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PORTADA
(Elaborada por la revista)
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Lawfare Ambiental: Caso Chevron vs Ecuador - Judicialización
de la Justicia Climática
Environmental Lawfare: Chevron vs. Ecuador Case - Judicialization of Climate
Justice
Mayra Cristina Mena Mena
cmena@pucesa.edu.ec
https://orcid.org/0000-0001-6933-0946
Pontificia Universidad Católica del Ecuador
Ecuador
Eduardo Antonio Paredes Paredes
eparedes@pucesa.edu.ec
https://orcid.org/0000-0003-2227-7388
Pontificia Universidad Católica del Ecuador
Ecuador
Artículo recibido: 20/11/2025
Aceptado para publicación: 23/12/2025
Conflictos de Intereses: Ninguno que declarar
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RESUMEN
El caso Chevron vs. Ecuador es ejemplo paradigmático del uso del lawfare en
conflictos ambientales, donde instituciones de administración de justicia desempeñan un rol
central en la judicialización de la justicia climática. Se plantea la pregunta de investigación
¿El lawfare ambiental tiene incidencia en el acceso a la justicia ambiental post desastre? El
objetivo general de investigación es: analizar el papel de las instituciones de justicia del
Ecuador e internacionales, con tres objetivos específicos: 1) determinar el rol de los
tribunales nacionales ecuatorianos, que emitieron una sentencia basada en pruebas técnicas y
testimonios de las comunidades afectadas; 2) el diferenciar el uso de cortes internacionales y
mecanismos de arbitraje de inversiones por parte de Chevron, para neutralizar la sentencia
ecuatoriana y transferir el conflicto a escenarios más favorables; y 3) investigar los impactos
de estas dinámicas en el acceso a la justicia, la credibilidad de las instituciones y la
protección ambiental. La metodología es enfoque cualitativo, paradigma crítico, método
histórico, con diseño no experimental, de nivel descriptivo y modalidad documental. El caso
evidencia cómo el lawfare puede transformar instituciones judiciales en campos de batalla
legal, donde asimetrías de poder entre corporaciones multinacionales y comunidades locales
se acentúan. Concluiremos reflexionando sobre la necesidad de reformas que fortalezcan la
imparcialidad y eficacia de las instituciones de justicia, garantizando que estas no sean
instrumentalizadas para evadir responsabilidades ambientales, como pilares para la justicia
climática y protección de los derechos de la naturaleza y comunidades vulnerables, aquí
radica el aporte original de la investigación.
Palabras clave: lawfare ambiental, Chevron, Ecuador, justicia climática
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ABSTRACT
The Chevron vs. Ecuador case is a paradigmatic example of the use of lawfare in
environmental conflicts, where justice institutions play a central role in the judicialization of
climate justice. The research question is: Does environmental lawfare affect access to
environmental justice in the post-disaster era? The general research objective is to analyze
the role of Ecuadorian and international justice institutions, with three specific objectives: 1)
to determine the role of Ecuadorian national courts, which issued a ruling based on technical
evidence and testimonies from affected communities; 2) to differentiate Chevron's use of
international courts and investment arbitration mechanisms to neutralize the Ecuadorian
ruling and transfer the conflict to more favorable scenarios; and 3) to investigate the impacts
of these dynamics on access to justice, the credibility of institutions, and environmental
protection. The methodology is qualitative, critical paradigm, historical method, with a non-
experimental, descriptive, and documentary design. This case demonstrates how lawfare can
transform judicial institutions into legal battlegrounds, where power imbalances between
multinational corporations and local communities are exacerbated. We will conclude by
reflecting on the need for reforms that strengthen the impartiality and effectiveness of justice
institutions, ensuring that they are not used to evade environmental responsibilities. These
reforms are crucial for climate justice and the protection of the rights of nature and
vulnerable communities, and this is the original contribution of this research.
Keywords: environmental lawfare, Chevron, Ecuador, climate justice
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INTRODUCCIÓN
De acuerdo con la ONG WWF. (2022) Al hablar de la Amazonía podemos referirnos al
mismo tiempo a este bioma, así como a la cuenca del gran río que le da nombre, se refiere al
bosque húmedo tropical y otros ecosistemas conectados como sabanas, praderas y pantanos,
esto descrito en el Informe Amazonía Viva 2022 este conjunto de ecosistemas provee
recursos.
La Amazonía ofrece múltiples servicios ecosistémicos, que pueden definirse como todos los
beneficios que nos brinda la naturaleza. WWF. (2022) elementos cruciales para el equilibrio
de las relaciones simbióticas entre seres humanos y naturaleza.
En la década de los 60s el Ecuador paso por una bonanza económica debido al
descubrimiento de yacimientos petroleros en la región amazónica, es así que transnacionales
inician sus operaciones en el país, sus actividades extractivistas han ocasionado un sinnúmero
de daños ambientales como derrames petroleros, quema de gas y mala gestión y vertido de
desechos tóxicos en ríos y ecosistemas diversos. TexPet (filial de Texaco 1964 inicia
operaciones petroleras en la Amazonía ecuatoriana, en consorcio con Gulf Oil,
posteriormente, con Petroecuador a partir de 1974, posteriormente pasa a denominarse
Chevron desde 2001 en adelante.
En cuestión de alcance territorial según Serrano (2014) El consorcio Texaco-Gulf recibe en
1964 una concesión del gobierno del Ecuador para la exploración y explotación petrolera de
aproximadamente 1’500.000 (ha) en el norte de la Amazonía. WWF. (2022), actividades que
producen impactos ambientales y sociales importantes.
Con este contexto expuesto de manera casi inevitable llegan los conflictos socioambientales a
una de las regiones del ecuador con mayor desigualdad, pobreza y servicios básicos
precarizados, poblaciones histórica y culturalmente abandonadas.
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METODOLOGÍA
La presente investigación tiene una metodología es enfoque cualitativo se desarrollará
mediante el análisis doctrinal y jurisprudencial de los marcos normativos, paradigma crítico,
método histórico, con diseño no experimental, de nivel descriptivo y modalidad documental.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Tribunales ecuatorianos emitieron una sentencia basada en pruebas técnicas y
testimonios de comunidades afectadas, pero enfrentaron acusaciones de parcialidad y
fraude
De acuerdo con la información oficial del gobierno del Ecuador, el proceso judicial materia
del presente estudio inició con la demanda contra Texaco-Chevron en 1993, cuando 88
ecuatorianos presentaron ante una corte federal de Texas una demanda por daño ambiental.
En 1994, el mismo grupo presentó una demanda ante tribunales de Nueva York. Finalmente,
el juicio fue trasladado al país y se definió en la Corte Provincial de Sucumbíos (Presidencia
de la República del Ecuador, 2013), es así donde se inicia un largo y tortuoso camino a la
exigibilidad de justicia ambiental por parte de las comunidades afectadas.
Para el investigador (Serrano, 2014), entre 1964 y 1990, la compañía Texaco contamina la
Amazonía ecuatoriana, vertiendo 18 mil millones de galones de desechos tóxicos en aguas de
formación, con la operación de 339 pozos. Contamina el ambiente con 916 piscinas
descubiertas, llenas de material tóxico, quema miles de millones de pies cúbicos de gas y
derrama 17 millones de galones de crudo al ambiente, en uno de los peores casos de
contaminación petrolera en el mundo. Los daños son estimados en US $ 27 mil millones.
En casi 30 años de explotación petrolera a cargo de Texaco, según los demandantes en el
juicio contra la empresa, esta utiliza tecnologías obsoletas y altamente contaminantes. Al
utilizar estas tecnologías, estaba consciente que esto afectaría al patrimonio natural y cultural
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de los ecuatorianos y ecuatorianas. Esto es más grave aún si consideramos la gran diversidad
biológica y cultural de la Amazonía, por lo cual la Constitución del Ecuador de 2008
reconoce que el territorio de las provincias amazónicas forma parte de un ecosistema
necesario para el equilibrio ambiental del planeta, que requiere la conservación y protección
de sus ecosistemas y del principio del Sumak Kawsay o Buen Vivir de los pueblos indígenas
y las comunidades asentadas en el territorio. Constitución de la República del Ecuador.
Asamblea Constituyente del Ecuador. (2008).
Es así que, en 1995, con el fin de intentar detener el juicio que se había iniciado en EUA,
Texaco realiza una supuesta remediación ambiental por el monto de US $ 40 millones, con lo
cual habría remediado solo el 16% de las 916 piscinas descubiertas que había abandonado,
para lo cual simplemente las cubrió con tierra. Amazon Watch et al. (2010), todo esto sin
implementar tecnología eficiente frente al grave daño ambiental producido.
Ya al adentrarse en el estudio del manejo de las Cortes de justicia del Ecuador el 14 de
febrero de 2011, el juez Nicolás Zambrano de la Corte Provincial de Justicia de Sucumbíos
dicta la histórica sentencia que reconoce la responsabilidad de la empresa Chevron por los
daños y la negligencia extrema con la que esta operó a cambio de una mayor ganancia.
Ordena que Chevron pague US $ 9.500 millones por costos de las medidas de reparación de
los daños, y es justamente este dictamen el que desencadena una agresiva campaña de
lawfare en su contra.
De manera mediática se inicia la cobertura de la prensa ecuatoriana del caso legal de Chevron
en Ecuador, que surgió de las denuncias de que las poblaciones indígenas sufrían riesgos para
la salud por décadas de vivir en tierras contaminadas por actividades extractivas de petróleo,
en definitiva existe nexo entre los valores noticiosos y los riesgos y peligros
medioambientales y sanitarios, que ofrece la oportunidad de comprender mejor
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comparativamente la construcción social mediada de las reclamaciones durante una de las
mayores batallas legales medioambientales del mundo.
De esta manera la influencia de los más medias llega hasta las esferas legales y la Fiscalía
del Ecuador pretendió inmiscuir a indígenas en supuesto cohecho al juez por favorecer a
Chevron, entre otras prácticas constitutivas de acoso judicial, los firmantes de la demanda en
contra de la petrolera que forman parte de la Unión de Afectados por Texaco (UDAPT) y que
se ven enfrentados ahora a una investigación por cohecho en contra del Juez Nicolás
Zambrano, que dictaminó en primera instancia en favor de los indígenas y colonos afectados
por la contaminación, indagación impulsada por la Fiscalía ha sido impulsada por el
Procurador del Estado de la época Íñigo Salvador para satisfacer los intereses de la
transnacional. Biodiversidad LA. (2023).
Uso de cortes internacionales y mecanismos de arbitraje por parte de Chevron, que
buscaron neutralizar la sentencia ecuatoriana
La demanda de Chevron contra Ecuador, durante el juicio de la UDAPT, Chevron no sólo
retiró todos sus activos de Ecuador, sino que también demandó al país en tribunales
internacionales con el objetivo de sabotear el juicio y buscar compensaciones económicas. El
año 2009, la empresa recurrió al sistema de Arbitraje de Diferencias Inversor-Estado (ISDS)
y demandó a Ecuador en la Corte Permanente de Arbitraje (CPA) de La Haya – alegando
violaciones al Tratado Bilateral de Inversiones (TBI) firmado entre Ecuador y Estados
Unidos en 1993. La empresa acusó a Ecuador de “denegación de justicia”.
Finalmente, después de casi 10 años de proceso, el 31 de agosto de 2018, un panel de
arbitraje de la CPA emitió un laudo a favor de la empresa, ordenando a Ecuador anular el
fallo del tribunal de Sucumbíos a favor de los afectados. Además de ello, el estado deberá
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pagar a Chevron una compensación aún desconocida por el supuesto daño económico y
moral que se le habría causado.
El aparataje y cobertura jurídica de Chevron fue y es monumental cuenta con una estructura
de defensa multimillonario, estipulado en 400 millones de dólares y 900 abogados,
encaminado a evitar el pago de 18.000 millones de dólares para remediar los daños
ambientales que se dieron en la región amazónica, esto evidencia la desproporción de pueblos
y nacionalidades indígenas al referirse al acceso a la justicia (Presidencia de la República del
Ecuador, 2013).
Estas asimetrías permitieron fomentar la narrativa de que el sistema de justicia en Ecuador
está más contaminado que los propios territorios que subieron los derrames, para ejemplo de
esto podemos encontrar las afirmaciones de medios tan influyentes como la (BBC Mundo,
2018), el tribunal internacional determinó que la sentencia contra Chevron "fue obtenida a
través de fraude, sobornos y corrupción", deslegitimando las prevenciones de las víctimas o a
su vez dejando las en un segundo plano.
Se acusó a la compañía estadounidense de causar daños ambientales, principalmente a
fuentes de agua de la población, por medio del trabajo que mantenía su filial, Texaco, en la
región de Lago Agrio noreste del país, pero a nivel internacional lo que más resalto fue la
construcción de la narrativa del pésimo funcionamiento del sistema de justicia en Ecuador,
situación que no es ajena a la realidad, es evidente el país sufre de manera directa la evidencia
de actos de corrupción a todo nivel, pero esto no tiene ni debe deslegitimar el derecho a un
ambiente sano y ecológicamente equilibrado que es derecho del ser humano y de la
naturaleza de forma holística.
A continuación, vamos a revisar una recopilación de los criterios emitidos por la prensa
internacional sobre el caso Chevron Vs. Ecuador:
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Tabla 1. Recopilación de los criterios emitidos por la prensa internacional sobre el caso
Chevron Vs. Ecuador:
Fuente
Crítica principal
Contexto
Criterio
The
Guardian
Brockovich,
E., &
Donziger, S.
(2022)
Crítica al fallo por
favorecer a
Chevron y no
responsabilizarla
por daños
ambientales.
El artículo cuestiona la
imparcialidad del tribunal de
EE.UU. y su falta de
consideración hacia las
comunidades indígenas
afectadas por la contaminación
en la Amazonía ecuatoriana.
Este medio ha cubierto
extensamente el caso,
criticando el fallo por no
responsabilizar a Chevron
por los daños
ambientales.
Amazon
Watch
Amazon
Watch.
(2018)
Denuncia el uso de
tácticas legales
agresivas por parte
de Chevron.
La organización ambientalista
acusa a Chevron de utilizar el
lawfare para evadir su
responsabilidad en el desastre
ambiental y silenciar a los
defensores de los derechos
humanos y ambientales.
Esta organización ha sido
una de las más activas en
denunciar las tácticas de
Chevron y apoyar a las
comunidades afectadas.
The New
York Times
Krauss
(2013)
Crítica al sistema
legal internacional
por permitir que
Chevron evada su
responsabilidad.
El artículo resalta cómo
Chevron utilizó recursos legales
para evitar pagar la
indemnización ordenada por los
tribunales ecuatorianos, lo que
se considera una injusticia para
las víctimas.
El artículo del NYT
destaca cómo Chevron
utilizó el sistema legal
para evadir su
responsabilidad.
Académicos
(Revistas
jurídicas)
Paparinskis
(2018)
Cuestionamiento de
la imparcialidad del
tribunal de La
Haya.
Expertos en derecho
internacional han criticado el
fallo del tribunal de La Haya,
argumentando que no consideró
adecuadamente las pruebas
científicas y los testimonios de
las comunidades afectadas.
Publicaciones como EJIL
Talk han analizado el
caso desde una
perspectiva legal,
cuestionando la
imparcialidad del tribunal
de La Haya.
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Fuente
Crítica principal
Contexto
Criterio
Organizacion
es indígenas
Denuncia de la falta
de acceso a la
justicia para las
comunidades
afectadas.
Las comunidades indígenas de
la Amazonía ecuatoriana han
expresado su descontento con
el fallo, argumentando que no
se les dio voz ni voto en un
caso que afecta directamente
sus derechos y su territorio.
Amazon Frontlines y
otras organizaciones han
documentado el impacto
del caso en las
comunidades locales.
Medios
BBC Mundo
(2018)
Crítica a la
injerencia de
tribunales
extranjeros en
asuntos nacionales.
Varios medios han señalado
que el caso Chevron vs.
Ecuador es un ejemplo de cómo
las corporaciones utilizan el
lawfare para imponer sus
intereses sobre la soberanía de
los países en desarrollo.
BBC: Chevron en
Ecuador
La BBC y otros medios
han cubierto el caso desde
la perspectiva de la
soberanía nacional y los
derechos ambientales.
Fuente: Elaboración propia.
Impactos de estas dinámicas en el acceso a la justicia, credibilidad de instituciones y
protección ambiental
Se trataba de una querella jurídica entre particulares Chevron y los afectados de la Amazonía.
Sin embargo, la empresa intentó involucrar al Estado ecuatoriano, particularmente al
Gobierno, por la sentencia en segunda instancia que elevó la Corte Provincial de Sucumbíos,
ante lo cual el presidente de la República señaló que se defenderá la soberanía nacional.
Presidencia de la República del Ecuador. (2013).
Chevron ha señalado en repetidas ocasiones que el Estado ecuatoriano es culpable del daño
causado, porque operó como parte del consorcio Texaco CEPE. Sin embargo, las operaciones
fueron realizadas exclusivamente por Texaco, lo cual ya ha sido reconocido en la sentencia
de Nicolás Zambrano, juez de la Corte Provincial de Justicia de Sucumbíos. En la misma
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sentencia se remite documentación que demuestra que el gobierno ecuatoriano había llamado
la atención a Texaco por los daños ambientales que estaba ocasionando, en incumplimiento
de la Ley de Hidrocarburos, vigente desde 1971, que contiene una disposición que impone la
obligación de “Adoptar las medidas necesarias para la protección de flora y fauna y demás
recursos naturales”, y “evitar la contaminación de las aguas, de la atmósfera y de las tierras
(ver art. 2, lit. s y t)” .39. Corte Provincial de Justicia de Sucumbíos. (2011).
Cuando Chevron pidió que el caso venga a Ecuador, pensó que podría deshacerse fácilmente
porque tenían el control del gobierno, de la economía, de los jueces, de las Fuerzas Armadas.
Durante mucho tiempo, la poderosa empresa tuvo apoyo de los gobiernos de turno, quienes
gobernaban más en función de intereses externos y de las transnacionales, bajo el supuesto de
atraer la inversión extranjera.
La relación entre las luchas contra Chevron se ubica también en la red denominada True Cost
of Chevron Network, que elabora el informe alternativo anual de los daños que ocasiona la
empresa en el mundo. Revisemos brevemente las tres principales organizaciones aliadas.
Iniciativas como la Rainforest Action Network (RAN) que ha apoyado la lucha contra Texaco
desde 1990, ha sido una de las agrupaciones que más actividad ha desarrollado. Con sede en
San Francisco, California, trabaja en la protección de la selva y de los derechos humanos de
quienes viven allí. Desde su fundación en 1985, realiza campañas, actividades de educación,
organización de base y acción directa no violenta. Apoya a activistas en diferentes países y
organiza y moviliza a grupos de acción comunitaria en EUA. Por medio de la acción directa y
la protesta ciudadana ejerce presión sobre las corporaciones transnacionales, las instituciones
financieras internacionales y los gobiernos que destruyen la selva
Apoya el trabajo de grupos ambientalistas e indígenas en países tropicales para lograr
soluciones ecológicamente sostenibles dentro de sus propias regiones. Desarrolla la campaña
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Chevron Guilty (Chevron Culpable), que consiste en enviar cartas al máximo ejecutivo de
Chevron, John Watson, para exigirle que asuma su responsabilidad en limpiar la Amazonía
ecuatoriana. Rainforest Action Network y de esta manera poder contrarrestar el lawfare.
(RAN). (2011).
El lawfare ambiental se refiere al uso estratégico de mecanismos legales para obstaculizar o
manipular procesos judiciales relacionados con conflictos socioambientales (Comaroff &
Comaroff, 2006). En el caso Chevron, la empresa utilizó tribunales internacionales, como el
Tribunal de Arbitraje de la Haya bajo el Tratado Bilaterales de Inversiones (TBI), para
revertir una sentencia que la obligaba a pagar USD 9.500 millones por daños ambientales en
la Amazonía ecuatoriana (Kimerling, 2013).
Este tipo de estrategias judiciales prolongan los litigios, aumentan los costos legales y
generan asimetrías entre las comunidades afectadas y las corporaciones, limitando el acceso
efectivo a la justicia (Simons & Macklin, 2014). Como señala Zaffaroni (2011),
el lawfare puede convertirse en una herramienta de impunidad corporativa al judicializar en
exceso los conflictos ambientales.
La judicialización del caso Chevron en múltiples jurisdicciones (Ecuador, Estados Unidos,
tribunales de arbitraje) generó contradicciones entre sentencias, lo que debilitó la percepción
de imparcialidad y eficacia de los sistemas de justicia (Gómez, 2017). Por ejemplo, mientras
la Corte Nacional de Ecuador confirmó la condena a Chevron en 2013, un juez federal de
Nueva York acusó de fraude a los abogados de los demandantes (Kaplan, 2014).
Esta fragmentación judicial genera desconfianza en las instituciones locales, especialmente
cuando tribunales extranjeros o de arbitraje anulan decisiones de cortes nacionales
(Böckstiegel, 2012). Según Van Harten (2013), el sistema de arbitraje de inversiones tiende a
favorecer a las corporaciones, socavando la soberanía judicial de los Estados.
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El lawfare ambiental en el caso Chevron retrasó por décadas la reparación de los daños en la
Amazonía, perpetuando la contaminación y violando derechos humanos de las comunidades
indígenas (Martínez-Alier, 2014). Además, sentó un precedente peligroso al incentivar a otras
corporaciones a utilizar tribunales de arbitraje para evadir responsabilidades ambientales
(Tienhaara, 2018).
La falta de sanciones efectivas a Chevron demostró las limitaciones del derecho ambiental
internacional frente al poder corporativo (Rodríguez-Garavito, 2015). Como advierte Páez
(2016), la judicialización abusiva puede convertir la justicia climática en un campo de batalla
legal, donde prevalece el poder económico sobre la protección ecológica.
Judicialización de la justicia climática
Chevron utilizó múltiples foros judiciales nacionales, internacionales y de arbitraje para
evitar cumplir con la sentencia ecuatoriana que la condenó a reparar los daños ambientales en
la Amazonía (Kimerling, 2013). Este proceso de judicialización excesiva tuvo dos efectos
principales 1. Retraso en la reparación ambiental, las comunidades afectadas esperaron
décadas sin ver una compensación efectiva, mientras la contaminación persistía (Martínez-
Alier, 2014) 2. Asimetría procesal Chevron aprovechó su poder económico para litigar en
múltiples jurisdicciones, mientras que las víctimas enfrentaron limitaciones financieras y
técnicas (Simons & Macklin, 2014).
El caso demostró cómo las corporaciones pueden instrumentalizar los Tratados Bilaterales de
Inversión (TBI) para revertir decisiones judiciales domésticas. Chevron demandó a Ecuador
ante el Tribunal de Arbitraje de la Haya (CIADI), argumentando que el Estado había violado
el TBI al permitir un juicio "injusto" (Gómez, 2017).
El caso Chevron envió un mensaje disuasivo a comunidades y defensores ambientales, riesgo
de contramandas millonarias Chevron no solo evitó pagar, sino que contrademandó a los
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abogados de los afectados en EE.UU., acusándolos de fraude (Kaplan, 2014). Esto creó
un "efecto escalofrío" (chilling effect) en la litigación climática. Así como el desincentivo a la
justicia climática, si las empresas pueden revertir sentencias ambientales mediante arbitrajes
internacionales, los sistemas judiciales nacionales pierden autoridad en la protección
ecológica (Rodríguez-Garavito, 2015).
CONCLUSIÓN
Las instituciones judiciales como campo de batalla legal asimétrico,
el caso demostró cómo las corporaciones transnacionales pueden instrumentalizar los
sistemas de justicia nacionales e internacionales para evadir responsabilidades ambientales.
Mientras las comunidades afectadas buscaban reparación a través de los tribunales
ecuatorianos, Chevron desplegó una estrategia de lawfare mediante arbitrajes internacionales
(CIADI) y litigios en cortes extranjeras (EE.UU.), generando un desbalance procesal que
socavó el acceso a la justicia (Simons & Macklin, 2014).
El arbitraje de inversiones como mecanismo de impunidad corporativa
La decisión del tribunal arbitral de favorecer a Chevron bajo el Tratado Bilaterales de
Inversiones (TBI) evidenció un grave conflicto entre el derecho internacional de inversiones
y la protección ambiental. Este fallo no solo ignoró la sentencia ecuatoriana, sino que
estableció un precedente peligroso: los TBI pueden ser usados para neutralizar decisiones
judiciales domésticas en materia ambiental (Van Harten, 2013).
Erosión de la soberanía jurídica y la gobernanza climática la judicialización excesiva del caso
generó un efecto inhibitorio (regulatory chill) en la capacidad regulatoria de los Estados. Al
someter a Ecuador a un costoso proceso arbitral, se envió un mensaje disuasivo a otros países
en desarrollo: la imposición de estándares ambientales rigurosos puede generar demandas
millonarias por parte de inversionistas (Tienhaara, 2018).
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El caso Chevron deja tres enseñanzas clave. 1. Urgen reformas al sistema de arbitraje de
inversiones para excluir disputas ambientales o alinear sus estándares con los derechos
humanos y climáticos. 2. Se requiere fortalecer la cooperación judicial internacional para
evitar el forum shopping corporativo y garantizar la primacía de la justicia ambiental. 3. Los
Estados deben priorizar cláusulas de soberanía regulatoria en nuevos tratados comerciales,
protegiendo su derecho a legislar en favor del ambiente.
El lawfare ambiental en el caso Chevron no fue solo un ataque a la justicia ecuatoriana, sino
un golpe a la arquitectura global de la justicia climática. Como juristas ambientales, debemos
trabajar en marcos normativos que prevengan el abuso procesal corporativo y aseguren que
las instituciones judiciales cumplan su rol esencial garantizar la tutela efectiva del ambiente y
los derechos de las comunidades vulnerables.
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: https://doi.org/10.65011/prismaods.v4.i2.103
Cómo citar este artículo (APA 7ª edición):
Mena Mena, M. C. ., & Paredes Paredes, E. A. . (2025). Lawfare Ambiental: Caso Chevron
vs Ecuador - Judicialización de la Justicia Climática. Prisma ODS: Revista Multidisciplinaria
Sobre Desarrollo Sostenible, 4(2), 332-348. https://doi.org/10.65011/prismaods.v4.i2.103
