los ambientales, posiblemente limitando la sostenibilidad
integral.
En cuanto a las modalidades presupuestarias, la transversalidad es más pronunciada en
categorías operativas como Prestación de Servicios Públicos (E), Promoción y Fomento (F) y
Sujetos a Reglas de Operación (S), cada una cubriendo hasta 17 ODS. Esto facilita la
integración cruzada de temas como igualdad de género (ODS 5) o cambio climático (ODS
13) en servicios públicos, como programas de salud o educación. En cambio, modalidades
financieras como Pensiones (J) o Aportaciones a Fondos (Z) son más verticales, vinculándose
a solo un ODS, lo que indica oportunidades para expandir su impacto multisectorial. A su
vez, el 53% de las contribuciones son directas, impulsando metas específicas como la
reducción de la pobreza (ODS 1), mientras que el 47% indirectas apoyan facilitadores como
la planeación institucional.
Por ramos sectoriales, el Bienestar (Ramo 20) y Medio Ambiente (Ramo 16) emergen como
los más integradores, con PP que abordan múltiples ODS simultáneamente, como la gestión
del agua que impacta en ODS 6, 13 y 14. Programas como "Coordinación de la Cooperación
Internacional" o "Diseño de Políticas de Desarrollo Social" ejemplifican esta multiplicidad,
vinculándose a 3 o más ODS. Aun así, ramos como el IMSS (50) permanecen focalizados en
salud (ODS 3), reduciendo su transversalidad. Para fortalecer esto, se recomienda equilibrar
la cobertura de ODS subrepresentados mediante inversiones en infraestructura verde y
mejorar el monitoreo de contribuciones indirectas con indicadores claros, asegurando una
implementación más equitativa y efectiva de la Agenda 2030.
Estos resultados señalan la relevancia de la GpRD y herramientas como el ML para optimizar
la asignación de recursos y garantizar la coherencia con la Agenda 2030 (Mejía Díaz, 2021;
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Rodríguez Rivero, 2019). Para abordar las disparidades identificadas, se recomienda
reequilibrar los esfuerzos presupuestarios hacia los ODS menos atendidos, especialmente los
ambientales, mediante la creación de programas específicos y la integración de enfoques
transversales de género y equidad. De esta manera, fortalecer los sistemas de monitoreo y
evaluación, incorporando metodologías multicriterio y datos primarios, permitirá medir con
mayor precisión los resultados de las políticas y mejorar la rendición de cuentas (Ceneviva &
Farah, 2012).
Por otro lado, se plantea una reforma fiscal, optimizar los indicadores de impacto y aumentar
la inversión en sectores clave como salud y educación, subrayando la importancia de una
planificación más eficiente para lograr un adecuado cumplimiento con los ODS (CIEP, 2023;
Fundar, 2023). En este sentido, los PP pueden actuar como herramientas clave para avanzar
en la Agenda 2030 en México, resaltando nuevamente la necesidad de superar barreras de
carácter institucional y fiscal para promover un desarrollo inclusivo y sostenible.
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: https://doi.org/10.65011/prismaods.v4.i2.129
Cómo citar este artículo (APA 7ª edición):
Núñez Mendoza, J. A. . (2026). Distribución, Transversalidad y Alineación del Presupuesto
de Egresos de la Federación 2025 con los ODS: Oportunidades y Retos para el Desarrollo
Sostenible en México. Prisma ODS: Revista Multidisciplinaria Sobre Desarrollo
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