Prisma ODS Revista Científica Multidisciplinar
Volumen 4, Número 2 - Año 2025
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PORTADA
(Elaborada por la revista)
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Hacia un Futuro Sostenible: Participación Ciudadana en la
Fiscalización de los ODS en el Perú
Towards a Sustainable Future: Citizen Participation in Monitoring the ODS in
Peru
Patricia Silvia Huerta Vargas
phuerta22@hotmail.com
https://orcid.org/0000-0002-2412-3895
Escuela de Posgrado de la Universidad San Ignacio de Loyola
Lima – Perú
Ana Lucia Heredia Muñoz
a_heredia_m@hotmail.com
https://orcid.org/0000-0001-7431-502X
Escuela de Posgrado de la Universidad San Ignacio de Loyola
Lima – Perú
Artículo recibido: 10/12/2025
Aceptado para publicación: 11/01/2026
Conflictos de Intereses: Ninguno que declarar
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RESUMEN
Este artículo analiza la evolución de la participación ciudadana en la fiscalización de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) promovido por la Contraloría General de la
República del Perú entre 2017 y 2024, tomando como referencia el modelo de madurez de la
Declaración de Punta Cana. Mediante un enfoque cualitativo, se realizó un análisis
documental de los informes de relevamiento y seguimiento de la OLACEFS, así como de
normativa, planes institucionales, directivas y documentación obtenida por transparencia. Los
resultados muestran que la Contraloría de Perú ha mantenido en un nivel intermedio de
madurez la participación ciudadana en la fiscalización de los ODS, pese a un avance
progresivo en la institucionalización de la participación ciudadana, al implementar los
programas como Auditores Juveniles, Monitores Ciudadanos, Audiencias Públicas, Mentores
de Control Social y el sistema de denuncias, integrados en el ciclo de la auditoría. Sin
embargo, persisten limitaciones: ausencia de referencias explícitas a los ODS en documentos
clave, escasa articulación estratégica con la Agenda 2030 y falta de mecanismos de alianza y
cogeneración de decisiones con la ciudadanía. El estudio propone fortalecer el Consejo
Consultivo de la Contraloría de Perú, ampliar los espacios de interacción con la sociedad civil
y utilizar de forma sistemática los aportes ciudadanos en la planificación, ejecución y
seguimiento de los servicios de control, como vía para transitar hacia un nivel alto de
madurez y contribuir de manera más efectiva al cumplimiento de los ODS.
Palabras clave: participación ciudadana, fiscalización, objetivos de desarrollo
sostenible, declaración de Punta Cana, entidades fiscalizadoras superiores
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ABSTRACT
This article examines the evolution of citizen participation in the oversight of the
Sustainable Development Goals (SDGs) by Peru’s Supreme Audit Institution (SAI) between
2017 and 2024, using the Punta Cana Declaration maturity model as the analytical
framework. A qualitative documentary analysis was conducted based on OLACEFS baseline
and follow-up reports, as well as national regulations, institutional plans, directives and
documents obtained through transparency mechanisms. The findings indicate that the
Peruvian SAI has remained at an intermediate level of maturity, despite progressive advances
in the institutionalization of citizen participation, reflected in programs such as Youth
Auditors, Citizen Monitors, Public Hearings, Social Control Mentors and formal complaint
mechanisms, all integrated into the audit cycle. However, important limitations persist: the
lack of explicit references to the SDGs in key policy documents, weak strategic alignment
with the 2030 Agenda, and insufficient mechanisms for building alliances and co-producing
decisions with citizens. The study proposes strengthening the SAI’s Consultative Council,
expanding interaction spaces with civil society, and systematically incorporating citizen
inputs into the planning, implementation and follow-up of audit work. These measures are
presented as necessary steps to reach a high level of maturity in citizen participation and to
enhance the SAI’s contribution to the achievement of the SDGs.
Keywords: citizen participation, sustainable development goals, Supreme Audit
Institutions, oversight, maturity model
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INTRODUCCIÓN
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada por la Asamblea General de las
Naciones Unidas en 2015, propone transformar las dimensiones económica, social y
ambiental mediante 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y 169 metas, subrayando la
necesidad de garantizar su cumplimiento a través de mecanismos efectivos de supervisión y
fiscalización (CEPAL, 2016). Su carácter integrador y su énfasis en la equidad y la dignidad
humana han convertido esta agenda en un compromiso global que exige no solo
intervenciones estatales, sino también una ciudadanía activa capaz de vigilar y evaluar la
implementación de los ODS.
En este marco, la participación ciudadana adquiere una relevancia crítica, especialmente para
avanzar hacia el ODS 16, que promueve instituciones sólidas, transparencia y acceso a la
justicia. Estudios recientes muestran que la sociedad civil desempeña un rol clave en la
identificación de irregularidades, la mejora de políticas públicas y el fortalecimiento del
control democrático (Cecchini, Holz & Soto de la Rosa, 2021). Sin embargo, investigaciones
como las de Mendiburu (2020) y Shack & Arbulú (2021) advierten que la participación
ciudadana en fiscalización suele ser limitada, fragmentada y sin una estrategia adecuada que
articule los esfuerzos de vigilancia con los objetivos de desarrollo sostenible. Asimismo,
persisten problemas estructurales como la desconfianza hacia las instituciones públicas, la
escasez de información accesible y la falta de mecanismos que permitan la interacción
efectiva entre ciudadanía y entidades fiscalizadoras (Contraloría General de la República,
2024).
Así las cosas, la participación ciudadana en la supervisión del cumplimiento de los ODS
refleja la necesidad ética de proteger el futuro y el planeta para las próximas generaciones.
Este ideal encuentra su sustento en nociones filosóficas de justicia y bien común, que han
sido debatidas por pensadores a lo largo de la historia. Desde la antigua Grecia hasta nuestros
días, filósofos como Platón, Aristóteles, Kant, Rawls, Jonas han reflexionado sobre la
naturaleza de la justicia y el papel de los individuos en la sociedad.
Jonas (1995), en su obra “El principio de la responsabilidad”, resalta la adaptación de los
imperativos categóricos de Kant adaptándolos al contexto moderno en el cual es importante
tener presente que las acciones humanas deberían ser dirigidas de tal manera que sus efectos
sean compatibles con la permanencia de la existencia de la vida humana futura; de esta
manera podría destacarse que cada ciudadano se convierte en un guardián de la
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sostenibilidad, donde la participación activa en la fiscalización se percibe no solo como un
derecho, sino también, como un deber ético y una responsabilidad moral hacia otros seres
humanos y el entorno natural.
La naturaleza debe ser abordada con responsabilidad, lo que implica atender y preocuparse
por su bienestar, reconociendo su fragilidad. De igual manera, la humanidad debe reconocer
su propia vulnerabilidad frente a las condiciones ambientales y las interacciones mutuas con
otros seres para asegurar su supervivencia (Yáñez, 2021). En el ámbito de la justicia
distributiva, Rawls (1973) enfatiza que ésta tiene implicancia en una distribución equitativa
de recursos, así como en una distribución equitativa de responsabilidades y derechos,
atendiendo a su vez a las diferencias naturales que puedan existir, para que dichas
desigualdades no se acrecienten.
La Declaración de Punta Cana de la OLACEFS (2016), por su parte respondió a estos
desafíos al proponer un modelo de madurez para orientar el desarrollo progresivo de la
participación ciudadana en las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS). Dicho modelo
establece cuatro niveles -Básico, bajo, intermedio y alto- que avanzan desde el acceso a la
información hasta la cooperación activa en la toma de decisiones. En el caso peruano, las
evaluaciones realizadas por OLACEFS entre 2017 y 2019, así como la normativa
institucional más reciente, indican que la EFS Perú se encuentra en un nivel intermedio de
madurez, a pesar de la implementación de mecanismos como Auditores Juveniles, Monitores
Ciudadanos, Audiencias Públicas, Gestión de Denuncias y Mentores de Control Social
(Contraloría General de la República, 2024).
Sin embargo, la participación ciudadana es limitada y no obedece a una estrategia clara
(Mendiburu, 2020), además de advertirse prácticas corruptas, como consecuencia de décadas
de liderazgos cuestionables y de una desconexión entre los asuntos públicos y la ciudadanía
(Contraloría General de la República, 2024), así como la falta de información adecuada y la
apatía de la ciudadanía en la participación (Shack; Arbulú, 2021), lo cual dificulta un control
adecuado, requiriendo de enfoques innovadores para fortalecer el Sistema Nacional de
Control y aumentar la conciencia ciudadana sobre la supervisión de los ODS.
La EFS Perú, ha implementado programas como Auditores Juveniles, Monitores Ciudadanos,
Audiencias Públicas, Gestión de Denuncias y Mentores de Control Social, los cuales están
integrados en el ciclo de control gubernamental, habiendo establecido una unidad orgánica
dentro de la estructura institucional de dicha EFS denominada Subgerencia de Participación
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Ciudadana y Control Social, que asegura la continuidad de estos mecanismos
independientemente de los cambios políticos, además de asegurar la asignación de recursos
financieros e incluir los citados mecanismos en su Plan Estratégico Institucional (PEI) y en el
Plan Anual de Control (Contraloría General de la República, 2024),
A partir de este contexto, la presente investigación busca responder a la siguiente pregunta:
¿cómo ha evolucionado la participación ciudadana en la fiscalización de los ODS en el Perú
entre 2017 y 2024 según los niveles de madurez establecidos en la Declaración de Punta
Cana? Esta pregunta deriva directamente de la teoría sobre participación ciudadana en el
control gubernamental y se vincula con un enfoque cualitativo basado en análisis documental
de informes de OLACEFS, directivas institucionales y normativa pública obtenida mediante
mecanismos de transparencia.
El estudio tiene como finalidad identificar avances, limitaciones y oportunidades para
fortalecer la participación ciudadana, contribuyendo al cierre de la brecha que separa al Perú
del nivel alto de madurez y aportando evidencias relevantes para el diseño de políticas de
control social orientadas al cumplimiento de los ODS.
METODOLOGÍA
El presente estudio emplea un enfoque cualitativo de carácter descriptivo–interpretativo,
orientado a analizar la evolución de la participación ciudadana en la fiscalización de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en el Perú entre 2017 y 2024, tomando como
marco analítico el modelo de madurez establecido en la Declaración de Punta Cana. La
metodología se estructuró en las siguientes subsecciones:
Participantes
Dado que se trata de una investigación documental, no participaron sujetos humanos
directamente. El objeto de estudio está constituido por:
• Informes oficiales emitidos por la OLACEFS (informes de relevamiento y
seguimiento de la Declaración de Punta Cana 2017–2019).
• Normativa institucional de la Entidad Fiscalizadora Superior del Perú, incluyendo
resoluciones, planes estratégicos, directivas y documentos técnicos publicados entre
2017 y 2024.
• Información obtenida mediante mecanismos de transparencia, relacionada con la
implementación de mecanismos de participación ciudadana en la fiscalización.
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Los participantes, por tanto, son documentos públicos e institucionales, seleccionados por su
pertinencia y relevancia para evaluar los niveles de madurez establecidos en la Declaración
de Punta Cana. No se establecieron criterios de exclusión, salvo documentos sin validez
oficial, duplicados o sin relación directa con los mecanismos de participación ciudadana o los
ODS.
Procedimiento de muestreo
Se utilizó un muestreo intencional o no probabilístico, adecuado para investigaciones
cualitativas que buscan profundidad interpretativa más que representatividad estadística.
• Población objetivo: documentos y normativa vinculada a la fiscalización de los ODS
y a los mecanismos de participación ciudadana implementados por la EFS Perú.
• Muestra seleccionada: informes OLACEFS 2017, 2018 y 2019; Resoluciones de
Contraloría N° 430-2023-CG, N° 101-2024-CG y N° 285-2020-CG; Directiva N°
006-2024-CG/GPCS; documentos oficiales publicados en portales institucionales y
archivos de transparencia.
• Contexto de recolección: todos los documentos fueron obtenidos de repositorios
oficiales, portales de transparencia, sistemas de acceso a la información y plataformas
de OLACEFS entre enero y junio de 2024.
Dado el carácter cualitativo y documental del estudio, no se aplican cálculos de error estándar
ni tamaños muestrales estadísticos.
Técnicas de recolección de datos
La recolección de información se realizó mediante:
• Revisión documental sistemática de informes, resoluciones, normativas, planes
institucionales y directivas.
• Análisis de contenido para identificar categorías relacionadas con:
- Mecanismos de participación ciudadana,
- Niveles de madurez según la Declaración de Punta Cana,
- Articulación con los ODS,
- Avances y limitaciones reportados por la EFS Perú.
• Triangulación interna de documentos para reforzar la confiabilidad de la
interpretación, comparando información entre OLACEFS, normativa nacional y datos
obtenidos por transparencia.
• Matrices de sistematización para organizar los hallazgos por año, mecanismo y nivel
de madurez.
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No se emplearon entrevistas, cuestionarios ni observación directa, ya que la naturaleza del
estudio es exclusivamente documental.
Diseño de la investigación
El estudio adopta un diseño no experimental, de tipo transversal y descriptivo, pues se analiza
información existente sin manipular variables. Asimismo, es un estudio:
• Cualitativo, por su énfasis interpretativo.
• Documental, por basarse exclusivamente en fuentes escritas oficiales.
• Retrospectivo, al examinar un período ya concluido (2017–2024).
• Comparativo, al contrastar la evolución de los mecanismos implementados con los
niveles de madurez del modelo de Punta Cana.
Este diseño permite comprender la evolución del nivel de participación ciudadana en la EFS
Perú y evaluar su alineamiento con los estándares internacionales sobre fiscalización de los
ODS.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los resultados del análisis evidencian que, aunque la Agenda 2030 y sus 17 Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) han sido progresivamente incorporados al discurso institucional
y técnico de la fiscalización superior, su incorporación en la Contraloría del Perú todavía se
sitúa en un plano intermedio, tanto en términos de madurez participativa como de
alineamiento explícito con el desarrollo sostenible. En consonancia con lo planteado por
Girón (2016), la región latinoamericana enfrenta el reto de articular financiamiento,
cooperación interinstitucional y participación ciudadana para avanzar en los ODS; el caso
peruano confirma que sin instituciones y mecanismos efectivos de control social, el potencial
transformador de la Agenda 2030 se diluye.
En primer lugar, los hallazgos muestran una tensión clara entre el marco internacional
representado por los ODS y la Declaración de Punta Cana y la traducción normativa interna
de la EFS Perú. En el 2016, los miembros de OLACEFS, incluyendo al Perú, suscribieron la
Declaración de Punta Cana (OLACEFS, 2016), surgida en la XXVI Asamblea General de la
OLACEFS, la cual enfatiza la relevancia de la participación ciudadana en la supervisión y
control de los ODS de la Agenda 2030. El documento resalta que la colaboración entre las
EFS y los ciudadanos es esencial para fortalecer la gobernanza, mejorar la transparencia y la
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rendición de cuentas en las políticas públicas, promoviendo mecanismos que faciliten esta
participación a fin de asegurar una implementación efectiva de los ODS.
En este marco, la declaración impulsa un vínculo más estrecho entre las EFS y la sociedad
civil, subrayando que la participación activa de la ciudadanía es vital para el cumplimiento
exitoso de la Agenda 2030. Además, se adoptan principios para mejorar la transparencia y
calidad en la gestión pública mediante la inclusión ciudadana en la fiscalización, buscando
garantizar que las políticas y programas alineados con los ODS generen un impacto positivo
y real en las comunidades, promoviendo un desarrollo sostenible inclusivo y equitativo.
Si bien se han emitido normas como el Plan Estratégico Institucional 2022–2024 (vigente
hasta 2026), la Política de Participación Ciudadana (Resolución de Contraloría N.° 101-2024-
CG) y la Directiva N.° 006-2024-CG/GPCS “Mecanismos de Participación Ciudadana”, la
referencia a los ODS aparece solo de manera tangencial o en la parte considerativa, sin una
incorporación transversal en la misión, visión, objetivos estratégicos ni en el diseño de los
mecanismos de participación. Esta omisión, ya advertida en la propia revisión de la
normativa, refleja una desconexión estructural entre el control gubernamental y la lógica de
resultados en desarrollo sostenible, particularmente en relación con el ODS 16 sobre paz,
justicia e instituciones sólidas (Gómez, 2022).
Al mismo tiempo, el estudio confirma que la EFS Perú ha desplegado un arsenal importante
de mecanismos de participación ciudadana, que abarcan distintas etapas del ciclo de vida del
ciudadano y se vinculan con el ciclo del control gubernamental. La Directiva N.° 006-2024-
CG/GPCS consolida programas como Auditores Juveniles, Monitores Ciudadanos del
Control, Audiencias Públicas, Gestión de Denuncias y Mentores de Control Social,
articulándolos como insumos para la planificación, ejecución y, en algunos casos,
seguimiento de los servicios de control (Contraloría General de la República, 2024). Estos
mecanismos dialogan con la literatura que resalta la importancia de la participación
ciudadana para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos públicos y fortalecer la
rendición de cuentas (Gutiérrez, 2022, 2023), así como con la visión de Dewey, retomada por
Catalán (2019), que concibe la participación como un valor intrínseco en la construcción de
comunidades democráticas.
La Tabla 1 sintetiza los programas principales regulados en la Directiva N.° 006-2024-
CG/GPCS y su vinculación potencial con la fiscalización de los ODS, mostrando que existe
una base importante para articular la participación con objetivos concretos de desarrollo
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sostenible, aunque dicha articulación no se explicite de manera sistemática en los
instrumentos normativos.
Tabla 1. Programas principales regulados en la Directiva N° 006-2024-CG/GPCS y su
vinculación potencial con la fiscalización de los ODS.
Programa
Descripción
Programa de
Auditores
Juveniles
Dirigido a estudiantes de secundaria, quienes participan activamente
en la supervisión de servicios públicos educativos, recopilando
información a través de los sistemas informáticos. La información
recabada puede derivar en la realización de servicios de control. Para
el desarrollo de sus actividades se les brinda orientación y asistencia
técnica para la ejecución del programa. Según Vélez (2020), es
crucial que los jóvenes se involucren en el control y supervisión de
los servicios educativos públicos, lo cual no solo eleva la calidad de
la educación, sino que también contribuye a formar ciudadanos éticos
y comprometidos con la transparencia
Programa de
Monitores
Ciudadanos
Dirigido a estudiantes de educación superior y técnica, quienes
observan y monitorean bienes, servicios y obras públicas. La
información recopilada por los monitores puede servir para iniciar
servicios de control. Se realizan capacitaciones ad hoc, virtuales o
presenciales. Según Valera (2022), su objetivo inicial fue mejorar la
calidad de la infraestructura pública.
Audiencias
Públicas
Permiten que los ciudadanos presenten sus alertas sobre el uso de los
recursos públicos, que pueden gestionarse como denuncias o
informaciones relevantes en el proceso de planeamiento,
planificación y ejecución de servicios de control. Se realizan talleres
informativos y cursos virtuales.
Gestión de
Denuncias
Los ciudadanos pueden denunciar actos de corrupción o inconducta
funcional. La Contraloría investiga estas denuncias y, de ser
necesario, toma acciones correctivas. Tiene una regulación específica.
Mentores de
Control Social
Este programa involucra a adultos mayores a 60 años, en la vigilancia
ciudadana. Los mentores supervisan la implementación de
recomendaciones y el seguimiento de situaciones adversas. También
pueden intervenir en los servicios de control y servicios relacionados.
Se realizan capacitaciones para el desarrollo de sus labores.
Fuente: Directiva N° 006-2024-CG/GPCS.
La lectura integrada de estos mecanismos permite afirmar que la EFS Perú ha consolidado
una arquitectura participativa intermedia, donde la ciudadanía contribuye principalmente
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como fuente de información, alerta y supervisión, pero aún no como actor pleno en la toma
de decisiones. Este hallazgo es coherente con lo señalado por Mendiburu (2020), quien
advierte que la mayoría de experiencias de participación ciudadana en el control
gubernamental se concentran en los niveles de denuncia y acceso a información, mientras
persiste un déficit significativo en la participación en la ejecución de auditorías y el
seguimiento de recomendaciones.
En esa misma línea, Mendiburu e Irazoque (2020) muestran que en la región suele
confundirse transparencia con participación: la difusión unidireccional de informes y datos se
presenta como un fin en sí mismo, sin habilitar espacios deliberativos ni mecanismos claros
para que la ciudadanía incida en la priorización de auditorías, la interpretación de hallazgos o
la evaluación del impacto del control. El caso peruano reproduce esta tensión; por ejemplo,
herramientas como INFOBRAS, el Sistema Nacional de Atención de Denuncias (SINAD), el
Barómetro de Gobernabilidad y el Sistema de Rendición de Cuentas amplían el acceso a
información y canales de denuncia, pero no siempre se traducen en una relación de
corresponsabilidad entre la EFS y la ciudadanía.
En cuanto al nivel de madurez según el modelo de la Declaración de Punta Cana, los
resultados son elocuentes. La información disponible para el período 2017–2019 muestra que
la EFS Perú fue clasificada de manera reiterada en un nivel intermedio de participación,
destacándose algunas auditorías de desempeño vinculadas a ODS específicos, campañas de
difusión sobre la Agenda 2030 y mecanismos de formación ciudadana. La ausencia de
informes de seguimiento para el período 2020–2023 limita la evaluación longitudinal, pero la
Directiva N.° 006-2024-CG/GPCS, junto con el fortalecimiento de los programas de
participación, permiten inferir que, si bien se ha mantenido y ordenado el conjunto de
mecanismos, no se ha producido aún el salto cualitativo hacia el nivel alto de madurez.
La Tabla 2 resume la evolución del nivel de madurez de la participación ciudadana en la EFS
Perú entre 2017 y 2024, evidenciando la consolidación de un estado intermedio, pero sin una
transición efectiva hacia un modelo de alianzas estructuradas y co-decisión con la ciudadanía.
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Tabla 2. Evolución del nivel de madurez de la EFS Perú en participación ciudadana (2017-
2024).
Año
Nivel de
madurez
Principales mecanismos
implementados
Observaciones clave
2017
Intermedio
Acceso a información pública, SINAD,
INFOBRAS, Barómetro de
Gobernabilidad, Sistema de Rendición
de Cuentas.
Auditorías de desempeño
vinculadas a ODS 2 “Hambre
Cero” y ODS 5 “Igualdad de
género”. Avances en
transparencia y denuncia.
2018
Intermedio
Continuidad de mecanismos 2017;
programas de capacitación; Auditores
Juveniles; Audiencias Públicas;
sistemas de vigilancia; piloto
“Observadores Ciudadanos”.
Informe de relevamiento de
OLACEFS destaca diversidad
de enfoques y avances en
auditorías relacionadas con
ODS.
2019
Intermedio
Fortalecimiento de mecanismos previos;
campañas de difusión sobre ODS;
auditorías orientadas al cumplimiento
de los ODS.
Informe de seguimiento
evidencia mayor
estructuración, pero
debilidades en promoción
interna del modelo de
madurez y en la gestión
presupuestal.
2020–
2023
—
—
No se registran informes
específicos de relevamiento o
seguimiento de la
Declaración de Punta Cana.
2024
Intermedio
Directiva N.° 006-2024-CG/GPCS;
programas de Auditores Juveniles,
Monitores Ciudadanos, Audiencias
Públicas, Gestión de Denuncias y
Mentores de Control Social integrados
al ciclo de control.
Fortalecimiento normativo y
formativo. Se consolida el
modelo intermedio, pero sin
alcanzar el nivel alto de
madurez.
Fuente: Información de OLACEFS y Directiva N.° 006-2024-CG/GPCS.
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El mantenimiento del nivel intermedio durante más de un lustro tiene implicancias relevantes.
Por un lado, demuestra una continuidad institucional en la apuesta por la participación
ciudadana, evitando retrocesos y ampliando gradualmente la cobertura de mecanismos. Por
otro, revela un estancamiento cualitativo: la ciudadanía se forma, se le escucha, se le habilitan
canales de denuncia y veeduría, pero no se le reconoce todavía como socia estratégica en la
definición de prioridades, en la toma de decisiones y en la evaluación del propio sistema de
control. Ello contrasta con la exigencia de la Declaración de Punta Cana, que plantea que, en
un nivel alto de madurez, la EFS establezca alianzas estables y estructuradas con la
ciudadanía, integrando sus aportes en la toma de decisiones sin comprometer la
independencia técnica de la entidad.
Así, Cornejo (2016), señala que el establecimiento de vínculos entre las EFS y la ciudadanía,
creando canales de participación y logrando disminuir la distancia entre los organismos de
control técnico (agencias de accountability horizontal) y los actores de la sociedad civil, es
necesario en aquellos casos que se llevan a cabo tareas de control o accountability social. Este
enlace no solo fortalece la administración de estas instituciones, sino que también expande las
oportunidades para que los ciudadanos participen activamente en la gestión pública,
exigiendo transparencia y rendición de cuentas a los funcionarios, integración que resulta
beneficiosa para todas las partes involucradas: las EFS, la ciudadanía y las Organizaciones de
la Sociedad Civil
Un hallazgo central en esta línea es el sub aprovechamiento del Consejo Consultivo creado
mediante la Resolución de Contraloría N.° 285-2020-CG. Este órgano tiene el potencial de
convertirse en un mecanismo emblemático de nivel alto de madurez, al articular la
experiencia de expertos, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanía en la lucha contra la
corrupción y la promoción de la integridad Sin embargo, su diseño actual presenta una misión
más declarativa que operativa, carece de procesos de selección plenamente públicos y
meritocráticos, y no dispone de un sistema robusto de elaboración de informes, seguimiento y
evaluación de recomendaciones.
La discusión de estos resultados a la luz de la literatura permite sostener que la EFS Perú se
encuentra en una encrucijada estratégica. Por un lado, ha desarrollado una base normativa y
programática suficiente para sostener un modelo participativo intermedio, con importantes
efectos en transparencia, detección de irregularidades y mejora del control social (Gutiérrez,
2022, 2023). De otro lado, si no redefine sus objetivos y procesos a partir de los ODS, y si no
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transforma los mecanismos de participación de reactivos (denuncia, veeduría) en estratégicos
(co-decisión, seguimiento y evaluación conjunta), corre el riesgo de que la participación
ciudadana se reduzca a un recurso instrumental y no a un componente estructural de la
gobernanza democrática, como lo reclamaba Dewey desde su filosofía de la participación
(Catalán, 2019).
Desde una perspectiva ético-política, esta tensión es especialmente relevante. La fiscalización
de los ODS no solo exige medir eficiencia, legalidad y cumplimiento formal, sino también
interrogar en qué medida las políticas públicas contribuyen efectivamente al bien común, a la
justicia social y a la preservación de la vida en todas sus formas. Como señala Gómez (2022),
las políticas neoliberales han tendido a limitar la participación ciudadana, desplazando la
deliberación democrática en favor de lógicas tecnocráticas. Los resultados del caso peruano
sugieren que la EFS ha comenzado a abrir brechas frente a esta tendencia, pero todavía no ha
consolidado una estructura en la que la ciudadanía asuma plenamente el rol de coautora del
control gubernamental y no solo de observadora o denunciante.
En tal sentido, los resultados muestran un avance innegable en la construcción de
mecanismos de participación ciudadana y en la incorporación incipiente de los ODS en el
control gubernamental, pero también hacen visible una brecha pendiente: el tránsito desde un
modelo intermedio, centrado en la información, la denuncia y la formación, hacia un modelo
de nivel alto, basado en alianzas, co-decisión y evaluación conjunta de la gestión pública.
Superar esta brecha exige alinear de manera explícita la misión y visión de la EFS Perú con la
Agenda 2030, fortalecer el Consejo Consultivo como espacio de articulación con la sociedad
civil, y reorientar los mecanismos existentes hacia una participación ciudadana más
influyente, vinculante y transformadora en la fiscalización de los ODS. Estas constataciones
dan sustento a las propuestas estratégicas que se desarrollan en el acápite siguiente,
orientadas a que la EFS Perú consolide efectivamente un nivel alto de madurez en la
fiscalización ciudadana del desarrollo sostenible.
CONCLUSIÓN
El análisis desarrollado permite concluir que, aunque la Contraloría del Perú ha realizado
avances sostenidos en materia de participación ciudadana y ha institucionalizado diversos
mecanismos orientados a fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas, su aporte
directo a la fiscalización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) permanece aún en
un nivel intermedio de madurez, según el modelo planteado por la Declaración de Punta Cana
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(2016). Esto evidencia una tensión entre los compromisos internacionales asumidos por el
país y la capacidad efectiva de la entidad para articular dichos compromisos en su misión,
visión, normativa interna y prácticas de control gubernamental.
Teóricamente, los hallazgos confirman lo sostenido por Girón (2016), Gómez (2022) y
Gutiérrez (2022; 2023), en cuanto a que la participación ciudadana constituye un componente
esencial para la consolidación de instituciones sólidas, democráticas y transparentes. No
obstante, el caso peruano muestra que la participación ciudadana, aunque formalmente
institucionalizada, continúa siendo predominantemente reactiva—centrada en la denuncia, el
monitoreo puntual y la veeduría—y no propiamente estratégica, es decir, no orientada a la co-
decisión ni al seguimiento conjunto del impacto de las auditorías en el cumplimiento de los
ODS. Este rezago confirma también las advertencias de Mendiburu (2020) y Mendiburu e
Irazoque (2020), quienes señalan que la mayoría de las Entidades Fiscalizadoras Superiores
de la región aún no han logrado integrar plenamente a la ciudadanía en las etapas más
determinantes del ciclo de auditoría.
Desde una perspectiva práctica, los resultados implican que la EFS Perú posee una base
normativa y organizacional idónea para evolucionar hacia un nivel alto de madurez, pero
dicha transición requiere reformas:
1. Alineamiento explícito y operativo de la misión, visión y normativa interna con la
Agenda 2030, superando las menciones meramente declarativas.
2. Fortalecimiento del Consejo Consultivo como instancia de articulación permanente
con la sociedad civil, mediante procesos de selección transparentes, funciones
deliberativas claras y seguimiento de recomendaciones.
3. Transformación de los mecanismos participativos existentes para que la ciudadanía no
solo reporte irregularidades o participe en veedurías, sino que también incida en la
planificación, ejecución e interpretación de auditorías relacionadas con los ODS.
4. Integración de métricas y evaluaciones de impacto que permitan medir cómo la
participación ciudadana contribuye realmente al logro de metas específicas de la
Agenda 2030.
Estas conclusiones indican que el potencial democratizador y transformador de la
fiscalización ciudadana, como lo plantearía Dewey (Catalán, 2019), solo se realizará
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plenamente cuando la EFS Perú reconozca a la ciudadanía no como un actor complementario,
sino como un socio estratégico en la gobernanza del desarrollo sostenible.
En cuanto a las limitaciones del estudio, se identificó una brecha significativa de información
para el periodo 2020–2023, debido a la ausencia de informes de seguimiento de la
Declaración de Punta Cana. Esto limita el análisis longitudinal y obliga a inferencias basadas
en normativa y evidencia parcial. Asimismo, la información disponible no permite evaluar
cuantitativamente el impacto de los mecanismos participativos en el avance de los ODS, lo
cual constituye un vacío importante para futuras investigaciones.
Finalmente, al comparar los resultados con estudios regionales, se observa que la situación
del Perú no es aislada: diversas EFS de OLACEFS se encuentran aún en etapas intermedias
de participación ciudadana, con progresos heterogéneos y desafíos comunes en materia de
articulación con los ODS. Este hallazgo refuerza la necesidad de fortalecer el rol de la
ciudadanía como agente fiscalizador y de aprovechar plenamente los marcos internacionales
como la Declaración de Punta Cana para impulsar una fiscalización más inclusiva,
colaborativa y orientada al impacto.
En conclusión, la hipótesis planteada se confirma: la EFS Perú todavía no ha alcanzado un
nivel alto de madurez en la fiscalización ciudadana de los ODS, pese a avances importantes.
Su tránsito hacia dicho nivel dependerá de la capacidad institucional para integrar de forma
explícita, estratégica y vinculante los principios de la Agenda 2030 en su modelo de control
gubernamental, generando así las condiciones para una fiscalización verdaderamente
participativa y transformadora.
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: https://doi.org/10.65011/prismaods.v4.i2.124
Cómo citar este artículo (APA 7ª edición):
Huerta Vargas, P. S. ., & Heredia Muñoz, A. L. . (2026). Hacia un Futuro Sostenible:
Participación Ciudadana en la Fiscalización de los ODS en el Perú. Prisma ODS: Revista
Multidisciplinaria Sobre Desarrollo Sostenible, 4(2), 653-
670. https://doi.org/10.65011/prismaods.v4.i2.124
